Arturo Jacuinde Jacuinde
Expediente 893/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 893/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Arturo Jacuinde Jacuinde
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se observa que se suspendieron las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno en términos de lo dispuesto por la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021 en relación con contagios por la emergencia Covid-19 en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal" sin que el presente asunto pueda considerarse urgente toda vez que se reclama el acto consistente en el emplazamiento al juicio sucesorio 374/2000 del índice de la autoridad responsable y como consecuencia de ello las actuaciones llevadas a cabo en las etapas procesales subsecuentes Por tanto en esta data se reanudan los plazos en el presente juicio para los efectos legales pertinentes; sin que sea oportuno proveer lo concerniente en el incidente de suspensión toda vez que éste no se aperturó Ahora según se asienta en la certificación de cuenta la audiencia constitucional se encontraba señalada para las trece horas con cincuenta minutos del once de enero de dos mil veintiuno; sin que se haya podido llevar a cabo su celebración con motivo de la suspensión de labores en comento Asimismo que en proveído de dieciséis de diciembre del año pasado se tuvo por recibido sin diligenciar el exhorto electrónico número 189/2020 (número de orden 508) del índice de este juzgado que se envió al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado notificara el proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno En el entendido de que al devolver sin diligenciar la comunicación oficial el referido similar argumentó que dicha devolución obedeció a lo ordenado en la circular SECNO/29/2020 de cuatro de diciembre del año pasado emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal en el sentido de que a partir del cinco de ese mes y hasta el once de enero de dos mil veintiuno los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito laboran bajo el esquema de contingencia previsto en el artículo 1 fracciones I II III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal es decir que únicamente se atienden cuestiones urgentes de conformidad con la clasificación que a ese respecto establece el propio artículo dentro de los que no se encuentra la notificación solicitada por este juzgado federal Por tal motivo con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo 158 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 298 300 303 305 306 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo se ordenó que una vez que se determinara la cesación de actividades restringidas de referencia se enviara atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en la Ciudad de México en Materia de Amparo en turno para que en auxilio y delegación de las labores de este órgano jurisdiccional tenga a bien girar sus apreciables órdenes a quien corresponda a fin de que lleve a cabo la notificación ordenada en el proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno Ahora de la circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno se desprende lo siguiente: "En sesión del día de hoy la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19" En cumplimiento a lo instruido en dicho punto a continuación se dan a conocer las medidas adoptadas: Así con base en todo lo expuesto las medidas especiales que deben adoptarse del 12 al 18 de enero de 2021 son las siguientes: I En relación con la Ciudad de México (Primer Circuito) el Estado de México (Segundo Circuito) Morelos (Decimoctavo Circuito) Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito); se determina lo siguiente: 1 Continúa el esquema de contingencia previsto en el artículo 1 fracciones I II III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 Esto implica que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes" ya sea que se presenten de manera física o electrónica y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad Asimismo se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones" Para los casos restantes se suspenden los plazos y términos procesales con la salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia 2 Esta medida tendrá vigencia del 12 al 18 de enero de 2021; periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos con las salvedades del punto anterior" De la anterior transcripción se advierte que en la Ciudad de México se continuará con el esquema de contingencia previsto en el artículo 1 fracciones I II III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 esto es se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes" ya sea que se presenten de manera física o electrónica y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad lo cual será del doce al dieciocho del mes en curso En consecuencia una vez que concluya transcurra el período mencionado en el párrafo que antecede gírese inmediatamente el exhorto en comento a fin de continuar con el trámite del presente juicio Para dar margen a lo anterior se fijan las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO para que tenga verificativo la continuación de la audiencia constitucional Sin perjuicio de lo anterior se conmina a las partes a que tomen en consideración la posibilidad de tramitación electrónica del presente juicio como se ha indicado en acuerdos precedentes Finalmente conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico
- Principal
Demanda de amparo y radicación Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea de Poder Judicial de la Federación; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número VI-893/2020. Ahora, en el caso particular y con independencia de que este juzgado pudiera realizar un análisis de ponderación en torno a la urgencia o no del presente asunto, en términos de lo dispuesto por los artículos 1 y 4, fracción IX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, así como los diversos Acuerdos Generales 6/2020, 8/2020 y 10/2020, de dicho órgano plenario, este juzgado estima que en el presente caso se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, que es menester atender de manera prioritaria dado que incide sobre la expresión de voluntad de la parte quejosa de acudir al juicio de amparo, circunstancia que por su trascendencia genera la necesidad de que se atienda de forma primigenia, incluso, a las cuestiones sobre la urgencia que pudiese tener el planteamiento contenido en tal ocurso, precisamente porque para estar en condiciones de hacer ese análisis, en primer orden, debe contarse con la expresión de la voluntad de acudir al juicio constitucional por parte de quien se dice agraviado en sus derechos humanos. Análisis de procedencia de la demanda de amparo Resulta pertinente destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Ahora, en