Arturo Lorenzo Ortega

Expediente 114/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
114/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
28/02/2018

Partes del expediente

  • Arturo Lorenzo Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV B "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, mediante proveído de dos de febrero de dos mil dieciocho (fojas 14 a 17), se desechó la demanda de garantías promovida, el cual se notificó a la parte promovente el diecinueve de febrero del año en curso (fojas 22); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido..."

  2. Principal

    MESA IV B "... Vista la demanda de amparo promovida por Arturo Lorenzo Ortega, contra actos del Secretario de Vialidad y Transporte del Estado y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 114/2018. Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho procede, el artículo 66 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia." Del artículo transcrito se advierte que las cuestiones que surjan en el juicio de amparo se tramitarán vía incidental, a petición de parte o de oficio, ya sea porque expresamente lo establezca la Ley o que por su naturaleza amerite ese tratamiento. Asimismo, que el órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias de cada caso, determinará: a) Si resuelve de plano; b) Si amerita un especial pronunciamiento; o, c) Si se reserva para resolverlo en la sentencia. En cuanto a la separación de autos, si bien es cierto no está prevista expresamente en la Ley de Amparo; también lo es que se puede advertir de la interpretación a contrario sentido de los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquélla. Además, cabe precisar que al decretar la separación de juicios, en gran medida se logra un mejor análisis de los expedientes de los que emanan los actos que en esta vía se combaten, a la vez que se evita el pronunciamiento de sentencias de amparo complicadas y tal vez confusas en su comprensión, no sólo para los efectos propios de esas resoluciones que, en su caso, se pronuncien concediendo el amparo, así como para lograr su debido cumplimiento, sino también en lo que atañe en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso ARTURO LORENZO ORTEGA, reclama : La omisión de dar respuesta al escrito de treinta de noviembre de dos mil dieciséis consistente en solicitud de alta de unidad o cambio de vehículo, en concesión de servicio de transporte público. La orden Verbal o escrita emitida para detener el vehículo propiedad del quejoso para infraccionarlo y/o remitirlo al depósito de vehículos, por carecer de placas de circulación. En consecuencia, a efecto de emitir una sentencia conforme a derecho, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, se resuelve, de plano, la separación de que se trata y se ordena dividir el presente juicio; separación que resulta necesaria, a fin de estudiar el asunto, por cada uno de los actos reclamados desvinculados entre sí; de ahí que: En este juicio de amparo 114/2018, se analizará únicamente el acto reclamado al Director General y Delegado de la Dirección General, ambos de la Policía Vial Estatal, consistente en la orden Verbal o escrita emitida para detener el vehículo propiedad del quejoso para infraccionarlo y/o remitirlo al depósito de vehículos, por carecer de placas de circulación. En otro juicio de amparo diverso se analizará el acto consistente en la omisión de dar respuesta al escrito de treinta de noviembre de dos mil dieciséis consistente en solicitud de alta de unidad o cambio de vehículo, en concesión de servicio de transporte público. Por tanto, envíese por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, como UN NUEVO ASUNTO para que dicha unidad administrativa, lo turne al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, que corresponda, como juicio distinto. Luego, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio constitucional es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes de oficio o con la sola interposición del recurso se suspendan los efectos del acto. El principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Por otra parte, los artículos 1, 3 y 96 fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en la parte que interesa, establecen: "Artículo 1°.- La presente ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y procedimientos que desarrollen las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal; cuando estas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por la dependencias de estos y por sus entidades Paramunicipales, en los términos establecidos por el artículo111, segundo párrafo, inciso C de la Constitución Política del Estado. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca y la impartición de justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. Artículo 3°.- Esta ley se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas, reglamentos, bandos y demás ordenamientos que tengan vigencia en el Estado de Oaxaca. [.] Artículo 96.- Las Salas Unitarias del Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en con contra de: [.] I. Los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 7 de ésta ley;(.)" Los artículos transcritos revelan que cuando un acto administrativo emana de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas; lesionan los derechos del gobernado, éste tiene expeditos sus derechos para interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden Verbal o escrita emitida por el Director General y Delegado de la Dirección General, ambos de la Policía Vial en el Estado de Oaxaca, para detener el vehículo propiedad del quejoso para infraccionarlo y/o remitirlo al depósito de vehículos, por carecer de placas de circulación. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia aludida porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, fracción XXIV de la Ley de Transporte Público del Estado de Oaxaca, compete a la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado, registrar los vehículos de transporte privado y del servicio de transporte con domicilio en el Estado y expedir las placas, tarjetas de circulación y permisos provisionales para circular sin placas; luego entonces, por ser una resolución emitida por autoridades del ejecutivo del Estado, procede el Juicio Contencioso Administrativo. Por tanto, al tratarse de un acto emitido por autoridades de la Secretaría de Vialidad y Transporte en el Estado de Oaxaca, estaba jurídicamente obligado a agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado, a través del cual pudo haber sido nulificado; además, en ese juicio de nulidad pueden pedir la suspensión del acto reclamado, el cual no requiere más requisitos que los que exige la Ley de Amparo. Máxime que la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca en su artículo 66, establece que para poder acudir al Juicio de Garantías, será necesario agotar los medios de impugnación previstos en esta ley, y por otra parte, la impetración del mismo suspende la ejecución del acto administrativo, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo requiere para conceder la suspensión del acto administrativo reclamado. Luego, si la parte quejosa tenía a su alcance el mencionado medio ordinario de defensa para combatir el acto de molestia aquí reclamado, es inconcuso que no se cumplió el principio de definitividad de la ley, pues en todo caso debió haber agotado la instancia jurisdiccional administrativa referida, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca; empero al no ocurrir así, se actualiza la causa de improcedencia de que se trata. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 fracciones XX, se desecha de plano la demanda de amparo. Habilitan días inhábiles. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica; por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Elsa Martínez Martínez, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes, por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..." NOT. PREVIO aviso

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