Arturo Ignacio Cardona Calderón

Expediente 449/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
449/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
23/05/2019

Partes del expediente

  • Arturo Ignacio Cardona Calderón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Téngase por recibido el sendo del juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado, mediante el cual solicita copia certificada de la boleta de turno, demanda de amparo, auto admisorio, informes justificados, resolución constitucional y proveído donde haya causado ejecutoria la misma. Remítanse las reproducciones peticionadas y comuníquesele el presente expediente a la fecha, se encuentra concluido, toda vez el once de septiembre de dos mil dieciocho, causó estado el auto de veintisiete de agosto del mismo año, donde se desechó de plano la demanda de amparo, razón por la cual, en el citado proveído, se ordenó el archivo definitivo del asunto.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, mediante el cual solicita copia certificada de la boleta de turno, demanda de amparo, auto admisorio, informes justificados, resolución constitucional o auto en el cual causara ejecutoria e informar el estado procesal del presente expediente. En ese contexto, remítanse las reproducciones peticionadas.

  3. Principal

    +++++. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo número 449/2018 promovido por ++++++, y la certificación de cuenta de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto dictado por este Juzgado el veintisiete de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de mérito; en tales circunstancias, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar, por lo que, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se tuvo por desechada la demanda de garantías, que carece de relevancia documental y que en el mismo no fueron exhibidos documentos originales, se concluye que es susceptible de destrucción. Finalmente, hágase las anotaciones de las circunstancias indicadas con anterioridad en las carátulas de los cuadernos, así como la fecha de su archivo; y, una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto décimo primero del acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. .....

