ARTURO JIMENEZ MARTINEZ y Otros.

Expediente 861/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
861/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • ALEXIS EMMANUEL CHAVEZ SALINAS y Otros.
  • Arturo Jimenez Martinez
  • ARTURO JIMENEZ MARTINEZ y Otros.
  • FRANCISCO GONZALEZ MARTINEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    se declara que dicha sentencia sobreseyó el presente juicio, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así, al ser un asunto totalmente concluido con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia se ordena el archivo del presente juicio de amparo; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes

  2. Principal

    PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ****, respecto del acto reclamado a las autoridades precisadas en el considerando cuarto y sexto de la presente resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en su último considerando AUDIENCIA CONSTITUCIONAL 861/2020-IV-B En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cincuenta minutos del cinco de marzo de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Saúl Martínez Lira, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ante Adriana Quero Terrazas, secretaria que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a declarar abierta la audiencia constitucional señalada para hoy, sin la asistencia de las partes. Acto continuo: la secretaria del Juzgado hace una relación de las constancias de autos y da cuenta y lectura con el escrito de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con las demás actuaciones procesales. A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales correspondientes. Abierto el período probatorio: la Secretaria hace constar y certifica, que los quejosos, la agente del ministerio público adscrito, no ofrecieron pruebas. Por su parte, el Agente del Ministerio Público de Investigación del Primer Turno de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (en su denominación correcta), remitió copias certificadas de la orden de salida de los quejosos Arturo Jiménez Martínez, Alexis Emmanuel Chávez Salinas, Francisco González Martínez y Óscar Iván Silva Flores. constancias que constituyen documental pública, de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y se le confiere eficacia demostrativa plena, atento a lo dispuesto por los numerales 197 y 202, del código procesal invocado, de las que se desprende que el quejoso sí estuvo detenido. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 226 del Máximo Tribunal del país, publicada en la página 153 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." A lo que el Juez acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la prueba de cuenta y por perdido el derecho de los quejosos, y de la Representación Social de la Federación para ofrecerlas. Así, al no existir otras pruebas que desahogar, se cierra este período. Abierto el período de alegatos: La Secretaria hace constar y certifica que los quejosos y la autoridad responsable no formularon manifestaciones en vía de alegatos y que la agente del Ministerio Público Federal adscrita, no presentó intervención ministerial. Acto seguido el Juez acuerda: Tomando en consideración que la parte quejosa y las autoridades responsables no hicieron uso de este derecho, se les tiene por perdido su derecho para tal efecto y, por su parte, la agente del Ministerio Público de la Federación no presentó intervención ministerial; por tanto, se cierra dicho período. No existiendo pruebas por acordar o diligencia alguna pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional, en términos de la presente acta, y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia siguiente: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 861/2020-IV-B promovido por Arturo Jiménez Martínez, Alexis Emmanuel Chávez Salinas, Francisco González Martínez y Óscar Iván Silva Flores, por propio derecho, contra actos atribuidos al Agente del Ministerio Publico de Investigación del Primer Turno de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (en su denominación correcta), por considerarlos violatorios de los artículos 1,14, 16, 18, 19, 20 y 21 Constitucionales; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado el mismo día a éste Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Arturo Jiménez Martínez, Alexis Emmanuel Chávez Salinas, Francisco González Martínez y Óscar Iván Silva Flores, por propio derecho, acudieron en demanda del amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente del Ministerio Publico de Investigación del Primer Turno de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (en su denominación correcta); por los actos consistentes en: "[.] De las autoridades Ordenadoras, reclamo la Orden dada a la Ejecutora, ya señalada para que NO se nos priven de libertad, ambulatoria personal fuera del procedimiento judicial siendo el día 10 de noviembre a las 18:10 pm nos decretan libertad y en la misma sede ministerial nos aprenden y nos llevan detenidos A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEATIZAPAN DE ZARAGOZA POR EL DELITO DECOHECHO BAJO LA CARPETA TLA/TLA/ATI/013/278440/20/11, DONDEACTUALMENTE NO TIENEN INCOMUNICADOS POR LO QUE SOLICITAMOS SE CONSTITUYA EL ACTUARIO PARA DAR FE. [.] SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte, se radicó la demanda, registrándola con el número 861/2020-IV-B, en ese mismo auto, se decretó la suspensión de plano y se realizó separación de juicios, esta potestad se pronunció al respecto de los actos reclamados incomunicación y detención contra la autoridad responsable Agente del Ministerio Publico de Investigación del Primer Turno de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (en su denominación correcta); se admitió y se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó a la autoridad responsable que rindiera su informe justificado; luego, previos diferimientos se celebró la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta que antecede, y concluye con el dictado de la presente sentencia; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Aclaración. Cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada en tanto no se contraponga a lo previsto en la Ley de la Materia. