Arturo Ledesma Ruiz
Expediente 1581/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1581/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Arturo Ledesma Ruiz
- Directora de Administración del Agua En el Organismo de Cuenca Balsas, de la Comisión Nacional del Agua
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; nueve de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio con anexo del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 64/2021, orden 340/2021, del índice de este juzgado federal, por los motivos expuestos en el razonamiento actuarial de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en la que hace constar la imposibilidad notificar a la parte quejosa , el proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquese la notificación de referencia, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de este tribunal; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Auto de 22/11/2021 Cuernavaca, Morelos; veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por *******, por propio derecho, contra actos de la Directora de Administración del Agua en el Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua. Registro. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1581/2021 y fórmese expediente. Desechamiento. Ahora bien, de acuerdo al artículo 112, en relación con el 113, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas desde que la demanda fue presentada o en su caso turnada, deberá resolver si desecha, previene o admite. Por su parte el diverso numeral antes citado refiere que se deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17, de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, los numerales en comento disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Los citados artículos imponen la obligación al Juez de Distrito de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ahora, de la lectura integral hecha a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, reclama en esta instancia los actos consistentes en: El oficio BOO.809.02.4/0949 de veinte de octubre del año en curso, emitido por la Directora de Administración del Agua en el Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua, por el que cual se determinó que el quejoso no tenía interés jurídico dentro del procedimiento de imposición de sanciones abierto con motivo de la denuncia que presentó. De lo expuesto, se advierte que contra los actos reclamados antes precisados; la parte quejosa debe acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; medio de defensa que procede contra cualquier actuación administrativa, en términos de lo previsto en los artículos 1 y 5, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de conformidad con el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, medio de defensa que procede contra los procedimientos, resoluciones definitivas o actos administrativos, que se dicten por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; considerado así en atención a las siguientes razones: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. ) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De la simple lectura de la fracción transcrita, así como del criterio jurisprudencial citado, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia los siguientes: Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto legal. De lo anterior se colige que, el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Así, el proceso de amparo es un medio extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdicción ordinaria debe de agotarse previamente. El propio precepto establece como excepciones a la regla contenida en el citado numeral, que se exijan más requisitos en el recurso ordinario para otorgar la suspensión del acto reclamado que en la Ley de Amparo, y que no es necesario agotar los recursos ordinarios cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Aunado a lo anterior, no se está en el caso de excepción que prevé el numeral indicado relativo a que la persona que promueva el juicio de amparo sea extraña al procedimiento, pues la parte aquí quejosa es parte en la controversia de origen. Tampoco el acto reclamado importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni implica la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, no decide un incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal; ya que como se precisó, la parte impetrante se duele del oficio BOO.809.02.4/0949 de veinte de octubre del año en curso, emitido por la Directora de Administración del Agua en el Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua. De igual forma, no se está en la presencia de que la parte quejosa aduzca VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN, puesto que se está frente a un problema de legalidad, que rige el principio de definitividad; además de que no reclama la inconstitucionalidad de alguna norma general con motivo de su primer acto de aplicación. Ahora, la existencia de medios defensivos establecidos en la ley para impugnar ordinariamente el acto reclamado, provoca la improcedencia del juicio de amparo, derivado del incumplimiento al principio de definitividad que rige la materia que nos ocupa, siendo preciso señalar que la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", es la de considerar aquéllos ordenamientos legales que guardan relación con dichos actos, sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación. Lo anterior, habida cuenta que, no se exigen para la concesión de la suspensión del acto impugnado, mayores requisitos que los previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, como se advierte de la lectura de los artículos 87, 88 y 89 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues de su comparación se advierte que en ambas regulaciones se establecen como requisitos de procedencia, de manera expresa, que sea solicitado por el interesado o inconforme, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 155/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2003, página 576, con número de registro 185065, que a la letra dice: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER A SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando esta ley exija mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo para conceder la suspensión; en ese sentido, si el artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos para conceder la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los que establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra esa clase de resoluciones cuando no se ha agotado, previamente, el juicio de nulidad." Apoya a la anterior determinación, la Jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Tomo I, página 783, abril de 2015, bajo el registro 2008807, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Tampoco se está ante el supuesto de que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, pues del oficio reclamado se desprende que citó diversos preceptos a fin de justificar su actuar, a saber: De tal suerte, los particulares que pretendan obtener la modificación, anulación o revocación de los actos emitidos por autoridades administrativas federales, en términos de lo dispuesto en el artículo 1 y 5, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de conformidad con el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se encuentran obligados a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, agotando previamente al amparo los medios ordinarios de defensa, dado que en la ley que regula actualmente no se exigen mayores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo; con la salvedad de que no se actualice alguna otra excepción al principio de mérito. Apoya a la anterior determinación, por analogía y similitud de criterios, la tesis aislada IV.2o.A.273 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, marzo de 2011, página 2328, bajo el registro digital 162591, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. LA RESOLUCIÓN DE LA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DESARROLLADA EN EL ARTÍCULO 169 DE LA LEY GENERAL RELATIVA ES DEFINITIVA