Arturo Levin Morgenstern

Expediente 465/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
465/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
06/12/2022

Partes del expediente

  • Arturo Levin Morgenstern
  • Síndico Procurador del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguense el comunicado y anexo remitidos por la autoridad vinculada, se le tiene informando el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, y al efecto, allega las constancias con las que refiere acreditar su aserto. En consecuencia, con el contenido de la constancia relativa al acato del fallo protector, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, legalmente computado, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez trascurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad vinculada; lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad vinculada aún no ha dado cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, se le requiere nuevamente para que dentro del plazo de veinticuatro horas, legalmente computado, informe lo relativo al acato del fallo protector, y en su caso, remita las constancias que así lo acrediten. Asimismo, hágase de su conocimiento que subsisten los apercibimientos de multa, separación de puesto y consignación correspondientes al incumplimiento de la sentencia amparadora.

  3. Principal

    CONSIDERANDO Primero. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que se reclama una omisión, por lo que la competencia de este juzgado se surte de conformidad con el último párrafo del artículo 37 de la ley de la materia. Segundo. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda, se precisa que el acto reclamado destacado es la omisión de concluir el término probatorio en el procedimiento administrativo correspondiente a las instancias de responsabilidad patrimonial RPR-002-016 y su acumulado RPR-003-2016. Tercero. Es cierta la omisión reclamada a la autoridad responsable, pues no obstante la negativa depuesta en su informe justificado, lo reclamado se corrobora con las constancias que fueron allegadas a juicio, relativas al expediente de origen. Documentales que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, cuenta habida que se advierte que a la fecha en que la demanda fue presentada el periodo probatorio en el expediente RPR-002-2016 y su acumulado RPR-003-2016, tramitado ante la Sindicatura Procuradora Municipal, no ha sido cerrado ni se ha dictado resolución definitiva. Cuarto. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, ya que las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna, ni este juzgado de distrito advierte de oficio que en el caso se actualice, resulta conducente proceder al análisis del concepto de violación expuesto, sin que sea necesaria su transcripción de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo. Quinto. Es esencialmente fundado lo alegado, por las consideraciones que enseguida se exponen. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial [.]." El precepto constitucional parcialmente transcrito pone de manifiesto que la administración de justicia deberá impartirse dentro de los términos y plazos que fijen las leyes, de una manera pronta, completa e imparcial. En la especie, de las constancias allegadas a juicio se desprende que en proveídos de dos y dieciocho de julio y nueve de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad responsable emitió el pronunciamiento respectivo al análisis de los medios probatorios ofrecidos en el procedimiento administrativo de origen, y que en las actuaciones subsecuentes hasta el veintiocho de junio de dos mil veintidós, se han realizado las gestiones inherentes al desahogo de las pruebas que requieren especial desahogo. Sin embargo, del examen de las constancias que remitió la responsable en aras de justificar su actuación, se colige que a la fecha en la que se resuelve este juicio, transcurrió en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 30 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja California, para cerrar el periodo probatorio en el expediente RPR-002-2016 y su acumulado RPR-003-2016; dicho precepto establece: "Artículo 30.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, se abrirá un periodo para el desahogo de las pruebas no documentales oportunamente ofrecidas por un término que no excederá de quince días, pudiendo ampliarse por una sola vez por igual término." Así, a la fecha en que se resuelve el presente juicio no existe constancia de lo anterior, y tal evento trastoca el derecho fundamental de la parte quejosa a una justicia pronta, tutelado por el artículo 17 constitucional, en tanto que ha transcurrido en demasía el plazo con que contaba la autoridad para emitir una resolución en la que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de la actividad administrativa irregular, del daño, y de la relación de causalidad entre la primera y el segundo, como lo establece el artículo 35 de la norma que rige en el caso. No se soslaya que desde la emisión de los proveídos dictados el dos y dieciocho de julio y nueve de agosto de dos mil dieciocho, la responsable ha realizado las gestiones inherentes al desahogo de las pruebas que requieren especial desahogo; sin embargo, del acuerdo dictado el dos de julio de dos mil diecinueve, se desprende la relación de ochenta y tres medios de convicción aportados por la parte quejosa. En ese mismo auto, indicó que las probanzas identificadas con los numerales veinticinco, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y dos, cuarenta y tres; cuarenta y cuatro, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cinco; sesenta, sesenta y uno, setenta y nueve y ochenta del considerando primero, así como la identificada con el número dos, del apartado segundo, ameritaban un especial desahogo o que la parte quejosa las perfeccionara a través de los requerimientos ahí inmersos. Asimismo, de una