Arturo Lair Bautista
Expediente 1075/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1075/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/02/2019
Partes del expediente
- Arturo Lair Bautista
- Juez Quincuagésimo Sexto Penal de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad de México, a siete de febrero de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto del acto reclamado, por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el doce de agosto de dos mil diecinueve. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1075/2018, promovido por Arturo Lair Bautista, contra acto de la Juez Quincuagésimo Sexto Penal de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El veintinueve siguiente se admitió a trámite la demanda que se registró bajo el orden 1075/2018; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como al representante social adscrito al juzgado responsable; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se precisa que el acto reclamado consiste en la resolución de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 65/2010 por la Juez Quincuagésimo Sexto Penal de esta ciudad, en que "desechó de plano" el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, contra el diverso de seis del mes citado. TERCERO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada que adjuntó, entre cuyas constancias se aprecia auto controvertido; documental que tiene valor probatorio pleno, al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Esto último encuentra apoyo en la jurisprudencia identificable con el número 1340 impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que es procedente negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Ahora, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal establece, en lo conducente, que todo acto de molestia debe ser emitido por escrito, procedente de autoridad competente que funde y motive su forma de proceder. Así, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia que bajo el número 266 aparece publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ahora, para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar algunos antecedentes del acto reclamado, como a continuación se expone: 1. Mediante escrito presentado en el juzgado responsable el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, el quejoso solicitó copia gratuita de la totalidad de las constancias que integran la causa penal 65/2010 del juzgado responsable, con el fin de promover amparo directo. 2. La juez responsable por auto de esa fecha, no acordó de conformidad dicha solicitud, toda vez que el artículo 23 del Código de Procedimientos Penales de esta ciudad, no tenía aplicación en el asunto, por no encontrarse en la etapa de proceso, y que la expedición de las constancias solicitadas se realizaría previo pago de derechos correspondiente. 3. El cinco de noviembre del año próximo pasado, al momento de ser notificado el amparista apeló la anterior determinación, y por acuerdo de seis siguiente, la juez responsable determinó que ".el auto que antecede no es apelable, dejando a salvo su derecho para que promueva lo que considere pertinente a sus intereses ante la autoridad correspondiente.". 4. Contra el anterior auto la defensora del quejoso interpuso recurso de revocación, por lo que mediante resolución de nueve del mes en cita, la juez lo tuvo por interpuesto, y resolvió lo siguiente: ".a 9 nueve de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho. VISTA la razón que antecede, se tiene por recibido un escrito signado por la Defensora de Oficio de la adscripción, mediante el cual interpone el Recurso de Revocación en contra del auto de fecha 6 seis de Noviembre del año en curso, en el cual no se acuerda de conformidad el recurso de apelación interpuesto por su representado ARTURO LAIR BAUTISTA, respecto de la solicitud de copias de manera gratuita, en virtud de no contar con los medios económicos necesarios para realizar el pago correspondiente; atento a lo anterior: con fundamento en el artículo 412 del Código de Procedimientos Penales en vigor para la Ciudad de México, se tiene por admitido el recurso de revocación mismo que en este acto se desecha de plano, toda vez que el auto que se combate, se encuentra ajustado a derecho, en virtud de que tal y como se le hizo saber al inconforme, su solicitud no tiene sustento alguno puesto que, por una parte, no acredita de alguna manera que no cuente con recursos económicos para cubrir su costo, aunado a que el artículo 248 del Código Fiscal para esta Ciudad, dispone que deberá efectuarse el pago de derechos correspondiente, señalando que las personas físicas o morales están obligadas a pagar derechos por los servicios que presta el Estado, en este caso las copias que solicita el promovente, sin que con esto, se viole la garantía de impartición gratuita de justicia protegida por el artículo 17 de la Constitución Federal, pues no establece el cobro de derechos por la función de derecho público consistente en la administración e impartición de justicia, sino por un servicio distinto relativo a la expedición de copias certificadas, aunado a que no ha hecho manifestación alguno referente a la prevención hecha, causando incertidumbre a