Arturo Humberto Rangel Cruz
Expediente 1646/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1646/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Arturo Humberto Rangel Cruz
Actuaciones
- Principal
Se declara firme el auto por el que se desechó la demanda de amparo. Archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
No estando en el caso ante actos que tengan el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del numeral 113, en relación con el dispositivo 61, fracción XVIII, en concordancia con la fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con los artículos 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO.
- Principal
CITATORIO.- POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SU SINTESIS DICE: Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta; de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes la demanda de amparo promovida por ****************, por propio derecho, mediante la cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos del Director de la Cárcel Distrital de Cuautla, Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se establece que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, asimismo, los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico, tales como, copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, así como, copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. En consecuencia, fórmese el cuadernillo auxiliar correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En ese sentido, se procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Este órgano de control constitucional, a fin de fijar la litis en el presente juicio y en su caso dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la ley de la materia, estima que de la lectura integral de la demanda y anexos, el acto reclamado lo constituye: ".Se reclama la indebida orden de traslado que las responsables llevaron a cabo sobre mi persona, de la Cárcel Distrital de Cuautla, Morelos a el Centro Estatal de Readaptación social Morelos, en Atlacholoaya, llevando a cabo dicho traslado sin existir un mandato fundado y motivado ." Expuesto lo anterior, a criterio de este órgano jurisdiccional, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación, las cuales son expuestas tomando como referente una nueva reflexión que sobre el tema realiza este tribunal federal. Con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo un modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización. Conforme con el nuevo sistema se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas. Ello tuvo como finalidad que sea el Poder Judicial, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, donde se incluye la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena. Los dispositivos constitucionales transcritos establecen que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley respecto de los sentenciados, en los casos y condiciones que ésta establezca, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, beneficio que no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Ahora, como resultado de las citadas reformas constitucionales, entre otras disposiciones legales se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual fue publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Atendiendo a su artículo primero transitorio, dicha norma entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por lo que a partir de esa fecha su aplicación resulta obligatoria. Sin embargo, el legislador limitó el inicio de la vigencia únicamente de diversos artículos, pero no de toda la ley, de acuerdo a las siguientes reglas contenidas en los primeros dos párrafos del artículo segundo transitorio; las cuales se transcriben: 1. "Las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27; fracción II del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151 de esta Ley, entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2017". 2. "Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 de esta Ley, entrarán en vigor a más tardar dos años después de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2018.". De las reglas contenidas en los artículos citados (transitorios primero y segundo), se desprende lo siguiente: La Ley Nacional de Ejecución Penal entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a nivel nacional. Únicamente la vigencia de los artículos expresamente señalados en los párrafos primero y segundo del artículo segundo transitorio, descritos en párrafos anteriores, depende, de que se emita una declaratoria para el inicio de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o de que transcurran las fechas señaladas expresamente en dicho numeral. Lo anterior, en la inteligencia de que si los órganos legislativos correspondientes no emiten la declaratoria respectiva dentro del plazo señalado, los artículos citados en el primer párrafo del referido numeral cobrarán vigencia, por ministerio de ley, a más tardar el diecisiete de junio de diecisiete, o previa declaratoria, el treinta de noviembre de diecisiete; y los estipulados en el párrafo segundo, entran en vigor por ministerio de ley el diecisiete de junio de dos mil dieciocho, o previa declaratoria a más tardar el treinta de noviembre de dieciocho. Por ello, la emisión de la declaratoria de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución no es un presupuesto indispensable para que entre en vigor la referida ley, salvo los aspectos que específicamente se han destacado. Ahora bien, se estima que la vigencia de la ley en cuestión no es limitativa a las personas que fueron sentenciadas con posterioridad al diecisiete de junio de dos mil dieciséis -fecha en que entró en vigor-, pues sus artículos transitorios no lo señalan así, además de que la aplicabilidad de la ley no está supeditada al sistema bajo el que los sujetos fueron sentenciados, pues con independencia de la voluntad política y de la posibilidad material de cada entidad para implementar el nuevo sistema de justicia, la ley nacional busca homologar el marco normativo aplicable a las personas privadas de la libertad y a la ejecución de sentencias. En ese sentido no debe perderse de vista que el artículo transitorio tercero de la Ley Nacional de Ejecución Penal que sostiene que tanto la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social, como las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, como