el caso particular y con independencia de que este juzgado pudiera realizar un análisis de ponderación en torno a la urgencia o no del presente asunto, en términos de lo dispuesto por los artículos 1 y 4, fracción IX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, así como los diversos Acuerdos Generales 6/2020, 8/2020 y 10/2020, de dicho órgano plenario, este juzgado estima que en el presente caso se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, que es menester atender de manera prioritaria dado que incide sobre la expresión de voluntad de la parte quejosa de acudir al juicio de amparo, circunstancia que por su trascendencia genera la necesidad de que se atienda de forma primigenia, incluso, a las cuestiones sobre la urgencia que pudiese tener el planteamiento contenido en tal ocurso, precisamente porque para estar en condiciones de hacer ese análisis, en primer orden, debe contarse con la expresión de la voluntad de acudir al juicio constitucional por parte de quien se dice agraviado en sus derechos humanos. En el caso concreto, se tiene que en el ocurso de amparo se indica que el peticionario de amparo directo es Arturo Jacuinde Jacuinde, quien por su propio derecho, formula demanda de amparo contra las autoridades siguientes: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Municipal en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Primero Menor en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Segundo Menor en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Tercero Menor en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez de Control del Estado de Michoacán. Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán. Primer Comandante de Aprehensiones de la Subprocuraduría de Morelia, Michoacán. Comisario General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. A quienes les atribuye la orden de aprehensión y/o comparecencia dictada en su contra y su ejecución. Petición de amparo que se formula por considerar que se violentan sus derechos humanos, al tenor de los motivos de hecho y fundamentos de derecho que se indican en tal ocurso. Asimismo, en dicho ocurso el aludido Arturo Jacuinde Jacuinde solicita a este juzgado federal que conceda la autorización amplia que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, entre otros, a Josafat Ferreyra López, para que pudiesen gestionar a su nombre en el juicio de amparo que se derivara de esa demanda. Y, para sustentar que la petición de amparo se formula por Arturo Jacuinde Jacuinde, al final del escrito se observa el nombre de éste asentado en computadora; mientras que la presentación de esa demanda se realizó vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es decir, enviando el archivo electrónico que contiene el escaneo de tal documento, empleando para ello la firma electrónica de Josafat Ferreyra López. Así, los datos expuestos ponen evidencia la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que origina el desechamiento de la demanda de cuenta; sin embargo, previo a indicar cuál es la citada causa y los motivos por los que se considera actualizada, es pertinente recordar que el artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Precisado lo anterior, como se indicó, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que dice ser promovida por Arturo Jacuinde Jacuinde pero presentada mediante la utilización de la firma electrónica perteneciente a Josafat Ferreyra López, pues se considera actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, segunda parte del primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De la lectura del precepto 6 de la ley de la materia, se obtiene uno de los principios rectores del juicio de amparo, como lo es el de instancia de parte agraviada, el cual nos indica que el juicio de amparo podrá ser promovido precisamente por la persona que considere violentados sus derechos con motivo de la actuación de determinada autoridad, lo que además podrá realizar por sí mismo, es decir, por su propio derecho, también por conducto de su representante -por ejemplo tratándose de las personas morales- o, bien, a través de su representante legal [acreditada esa personería con el documento idóneo]; y, sólo en casos excepcionales, por conducto de cualquier persona [supuesto reservado para los casos expresamente señalados en el numeral 15 de la ley de la materia y 22 constitucional, en los que incluso la petición de amparo puede ser verbal]. Luego, tal principio obliga al juzgador de amparo a verificar si la petición de amparo corresponde con certeza a la voluntad de quien se dice agraviado por el acto de autoridad de que se trate, precisamente porque al tratarse de un juicio protector de los derechos humanos de una persona o colectividad de personas concretas, es indispensable que las mismas expresen su voluntad de acceder a un procedimiento de esa naturaleza. Por su parte, la fracción XXIII del numeral 61 en comento, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede actualizarse no sólo al colmarse cualquiera de los supuestos previstos en las fracciones previas, sino además cuando tal improcedencia se derive de cualquier otra disposición legal vigente. Así, la interpretación conjunta de tales porciones normativas nos permite establecer que será improcedente el juicio de amparo, cuando no se tenga la expresión de la voluntad del quejoso para acudir al juicio de amparo, precisamente porque tal circunstancia resultaría atentatoria del principio de instancia de parte agraviada rige el procedimiento constitucional. Es decir, que necesariamente para estar en condiciones de analizar cualquier petición de amparo, debe contarse con la manifestación de quien se dice afectado en sus derechos, en el sentido de que es su voluntad acudir a dicha instancia constitucional, pues sólo de esa forma puede impulsarse la maquinaria jurisdiccional de amparo a fin de verificar si los actos que se reclaman son atentatorios de los derechos humanos de la parte quejosa. Lo anterior implica que de no contarse con la aludida expresión de voluntad, es inconcuso que -ante una petición de amparo carente de tal requisito fundamental- la demanda de amparo resultará improcedente, dado que no existe petición de amparo de parte agraviada que deba ser atendida por el tribunal constitucional. Hasta aquí con el análisis de los preceptos legales que prevén la causa de improcedencia que se considera actualizada en el caso concreto. Hemos mencionado que este juzgado federal no puede emprender el análisis de la oportunidad, urgencia o cualquier otro requisito de procedibilidad de una determinada demanda de amparo, si la petición de que se trata no cuenta con la manifestación de la voluntad de la parte quejosa, en el sentido de que desea acudir al juicio de amparo. Luego, para clarificar tales señalamientos es pertinente hacer un breve paréntesis para explicar