Arturo Jimenez Ceron

Expediente 1675/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1675/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
20/01/2023

Partes del expediente

  • Arturo Jimenez Ceron
  • Agente del Ministerio Publico Visitador Adscrito A la Visitaduria General Y Asuntos Internos de la Fiscalia General del Estado de Morelos (Jairo David Zarza González).

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1675/2021-V, anexo y testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de doce de enero de dos mil veintitrés, en autos del recurso de revisión 255/2022, concluyendo en sus puntos resolutivos que son del tenor siguiente: "(.) PRIMERO.- En la materia de la revisión se revoca la sentencia. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso *********, en contra de los actos y de las autoridades, precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria (.)" En atención a lo resuelto, la sentencia definitiva dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior; glósense a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, así como el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al artículo 20, fracción II del referido Acuerdo General procédase a la destrucción del duplicado una vez que trascurran seis meses. Por otra parte, toda vez que la responsable remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión y quedó registrado con el número 255/2022; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.ISA

  3. Principal

    Cúmplase.

  4. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 1675/2021-V, promovido por Arturo Jiménez Cerón, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el tres de diciembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el siete de diciembre siguiente en este órgano jurisdiccional, Arturo Jiménez Cerón solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos del Agente del Ministerio Público Visitador Adscrito a la Dirección de Asuntos Internos de la Visitaduría General y Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Morelos y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Por auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde tiene ejecución el acto reclamado y reside la autoridad a la que se le atribuye. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados son: 1. El informe de presunta responsabilidad administrativa emitido el once de octubre de dos mil veintiuno, en el procedimiento de investigación FEVG//DAI/388/2019-11, que atribuye a Víctor Zavala Cuna, Agente del Ministerio Público Visitador adscrito a la Dirección de Asuntos Internos de la Visitaduría General y Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Morelos. 2. Acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el procedimiento de responsabilidad VGyAI/DC/060/2021, que atribuye a Jairo David Zarza González, Agente del Ministerio Público Visitador, en su carácter de autoridad substanciadora adscrito a la Dirección de Asuntos Internos de la Visitaduría General y Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Morelos; por el cual se ordena el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad. TERCERO. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados, ya que así lo aceptaron las autoridades responsables al rendir el informe justificado. Se corrobora lo anterior, con la fotocopia certificada de las constancias del procedimiento de responsabilidad VGyAI/DC/060/2021 que derivó del expediente procedimiento de investigación FEVG//DAI/388/2019-11 (anexo I), de las que se advierte la existencia de los acuerdos reclamados; documental a la que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de tratarse de documentos públicos al haberse expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto al informe de presunta responsabilidad administrativa reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII en relación con el diverso 5, fracción I, éste interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De la intelección de las citadas porciones legales, se afirma que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso de forma real y actual, es decir, que a la fecha de presentación de la demanda no estén afectando la esfera jurídica de la parte quejosa. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que el agraviado acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Ahora bien, a través de la determinación de once de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el Agente del Ministerio Público Visitador Adscrito a la Dirección de Asuntos Internos de la Visitaduría General y Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, emite informe de presunta responsabilidad administrativa contra el aquí quejoso. Luego, a partir de dicho informe, el Agente del Ministerio Público Visitador Adscrito a la Dirección de Asuntos Internos de la Visitaduría General y Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Morelos; ordenó el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad contra dicha persona, aquí quejosa. En ese sentido, la determinación por la que se emite el informe de presunta responsabilidad administrativa contra el aquí quejoso, no genera perjuicio alguno a la esfera jurídica del quejoso pues únicamente implica el inicio del procedimiento administrativo de separación; luego, las violaciones cometidas en él deben hacerse valer como concepto de violación en el juicio de amparo indirecto promovido contra el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo, toda vez que constituye la causa en la cual se funda y motiva el procedimiento referido, que de no ser subsanadas causarían la irreparabilidad de la transgresión al derecho sustantivo de la quejosa relativo a la prestación del servicio público y a no ser separada injustificadamente del cargo de Agente del Ministerio Público que ostenta. Lo