Y, POR TANTO, PUEDE IMPUGNARSE MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. Los artículos 161 a 169 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente regulan el procedimiento a seguir en la inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental y, específicamente, el último de ellos precisa que en la resolución administrativa que al efecto dicte la autoridad, señalará las medidas que deben llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor el infractor; que dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del mencionado plazo, aquél debe comunicar a la autoridad por escrito y en forma detallada sobre el cumplimiento de las medidas ordenadas, y que si al practicarse una segunda visita para verificar esa información se observa que el infractor no llevó a cabo debidamente las medidas indicadas se le impondrá, además de la sanción aplicada, una multa adicional; en cambio, si lo hizo, no es reincidente y no se está en alguno de los supuestos del artículo 170 de la referida ley -casos de riesgo inminente de desequilibrio ecológico, de daño o deterioro grave a los recursos naturales, de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública-, la autoridad podrá revocar o modificar la sanción impuesta. Así, de la interpretación sistemática de los aludidos preceptos se colige que se trata de un procedimiento reglado que no siempre culmina con la emisión de una determinación sancionadora, pues al resolver la autoridad señalará las medidas que debe acatar el infractor y las etapas que habrán de seguirse, con el objetivo de que la autoridad sancione el incumplimiento a lo ordenado o, incluso, modifique o revoque la sanción impuesta, siempre que se satisfagan los requisitos que al efecto establece. En estas condiciones, como el citado artículo 169 desarrolla una etapa del comentado procedimiento que puede culminar con una sanción más por el incumplimiento a las medidas ordenadas en la resolución que determinó la infracción e impuso a su vez una sanción administrativa, o bien, con la modificación o revocación de ésta, la determinación de tal etapa es definitiva, pues representa la voluntad final de la administración pública y, por tanto, puede ser impugnada mediante el juicio contencioso administrativo federal, en términos del artículo 14, fracción XI y antepenúltimo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y conforme a la tesis 2a. X/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, página 336, de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 'RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS'. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE El ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL." Acorde a lo expuesto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Domicilio y autorizados. No ha lugar a tener como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones el que indica, toda vez que el mismo se encuentra fuera del lugar de residencia de este juzgado; por tal motivo, con apoyo en el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene por señalada, la lista que se fija en los estrados de este juzgado, sin perjuicio de que con posterioridad señale uno diverso dentro de esta ciudad. Por autorizadas para esos únicos efectos a las personas que refiere, y con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que precisa, toda vez que no se localizó registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notificación por despacho. No obstante lo anterior, a efecto de no dejar en estado de indefensión al promovente, por única ocasión, se ordena notificar a la parte quejosa, en el domicilio ubicado en Carretera Cuernavaca-Cuautla km 32, 2, Los Arcos, San Carlos, Código Postal 62730, Municipio de Yautepec, Morelos (Gran Hacienda Las Gracias). Ahora bien, toda vez que ese domicilio, se encuentra fuera de del lugar de residencia de este Órgano Jurisdiccional, con fundamento en el artículo 298 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°; gírese atento despacho al Juez Civil en turno de Primera Instancia, del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Yautepec, a fin de que, en auxilio de las labores de este juzgado gire instrucciones a quien corresponda, para que se constituya en el domicilio antes citado y notifique el presente proveído. Para lograr lo anterior, se faculta al juez requerido para que, en caso de ser necesario, realice las diligencias conducentes a fin de lograr lo encomendado, y para que con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la especie, autorice al actuario de su adscripción, proceda a realizar la diligencia encomendada en horas y días inhábiles, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. De la misma manera, se requiere al Juez de Primera Instancia que conozca del despacho, a efecto de que a la brevedad posible remita las constancias relativas a la diligencia encomendada, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en la fracción I del artículo 237 de la invocada legislación, se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualizaciones, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del último párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, emitido el veintiocho de julio de dos mil diecinueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos del jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. De igual forma, podrán proporcionar algún correo electrónico, para que en caso de así manifestarlo expresamente, se les de vista con los informes respectivos. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito de la autorizada de la parte quejosa, por medio del cual solicita copia certificada de las constancias remitida por la autoridad responsable. Expedición de copias. Con apoyo en el ordinal 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de la citada norma, expídase a la quejosa copia certificada de las constancias que precisa, previa razón que de su recibo se deje en autos para debida constancia legal. Cabe precisar que la forma como se va a estar trabajando en este órgano jurisdiccional en términos del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LACONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", será de la siguiente forma: Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de copias en asuntos no urgentes. a).- Día de entrega de copias. Las copias solamente se entregaran los días martes y jueves, dentro del horario laboral de 09:00 am. hasta las 14:00 pm asignado a este órgano jurisdiccional, el cual se encuentra plasmado en el anexo 1, del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, no habrá excepciones de ninguna especie, de ahí que los días lunes, miércoles y viernes no hay entrega de copias. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite solicitado, atendiendo, como se precisó en párrafos anterior, a los horarios predeterminados por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trabajo de manera física en cada órgano de control constitucional; además, el personal del juzgado que labora físicamente no puede permanecer en el órgano después de la hora de conclusión de labores, a fin de dar trámite a dichas solicitudes. b).- Generación de cita y código QR. Para recoger las copias solicitadas en asuntos no urgentes siempre deberán generar citas a través del sistema "Agenda OJ" en los días señalados (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. c).- Esta regla también aplica para asuntos nuevos, incluidas las nuevas demandas de amparo; por ejemplo, si se desea obtener copia simple o certificada de la suspensión provisional o definitiva, forzosamente deberán seguir este procedimiento, salvo que se trate de los asuntos urgentes que se contemplan en los artículos 15, 126 y 127, de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Federal. Acceso al órgano jurisdiccional. Todos los que vayan a recoger copias físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido en el Aviso General de Atención al Público. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
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