las formas en las que se puede expresar esa voluntad de instar el juicio de amparo. Así, tenemos que tradicionalmente se ha considerado que la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad del signante a toda promoción o acto que se presentan ante los órganos jurisdiccionales de la Federación, y constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente; por lo que, en sentido contrario, la falta de firma en un documento implica que carece de la voluntad de la persona, cuyo nombre aparece impreso en el mismo. Sin embargo, los adelantos tecnológicos han permitido que se generen nuevas formas de comunicación que sustituyen las tradicionales impresas en papel. Con relación a ello, en el juicio de amparo se ha reconocido como forma de comunicación aquella que se genera de manera electrónica cuando se emplean mecanismos reconocidos como confiables, en específico, en el artículo 3 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley". Como se observa, dicho numeral establece que los escritos y promociones pueden presentarse, entre otras, de manera electrónica mediante el empleo la firma electrónica, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, cuyo uso se regula en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Para concluir el paréntesis explicativo, debe acotarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia y, con la salvedad que señala el propio numeral, el juicio de amparo se puede promover e impulsar de forma escrita o, bien, de manera electrónica mediante el empleo de la firma digital correspondiente. Ya dejamos establecido que para existir pronunciamiento sobre la procedencia o pertinencia de una demanda de amparo debe existir instancia de parte agraviada; asimismo, que esa manifestación de voluntad puede hacerse de forma tradicional por escrito estampando el signo gráfico que corresponda a la firma del promovente; o, bien, a través de mecanismos tecnológicos empleando una firma electrónica. Con relación al primer supuesto de manifestación de voluntad, es claro que si la demanda de amparo se presenta de manera física por escrito con la firma autógrafa del quejoso, su representante o apoderado y en original -es decir, no en copia- el tribunal de amparo estará facultado y obligado para pronunciarse sobre su pertinencia y procedibilidad; por lo contrario, de no contar con tal signo gráfico en original, es inconcuso que no se tiene una expresión de voluntad de quien aparezca como promovente, por lo que ello hace improcedente la petición de amparo de que se trate. Por otro lado, con relación a la presentación de demandas de amparo por medios tecnológicos empleando firma electrónica, este juzgado federal advierte pueden presentarse tres supuestos. El primero de ellos sería el caso de que se presente una demanda de amparo empleando la firma electrónica del quejoso directo o, bien, del representante o apoderado legal que promuevan ejerciendo tales encargos a nombre de la parte quejosa directa, es decir, que la firma electrónica empleada para la presentación de la demanda de amparo corresponda a la persona que aparezca como promovente de la misma, ya que sea que actúe para defender derechos propios o bajo algún encargo o representación legal, sin que sea el objetivo de este estudio analizar lo relativo al acreditamiento de cualesquiera de esas representaciones. En este caso, y en aplicación de lo establecido en el referido numeral 3 de la ley de la materia, tal firma electrónica tiene la misma validez que una autógrafa para considerar que el contenido de la demanda corresponde a la voluntad del promovente, se insiste, siempre y cuando dicha evidencia electrónica se encuentre a nombre de quien aparezca como promovente del juicio constitucional, ya por derecho propio, ya en representación o mandato de alguien más. Al respecto se invoca la jurisprudencia III.4o.T. J/5 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL). Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión". Ahora, con relación a la presentación vía electrónica de las demandas de amparo, puede presentarse el supuesto de que tal ocurso se envíe sin la correspondiente firma electrónica, supuesto en el cual, al carecer de evidencia que vincule a quien aparezca como promovente con el contenido del escrito correspondiente, hace improcedente el aludido juicio, al no contar con la expresión de voluntad del quejoso en cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada, toda vez que dicha situación no puede considerarse como una irregularidad en la demanda que dé lugar a su prevención en términos del numeral 114 de la Ley de Amparo, precisamente porque no estamos en presencia de una irregularidad, sino de una ausencia de voluntad del quejoso. En ese sentido de se pronunció el más Alto Tribunal de Justicia del país, en la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Se han indicado dos supuestos que pueden acontecer respecto a la presentación de una demanda de amparo vía electrónica empleando una firma electrónica. Sin embargo, puede actualizarse un supuesto más, que es el que se presenta en el caso particular, consistente en que la demanda de amparo sea una reproducción de un escrito firmado por el quejoso, pero presentado a través de la firma electrónica de la persona a quien dicho peticionario de amparo solicita se le reconozca autorización amplia para gestionar en su nombre, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Y, con relación a este caso concreto, existe pronunciamiento expreso por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 47/2018, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México. La ejecutoria en comento dio origen a la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.) que dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". De la ejecutoria y jurisprudencia preinsertas, mismas que resultan de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, se obtiene que si una demanda es presentada por medios digitales empleando la firma electrónica de la persona a quien en la demanda se le designa como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, tal petición de amparo debe ser desechada. Lo que resulta de ese modo, porque tal demanda no cuenta con evidencia de la voluntad de la parte que aparece como quejosa, toda vez que la autorización en términos del citado numeral 12 de la ley de la materia, al tratarse de una representación procesal limitada, que además para surtir efectos es menester que sea reconocida de forma expresa por la autoridad jurisdiccional una vez iniciada la controversia constitucional no en forma previa a tal reconocimiento judicial; incluso, en los supuestos, como en el caso, en los que el documento digitalizado correspondiente a la demanda cuente con reproducción de un signo gráfico que se atribuya como firma al quejoso, precisamente porque al tratarse de una reproducción simple