anterior encuentra apoyo por identidad de razones jurídicas en la jurisprudencia 2a./J. 31/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE "NO APROBADO", DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.". En efecto, es el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los servidores públicos sujetos al sistema de carrera ministerial, policial y pericial contra el que procede el juicio de amparo indirecto y no en el que se sustenta la responsabilidad del quejoso, pues éste no afecta de forma real ni actual su interés jurídico, como sí lo es aquél. Atento a lo anterior, es improcedente el juicio de amparo promovido contra el informe de responsabilidad, ya que no se trata de un acto que afecte de manera real y actual los intereses jurídicos de la parte quejosa, como sí lo es la determinación de inicio del procedimiento administrativo de separación de su cargo, el cual si es susceptible de afectar derechos sustantivos, por tratarse de un acto que puede tener una ejecución de imposible reparación, esto es, de emitirse la resolución final que ordena la separación, aun cuando con posterioridad se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la reinstalación. Ello de acuerdo con la reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en la cual se introdujo un mecanismo de control y evaluación para el desempeño de los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno, que puede conducir a la separación o remoción del cargo si no cumplen con los requisitos impuestos por las leyes respectivas o si incurren en responsabilidad en el desempeño de sus funciones; previéndose, en ese caso, aun cuando pudieran obtener una resolución favorable de la autoridad jurisdiccional, no podrán ser reinstalados en sus cargos; limitándose el Estado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 72/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII, en relación con el diverso 5, fracción I, éste interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto al acuerdo de once de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el procedimiento FEVG//DAI/388/2019-11, que atribuido a Víctor Zavala Cuna, Agente del Ministerio Público Visitador Adscrito a la Dirección de Asuntos Internos de la Visitaduría General y Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Morelos; por el cual emite informe de presunta responsabilidad administrativa contra el quejoso. Al no actualizarse causal de improcedencia respecto al acuerdo de inicio del procedimiento administrativo, procede el análisis de su constitucionalidad. QUINTO. Los conceptos de violación son en una parte infundados y, en otra, fundados y suficientes para conceder el amparo y proyección de la justicia federal, de acuerdo a las siguientes consideraciones jurídicas: I. Argumenta el quejoso que la normativa que rige el procedimiento disciplinario, tratándose de los integrantes de la Institución de Procuración de Justicia, es la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos y su Reglamento, con la salvedad de que la propuesta de sanción derivada del procedimiento disciplinario, será en concordancia con la Ley del Sistema de Seguridad Publica, evidenciándose pues que los acuerdos combatidos en Sede Constitucional no se encuentran fundamentados con la Ley del Sistema de Seguridad Pública aplicable en esta Entidad Federativa y mucho menos el procedimiento de investigación de acuerdo a lo establecido en la fracción I del Numeral 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública. Asimismo, aduce que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y su reglamento, carecen de algún dispositivo que contemple la substanciación del procedimiento sancionatorio; sin embargo, indebidamente las autoridades responsables pretenden substanciar el procedimiento conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que reviste ilegalidad, pues el quejoso tiene la calidad o carácter de integrante de la institución de procuración de justicia, consecuentemente el procedimiento disciplinario, las causas de responsabilidad y la falta de cumplimiento a las obligaciones de los ministerios públicos, peritos y policías, se encuentran plenamente establecidos en los artículos 100, 101, 159 y 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, por lo que resultan ilegales a los actos reclamados. Son infundados tales argumentos en virtud de que, los artículos 108 y 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de los actos u omisiones que atenten contra la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su cargo. Por otra parte, los numerales 21 y 123, apartado B, fracción XIII, Constitucionales disponen que los militares, marinos, personal del servicio exterior, Agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, en términos generales se deben regir por sus propias leyes vigentes en el momento del acto, con la aclaración de que para efectos de la responsabilidad administrativa quedan sujetos a la regulación prevista en la normas vigentes en esa materia, en particular a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de acuerdo a las razones que más adelante se señalan. También conforme a dichas disposiciones constitucionales se prevé que ese tipo de servidores públicos podrán ser separados o removidos. En el primer caso, separación, cuando no cumplan los requisitos de permanencia que las leyes vigentes señalen y, en el segundo, remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, es decir, obedece a la conducta del servidor público que constituya una causa de responsabilidad. Por su parte, la Ley de Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos fue publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veinticuatro de agosto de dos mil nueve. En tanto, que el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyo transitorio tercero establece lo siguiente: "Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto. En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere el presente Transitorio, continuará aplicándose la legislación en materia de Responsabilidades Administrativas, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con la ley de la materia, emita los lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia. Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas en las leyes federales y locales así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Una vez en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los formatos para la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno presentarán sus declaraciones en los formatos que a la entrada en vigor de la referida Ley General, se utilicen en el ámbito federal. Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas." De lo transcrito se desprende que la Ley General de Responsabilidades Administrativas entraría en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del Decreto, en el caso, a partir del diecinueve de julio de dos mil diecisiete; además, que los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serían concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio; y que entrada en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas en las leyes federales y locales así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo, los artículos 1, 3, fracciones X y XXV, 4, fracción I, 8 y 9, fracción II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la parte que interesa establecen: "Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación." "Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: (.) X. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales, las Empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno; (.) XXV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;" (.)" "Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: I. Los Servidores Públicos; (.)" "Artículo 8. Las autoridades de la Federación y las entidades federativas concurrirán en el cumplimiento del objeto y los objetivos de esta Ley. El Sistema Nacional Anticorrupción establecerá las bases y principios de coordinación entre las autoridades competentes en la materia en la Federación, las entidades federativas y los municipios." "Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley: (.) II. Los Órganos internos de control; (.)" De los preceptos reproducidos se obtiene que la Ley General de Responsabilidades Administrativas es de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran. Asimismo, precisa que "ente público" es, entre otros, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades federativas y los municipios, así como las fiscalías o procuradurías locales. Además, indica que son sujetos de dicha ley los "servidores públicos" los cuales define como a las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y que las autoridades facultadas para aplicarla son, entre otras, los Órganos Internos de Control, en el ámbito de su competencia. Señalando expresamente que dicha norma general será aplicable a las instituciones de las fiscalías locales, como a la dependencia a la que pertenece la parte quejosa y la autoridad emisora del acto. Por su parte, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, establece: "Artículo 92. Son causas de responsabilidad del personal de la Fiscalía General, además de las previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación aplicable en la materia, las siguientes." "Artículo 95. Las sanciones por incurrir en las causas de responsabilidad a que se refiere esta Ley, serán las que establece el artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;" "Artículo 97. La aplicación de las sanciones a que se refiere el presente Capítulo, de acuerdo con la valoración de la gravedad de las conductas, será conforme al procedimiento previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas." "Artículo 110. En los asuntos que conozca la Visitaduría General y de Asuntos Internos, se abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el particular, bajo el procedimiento aplicable en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Contra la apertura del expediente y el desahogo del procedimiento no procederá suspensión alguna." De las disposiciones transcritas se desprende que la Ley Orgánica de la Fiscalía invocada establece que además de las causas de responsabilidad previstas en esa ley, lo son las establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativa; las sanciones por incurrir en esas causas son las que establece el artículo 75 de la mencionada Ley General y para su aplicación se seguirá el procedimiento establecido en dicha norma general De todo lo expuesto se obtiene que a partir del diecinueve de julio de dos mil diecisiete (fecha en que entró en vigor) es aplicable la Ley General de Responsabilidades Administrativas para substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos entre otros, de la Fiscalía General del Estado de Morelos, no así el ordenamiento invocado por la quejosa. En efecto, al ser la Ley de observancia general en todo el país en los tres ámbitos de gobierno de la administración pública, es claro que le es aplicable al aquí quejoso para sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en su contra, pues ocupa el cargo de Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, es decir, es servidor público adscrito a una institución de seguridad de la administración pública estatal. De ahí que, en el caso, la autoridad responsable en el acuerdo de inicio de procedimiento reclamado, correctamente aplicó las disposiciones relativas de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 47/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CUANDO LA INFRACCIÓN HAYA OCURRIDO ANTES DEL 19 DE JULIO DE 