Arturo Herrera Thomas

Expediente 266/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
266/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
23/04/2019

Partes del expediente

  • Arturo Herrera Thomas

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y en términos de los artículos 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, intégrese en formato impreso. Ahora bien, visto el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, a través del cual remite las constancias de las que se advierte que notificó a la parte quejosa el auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante su lista de acuerdos; por tanto, glósese a los autos para que surta los efectos legales procedentes. Por otro lado, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en la carátula del presente expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, cinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial de cuenta de la que se advierte la imposibilidad del actuario adscrito a este juzgado, de notificar personalmente a la parte quejosa ****************, el auto de uno de abril de dos mil diecinueve, por los motivos en ella expuestos; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista de acuerdos el referido auto, así como los subsecuentes acuerdos, aun los de carácter personal, hasta en tanto señale un domicilio correcto en esta ciudad donde pueda ser notificado. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo que antecede notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, el contenido integro del acuerdo de uno de abril de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, uno de abril de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por ********************, del que se advierte que desahoga el requerimiento formulado el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Por otro lado, no pasa desapercibido que aún no se cuenta con constancia que acredite la fecha en que se le notificó al quejoso el auto de veintiséis de marzo pasado; sin embargo, atendiendo a la proximidad en que fue presentado el escrito de cuenta, se estima que la misma resulta innecesaria; por tanto, se provee: DESECHAMIENTO Causales de Improcedencia El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda y diverso aclaratorio, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen provengan de autoridad; entendiéndose por tal aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. En relación con el concepto de autoridad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que de acuerdo con la doctrina existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados. Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Las relaciones de supra a subordinación, que son las que surgen entre los órganos de autoridad por una parte, y el gobernado por la otra. En estas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Así, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, que ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Con base en lo anteriormente expuesto, la referida Segunda Sala del Máximo Tribunal del País emitió el siguiente criterio: "Época: Novena Época Registro: 194367 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Marzo de 1999 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a. XXXVI/99 Página: 307 "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los expresados por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3. Que emita actos unilaterales en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia que se invoca enseguida: "Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por otra parte, por su relación con el tema, debe precisarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 250/2017, analizó cuál es la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para lo cual expuso las siguientes consideraciones: "Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014. La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: "... "V. Las empresas de abastecimientos y suministros; "... "XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código." "Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio." Lo que dio origen a la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2015944 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 50, Enero de 2018, Tomo I Materia(s): Común, Civil Tesis: 2a./J. 156/2017 (10a.) Página: 336 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." HECHOS En el caso, de la demanda de amparo y diverso aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado:  La orden de cancelación del suministro de energía eléctrica. Al respecto, del análisis de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, el quejoso manifestó que celebró un contrato con la Comisión Federal de Electricidad, a fin de suministrar energía eléctrica en el inmueble ubicado en ********************, asimismo refiere en su escrito de demanda que existe un adeudo con la citada empresa. CONCLUSIÓN Este órgano jurisdiccional estima que el acto que se reclama en el presente juicio de amparo; no constituye acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que no se advierte la existencia de un ente de hecho o de derecho que hubiera establecido una relación de supra a subordinación con el particular. En efecto, como se advierte de las consideraciones vertidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la interpretación de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio, se colige que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil . Lo anterior, refirió la Corte, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por tanto, concluyó la Corte, en esos casos la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación; por ende, en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio. Siendo que el acto reclamado en el presente juicio se ubica en dicha hipótesis, pues precisamente se reclama la corte del suministro de energía eléctrica; y como se indicó con anterioridad, el mismo deriva del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre el quejoso y la Comisión Federal de Electricidad. En ese orden de ideas, el acto que pretende controvertir el impetrante no es susceptible de ser revisado a través del juicio de amparo, pues proviene de una relación de coordinación y no de supra-subordinación, al ser emitido por un ente que no puede considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo. Cabe señalar que no pasa inadvertido para este Juzgado, que con motivo de la llamada reforma energética, Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado con régimen especial, cuyo objeto es, entre otros, la comercialización de la energía eléctrica, para lo cual celebra contratos de suministro eléctrico con los usuarios finales bajo la Ley de Comisión Federal de Electricidad -los cuales se deben ajustar a lo determinado por la Comisión Reguladora de Energía, que es quien determina los derechos y obligaciones del suministrador y del usuario final-. No obstante lo anterior, la jurisprudencia ********************, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada con anterioridad, también resulta aplicable a los contratos celebrados bajo la Ley de Comisión Federal de Electricidad, pues, al igual que los celebrados bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, tienen su origen en un acuerdo de voluntades, motivo por el cual, cuando se reclaman actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica acaecidos durante la vigencia de cualquiera de dichas leyes -incluidos el corte o suspensión de dicho suministro-, la Comisión Federal de Electricidad no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo y, por ende, cualquier controversia derivada de dichos actos, debe ser ventilada en la vía ordinaria mercantil. En ese sentido, es evidente que en el caso a estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, con motivo que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efecto del juicio amparo y en consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO ORIGEN DE ESTE JUICIO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que obste lo anterior la jurisprudencia de rubro siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2016321 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II Materia(s): Común Tesis: PC.I.A. J/122 A (10a.) Página: 1549 AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA CUALQUIER ACTO RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN EJERCICIO DE SU FACULTAD CONSTITUCIONAL." Sin embargo, como se precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del tema analizado, ya emitió jurisprudencia, en el sentido de que cualquier acto derivado del contrato de suministro de energía eléctrica -incluido el corte de suministro de energía eléctrica-, independientemente de la causa que lo origine, incluso un procedimiento de verificación, no puede ser considerado como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a acatarla. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda, ubicado en esta ciudad. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase como su autorizado con facultades amplias a ********************, en virtud que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República.