no puede hacer las veces de un original. En este punto resulta oportuno señalar que no es inadvertido para este órgano jurisdiccional el hecho notorio relativo a la emergencia sanitaria que actualmente se vive; motivo por el cual el Consejo de la Judicatura Federal ha emitido diversos acuerdos que regulan la actividad de los órganos jurisdiccionales y proporcionan las reglas bajo las cuales se realizará la tramitación de los procedimientos del conocimiento de los tribunales de la Federación, entre ellos, el juicio en línea a través de la presentación de demandas de amparo mediante el uso de la firma electrónica respectiva. Así, en la actualidad esa tramitación se rige por lo dispuesto en los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020, que señalan tanto los asuntos que son de tramitación urgente, como aquellos que sin tener esa calidad pueden ser admitidos o reanudados para su continuación, bajo las condiciones y lineamientos que se fijan en dichas disposiciones. Por su parte, la lectura integral de tales disposiciones administrativas nos permite concluir que en ellas no se incluyó disposición alguna que pugne, contravenga o prevea una situación adicional a la que estableció el más Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), con relación a la presentación de la demanda de amparo a través de la vía digital empleando la firma electrónica de quien se propone como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. De ahí que no existe disposición administrativa extraordinaria que impida su acatamiento -de la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.)- por parte de este juzgado federal, en términos de lo dispuesto por el aludido ordinal 217 de la Ley de Amparo. Hasta aquí con el marco normativo y jurisprudencial que justifica la calificativa de improcedencia que se emitió al inicio de este proveído. En efecto, como se indicó, en el caso particular se tiene que en la demanda de amparo se indica que el carácter de quejoso directo lo tiene Arturo Jacuinde Jacuinde, quien actúa por su propio derecho; no obstante se optó por la presentación electrónica de tal petición de amparo, mediante el uso de la firma electrónica perteneciente a Josafat Ferreyra López, persona a quien se propone como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por tanto, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6, primer párrafo, segunda parte, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no existe manifestación de la voluntad de la persona a quien se señala como afectada en sus derechos humanos, precisamente porque al haberse elegido la vía electrónica para su presentación, era menester que ello se realizara mediante la utilización de la firma del quejoso directo, de su representante o de su apoderado, ya que no estamos en presencia de alguno de los casos de excepción que eximen el cumplimento de ese requisito, como se observa de la naturaleza de los actos reclamados, al tenor de lo dispuesto por los preceptos legales y su interpretación citados en párrafos previos. Lo que resulta de ese modo, porque aun cuando la demanda se presentó mediante la utilización de la firma electrónica correspondiente a quien se designa como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, ello es insuficiente para considerar expresada la voluntad del peticionario de amparo para instar el inicio del juicio de amparo, precisamente porque la presentación de la demanda es un acto personalísimo que la ley asigna al titular de un derecho subjetivo o legítimo a quien afecta el acto o norma general, por lo que no puede hacerse por conducto de otra persona. En efecto, no debe olvidarse que la actuación de los autorizados en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia, inicia a partir de que el juzgador le reconozca ese carácter y no antes de la presentación de la demanda, precisamente porque se trata de una autorización procesal limitada que sólo puede ser entendida una vez que el órgano jurisdiccional se pronuncie a ese respecto, por lo que no puede reconocérsele potestad para promover en representación de los justiciables, como se pretende en el caso particular. Luego, si la presentación de la demanda que ahora nos ocupa correspondía al propio quejoso o, bien, a persona que contara con representación legal suficiente para actuar a su nombre, se presentó vía digital mediante la utilización de la firma electrónica perteneciente a quien propone como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, sin que previo a la presentación de tal ocurso tuviese reconocido tal carácter; es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, sin que la aludida circunstancia pueda ser objeto de prevención, toda vez que ya se dejó establecido que la omisión en comento, no constituye una mera irregularidad subsanable, sino que está ante la ausencia de un requisito fundamental para tener por expresada la voluntad del quejoso de acudir a la presente instancia constitucional. Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con el diverso numeral 6, primer párrafo, segunda parte, del mismo ordenamiento, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se analiza por los motivos y fundamentos expuestos en este acuerdo. Es menester indicar que la presente determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualizó de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. No se soslaya que el artículo 15 de la Ley de Amparo establece una excepción al principio de instancia de parte agraviada, el cual consiste en que, cuando se traten de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, entonces la demanda podrá presentarse por una tercera persona distinta al agraviado, siempre cuando éste se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Sin embargo, en el presente caso no se actualiza la hipótesis de excepción establecida en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que se duele de los actos consistentes en una orden de aprehensión y/o comparecencia. Actos que por sí mismos no implican peligro de privación a la vida, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Y si bien los actos combatidos podrían incidir en el derecho humano a la libertad, los mismos no encuadran en la categoría consistente en "ataques a la libertad personal fuera de procedimiento", toda vez que, de conformidad con lo dispuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la solicitud de modificación de jurisprudencia 4/2011, los actos consistentes en la orden de comparecencia, arresto, localización, presentación, citación o entrevista, se tratan de actos que tienen una naturaleza jurídica instrumental que forman parte del procedimiento de las actuaciones propias de la función investigadora del Ministerio Público, que tienen como finalidad que el indiciado se presente a la fiscalía correspondiente y, de estimarlo procedente, declare ante dicha