revisión a las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que ésta no ha emitido pronunciamiento tendente a concluir el desahogo de las pruebas identificadas en los numerales cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y cinco y ochenta del considerando primero, así como la identificada con el número dos, del apartado segundo. Ello es así, pues con relación a la probanza referida en el número cincuenta y uno, se desprende que mediante oficio GES-1489/19 el Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California, dio cumplimiento a lo requerido en auto de dos de julio de dos mil dieciocho, y por auto de cinco de julio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable ordenó agregar al expediente de origen dicho comunicado; sin embargo, fue omisa en pronunciarse de manera destacada sobre el correcto desahogo del aludido medio de convicción. Del mismo modo, respecto de la probanza número cincuenta y dos, mediante oficio 2695/2019 la Directora de Catastro Municipal, dio cumplimiento a lo requerido en auto de dos de julio de dos mil dieciocho; por lo que el veintinueve de julio de dos mil diecinueve, se instó a la autoridad oficiante para que en un término de veinticuatro horas, allegara el documento que le fue solicitado, consistente en un convenio de colaboración y coordinación. En cumplimiento de lo anterior, el veintiuno de agosto de ese mismo año, la autoridad requerida dio cumplimiento a lo solicitado, y el día veintiséis siguiente, la autoridad responsable ordenó agregar al expediente de origen esas documentales; sin embargo, también fue omisa en pronunciarse de manera destacada sobre el correcto desahogo del aludido medio de convicción. Respecto de las pruebas periciales indicadas en los numerales cincuenta y cinco y ochenta, se desprende que el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, la responsable dio vista a las autoridades demandadas con los dictámenes rendidos por el perito de la parte reclamante, para que dentro del plazo ahí indicado nombraran perito de su intención; y el veintinueve de junio y seis de julio del año en curso, los profesionistas designados por las autoridades demandadas aceptaron y protestaron el cargo conferido; empero, a la fecha en que se emite la presente resolución, la autoridad responsable ha sido omisa en informar si ya cuenta con los dictámenes respectivos, o bien, que se encuentre dando el impulso procesal atinente para lograr su desahogo. Finalmente, con relación a la prueba identificada con el número dos del apartado "SEGUNDO" del acuerdo de dos de julio de dos mil dieciocho, se advierte que mediante escritos presentados por la autorizada del quejoso y por él mismo, ante la autoridad responsable el catorce y veintidós de marzo y quince de mayo de dos mil diecinueve, solicitó que resolviera respecto de la prueba ofrecida y se requiriera a este órgano jurisdiccional fotocopia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo 1195/2016. Sin embargo, a tales peticiones recayeron los acuerdos de quince y veintidós de marzo de dos mil diecinueve, en los que se le indicó que debería estarse a lo acordado en proveído de dos de julio de dos mil dieciocho; sin que la autoridad responsable diera respuesta congruente a la petición del hoy quejoso en relación con la admisión o rechazo de la probanza ofrecida en los términos propuestos. Ahora bien, debe tomarse en consideración que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, emitió la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la que determinó que cuando el acto reclamado se hace consistir en una omisión dentro de un procedimiento, aun cuando se aleguen violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal actuar no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste; no obstante, también consideró que consistía una excepción a dichas conclusiones, el hecho de que se advirtiera la existencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente, lo que en el particular se estima actualizado, en tanto que ha transcurrido en notorio exceso el término legal previsto para que así se hiciera. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia en cita, localizable en la página 1086, libro 30, mayo de 2016, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." [Énfasis añadido] En ese contexto, se considera que la autoridad responsable transgredió en perjuicio de la parte quejosa el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no actuar en los plazos a que se hace referencia en el numeral 30 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja California; por tanto, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Síndico Procurador Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, se pronuncie de manera destacada sobre las pruebas que se encuentran pendientes por desahogar en el expediente RPR-002-2016 y su acumulado RPR-003-2016, a fin de estar en aptitud de cerrar el periodo probatorio en el aludido procedimiento administrativo; lo anterior, en términos del numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Sexto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74, 75, 76, 77, fracción II, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE Primero. Para los efectos puntualizados en la parte final del considerando quinto del presente fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a Arturo Levin Morgenstern, contra la omisión que reclamó del Síndico Procurador Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, fijada en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que está transcurriendo el término de ocho días concedido a las partes para que se impusieran de las constancias allegadas al presente asunto. Por ende, se difiere la audiencia constitucional programada para esta data, fijándose las diez horas con veinte minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.

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