Arturo López Reyes
Expediente 245/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 32 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 245/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 08/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Arturo López Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo, para que la parte tercero interesada impugnara a través del recurso de queja la resolución de veintinueve de agosto del año en curso, en la cual se declaró infundado el incidente de daños y perjuicios, sin que se haya promovido dicho medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara firme dicho proveído para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese sin mayor pronunciamiento el escrito de ********************, apoderado de los terceros interesados, mediante el cual solicita que se celebre la audiencia relativa al incidente de daños y perjuicios, toda vez que el veintinueve de agosto pasado se resolvió el incidente al que hace referencia. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con cuarenta y un minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la celebración de la audiencia relativa al incidente de daños y perjuicios interpuesto por Erika Rosalba Pérez Hernández en su carácter de albacea de la sucesión de bienes de la cujus ******************* y *******************, en su carácter de apoderado legal de los diversos terceros interesados ******************* y *******************, en audiencia pública Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido de la Secretaria Antonia Remedios Martínez Jiménez, procede a celebrar la audiencia respectiva, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que integran el incidente, entre las que se encuentran, el escrito de los terceros interesados por el cual promueven incidente de daños y perjuicios, auto que admitió a trámite el mismo y ordenó correr traslado a las partes, sus constancias de notificación, acuerdo de veinticuatro de agosto del año en curso, donde se señaló fecha y hora para la celebración de la presente audiencia. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio: Abierto el período probatorio, con fundamento en los artículos 67 de la Ley de Amparo, y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tienen como pruebas las ofrecidas por la parte actora incidentista. Se cierra esta etapa. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 67 de la ley de la materia, ténganse por admitidas y desahogadas las probanzas de cuenta, dada su propia y especial naturaleza, con lo que se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no los formularon. Se cierra esta etapa. Acto seguido, el Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Al no haber escrito pendiente de acordar, se dicta la siguiente interlocutoria. V I S T O, para resolver el incidente de daños y perjuicios, a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, promovido por Erika Rosalba Pérez Hernández en su carácter de albacea de la sucesión de bienes de la cujus ******************* y *******************, en su carácter de apoderado legal de los diversos terceros interesados ******************* y *******************, en el juicio de amparo número 245/2022-IV, y; R E S U L T A N D O: Primero. Por escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se recibió la demanda de amparo promovida por Arturo López Reyes, por conducto de su apoderado legal Ramón Castañeda Ponce, de la cual correspondió conocer a este Juzgado por razón de turno, en ella el impetrante solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México y otra autoridad. Segundo. Por acuerdo de siete de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda registrándola con el número de juicio de amparo 245/2022-IV, se ordenó solicitar a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención legal correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada; asimismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por apersonados a los terceros interesados Erika Rosalba Pérez Hernández en su carácter de albacea de la sucesión de bienes de la cujus María de Lourdes Hernández Franco y a José Juan Escamilla Hurtado, en su carácter de apoderado legal de los diversos terceros interesados ******************* y *******************. Tercero. En el incidente de suspensión, por acuerdo emitido el siete de marzo del año inmediato anterior, se concedió la suspensión provisional; luego, el catorce posterior, se celebró la audiencia incidental y se emitió resolución interlocutoria que concedió la medida cautelar definitiva. En la propia determinación se estableció la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), como requisito de efectividad. Así las cosas, por acuerdo de cuatro de abril del referido año, se tuvo por recibido el escrito firmado por Ramón Castañeda Ponce, apoderado legal de Arturo López Reyes, exhibiendo el billete de depósito número N924791, expedido por el Banco del Bienestar, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, bueno por la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), para garantizar la suspensión definitiva, lo que se ordenó informar a las autoridades responsables. Cuarto. Concluida la secuela en el expediente principal, por resolución constitucional de veintinueve de noviembre del año inmediato anterior, se sobreseyó en el juicio; determinación que confirmó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en ejecutoria de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión 16/2023. Quinto. Por escrito presentado el siete de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Erika Rosalba Pérez Hernández en su carácter de albacea de la sucesión de bienes de la cujus ******************* y *******************, en su carácter de apoderado legal de los diversos terceros interesados ******************* y *******************, promovió incidente de daños y perjuicios, a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, dentro del juicio de amparo número 