institución. En tanto que la orden de aprehensión, de acuerdo con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 29/2012, es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye. Es decir, ambos casos se tratan de determinaciones que son emitidas dentro de un procedimiento tanto ministerial como jurisdiccional, por lo que los actos reclamados en el presente juicio de amparo no encuadran en la hipótesis de excepción establecida en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Señalamiento de domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sito en calle Cornelio Ortiz Zárate número 392, Fraccionamiento Hacienda La Trinidad, autorizando para tal efecto a Roberto Reyes Bedolla y José Juan Chávez Pimentel con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que a las restantes personas que indica únicamente para recibirlas dado que no cumplen con el requisito de referencia. Habilitación de correo electrónico. Asimismo, por lo que respecta a los correos electrónicos: direccionsanchez@bosaac.com subdirecciónbourget@bosaac.com hbourget1@gmail.com bourgetasociados@gmail.com; y, boosaaccijufis@gmail.com. Y números telefónicos 443-275-88-09, 443-188-31-89, 443-198-80-53, que proporciona la parte quejosa, se ordena su habilitación para la recepción de notificaciones. Ello sin perjuicio de que el artículo 26 de la Ley de Amparo, fracción IV, disponga que el único medio para recibir notificaciones electrónicas es el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, (SISE) haciendo uso del Certificado de Firma Electrónica; no obstante, debe decirse que la circular SECNO/12/2020 que interpreta el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció la necesidad de encontrar soluciones creativas dentro del marco de la ley aplicable para sostener los nuevos retos que supone el trabajo a distancia, en el contexto de la pandemia derivada del virus COVID-19, por lo que resulta factible ordenar su habilitación, máxime que proporcionó varios números telefónicos y cuentas de correo para la confirmación de las notificaciones. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones e integración del expediente electrónico A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios y Actuarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico. Notifíquese en los términos indicados en este acuerdo. Así lo acordó y firma el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la licenciada Elva Janette Herrejón Chávez, secretaria que autoriza las actuaciones y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Demanda de amparo y radicación Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea de Poder Judicial de la Federación; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número VI-893/2020. Ahora, en el caso particular y con independencia de que este juzgado pudiera realizar un análisis de ponderación en torno a la urgencia o no del presente asunto, en términos de lo dispuesto por los artículos 1 y 4, fracción IX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, así como los diversos Acuerdos Generales 6/2020, 8/2020 y 10/2020, de dicho órgano plenario, este juzgado estima que en el presente caso se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, que es menester atender de manera prioritaria dado que incide sobre la expresión de voluntad de la parte quejosa de acudir al juicio de amparo, circunstancia que por su trascendencia genera la necesidad de que se atienda de forma primigenia, incluso, a las cuestiones sobre la urgencia que pudiese tener el planteamiento contenido en tal ocurso, precisamente porque para estar en condiciones de hacer ese análisis, en primer orden, debe contarse con la expresión de la voluntad de acudir al juicio constitucional por parte de quien se dice agraviado en sus derechos humanos. Análisis de procedencia de la demanda de amparo Resulta pertinente destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Ahora, en el caso particular y con independencia de que este juzgado pudiera realizar un análisis de ponderación en torno a la urgencia o no del presente asunto, en términos de lo dispuesto por los artículos 1 y 4, fracción IX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, así como los diversos Acuerdos Generales 6/2020, 8/2020 y 10/2020, de dicho órgano plenario, este juzgado estima que en el presente caso se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, que es menester atender de manera prioritaria dado que incide sobre la expresión de voluntad de la parte quejosa de acudir al juicio de amparo, circunstancia que por su trascendencia genera la necesidad de que se atienda de forma primigenia, incluso, a las cuestiones sobre la urgencia que pudiese tener el planteamiento contenido en tal ocurso, precisamente porque para estar en condiciones de hacer ese análisis, en primer orden, debe contarse con la expresión de la voluntad de acudir al juicio constitucional por parte de quien se dice agraviado en sus derechos humanos. En el caso concreto, se tiene que en el ocurso de amparo se indica que el peticionario de amparo directo es Arturo Jacuinde Jacuinde, quien por su propio derecho, formula demanda de amparo contra las autoridades siguientes: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Municipal en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Primero Menor en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Segundo Menor en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez Tercero Menor en Materia Penal de este Distrito Judicial. Juez de Control del Estado de Michoacán. Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán. Primer Comandante de Aprehensiones de la Subprocuraduría de Morelia, Michoacán. Comisario General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. A quienes les atribuye la orden de aprehensión y/o comparecencia dictada en su contra y su ejecución. Petición de amparo que se formula por considerar que se violentan sus derechos humanos, al tenor de los motivos de hecho y fundamentos de derecho que se indican en tal ocurso. Asimismo, en dicho ocurso el aludido Arturo Jacuinde Jacuinde solicita a este juzgado federal que conceda la autorización amplia que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, entre otros, a Josafat Ferreyra López, para que pudiesen gestionar a su nombre en el juicio de amparo que se derivara de esa demanda. Y, para sustentar que la petición de amparo se formula por Arturo Jacuinde Jacuinde, al final del escrito se observa el nombre de éste asentado en computadora; mientras que la presentación de esa demanda se realizó vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es decir, enviando el archivo electrónico que contiene el escaneo de tal documento, empleando para ello la firma electrónica de Josafat Ferreyra López. Así, los datos expuestos ponen evidencia la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que