  4. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a ++++++, solicitando la protección constitucional contra actos del Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, y otras autoridades; en ese contexto, se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 449/2018-VII. En la inteligencia de que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: ". V. ACTO RECLAMADO A LA RESPONSABLE. A la autoridad jurisdiccional responsable de referencia se le reclama la resolución emitida el 16 de agosto de 2018 dentro de la causa penal 113/2018, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, residente en Monterrey, consistente en la resolución emitida el 7 de agosto de 2018, así como por contener los artículos reclamados por ser aplicados por primera vez en perjuicio del suscrito del quejoso. Cabe mencionar, que el suscrito quejoso tiene reconocido el carácter de víctima del delito dentro de la mencionada causa penal. A las demás autoridades responsables s eles reclama la expedición de los artículos 141, apartado B, fracción IV, y del 291 al 297 del Código Federal de Procedimientos Penales, por ser aplicados en la resolución que se combate en este juicio de amparo.". Ahora como antecedentes de los actos reclamados la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que el tres de agosto del año en curso solicitó al Juzgado responsable, se le otorgara el derecho de emitir alegatos en relación con las conclusiones formuladas por el Agente del Ministerio Público de la Federación, y se le otorgara el mismo plazo al procesado para tal efecto. Que en relación a lo anterior el Juzgado responsables el siete de agosto del presente año, emitió un acuerdo en el que accedió a lo solicitado y le otorgó igual término para contestar la acusación y realizara sus manifestaciones que estimara pertinentes a modo de alegatos. Que el nueve de agosto del propio año, José Fernando Barrera Ortega, señalado como tercero interesado en el presente juicio, interpuso recurso de revocación contra la determinación de siete de agosto citado, razón por la cual el Juez responsable señaló las trece horas con treinta minutos del dieciséis del citado mes y año, para llevar a cabo una audiencia, en la cual dejó sin efectos el plazo concedido, para alegar lo que en su derecho correspondiera respecto a las conclusiones formuladas por el Agente del Ministerio Público de la Federación. En ese contexto, cabe establecer que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que se procede al análisis respectivo. Tal precepto legal estable lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El principio en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. ....... Ahora, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. ....En ese sentido, en relación al acto reclamado consistente en la resolución emitida el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 113/2018, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, residente en Monterrey, por esta vía constitucional, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo. En ese contexto, los artículos en que se sustenta la causa de improcedencia advertida por la suscrita, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [a contrario sensu] [.]" Los preceptos legales transcritos establecen que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito cuando se traten de actos de imposible reparación que afecten de forma material derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. De lo anteriormente precisado, así como de la lectura integral de la demanda, no existe duda de que en el proceso penal de origen del que deriva el acto reclamado, el promovente del amparo es parte formal y material, tan es así que bajo protesta de decir verdad manifestó que dentro de la causa penal 113/2018, tiene calidad de parte ofendida; y que los actos reclamados son violatorios de sus garantías constitucionales. En esa virtud, sobre los actos en los que sus efectos son de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquéllos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. .....Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías bi-instancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a). Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b). Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. En efecto, actualmente los actos en juicio o después de concluido el juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Es importante en este apartado hacer hincapié que en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, se establecía que el amparo se pediría ante el juez de Distrito, "contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación". En ese sentido, el legislador no definía lo que debía entenderse por imposible reparación, de ahí que en la práctica judicial se desarrollaron criterios que interpretaban esa ley, específicamente, tratándose de actos de imposible reparación se situaba como tales tanto los que afectaran derechos sustantivos como a los adjetivos o procesales que ocasionaran una afectación exorbitante o en grado superior. Ahora bien, lo reseñado con antelación pone de manifiesto que si en la nueva ley de la materia quedaron incorporados diversos criterios jurisprudenciales que se habían venido utilizando en la práctica y permitían interpretar a la Ley de Amparo abrogada, dentro de los cuales, se encontraban los relativos a lo que debía entenderse por imposible reparación, como ha quedado referido con antelación, pero no obstante ello, el actual precepto 107, fracción V, de la ley de la materia quedó redactado que el amparo indirecto procede contra actos en juicio que sean de imposible reparación, dándole esta connotación únicamente a los que afecten derechos sustantivos, no obstante la existencia de los dos criterios orientadores que interpretaban lo que debía entenderse por ese tipo de actos (afectación a derechos sustantivos o a derechos adjetivos o procesales que causaran afectación exorbitante o en grado superior), todo indica que se limitó el sentido que debía dársele, en donde ya no se pueden comprender los de naturaleza adjetiva o procesal que causen afectación exorbitante o en grado superior. Por tanto, ese tipo de violaciones procesales ya no es posible combatirlas a través de amparo indirecto. No impide concluir lo anterior el hecho de que el artículo 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, establezca que cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva, en tanto ese numeral contiene una regla específica en amparo directo y en especial tratándose de normas generales, por lo que su contenido no puede dar margen a estimar que en amparo biinstancial se aplique para estimar procedente el estudio de violaciones procesales relevantes. Luego, si tratándose de actos emitidos dentro de juicio, la Ley de Amparo prevé en diversos artículos las reglas que hay que observarse en el caso de amparo indirecto como en el directo, entonces debe estarse a las establecidas en cada uno de ellos; consecuentemente, no es dable aplicar al primero de los amparos citados, lo que regula en relación al segundo de ellos, específicamente en cuanto a las cuestiones que surjan dentro de juicio sobre constitucionalidad de normas generales. En ese tenor, si el acto reclamado en esta instancia constitucional por la parte disconforme, consiste en la resolución del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, consistente en la resolución del recurso de revocación, en la cual revocó el auto de siete de agosto de dos mil dieciocho, y dejó sin efectos el plazo concedido al aquí quejoso para alegar lo que su derecho correspondiera respecto a las conclusiones formuladas por el Ministerio Público, no constituye un acto dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Lo anterior, en razón de que el acto aquí reclamado no es de imposible reparación, pues no afecta de manera material el derecho fundamental de defensa prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que únicamente produce efectos intraprocesales susceptibles de desparecer, al momento de dictar la sentencia de fondo en caso de que esta le sea favorable a sus intereses, y de continuar en su caso siendo contrarios a los mismos, la posible violación la podrá controvertir a través del juicio de amparo directo. .....En relación con lo anterior, como para la procedencia del amparo indirecto, la Ley de Amparo vigente considera que los actos emitidos dentro de juicio que resultan ser de imposible reparación sólo son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, entonces no queda comprendida en esa connotación el acto reclamado consistente en ". la resolución emitida el 16 de agosto de 2018 dentro de la causa penal 113/2018, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, residente en Monterrey, consistente en la resolución emitida el 7 de agosto de 2018, así como por contener los artículos reclamados por ser aplicados por primera vez en perjuicio del suscrito del quejoso.", dado que obtener una resolución favorable, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Por tanto, la determinación reclamada no es susceptible de ser sujeta a análisis constitucional mediante la vía indirecta, toda vez que no produce afectación material de derechos sustantivos, y por ello, resulta factible colegir que no se surte el supuesto de procedencia del amparo indirecto, al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; por tanto, esa circunstancia hace que a su vez se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. ......En esas condiciones, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada a contrario sensu-, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo de que se trata. Desechamiento que se hace extensivo en relación a los actos reclamados a las diversas autoridades responsables señaladas como: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, ambos con residencia en la Ciudad de México. Determinación que guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio de amparo a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite el desarrollo de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios de la adscripción, a practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aún en días y horas inhábiles en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo. ......

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