éste Órgano Jurisdiccional, en cuanto a quien es la persona idónea para remitirle las copias que solicita una vez que se haya realizado el pago correspondiente. En consecuencia, se desecha de plano el recurso interpuesto, toda vez que como ya se dijo, el auto impugnado se encuentra ajustado a derecho.". Siendo dicha resolución la que constituye el acto que por esta vía se reclama. De la citada determinación se advierte que la juez responsable tuvo por interpuesto el recurso de revocación hecho valer por la defensora del quejoso, mismo que "desechó de plano", en razón de que reiteró las manifestaciones expuestas en el acuerdo de seis de noviembre pasado, en que precisó que el auto mediante el cual se negaron las copias solicitadas de manera gratuita no era apelable, e indicó que la solicitud no tenía sustento alguno, porque no se acreditó de alguna manera que no se contara con los recursos económicos para el pago de las copias que solicitó el quejoso. En ese contexto, se estima que el acto reclamado está adecuadamente fundado y motivado, pues la juez responsable citó los preceptos legales que consideró aplicables y expuso las razones o causas particulares por las que resolvió en el sentido en que lo hizo; además, indicó la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Así se considera, porque del contenido de los preceptos que sirvieron de fundamento para la emisión del acto reclamado se advierte que el recurso de revocación procede, por exclusión, contra aquellas determinaciones dictadas por el tribunal o juez que expresamente no se conceda el de apelación, como en el caso sucedió, pues el auto recurrido no está previsto en alguno de los supuestos que establece el numeral 418 del código procesal penal local. Asimismo, se advierte que el recurso de revocación se prevé como un medio ordinario de los denominados "horizontales", porque su resolución corresponde al propio órgano jurisdiccional que emitió la actuación cuestionada, con la finalidad de que en su caso pueda rectificar o reconsiderar sus providencias o determinaciones, respecto de cuestiones accesorias del planteamiento sometido a su consideración por alguna de las partes procesales, con base en los agravios que expongan, pues no debe perderse de vista que las autoridades judiciales no pueden, por sí, modificar las determinaciones que emitan, particularidad por la que el legislador estimó que no era menester mayor dilación ni la apertura de una nueva instancia para su resolución. Por otro lado, se prevé la posibilidad de admitir o desechar de plano dicho recurso, en esta última situación, sólo para el caso de que la autoridad judicial estimara que no es necesario oír a las partes, ello derivado a que se trata de cuestiones que no requieren mayor trámite y por su grado mínimo de dificultad pueden resolverse de inmediato, cuyo análisis sólo debe circunscribirse a los aspectos de procedencia, como la oportunidad procesal o la legitimación e idoneidad del recurso y no a cuestiones de fondo, como en el caso se actualizó, porque si el quejoso no expuso agravios, es inconcuso que la juez responsable no tenía materia que cuestionara la legalidad del auto impugnado, por lo que fue correcto que prevaleciera el sentido de este último, así como sus consecuencias jurídicas. No se soslaya el contenido de la jurisprudencia P./J.37/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, que dispone: "COPIAS CERTIFICADAS PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. ESTÁ PROHIBIDO EL COBRO DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE SU EXPEDICIÓN. El derecho fundamental de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende, entre otros, los subprincipios de acceso a la tutela jurisdiccional y de la abolición de las costas judiciales y la gratuidad de la justicia, los cuales consisten en la obligación del Estado mexicano de garantizar que todas las personas que lo requieran puedan someter sus conflictos ante los tribunales en condiciones de equidad, y en que el gobernado no debe pagar por la administración de justicia, pues dicho servicio es gratuito. Ahora bien, los indicados principios cobran plena aplicación respecto de la expedición de copias certificadas a cargo de las autoridades, necesarias para la sustanciación del juicio de garantías, en razón de que el artículo 3o. de la Ley de Amparo establece una condición genérica de gratuidad, que no solamente implica la abolición de las costas, sino que se amplía como una prohibición del cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios para su reproducción, a condición, desde luego, de que efectivamente sean trascendentes en el amparo respectivo; por tanto, la expedición de las indicadas copias certificadas por parte de las autoridades debe ser completamente gratuita". Sin embargo, si bien el justiciable manifestó que las copias que solicitó a la autoridad responsable son con la intención de promover amparo directo, también lo es que el artículo 3° de la Ley de Amparo, establece que las copias certificadas que se expidan para la sustanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna, de lo que se evidencia que dicho supuesto se actualiza cuando ya existe un juicio de amparo y no para la promoción del mismo, como