origina el desechamiento de la demanda de cuenta; sin embargo, previo a indicar cuál es la citada causa y los motivos por los que se considera actualizada, es pertinente recordar que el artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Precisado lo anterior, como se indicó, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que dice ser promovida por Arturo Jacuinde Jacuinde pero presentada mediante la utilización de la firma electrónica perteneciente a Josafat Ferreyra López, pues se considera actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, segunda parte del primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De la lectura del precepto 6 de la ley de la materia, se obtiene uno de los principios rectores del juicio de amparo, como lo es el de instancia de parte agraviada, el cual nos indica que el juicio de amparo podrá ser promovido precisamente por la persona que considere violentados sus derechos con motivo de la actuación de determinada autoridad, lo que además podrá realizar por sí mismo, es decir, por su propio derecho, también por conducto de su representante -por ejemplo tratándose de las personas morales- o, bien, a través de su representante legal [acreditada esa personería con el documento idóneo]; y, sólo en casos excepcionales, por conducto de cualquier persona [supuesto reservado para los casos expresamente señalados en el numeral 15 de la ley de la materia y 22 constitucional, en los que incluso la petición de amparo puede ser verbal]. Luego, tal principio obliga al juzgador de amparo a verificar si la petición de amparo corresponde con certeza a la voluntad de quien se dice agraviado por el acto de autoridad de que se trate, precisamente porque al tratarse de un juicio protector de los derechos humanos de una persona o colectividad de personas concretas, es indispensable que las mismas expresen su voluntad de acceder a un procedimiento de esa naturaleza. Por su parte, la fracción XXIII del numeral 61 en comento, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede actualizarse no sólo al colmarse cualquiera de los supuestos previstos en las fracciones previas, sino además cuando tal improcedencia se derive de cualquier otra disposición legal vigente. Así, la interpretación conjunta de tales porciones normativas nos permite establecer que será improcedente el juicio de amparo, cuando no se tenga la expresión de la voluntad del quejoso para acudir al juicio de amparo, precisamente porque tal circunstancia resultaría atentatoria del principio de instancia de parte agraviada rige el procedimiento constitucional. Es decir, que necesariamente para estar en condiciones de analizar cualquier petición de amparo, debe contarse con la manifestación de quien se dice afectado en sus derechos, en el sentido de que es su voluntad acudir a dicha instancia constitucional, pues sólo de esa forma puede impulsarse la maquinaria jurisdiccional de amparo a fin de verificar si los actos que se reclaman son atentatorios de los derechos humanos de la parte quejosa. Lo anterior implica que de no contarse con la aludida expresión de voluntad, es inconcuso que -ante una petición de amparo carente de tal requisito fundamental- la demanda de amparo resultará improcedente, dado que no existe petición de amparo de parte agraviada que deba ser atendida por el tribunal constitucional. Hasta aquí con el análisis de los preceptos legales que prevén la causa de improcedencia que se considera actualizada en el caso concreto. Hemos mencionado que este juzgado federal no puede emprender el análisis de la oportunidad, urgencia o cualquier otro requisito de procedibilidad de una determinada demanda de amparo, si la petición de que se trata no cuenta con la manifestación de la voluntad de la parte quejosa, en el sentido de que desea acudir al juicio de amparo. Luego, para clarificar tales señalamientos es pertinente hacer un breve paréntesis para explicar las formas en las que se puede expresar esa voluntad de instar el juicio de amparo. Así, tenemos que tradicionalmente se ha considerado que la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad del signante a toda promoción o acto que se presentan ante los órganos jurisdiccionales de la Federación, y constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente; por lo que, en sentido contrario, la falta de firma en un documento implica que carece de la voluntad de la persona, cuyo nombre aparece impreso en el mismo. Sin embargo, los adelantos tecnológicos han permitido que se generen nuevas formas de comunicación que sustituyen las tradicionales impresas en papel. Con relación a ello, en el juicio de amparo se ha reconocido como forma de comunicación aquella que se genera de manera electrónica cuando se emplean mecanismos reconocidos como confiables, en específico, en el artículo 3 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley". Como se observa, dicho numeral establece que los escritos y promociones pueden presentarse, entre otras, de manera electrónica mediante el empleo la firma electrónica, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, cuyo uso se regula en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Para concluir el paréntesis explicativo, debe acotarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia y, con la salvedad que señala el propio numeral, el juicio de amparo se puede promover e impulsar de forma escrita o, bien, de manera electrónica mediante el empleo de la firma digital correspondiente. Ya dejamos establecido que para existir pronunciamiento sobre la procedencia o pertinencia de una demanda de amparo debe existir instancia de parte agraviada; asimismo, que esa manifestación de voluntad puede hacerse de forma tradicional por escrito estampando el signo gráfico que corresponda a la firma del promovente; o, bien, a través de mecanismos tecnológicos empleando una firma electrónica. Con relación al primer supuesto de manifestación de voluntad, es claro que si la demanda de amparo se presenta de manera física por escrito con la firma autógrafa del quejoso, su representante o apoderado y en original -es decir, no en copia- el tribunal de amparo estará facultado y obligado para pronunciarse sobre su pertinencia y procedibilidad; por lo contrario, de no contar con tal signo gráfico en original, es inconcuso que no se tiene una expresión de voluntad de quien aparezca como promovente, por lo que ello hace improcedente la petición de amparo de que se trate. Por otro lado, con relación a la presentación de demandas de amparo por medios tecnológicos empleando firma electrónica, este juzgado federal advierte pueden presentarse tres supuestos. El primero de ellos sería el caso de que se presente una demanda de amparo empleando la firma electrónica del quejoso directo o, bien, del representante o apoderado legal que promuevan ejerciendo tales encargos a nombre de la parte quejosa directa, es decir, que la firma electrónica empleada para la presentación de la demanda de amparo corresponda a la persona que aparezca como promovente de la misma, ya que sea que actúe para defender derechos propios o bajo algún encargo o representación legal, sin que sea el objetivo de este estudio analizar lo relativo al acreditamiento de cualesquiera de esas representaciones. En este caso, y en aplicación de lo establecido en el referido numeral 3 de la ley de la materia, tal firma electrónica tiene la misma validez que una autógrafa para considerar que el contenido de la demanda corresponde a la voluntad del promovente, se insiste, siempre y cuando dicha evidencia electrónica se encuentre a nombre de quien aparezca como promovente del juicio constitucional, ya por derecho propio, ya en representación o mandato de alguien más. Al respecto se invoca la jurisprudencia III.4o.T. J/5 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL). Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión". Ahora, con relación a la presentación vía electrónica de las demandas de amparo, puede presentarse el supuesto de que tal ocurso se envíe sin la correspondiente firma electrónica, supuesto en el cual, al carecer de evidencia que vincule a quien aparezca como promovente con el contenido del escrito correspondiente, hace improcedente el aludido juicio, al no contar con la expresión de voluntad del quejoso en cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada, toda vez que dicha situación no puede considerarse como una irregularidad en la demanda que dé lugar a su prevención en términos del numeral 114 de la Ley de Amparo, precisamente porque no estamos en presencia de una irregularidad, sino de una ausencia de voluntad del quejoso. En ese sentido de se pronunció el más Alto Tribunal de Justicia del país, en la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Se han indicado dos supuestos que pueden acontecer respecto a la presentación de una demanda de amparo vía electrónica empleando una firma electrónica. Sin embargo, puede actualizarse un supuesto más, que es el que se presenta en el caso particular, consistente en que la demanda de amparo sea una reproducción de un escrito firmado por el quejoso, pero presentado a través de la firma electrónica de la persona a quien dicho peticionario de amparo solicita se le reconozca autorización amplia para gestionar en su nombre, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Y, con relación a este caso concreto, existe pronunciamiento expreso por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 47/2018, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México. La ejecutoria en comento dio origen a la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.) que dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". De la ejecutoria y jurisprudencia preinsertas, mismas que resultan de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, se obtiene que si una demanda es presentada por medios digitales empleando la firma electrónica de la persona a quien en la demanda se le designa como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, tal petición de amparo debe ser desechada. Lo que resulta de ese modo, porque tal demanda no cuenta con evidencia de la voluntad de la parte que aparece como quejosa, toda vez que la autorización en términos del citado numeral 12 de la ley de la materia, al tratarse de una representación procesal limitada, que además para surtir efectos es menester que sea reconocida de forma expresa por la autoridad jurisdiccional una vez iniciada la controversia constitucional no en forma previa a tal reconocimiento judicial; incluso, en los supuestos, como en el caso, en los que el documento digitalizado correspondiente a la demanda cuente con reproducción de un signo gráfico que se atribuya como firma al quejoso, precisamente porque al tratarse de una reproducción simple no puede hacer las veces de un original. En este punto resulta oportuno señalar que no es inadvertido para este órgano jurisdiccional el hecho notorio relativo a la emergencia sanitaria que actualmente se vive; motivo por el cual el Consejo de la Judicatura Federal ha emitido diversos acuerdos que regulan la actividad de los órganos jurisdiccionales y proporcionan las reglas bajo las cuales se realizará la tramitación de los procedimientos del conocimiento de los tribunales de la Federación, entre ellos, el juicio en línea a través de la presentación de demandas de amparo mediante el uso de la firma electrónica respectiva. Así, en la actualidad esa tramitación se rige por lo dispuesto en los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020, que señalan tanto los asuntos que son de tramitación urgente, como aquellos que sin tener esa calidad pueden ser admitidos o reanudados para su continuación, bajo las condiciones y lineamientos que se fijan en dichas disposiciones. Por su parte, la lectura integral de tales disposiciones administrativas nos permite concluir que en ellas no se incluyó disposición alguna que pugne, contravenga o prevea una situación adicional a la que estableció el más Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), con relación a la presentación de la demanda de amparo a través de la vía digital empleando la firma electrónica de quien se propone como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. De ahí que no existe disposición administrativa extraordinaria que impida su acatamiento -de la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.)- por parte de este juzgado federal, en términos de lo dispuesto por el aludido ordinal 217 de la Ley de Amparo. Hasta aquí con el marco normativo y jurisprudencial que justifica la calificativa de improcedencia que se emitió al inicio de este proveído. En efecto, como se indicó, en el caso particular se tiene que en la demanda de amparo se indica que el carácter de quejoso directo lo tiene Arturo Jacuinde Jacuinde, quien actúa por su propio derecho; no obstante se optó por la presentación electrónica de tal petición de amparo, mediante el uso de la firma electrónica perteneciente a Josafat Ferreyra López, persona a quien se propone como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por tanto, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6, primer párrafo, segunda parte, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no existe manifestación de la voluntad de la persona a quien se señala como afectada en sus derechos humanos, precisamente porque al haberse elegido la vía electrónica para su presentación, era menester que ello se realizara mediante la utilización de la firma del quejoso directo, de su representante o de su apoderado, ya que no estamos en presencia de alguno de los casos de excepción que eximen el cumplimento de ese requisito, como se observa de la naturaleza de los actos reclamados, al tenor de lo