245/2022-IV. Sexto. Previo requerimiento, por auto de once de agosto del año en curso, se admitió a trámite el incidente de daños y perjuicios, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, legalmente computado, para que manifestaran lo que a su interés conviniera y ofrecieran las pruebas que consideraran pertinentes. Así las cosas, en proveído de veinticuatro posterior, se tuvo por precluido el derecho de la parte quejosa para manifestar lo que a su interés convenga y ofrecer las pruebas correspondientes al aludido incidente; asimismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. El suscrito Juez es legalmente competente para resolver este incidente, toda vez que el mismo fue promovido para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía exhibida con motivo de la suspensión, derivada de un juicio tramitado ante este órgano jurisdiccional; de conformidad en los artículos 66 y 156 de la Ley de Amparo. Segundo. Erika Rosalba Pérez Hernández en su carácter de albacea de la sucesión de bienes de la cujus ******************* y *******************, en su carácter de apoderado legal de los diversos terceros interesados ******************* y *******************, sustentó la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía que se otorgó con motivo de la suspensión sustancialmente en que al quejoso le fue confirmado el sobreseimiento del juicio constitucional. Tercero. Debe declararse INFUNDADO el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía que se otorgó con motivo de la suspensión, promovido por el tercero interesado Erika Rosalba Pérez Hernández en su carácter de albacea de la sucesión de bienes de la cujus ******************* y *******************, en su carácter de apoderado legal de los diversos terceros interesados ******************* y *******************, en atención a las consideraciones siguientes: En principio es pertinente establecer que los artículos 132 y 156 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. (.) Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." De los preceptos transcritos, se obtiene que en los casos en los que se estime fundada la petición de suspender los efectos del acto reclamado y dicha paralización pueda ocasionar daño o perjuicio a los terceros interesados, el quejoso deberá exhibir garantía suficiente para reparar el daño, o bien, indemnizar los perjuicios, que por tal motivo se causaren, si el promovente del amparo no obtiene resolución favorable en el juicio principal; supuesto en el que el tercero interesado afectado se encuentra en aptitud de solicitar se haga efectiva a su favor la garantía que al efecto se haya establecido, lo que realizará a través de la vía incidental, dentro de los seis meses siguientes al día que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. En el entendido que la tramitación de dicha incidencia no releva a las partes, en específico, a la parte tercero interesada de acreditar los elementos de la acción que pretende, es decir, las partes cuentan con el derecho a la prueba, así como con la carga de la misma, lo que pone de manifiesto que el incidentista debe indicar en los hechos que fundamenten su pretensión la afectación que recibió con motivo de la concesión de la suspensión, además de la relación directa que guarda con la inejecución del acto reclamado, en conjunción con la obligación legal de acreditar su dicho a través de los medios convictivos que estime convenientes y, cuya valoración y eficacia dependerá del motivo de reclamo. Así, deviene necesario establecer qué debe entenderse por perjuicios y su distinción con los daños, y al efecto los numerales 2108 y 2109 del Código Civil Federal definen las figuras en alusión en los términos siguientes: "Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación." De lo anterior, se obtiene que el daño se constituye como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de determinada persona, a causa del actuar de un tercero, con el que exista relación legal, que le depare dicha afectación, para lo que debe considerarse al patrimonio como una entidad concreta, que se compone por la suma tanto de los derechos y bienes de una persona, como de las obligaciones y adeudos con los que cuente, por lo que el mismo no implica necesariamente el menoscabo al patrimonio cierto con el que se cuente previo a recibir la conducta dañina, sino también, en el aumento que pueda recaer sobre las obligaciones contraídas, a causa de su materialización. Por su parte, se reputa como perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación, de esta forma, se tiene que el concepto de daño constituye un dato cierto y objetivo, mientras que el perjuicio pertenece al campo de las probabilidades, por lo que la comprobación a la que se encuentran sujetos varía en atención a cuál de ellos se reclame, pues su naturaleza implica un análisis diferenciado respecto de los medios de convicción necesarios para su acreditación. De manera que, si la pretensión del actor incidentista descansa en la circunstancia de que la suspensión del acto reclamado le generó daños, es imperativo que indique con precisión tanto el hecho o acto concreto por el que vio disminuido su patrimonio, como la vinculación directa entre dicha afectación y la suspensión del acto reclamado y resulta necesaria la demostración plena de tales hipótesis, pues sólo así se está en aptitud de constatar, en primer orden, si efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un relación entre ellos y la medida cautelar concedida. En otro orden, a los perjuicios no puede darse el mismo trato, pues por su naturaleza se ubican en un plano hipotético, al disponer la norma legal que se trata de ganancias lícitas que debieran haberse obtenido por el demandante, definición que obliga al reclamante a exponer los hechos relevantes de su pretensión a partir de probabilidades, cuyo mayor o menor grado dependerá de las pruebas que ofrezca y de las que, a su vez, allegue el quejoso, que conlleven a definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de no haber resentido tal afectación se habrían generado las ganancias indicadas, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación. En tal virtud, será en relación con el concepto reclamado que deberán ponderase las afirmaciones y pruebas que con la tramitación de la incidencia en análisis se expongan, pues en el caso de los daños la argumentación y probanzas debe ser de alta calidad, dado el principio indemnizatorio que les reviste, situación que no puede exigirse al tratarse de perjuicios, pues en dicho supuesto sólo es necesario demostrar la probabilidad expresada como fundamento de la pretensión, en el entendido de que su mayor o menor grado de credibilidad dependerá de los propios elementos de convicción, de manera que al momento de resolver la incidencia de mérito, se debe analizar el rubro que se reclama, ya sea daños o perjuicios, para estar aptitud de justipreciar, con base a los elementos aportados en autos la acreditación de la conducta reclamada y la afectación cuya materialización recayó en el promovente. De lo anterior, se desprenden como requisitos para la procedencia del incidente de reclamación de daños y perjuicios, a fin de hacer efectiva la garantía impuesta como requisito de validez de la suspensión, los que a continuación se enlistan: 1. La presencia de un tercero interesado en el juicio de amparo. 2. El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía y que ésta se hubiere enterado. 3. La emisión de una sentencia constitucional que no resulte favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica; y, 4. La demostración a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada, en el caso, de los segundos, al tenor de las condiciones que han quedado relatadas. En principio, se debe establecer que el primero de los presupuestos referidos se actualiza, toda vez que existe la acción de constitucionalidad, en la que le resulta carácter de terceros interesados a Erika Rosalba Pérez Hernández en su carácter de albacea de la sucesión de bienes de la cujus ******************* y *******************, en su carácter de apoderado legal de los diversos terceros interesados ******************* y *******************, incidentistas ahora inconformes. La segunda hipótesis también se surte, pues como se ha visto, mediante proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, se concedió la suspensión provisional; luego, el catorce posterior, se celebró la audiencia incidental y se emitió resolución interlocutoria que concedió la medida cautelar definitiva y la parte quejosa exhibió la garantía que se fijó con motivo de dicha concesión, que asciende a la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), a través del billete de depósito número N924791, expedido por el Banco del Bienestar, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y de Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI). Luego, el tercer requisito también se configura, en virtud de que por sentencia de veintinueve de noviembre del año inmediato anterior, se sobreseyó en el juicio; determinación que confirmó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en ejecutoria de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión 16/2023. Sin embargo, por lo que respecta al cuarto de los requisitos apuntados, consistente en la demostración a cargo de la parte incidentista de haber resentido perjuicios con motivo de la suspensión y su acreditación, no se cumple. Lo anterior es así, en razón que en el caso, los actores incidentistas únicamente se limitaron a exponer que toda vez que al quejoso le fue confirmado el sobreseimiento del juicio constitucional, por lo que solicitaron se dejara a su disposición el billete de depósito exhibido por la parte quejosa. Sin embargo, tales manifestaciones se tornan insuficientes pues no señalan el hecho o acto concreto que les produjo un menoscabo en su patrimonio. Tampoco exponen por qué ese daño sería consecuencia inmediata y directa de la aludida suspensión, así como el monto disminuido en su haber patrimonial. Aunado a lo anterior, a que no ofreció medio de prueba alguno para demostrar algún daño o menoscabo en su patrimonio y con ello los daños y perjuicios aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo. Aspectos que no deben ser soslayados por este juzgador pues es al suscrito a quien le corresponde decidir sobre la procedencia del "incidente de responsabilidad de daños y perjuicios, derivado del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado" previsto en el numeral 156 de la ley de la materia. Empero, como ya se dijo, en la especie, no se acredita la existencia del vínculo o relación de causa efecto entre el daño y perjuicio causado y la ejecución o inejecución de la medida suspensional; en consecuencia, lo procedente es declarar infundado el incidente que nos ocupa. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 66, 67 y 156, todos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara infundado el incidente de daños y perjuicios promovido por Erika Rosalba Pérez Hernández en su carácter de albacea de la sucesión de bienes de la cujus ******************* y *******************, en su carácter de apoderado legal de los diversos terceros interesados ******************* y ******************* en el juicio de amparo número 245/2022-IV. Notifíquese. Lo resolvió y firma Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy Fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo otorgado en el acuerdo del once de agosto del año en curso, para que las partes manifestaran lo que a su interés conviniera y ofrecieran pruebas respecto del incidente de daños y perjuicios planteado por el tercero interesado; sin que lo hubieran hecho, por tanto con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con cuarenta y un minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de alegatos. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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