2017 SIN QUE SE HUBIERE INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD, RESULTA APLICABLE PARA EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS)." Consecuentemente, es infundado el concepto de violación analizado. II. Por otra parte, argumenta el quejoso que en el informe de presunta responsabilidad administrativa se omitió calificar la falta administrativa como grave o no grave, en términos del artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la autoridad substanciadora se convirtió en un simple espectador al observar dicha omisión y dictar el acuerdo de admisión de presunta responsabilidad, por lo que ambas autoridades, en sus respectivas actuaciones violaron los artículos 100 y 208, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo cual constituye flagrante violación a las formalidades del procedimiento. Son sustancialmente fundados los planteamientos del quejoso por las razones jurídicas que enseguida se exponen: En el presente asunto se reclama el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad administrativa, dentro del expediente VGyAI/DC/060/2021, emitido el trece de octubre de dos mil veinte, por Jairo David Zarza González, Agente del Ministerio Público Visitador Adscrito a la Dirección de Asuntos Internos de la Visitaduría General y Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Dicho procedimiento, como se ha explicado, debe substanciarse conforme a las normas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; en ese sentido, de la interpretación sistemática de los artículos 100 y 194, una vez concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave. Estos numerales son del tenor siguiente: "Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave. Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión.". "Artículo 194. El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa será emitido por las Autoridades investigadoras, el cual deberá contener los siguientes elementos: I. El nombre de la Autoridad investigadora; II. El domicilio de la Autoridad investigadora para oír y recibir notificaciones; III. El nombre o nombres de los funcionarios que podrán imponerse de los autos del expediente de responsabilidad administrativa por parte de la Autoridad investigadora, precisando el alcance que tendrá la autorización otorgada; IV. El nombre y domicilio del servidor público a quien se señale como presunto responsable, así como el Ente público al que se encuentre adscrito y el cargo que ahí desempeñe. En caso de que los presuntos responsables sean particulares, se deberá señalar su nombre o razón social, así como el domicilio donde podrán ser emplazados; V. La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta Falta administrativa; VI. La infracción que se imputa al señalado como presunto responsable, señalando con claridad las razones por las que se considera que ha cometido la falta; VII. Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de responsabilidad administrativa, para acreditar la comisión de la Falta administrativa, y la responsabilidad que se atribuye al señalado como presunto responsable, debiéndose exhibir las pruebas documentales que obren en su poder, o bien, aquellas que, no estándolo, se acredite con el acuse de recibo correspondiente debidamente sellado, que las solicitó con la debida oportunidad; VIII. La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso, y IX. Firma autógrafa de Autoridad investigadora.". Conforme a dichas normas, una vez calificada la conducta debe incluirse en el informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y éste se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa; conteniendo además de la clasificación indicada, los requisitos a que se refiere el segundo de los preceptos invocados. Se estima oportuno fijar la trascendencia de que en el informe de presunta responsabilidad se establezca la calificación de la falta administrativa como grave o no grave. A ese respecto, el artículo 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que las Secretarías y los Órganos internos de control y sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas. Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como faltas administrativas no graves, las Secretarías y los Órganos internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en dicha Ley. Sin embargo, si la falta es grave de acuerdo a lo establecido por el artículo 209 de la citada ley, el desahogo de pruebas y resolución del procedimiento es competencia del Tribunal de Justicia Administrativa. Ahora bien, de conformidad con el artículo 208, fracción I y 209 de la ley antes invocada (aplicable tanto en los procedimientos de falta graves y no graves), la autoridad investigadora debe presentar ante la autoridad substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, y ésta, dentro de los tres días siguientes se pronunciará sobre su admisión, teniendo la facultad de prevenir a la autoridad investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados en el informe. En el caso a estudio, del informe de presunta responsabilidad administrativa de once de octubre de dos mil veintiuno, que constituye el sustento al acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad por esta vía reclamado, en términos del artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se advierte que se omitió realizar la calificación como grave o no grave de la conducta atribuida al servidor público investigado. En efecto, en el citado informe se establecieron los hechos imputados consistentes en que el quejoso en su carácter de Agente del Ministerio Público, recibió para su debida integración la carpeta de investigación SC01/10546/2019 de la cual se desprende que los testigos Adriana Jaimes Osorio y Cristóbal Adalid Cuevas Alva hicieron referencia a que en el hecho delictivo fue utilizada