dispuesto por los preceptos legales y su interpretación citados en párrafos previos. Lo que resulta de ese modo, porque aun cuando la demanda se presentó mediante la utilización de la firma electrónica correspondiente a quien se designa como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, ello es insuficiente para considerar expresada la voluntad del peticionario de amparo para instar el inicio del juicio de amparo, precisamente porque la presentación de la demanda es un acto personalísimo que la ley asigna al titular de un derecho subjetivo o legítimo a quien afecta el acto o norma general, por lo que no puede hacerse por conducto de otra persona. En efecto, no debe olvidarse que la actuación de los autorizados en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia, inicia a partir de que el juzgador le reconozca ese carácter y no antes de la presentación de la demanda, precisamente porque se trata de una autorización procesal limitada que sólo puede ser entendida una vez que el órgano jurisdiccional se pronuncie a ese respecto, por lo que no puede reconocérsele potestad para promover en representación de los justiciables, como se pretende en el caso particular. Luego, si la presentación de la demanda que ahora nos ocupa correspondía al propio quejoso o, bien, a persona que contara con representación legal suficiente para actuar a su nombre, se presentó vía digital mediante la utilización de la firma electrónica perteneciente a quien propone como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, sin que previo a la presentación de tal ocurso tuviese reconocido tal carácter; es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, sin que la aludida circunstancia pueda ser objeto de prevención, toda vez que ya se dejó establecido que la omisión en comento, no constituye una mera irregularidad subsanable, sino que está ante la ausencia de un requisito fundamental para tener por expresada la voluntad del quejoso de acudir a la presente instancia constitucional. Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con el diverso numeral 6, primer párrafo, segunda parte, del mismo ordenamiento, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se analiza por los motivos y fundamentos expuestos en este acuerdo. Es menester indicar que la presente determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualizó de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. No se soslaya que el artículo 15 de la Ley de Amparo establece una excepción al principio de instancia de parte agraviada, el cual consiste en que, cuando se traten de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, entonces la demanda podrá presentarse por una tercera persona distinta al agraviado, siempre cuando éste se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Sin embargo, en el presente caso no se actualiza la hipótesis de excepción establecida en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que se duele de los actos consistentes en una orden de aprehensión y/o comparecencia. Actos que por sí mismos no implican peligro de privación a la vida, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Y si bien los actos combatidos podrían incidir en el derecho humano a la libertad, los mismos no encuadran en la categoría consistente en "ataques a la libertad personal fuera de procedimiento", toda vez que, de conformidad con lo dispuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la solicitud de modificación de jurisprudencia 4/2011, los actos consistentes en la orden de comparecencia, arresto, localización, presentación, citación o entrevista, se tratan de actos que tienen una naturaleza jurídica instrumental que forman parte del procedimiento de las actuaciones propias de la función investigadora del Ministerio Público, que tienen como finalidad que el indiciado se presente a la fiscalía correspondiente y, de estimarlo procedente, declare ante dicha institución. En tanto que la orden de aprehensión, de acuerdo con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 29/2012, es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye. Es decir, ambos casos se tratan de determinaciones que son emitidas dentro de un procedimiento tanto ministerial como jurisdiccional, por lo que los actos reclamados en el presente juicio de amparo no encuadran en la hipótesis de excepción establecida en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Señalamiento de domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sito en calle Cornelio Ortiz Zárate número 392, Fraccionamiento Hacienda La Trinidad, autorizando para tal efecto a Roberto Reyes Bedolla y José Juan Chávez Pimentel con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que a las restantes personas que indica únicamente para recibirlas dado que no cumplen con el requisito de referencia. Habilitación de correo electrónico. Asimismo, por lo que respecta a los correos electrónicos: direccionsanchez@bosaac.com subdirecciónbourget@bosaac.com hbourget1@gmail.com bourgetasociados@gmail.com; y, boosaaccijufis@gmail.com. Y números telefónicos 443-275-88-09, 443-188-31-89, 443-198-80-53, que proporciona la parte quejosa, se ordena su habilitación para la recepción de notificaciones. Ello sin perjuicio de que el artículo 26 de la Ley de Amparo, fracción IV, disponga que el único medio para recibir notificaciones electrónicas es el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, (SISE) haciendo uso del Certificado de Firma Electrónica; no obstante, debe decirse que la circular SECNO/12/2020 que interpreta el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció la necesidad de encontrar soluciones creativas dentro del marco de la ley aplicable para sostener los nuevos retos que supone el trabajo a distancia, en el contexto de la pandemia derivada del virus COVID-19, por lo que resulta factible ordenar su habilitación, máxime que proporcionó varios números telefónicos y cuentas de correo para la confirmación de las notificaciones. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones e integración del expediente electrónico A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios y Actuarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico. Notifíquese en los términos indicados en este acuerdo. Así lo acordó y firma el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la licenciada Elva Janette Herrejón Chávez, secretaria que autoriza las actuaciones y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Arturo González Fuentes1138/2018
- Arturo González Fuentes808/2019
- Arturo González Fuentes208/2020
- Arturo Guizar Cruz698/2018
- Arturo Horencio Llanderal Álvarez750/2017
- Arturo Jacuinde Jacuinde892/2020
- Arturo Martín López Arroyo976/2019
- Arturo Mejía De la Paz151/2019
- Arturo Mejía de la Paz1151/2019
- Arturo Pulido Torres143/2019
- Arturo Salazar Samano463/2018
- Arturo Salazar Sámano452/2020