  3. Principal

    ...Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

  4. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto. Acúsese recibo. ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA En atención a que se comparten las consideraciones vertidas por el homólogo declinante, se acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Director General de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la Ciudad de México y otra autoridad; se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio **********. PREVENCIÓN PROPUESTA DEMOSTRATIVA Ahora, del contenido de la demanda de amparo, se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVA Los artículos 108, fracción I, 110, 112 y 114, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará: l. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio." (.) Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. (.) Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente". De los artículos y fracciones transcritas, se advierte la facultad del órgano jurisdiccional de requerir a la parte promovente de la demanda de amparo para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad. HECHOS En el caso, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: a) La orden de cancelación del suministro de energía eléctrica. Ahora bien, del proemio del escrito de demanda se observa que **********, promueve el presente juicio de amparo por propio derecho; sin embargo, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa se duele de la cancelación del suministro de energía eléctrica de la persona moral denominada **********. CONCLUSIÓN Se concluye que la demanda de amparo es irregular, toda vez que el quejoso no precisa con exactitud si el presente juicio de amparo lo promueve por propio derecho o lo hace en representación de la persona moral denominada **********. REQUERIMIENTO Atento a lo anterior, para permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor del peticionario del amparo, con fundamento en los artículos 108, fracción I, 110, 112 y 114, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, prevéngasele para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, por escrito y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: a) Manifieste si promueve el presente juicio de amparo por propio derecho; b) O en representación de la persona moral denominada **********, y de ser así allegue la documental idónea con la que acredite tal representación con copias suficientes de la misma, a fin de correr traslado a las partes. Hágase del conocimiento a la parte quejosa, que de la documental que exhiba para acreditar su personalidad, deberá exhibir tres copias para correr traslado a las partes, las cuales serán distribuidas de la siguiente manera: dos copias para las autoridades responsables y una más para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Tienen aplicación, las tesis siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2012992 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 11 de noviembre de 2016 10:22 h Materia(s): (Común) Tesis: 2a./J. 124/2016 (10a.) PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." "Época: Novena Época Registro: 177046 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Octubre de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 106/2005 Página: 170 COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento al requerimiento efectuado en líneas precedentes, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo. Se hace la aclaración que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personalísimo. Es aplicable, por su contenido, la tesis siguiente: "Registro No. 174745 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Julio de 2006 Página: 348 Tesis: 2a./J. 88/2006 Jurisprudencia Materia(s): Común DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, las listas de acuerdos que se fijan en los estrados del Juzgado declinante; por tanto, SOLICÍTESE AL HOMOLOGO FEDERAL, para que notifique el presente proveído a **********, mediante lista de acuerdos, asimismo, para que lo requiera a efecto que dentro del término de tres días, contado a partir que quede legalmente notificado de este proveído, señale domicilio en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que, en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos, que se publica en este Jugado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto subsane esa omisión; una vez hecho lo anterior, solicítesele que remita las constancias relativas. Asimismo, se facultan como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, ********** y ********** debido a que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. Notifíquese.

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