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el o los actos reclamados que se desprendan del estudio y análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente sumario, atendiendo a la jurisprudencia P./J. 40/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Del análisis integral de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente asunto, se aprecia que el acto que se reclama y que se atiende en el presente asunto es el consistente en: La incomunicación La detención CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I, III y IV, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador, apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo, cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. NO ES CIERTO el acto reclamado consistente en la incomunicación de los directos quejosos Arturo Jiménez Martínez, Alexis Emmanuel Chávez Salinas, Francisco González Martínez y Óscar Iván Silva Flores, al Agente del Ministerio Publico de Investigación del Primer Turno de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (en su denominación correcta); ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario para desvirtuar dicha negativa. Consecuentemente, lo procedente es SOBRESEER el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por ser inexistentes los actos reclamados en este juicio, en términos del precepto y fracción antes anotados. Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia número 310, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 209, del último Apéndice editado al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, de título que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.". En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, se sobresee en el presente juicio, promovido por Arturo Jiménez Martínez, Alexis Emmanuel Chávez Salinas, Francisco González Martínez y Óscar Iván Silva Flores, contra actos atribuidos a los Agente del Ministerio Publico de Investigación del Primer Turno de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (en su denominación correcta), únicamente al acto reclamado consistente en incomunicación. QUINTO. Existencia del acto reclamado. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I, III y IV, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador, apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO a la autoridad responsable Agente del Ministerio Publico de Investigación del Primer Turno de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (en su denominación correcta), consistente en la detención de los quejosos, toda vez que así se aprecia de las constancias que integran el juicio, no obstante del informe justificado en el cual la autoridad responsable negó el acto, del cual se desvirtúa, la negativa, pues se advierte que al momento de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa los directos quejosos se encontraban detenidos. SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que por esta vía de amparo se reclaman, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Atento a ello, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al acto reclamado señalado en líneas precedentes, por lo que es pertinente asentar lo que establecen el artículo y fracción citados: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con la norma transcrita, el juicio de amparo es improcedente cuando cesaron los efectos de los actos reclamados. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que motivó el amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado; criterio que se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, consultable en la página treinta y ocho, tomo: IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, en el caso, de las constancias que allegó al sumario la autoridad responsable, se aprecia que el once de noviembre de dos mil veinte, se decretó la libertad de los directos quejosos; lo que se corrobora al tenor de la orden de libertad, sin número de oficio, que remitió la responsable en copia certificada. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, por lo que se debe estimar que el acto reclamado cesó y, por tanto, ya no agravia a la parte quejosa, pues la violación que en determinado momento se pudo cometer contra sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo solicitado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI (Noviembre de 1997), Novena Época, número de registro 197367, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS.PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.". Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la legislación en cita, en relación con el numeral 63, fracciones IV y V de la Ley de la Materia, por lo que resulta procedente SOBRESEER en el presente juicio de amparo, al haber cesado los efectos de los actos reclamados. SEPTIMO. Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Toda vez que las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 1, 3, 68, 71, 108, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública, se elaborará la versión pública de esta sentencia; asimismo, dígaseles que esta resolución estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de los datos sensibles que en su caso pueda contener. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73 al 76 y 124, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Arturo Jiménez Martínez, Alexis Emmanuel Chávez Salinas, Francisco González Martínez y Óscar Iván Silva Flores, respecto del acto reclamado a las autoridades precisadas en el considerando cuarto y sexto de la presente resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en su último considerando Notifíquese. Así lo proveyó y firma Saúl Martínez Lira, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ante Adriana Quero Terrazas, secretaria del Juzgado, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, otorgado a las partes mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintiuno, con la vista del informe justificado rendido por el Jefe de la Unidad de Investigación B1, de la fiscalía Regional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a aún no acontece para las partes. DIFIERE Por lo que a fin de dar margen a lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del cinco de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma.

  4. Principal

    Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta firmado por el Jefe de la Unidad de Investigación B1, de la fiscalía Regional de Tlalnepantla, Estado de México, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte y remite copia certificada de la boleta de libertad de los quejosos Arturo Jiménez Martínez, Alexis Emmanuel Chávez Salinas, Francisco González Martínez y Óscar Iván Silva Flores; en tales condiciones, se le tiene dando cumplimiento al proveído citado. Por lo que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que en derecho corresponda.

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