Arturo Iturriaga Rodríguez
Expediente 982/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 982/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Arturo Iturriaga Rodríguez
- ARTURO ITURRIAGA RODRÍGUEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
MESA "1" MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. VISTA LA CUENTA QUE ANTECEDE, LA JUEZ ACUERDA, DADO QUE EL DÍA DE HOY, QUEDÓ FIRME EL ACUERDO DE CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EN EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 982/2015-1, DE DONDE EMANA EL PRESENTE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Y, SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEFINITIVO COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO; EN TAL VIRTUD, EN CUANTO AL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEDUCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS REFERIDO, Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR UNA PARTE SE NEGÓ Y POR OTRA FUE CONCEDIDA, CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, SE HACE CONSTAR QUE SERÁ SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO EL ARCHIVO DEL JUICIO PRINCIPAL COMO ASUNTO CONCLUIDO, POR LO QUE DEBERÁN CONSERVARSE TODAS LAS CONSTANCIAS RELATIVAS A SU OTORGAMIENTO Y EN SU CASO, A SU VIOLACIÓN. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, ATENTO A LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO.
- Principal
MESA "1" MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO LEGAL QUE ESTABLECE EL 86 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, PARA QUE EL QUEJOSO ARTURO ITURRIAGA RODRÍGUEZ Y DENYSE AYESHA JUÁREZ LEZAMA, INTERPUSIERA RECURSO DE REVISIÓN CONTEMPLADO EN EL NUMERAL 81, INCISO D), DE LA LEY DE LA MATERIA, EN CONTRA DEL AUTO DE CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EN EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; POR ENDE, CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS NUMERALES 355 Y 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE LA MATERIA, SE DECLARA QUE DICHO PROVEÍDO, HA QUEDADO FIRME. EN ESA VIRTUD, HÁGASE LO ANTERIOR DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA; Y, CON FUNDAMENTO EN EL NORMATIVO 214 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, PREVIAS LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. POR OTRA PARTE, COMO DE LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL QUE ANTECEDE SE DESPRENDE QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE CARECE DE DOCUMENTOS ORIGINALES Y DE RELEVANCIA JURÍDICA, HISTÓRICA Y/O DOCUMENTAL, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN I, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, SE HACE CONSTAR QUE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO SU ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. ASIMISMO, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO, FRACCIÓN III, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, EL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DERIVADO DEL EXPEDIENTE EN QUE ACTÚA, SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE SEIS MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO Y RESPECTO AL DESTINO FINAL DEL CUADERNO ORIGINAL DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, ACUÉRDESE EN EL MISMO LO CORRESPONDIENTE. FINALMENTE, HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
MESA "1" VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE EN EL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, SE RECIBIÓ LA RAZÓN DE NOTIFICACIÓN SUSCRITA POR LA ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, LICENCIADO LUIS MORA HERNÁNDEZ, DE LA QUE SE DESPRENDE QUE TRANSCURRIÓ EL PLAZO OTORGADO AL QUEJOSO ARTURO ITURRIAGA RODRÍGUEZ ASÍ COMO A SUS AUTORIZADOS, MEDIANTE EL CITATORIO DE SEIS DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A FIN DE QUE SE PRESENTARAN EN EL LOCAL DE ÉSTE JUZGADO Y LES FUERA NOTIFICADO EL ACUERDO DE CINCO DE NOVIEMBRE DEL ACTUAL, DICTADO DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 982/2015-1; POR TANTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFÍQUESE AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE MÉRITO POR MEDIO DE LISTA. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Con fundamento en lo establecido en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con su numeral 2º, agréguense a los presentes autos, el informe justificado, signado por el Subdirector de Amparos Penales y Civiles, en ausencia del Procurador General de Justicia del Distrito Federal y con el oficio número 4054, signado por el Juez Décimo Penal de Delitos No Graves en el Distrito Federal y constancias que acompaña, consistentes en copias certificadas del auto de formal prisión de treinta de octubre de dos mil quince, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, visto el contenido del oficio signado por el Juez responsable, en el que manifiesta que el treinta de octubre de dos mil quince dictó auto de formal prisión en contra de los quejosos ARTURO ITURRIAGA RODRÍGUEZ y DENYSE AYESHA JUÁREZ LEZAMA, al considerarlos probables responsables de la comisión del delito de Lesiones Calificadas; hecho del cual se desprende que el acto reclamado por el impetrante de mérito, consistente en la ".orden de aprehensión.", ha quedado superado por el auto de formal prisión de treinta de octubre del año en curso, en el que resolvió la situación jurídica de los quejosos; actuaciones a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917 - 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena". En esa tesitura, se actualiza la causal de improcedencia estipulada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Amparo en vigencia, la cual dicta: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Por tanto, atendiendo a lo dictado en párrafos precedentes, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, en tanto que el acto reclamado señalado por el impetrante de garantías, materia del presente juicio de garantías, se encuentra material y jurídicamente sustituido. En efecto, de lo anterior se obtiene