es la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, quedarán abrogadas en cuanto la primera entre en vigor y que los "procedimientos" iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley en estudio, se deberán seguir tramitando de acuerdo a los ordenamientos aplicables en ese momento, sin perder de vista la obligación del juzgador de realizar los controles necesarios para respetar el principio de reinserción social y los derechos humanos de los sentenciados. Sin embargo, se estima dichos "procedimientos" no se refieren a los "sistemas penales" en que se siguieron los procesos penales (mixto o acusatorio), sino única y exclusivamente, a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, planteados al juez de control o de ejecución con base en legislaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la ley nacional, por ejemplo, la tramitación de algún beneficio de libertad anticipada, a la solicitud de traslado a diverso centro penitenciario, a condiciones sobre su internamiento, entre otros. Además, una de las finalidades de la reforma constitucional de dos mil ocho, fue distinguir la etapa del proceso penal, de la etapa de ejecución penal propiamente dicha, considerando a esta última autónoma y no como parte del proceso de enjuiciamiento, pues tal y como lo establece la ley, la etapa de ejecución inicia, incluso, en la prisión preventiva, momento desde el que debe abrirse un expediente de ejecución para cada persona privada de su libertad. En ese sentido, la referida ley, establece en sus artículos 1 y 2, que la misma tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por: 1. Prisión preventiva, 2. En la ejecución de penas; y 3. En las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. También, dicha ley refiere que tiene por objeto establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. Del mismo modo, se establece en lo que aquí importa, que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Asimismo, en el artículo 24 de la referida ley, se estableció, en lo que aquí importa, que el Poder Judicial de la Federación y órganos jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de dicha ley, además de que los jueces de ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. Relacionado con lo anterior, la referida ley establece los procedimientos a observar en tratándose de peticiones de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos. Del estudio armónico y sistemático de dichos preceptos, se colige lo siguiente: Las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Las referidas peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciaria resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanar dicha afectación. Si la resolución es en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución. Si la petición no fue resuelta en el término establecido para ello -cinco días-, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. En casos urgentes, se podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que dicha autoridad suspenderá el hecho que motivó la petición, hasta en tanto resuelva en definitiva. También, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya sea en ejecución o proceso, los internos tienen la posibilidad de acudir en acción judicial ante el juez del control o de ejecución a fin de que sea cualquiera de ellos, según corresponda, sobre las cuestiones de internamiento, el plan de actividades o cuestiones relacionadas con ambas, siempre y cuando se hubiera agotado previamente la petición administrativa. Ahora bien, como puede advertirse, el quejoso ****************, en el juicio de amparo en que se actúa, reclama esencialmente la orden de traslado a diverso centro penitenciario; sin embargo, conforme a lo citado, debieron acudir ante la autoridad penitenciaria a formular sus peticiones y, en caso de estar inconforme con la respuesta, podría formular controversia ante el juez de control o de ejecución, según correspondiera, pues aunque se trate de cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento de los referidos quejosos, dada la destacada trascendencia que tienen las reformas constitucionales en la materia, es un acto vinculado con la ejecución de las penas. En efecto, como se puede observar en autos, el quejoso ****************, se encuentra recluido en el Centro Estatal de Readaptación Social Morelos, por tanto, están en condiciones de realizar sus solicitudes ante la autoridad penitenciaria, razón por la que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 18 y 21 constitucionales. Lo anterior, encuentra sustento como un hecho notorio, en la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, dentro de los autos de los amparos en revisión ****************, así como en el recurso de queja ****************, del Tercer Tribunal Colegiado de las mismas materias y circuito. Por otra parte, relacionado con lo expuesto en líneas que preceden, de oficio este órgano jurisdiccional advierte que de igual manera se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos reclamados, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. Lo anterior, sin soslayar que si bien las autoridades penitenciarias tienen formalmente un perfil administrativo, en tanto procuran la regularidad de la vida digna y segura en reclusión conforme a los principios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, también es verdad que la ejecución de dichas tareas constituye estrictamente un ejercicio de complementación del marco procedimental jurisdiccional que rige en materia de ejecución de las penas impuestas o que se estén compurgando de manera preventiva. En el caso, el acto combatido por quien tiene la condición de persona privada de la libertad en el Centro Estatal de Readaptación Social Morelos, se encuentra vinculado con la vida penitenciaria en dicho centro, por lo que con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, trae como consecuencia que todos los aspectos que se generen durante la ejecución de la pena de prisión o incluso de encontrarse en prisión preventiva, deben ser considerados como integrantes de la etapa de ejecución de la pena y que por ello deben ser supervisados por la autoridad judicial en materia penal correspondiente, con base en lo dispuesto en el artículo 20 del Pacto Federal. Como se dijo anteriormente, la referida Ley Nacional de Ejecución Penal, establece en sus artículos 