un arma de fuego con la cual fueron amenazados. Sin embargo, el Agente del Ministerio Público investigado inadvirtió que los agentes aprehensores en el informe policial omiten referir que hubieran realizado la búsqueda del arma, tampoco dieron cuenta de su existencia. Por tanto, fue omiso el girar oficio de orden respectiva a la policía de investigación criminal a efecto de que se indagara sobre el paradero del arma de fuego conforme a sus atribuciones establecidas en los artículos 21 Constitucional, 131, fracciones III, V, y VII, en relación con los artículos 127, 212 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ocasionando con dicha omisión que no se realizaran los actos de investigación de manera inmediata, eficiente y exhaustiva para localizar el arma de fuego a efecto presentarla como evidencia dentro de la investigación realizada en contra de los imputados; además, tuvo seis días para realizar los actos de investigación relativos a la búsqueda, localización y en su caso, aseguramiento, del arma de fuego. Por lo cual se consideró que se configuraban las causas de responsabilidad administrativa previstas en los artículos 92, fracción II, y 93, fracciones I y XXI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General. Tal pronunciamiento, sobre la presunta responsabilidad administrativa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas fue el sustento para que el Agente del Ministerio Público en su carácter de autoridad substanciadora adscrito a la Visitaduría General y de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, dictara el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo aquí reclamado. Sin embargo, se observa que la autoridad responsable desatendió lo dispuesto por los citados artículos 100 y 194 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas soslayando advertir que, en el informe de presunta responsabilidad administrativa, no se realizó la calificación acerca de si la conducta imputada era grave o no grave; como lo exigen dichas disposiciones. Lo cual como se explicó es relevante ya que a partir de dicha definición de los hechos (graves o no) se fincará a qué autoridad corresponderá conocer del procedimiento. Por tanto, al no haberse obrado en el informe de presunta responsabilidad administrativa en los términos del artículo 208, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el acuerdo combatido, la autoridad responsable debió prevenir a la autoridad investigadora para que subsanara la referida omisión y, por tanto, realizara la calificación de la gravedad de la conducta atribuida al aquí quejoso. Así se concluye, que al emitir el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo, sin que el informe de presunta responsabilidad contuviera la calificación de la gravedad de los hechos, la responsable transgredió el derecho humano de legalidad previsto en el artículo 16 de la Carta Magna, en virtud de que el quejoso desconoce si la competencia para resolver del procedimiento corresponde a la Visitaduría General y Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado o al Tribunal de Justicia Administrativa, lo cual genera incertidumbre y afecta el derecho de defensa del servidor público investigado, al desconocer la autoridad que eventualmente juzgará los hechos que le atribuyen. En consecuencia, dado que todo acto de autoridad que afecte derechos de los gobernados debe cumplir con todas las exigencias previstas en los numerales 14 y 16 Constitucionales, en su vertiente de legalidad y seguridad jurídica a y atento a los efectos de imposible reparación que se producirían con la ejecución o materialización del acto reclamado, es inconcuso que la inconsistencia advertida, deja en estado de indefensión al quejoso y constituye una violación manifiesta a la ley que la deja sin defensa, pues no contaría con los elementos necesarios para verificar la competencia de la autoridad que resuelva en definitiva su procedimiento. Consecuentemente al resultar fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia debe concederse el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. Efectos de la sentencia protectora. Ante la violación a los derechos humanos del quejoso, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, el Agente del Ministerio Público en su carácter de autoridad substanciadora adscrito a la Visitaduría General y de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Morelos: Deje insubsistente el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad VGyAI/DC/060/2021 emitido el trece de octubre de dos mil veintiuno, y establezca que la autoridad emisora del informe de presunta responsabilidad no calificó la conducta atribuida a la quejosa como grave o no grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Lo anterior, sin menoscabo de las facultades de la autoridad responsable para determinar de nueva cuenta el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad, en caso de subsanar, la deficiencia indicada. SÉPTIMO. Se habilitan horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo antes expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Arturo Jiménez Cerón contra el informe de presunta responsabilidad administrativa por las consideraciones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Arturo Jiménez Cerón contra el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad VGyAI/DC/060/2021, reclamado al Agente del Ministerio Público Visitador en su carácter de autoridad substanciadora adscrito a la Dirección de Asuntos Internos de la Visitaduría General y Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, por las razones expuestas y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy treinta de marzo de dos mil veintidós, en que así lo permitieron las labores de este Juzgado Federal.

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