que la orden de aprehensión, que impugnan los hoy quejosos a través del presente juicio de garantías, se encuentra materialmente sustituida por el citado auto de término constitucional en el que se decretó su formal prisión, hecho en el que la autoridad responsable, dió origen a un nuevo acto, circunstancia por la que se estima que el presente juicio de garantías resulta improcedente, pues el resolver la presente controversia, implicaría afectar un auto diverso al combatido mediante ésta vía, situación de la cual no opera la suplencia en la deficiencia de la queja, lo que trae consigo un cambio de situación jurídica, ya que las posibles violaciones contenidas en el acto que reclamó, al ser sustituido, se consideran consumadas de modo irreparable. En esa virtud, la improcedencia de referencia se manifiesta, por una parte, en que no se puede restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de la nueva resolución, ya que no es posible decidir sobre la primera sin afectar la nueva situación jurídica y, por otra, que la orden de aprehensión, queda sustituida, siendo imposible invalidar aquello que ya no existe. En consecuencia, al haberse decretado la formal prisión de los quejosos ARTURO ITURRIAGA RODRÍGUEZ y DENYSE AYESHA JUÁREZ LEZAMA, como probables responsables en la comisión del delito de Lesiones Calificadas y, al haber cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la "orden de aprehensión", ha operado el cambio de situación jurídica, respecto al nuevo acto emitido por la autoridad de mérito; por lo que conforme a lo dispuesto en la fracción XVII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo en vigor, lo conducente es, conforme a la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio en que se actúa por configurarse la causal de improcedencia en estudio. Resulta aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia número VII.1o.P. J/42, visible en la página 875, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época: Instancia: Primer Tribunal Colegiado En Materia Penal Del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999). Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto." En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa a los peticionarios de amparo, en virtud de que la determinación que en este proveído se dicta, se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, que se actualiza cuando se reclama la privación de la libertad deambulatoria, con motivo de una orden de aprehensión y durante la substanciación del juicio se ordena la formal prisión de los quejosos, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. De igual forma, cobra aplicación por identidad jurídica al respecto, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, visible en la página número 386 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Novena Época, de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior, sin menester dar vista a los impetrantes de amparo, con la actualización de dicha causa de improcedencia advertida de oficio, como lo previene el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues de la interpretación del párrafo segundo de dicho precepto, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" -Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito-. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por reiteración de criterios, VI.1o.T. J/1 (10a.) , que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes". El presente fallo comprende el diverso acto reclamado al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, el cual se advierte como un acto de ejecución derivado del ya citado con anterioridad, toda vez que no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hizo depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Tiene aplicación al efecto, la jurisprudencia VI2°. J/7, visible a foja 690, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II Segunda Parte-2, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si estos no se combaten por vicios propios". De igual forma, el Juez Décimo Penal de Delitos No Graves en el Distrito Federal y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal; al rendir sus informes previos, negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados consistentes en las ".órdenes de reaprehensión y/o presentación y/o arresto y/o comparecencia; por lo que se estima procedente se sobresea el juicio de garantías en que se actúa, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigencia. Por tanto, atendiendo a lo dictado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia vigente, al no existir elementos de prueba que desvirtúen las negativas que sostienen dichas autoridades, o bien, susceptibles de valoración conforme a la fracción III del numeral citado, cobra firmeza el contenido de sus informes justificados; por lo cual, con apoyo en la citada fracción IV, del normativo 63, de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías respecto de dichos reclamados a las autoridades responsables. Sirve de apoyo lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En ese tenor, por las razones expuestas, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, debiéndose hacer del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales a que haya lugar.
- Incidental
MESA "1" PRIMERO.- SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA A ARTURO ITURRIAGA RODRIGUEZ Y DENYSE AYESHA JUAREZ LEZAMA, CONTRA LOS ACTOS QUE RECLAMA A LA JUEZ DÉCIMO PENAL DE DELITOS NO GRAVES EN EL DISTRITO FEDERAL Y EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, EN TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO CUARTO DE ESTA INTERLOCUTORIA. SEGUNDO.- SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA A ARTURO ITURRIAGA RODRÍGUEZ Y DENYSE AYESHA JUÁREZ LEZAMA, CONTRA EL ACTO QUE RECLAMA A LA JUEZ DÉCIMO PENAL DE DELITOS NO GRAVES EN EL DISTRITO FEDERAL Y EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, EN TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO QUINTO DE ESTA INTERLOCUTORIA.
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