acontece en la especie, de manera que no resulta aplicable tal jurisprudencia. Aunado a lo anterior, como se estableció, en el caso ante la ausencia de agravios en que incurrió el quejoso, fue correcta la forma de proceder de la juez responsable, ya que con su actuar no transgredió el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, que refirió el justiciable en sus conceptos de violación, que establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Lo que se estima de ese modo, porque si bien es cierto que el precepto constitucional transcrito establece la garantía de gratuidad en relación con los servicios que presta la administración de justicia, ya que no se debe cobrar remuneración alguna a los gobernados que la soliciten, tal gratuidad predica únicamente respecto de los servicios que se brindan para administrar justicia y no otros que aun cuando sean otorgados por los órganos encargados de impartir justicia, no sean encaminados a ese fin; de ahí que la expedición de copias solicitadas constituye un servicio distinto a la administración de justicia, el cual genera un gasto que en su caso debe ser cubierto por las partes, pues dicho pago es para el material necesario para la obtención de aquéllas, ya que tal contribución no es un ingreso para la administración pública. Además, de que el asunto no se encontraba en la hipótesis prevista en el precepto 23 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, que establece "Artículo 23. Todos los gastos que se originen por las diligencias en un proceso, se pagarán por la parte que las promueva, con excepción de aquéllas decretadas por un Tribunal o Juez, o promovidas por el Ministerio Público o el Defensor de Oficio o por el mismo inculpado cuando se encuentre asesorado por un Defensor de Oficio". Ahora, si bien el dispositivo mencionado prevé que todos los gastos que se originen por las diligencias en un proceso se pagarán por la parte que las promueva, estableciendo como excepción, aquellas decretadas por un tribunal o juez, o promovidas por el Ministerio Público o el Defensor de Oficio o por el mismo inculpado cuando se encuentre asesorado por un defensor de oficio, lo cierto es que, asesorado o no por defensor de oficio, la petición realizada por el quejoso no puede ser acordada en los términos que solicita, toda vez que no cumple con uno de los requisitos que establece el precepto legal invocado, ya que no fueron solicitadas dentro del proceso, pues ya fue sentenciado, por tanto, el Estado no está obligado a expedir gratuitamente las copias, dado que el proceso seguido contra el justiciable ya concluyó, y por tanto no causa agravio alguno al solicitante de amparo. En ese contexto, toda vez que acto reclamado no es violatorio de los derechos fundamentales del quejoso, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Arturo Lair Bautista, contra el acto reclamado de la Juez Quincuagésimo Sexto Penal de esta ciudad, consistente en la resolución de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 65/2010, en que "desechó de plano" el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, contra el diverso de seis del mes citado.
- Incidental
Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1075/2018, promovido por Arturo Lair Bautista; y R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito recibido en este juzgado, el quejoso mencionado solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto consistente en el acuerdo de nueve de noviembre pasado, dictado por la juez Quincuagésimo Sexto Penal de esta ciudad, en la causa penal 65/2010, por estimarlo violatorio de los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 20 constitucionales. II. Se abrió el cuaderno incidental por duplicado y separado, se solicitó el informe previo a la responsable, y se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Es cierto el acto reclamado de la juez responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe de ley. Ahora, no obstante la certeza del acto consistente en el acuerdo de nueve de noviembre pasado, dictado por la juez responsable en la causa penal 65/2010, y que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva de dicho acto, aun cuando se colma el requisito exigido por el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, es improcedente conceder la medida cautelar, dada la naturaleza jurídica del acto impugnado, pues tiene el carácter de consumado al haber sido dictado por la citada autoridad responsable, que será materia de estudio en la sentencia que en su caso, se dicte en el juicio del que emana este incidente, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, por lo que se niega la suspensión definitiva solicitada. Sustenta lo anterior la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 756 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Tercera Parte, del rubro siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE". Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 144 y 146 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Arturo Lair Bautista, contra el acto reclamado de la autoridad señalada en el considerando único de esta interlocutoria, por los motivos ahí expuestos.
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