1 y 2, que tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, tal como se transcribe a continuación: También, como se mencionó con anterioridad, el artículo 24 de la referida ley, estableció que el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de dicha ley, además de que los jueces de ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. Entonces, para efectos de la causa de improcedencia en estudio, el quejoso ****************, está en aptitud de realizar lo siguiente: 1. Dirigir su petición al Director de la Penitenciaria en la que se encuentra, quien es el órgano competente para satisfacer las necesidades del interno, entre las que se halla la orden de traslado a diverso centro penitenciario, que reclaman en esta instancia constitucional. En caso de no ser atendida la petición referida dentro del término de cinco días, esta cuestión se puede formular ante el juez de ejecución, quien resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo descrito anteriormente, de lo cual dará cuenta al inmediato superior jerárquico. Si la petición a la que se aludió anteriormente es resuelta por la autoridad penitenciaria de forma negativa, el interno podrá formular controversia ante el juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el juez de ejecución podrá plantearse en cualquier momento. 2. En casos urgentes, es decir, cuando las peticiones recaigan sobre hechos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, puede acudirse directamente ante el juez de ejecución para plantear su petición, quien de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto resuelva en definitiva o, si considera que no es urgente, la turnará al centro para su tramitación. 3. Las personas que se encuentran internas en un centro reclusión, también pueden judicializar sus peticiones administrativas ante el juez de control o ejecución, según corresponda, una vez que se haya agotado la petición administrativa, con el objeto de resolver, en lo que interesa, controversias sobre las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Ahora bien, es importante resaltar que, en el caso de una situación urgente, el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la suspensión del acto o hecho que la motivó, sin que exija mayores requisitos de los que establece la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, puesto que su tramitación se circunscribe a lo siguiente: - Que la solicite la persona legitimada. - El Juez de ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición y sus efectos. Tramitación que, comparativamente con lo contenido en los artículos 128 y 132 de la Ley de Amparo, no resulta ser mayor, pues de conformidad con estos preceptos legales, para que se otorgue la suspensión en el juicio de amparo, se requiere: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. III. Que se otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios a terceros. En esa tesitura, la Ley Nacional de Ejecución Penal, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos, que los que establece la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. Incluso, tomando como parámetro su tramitación, es dable afirmar que brinda una mayor cobertura al ordenar que de inmediato se suspenderá la ejecución, es decir, dentro de un plazo razonable y sin mayor requisito que la simple solicitud En ese tenor, si bien con la "petición administrativa" el legislador buscó privilegiar y sacar provecho de la inmediatez con las autoridades penitenciarias y auxiliares, lo cierto es que éstas de cualquier forma se encuentran bajo la vigilancia y control de una autoridad jurisdiccional durante su tramitación. Entonces, queda en evidencia que el acto reclamado en esta instancia constitucional, necesariamente tiene que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión y se suscita en el marco del procedimiento de ejecución penal, por ende, no puede ser combatido en esta instancia constitucional sin sujetarse previamente a los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a los cuales se puede obtener una respuesta a su petición de la orden de traslado a diverso centro penitenciario, que solicita el promovente, mediante solicitud formulada al director del centro de reclusión en el que se encuentra y en ausencia de respuesta o contestación no favorable, acudir ante el juez de ejecución o de control, quien tiene potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por la omisión de respuesta o la negativa otorgada, ya que como se evidenció, su impugnación en sede constitucional sin agotar el procedimiento indicado, trae como consecuencia que adolezcan de definitividad, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es importante señalar que la condición de sentenciado o bien de persona sujeta a prisión preventiva, no marca alguna diferencia para los efectos de la observancia del principio de definitividad, pues como se indicó, las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, por así disponerlo el artículo 2 de dicho cuerpo normativo que ya se ha citado; de ahí que no exista impedimento alguno para su aplicación en el caso que el quejoso se encontrare sujeto a proceso o ya sentenciado, pues la norma no establece distinción alguna. Entonces, la parte quejosa debe seguir el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que lo obliga a recorrer y agotar todas las instancias contempladas, en este caso la petición ante la autoridad penitenciaria del lugar donde está recluido, y en caso de que la respuesta no sea favorable a su petición, la impugnación relativa ante el juez de control o de ejecución, según corresponda, pues de lo contrario, en cualquier circunstancia, a criterio del justiciable, podría acudir directamente al juicio de amparo, sin agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Dicho de otro modo, la parte interesada debe agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio del recurso ordinario tendente a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses. Por tanto, no estando en el caso ante actos que tengan el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del numeral 113, en relación con el dispositivo 61, fracción XVIII, en concordancia con la fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con los artículos 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ****************.
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