Arturo Isaías García Archundia

Expediente 1875/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1875/2015
Año
2015
Actuaciones
13
Última actuación
15/03/2016

Partes del expediente

  • Arturo Isaías García Archundia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes en auto de siete de marzo del año en curos, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. En primer lugar, se precisa: 1. El veintidós de enero de dos mil dieciséis, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la cual se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión (fojas 44 a 55). 2. En auto de doce de febrero de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia respectiva y se requirió el cumplimiento del fallo protector al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, actuación en la cual se decretaron los apercibimientos estatuidos en los numerales 192, 193, 258 y 267 de la Ley de Amparo (folio 59 y 60). Así, el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" (10ª Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, Materia Común). I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por el impetrante; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los preceptos antes citados disponen: "Artículo 196. ... La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los que se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son: ".En esas condiciones, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, para el efecto que se deje insubsistente la orden de traslado tildada de ilegal, y se regrese al sentenciado Antonio Isaías García Archundia, al Centro Preventivo y de Readaptación Social en que se encontraba hasta antes de la violación reclamada, a fin que se le restituya en el goce y disfrute de sus derechos individuales violados, como lo ordena el numeral 77 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el entendido que si la autoridad administrativa lo estima necesario, compurgando los vicios de fondo de los que adolecía la orden de traslado reclamada, dicte una nueva que deberá ser previamente autorizada por la autoridad judicial constitucionalmente facultada para ello.." En ese tenor, a través del oficio DGPRS/DTL/1838/2016 (fojas 82 a 84), presentado el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, remitió copia certificada del diverso DGPRS/DTL/1837/2016, por el cual hizo del conocimiento al Director de Seguridad y Operación de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, haber dejado sin efectos la orden de traslado reclamada y le ordenó girar instrucciones para que se ejecutara el traslado del quejoso del Centro Preventivo de Chalco, al de Santiaguito, en Almoloya, Estado de México. En oficio DGPRS/DTL/2087/2016, signado por la responsable mencionada, adjuntó copia certificada de la misiva por la cual el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, le comunicó que el interno, aquí quejoso, fue ingresado el uno de marzo de este año a dicho centro, proveniente del diverso de Chalco, Estado de México (fojas 85 a 86). Constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en vigencia, agregadas a las presentes actuaciones. Establecido lo anterior, al hacer análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable vinculada con la concesión de amparo cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, ya que: a) Dejó insubsistente la orden de traslado ordenada en oficio DGPRS/DTL/TD/0478/2015, de treinta y uno de mayo de dos mil quince, y b) El quejoso fue trasladado del centro de reclusión donde se encontraba con motivo de esa orden (Chalco, Estado de México), al centro penitenciario estatal ubicado en Almoloya de Juárez. Por lo anterior, se estima que la autoridad cumplió con los efectos de la concesión del amparo. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. Las anotaciones pertinentes háganse en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó y firma Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien actúa asistido de Yamín Dávalos Rosas, Secretario que firma, autoriza y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de marzo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios de cuenta, mediante los cuales el Director General de Prevención y Readaptación Social, de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, remite copia certificada de los oficios DGPRS/DTL/1837/2016 y DGPRS/DTL/2087/2016, el primero dirigido al Director de Seguridad y Operación de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, en el que se colige que dejo sin efectos la orden de traslado contenida en la diversa misiva DGPRS/DTL/TD/0478/2015 de treinta y uno de mayo de dos mil quince, únicamente por lo que se refiere al solicitante del amparo Antonio Isaías García Archundia; asimismo, le instruye llevar a cabo el traslado del quejoso del Centro Preventivo de Readaptación Social de "Chalco" al Similar en Almoloya de Juárez, ambos del Estado de México; asimismo, de la diversa misiva se colige que el quejoso en comento el uno de los cursantes reingreso al Centro Preventivo último en mención. En mérito de lo anterior, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado al oficiante, para los efectos legales a que haya lugar y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de referencia, así como con los contenidos de los anexos remitidos, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo que se les concede, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Lo anterior se encuentra sustentado en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (S.J.F. 9ª Época, tomo XI, de marzo de dos mil, página 243)

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el escrito de cuenta, signado por el quejoso Antonio Isaías García Archundía, a través del cual realiza diversas manifestaciones respecto del proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, por el cual se solicitó a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, se tienen por hechos los argumentos del quejoso, mismos que serán tomados en consideración al momento de valorar el cumplimiento de la ejecutoria emitida.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar el escrito de cuenta mediante el cual el quejoso realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la responsable a la sentencia de amparo, emitida dentro del sumario constitucional en que se actúa. En esas condiciones, tomado en consideración las manifestaciones realizadas por el quejoso y dado que de las constancias remitidas por el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, si bien se advierte que ordenó el traslado del quejoso lo cierto es que, de las mismas no se advierte que dicha orden se haya cumplimentado; por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, cumplan con la ejecutoria, lo que deberá acreditar en el mismo lapso con las constancias respectivas, en la inteligencia de que se concedió el amparo a efecto de que: "[.] se deje insubsistente la orden de traslado tildada de ilegal, y se regrese al sentenciado Antonio Isaías García Archundía, al Centro Preventivo y de Readaptación Social en que se encontraba hasta antes de la violación reclamada, a fin de que se le restituya el goce y disfrute de sus derechos individuales violados, como lo ordena el numeral 77 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el entendido que si la autoridad administrativa lo estima necesario, compurgando los vicios de fondo de los que adolecía la orden de traslado reclamada, dicte una nueva que deberá ser previamente autorizada por la autoridad judicial constitucionalmente para ello [.]". Se apercibe a la autoridad responsable, que de no hacer lo requerido en el tiempo otorgado (tres días), o de no informar lo conducente conforme a la legislación de la materia, se le impondrá una multa de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz y texto: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. [10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I; página 7. P./J. 60/2014]. También se le apercibe que, en caso de no acatar el presente mandato, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo vigente. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se dará vista a las partes y con desahogo de la vista o sin ella, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Si no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de ley de la materia. Tiene aplicación la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, visible en la página 5, cuyo rubro dice: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

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