Arturo Hernández Pereyra
Expediente 2/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 07/08/2023
Partes del expediente
- Silvia Araceli Pérez Almanzor
- Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
- Arturo Hernández Pereyra
- Arturo Hernández Pereyra y Otros.
- Rubén Juan Sebastian García Sánchez
- S. M.H. P.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Zapopan, Jalisco, siete de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, con apoyo en los artículos 202 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en inconformidad el acuerdo de once de julio de dos mil veintitrés, por medio del cual se tuvo por no presentada la denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, debido a que se tuvo por no presentada la denuncia de declaratoria general de inconstitucionalidad. Oposición de datos personales. De autos se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte promovente. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Zapopan, Jalisco, once de julio de dos mil veintitrés. Autoridad responsable informa. Visto el comunicado y anexos que remite el Juez Décimo en Materia Civil, del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, se le tiene informando las manifestaciones que le realizó el Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, respecto a la imposibilidad que tiene para dejar sin efectos la cancelación derivada del oficio ********************, de fecha veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dentro del juicio de origen ****, respecto de la escritura de adjudicación siete mil ciento dieciocho, que derivó de un diverso juicio **** del Juzgado Séptimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Requerimiento. En atención a lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 192 de la ley de la materia y no obstante la imposibilidad que pretende manifestar, se requiere al Juez Décimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que en el plazo de cinco días, contado a partir de la notificación del presente proveído, ordene al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, deje sin efectos la cancelación que ordenó en auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de origen **** respecto de la escritura de adjudicación siete mil ciento dieciocho, que derivó de un diverso juicio **** del Juzgado Séptimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, promovido contra el propio Arturo Castro Galván, Gloria Yolanda Orozco de Castro y otros; además, remita copias certificadas de las constancias que lo acrediten. Lo anterior, sin que obste lo manifestado por el Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, respecto a la imposibilidad que tiene para dejar sin efectos la cancelación derivada del oficio ********************, de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en razón de que con relación al folio real ****, con fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se registró un aviso preventivo de compraventa, pues tal y como se precisó en acuerdo de diecinueve de junio del año en curso, dentro del presente juicio de amparo, se determinó que existe exceso en el cumplimiento al fallo protector; por lo que, de ser necesario, deberá dejarse sin efectos cualquier negocio jurídico realizado con posterioridad a la cancelación derivada del oficio ********************, de veintisiete de enero de dos mil veintitrés. En el entendido que, de continuar retrasando el cumplimiento al fallo protector por medio de evasivas o procedimientos ilegales de su parte, se impondrá la multa correspondiente, aun cuando manifieste estar en vías de cumplimiento. Sustentan lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto, siguiente: "Décima Época Registro: 2007914 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 58/2014 (10a.) Página: 11 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, se impondrá al omiso una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 258 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Asimismo, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Visto el oficio signado de manera electrónica por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco; en atención a su contenido, infórmese a la superioridad que la totalidad de las constancias de notificación con las que se cuenta actualmente son las que obran en el expediente electrónico, es decir, no se cuenta con diversa constancia relativa a la notificación de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, específicamente por lo que ve a la realizada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pues la misma fue llevada a cabo por medio de correo electrónico, sin que la misma haya acusado de recibido. Requiérasele. En razón de lo anterior, y a fin de que la superioridad cuente con conocimiento pleno de la fecha de notificación relativa al auto de veintiuno de abril del presente año, requiérase a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que se le notifique el presente acuerdo, informe la fecha en la que recibió el oficio 17459/2023, de veintiuno de abril de dos mil veintitrés y remita constancia con la que acredite su dicho. Apercíbase. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Se remiten autos originales. Además, en atención lo solicitado en el oficio de cuenta, se ordena remitir al tribunal revisor el escrito de agravios correspondiente y los autos originales del presente juicio. Formación del cuaderno de antecedentes. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con las actuaciones que se generen a partir del presente auto. Sin que sea necesario fotocopiar la totalidad de las constancias que obran en el expediente físico, pues se encuentran integradas electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, conforme a las políticas de utilización y racionalización de los recursos materiales para la formación de diversos expedientes, así como al dictamen aprobado por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del oficio CJF/VJ/6052/2011, de veinte de septiembre de dos mil once, signado por el entonces Visitador General, en el que se determinó que el cuaderno de antecedentes se integra con las constancias que el titular del órgano jurisdiccional considere necesarias. Finalmente, en caso de ser necesario, atendiendo a cada supuesto en particular, se analizará si procede integrar constancias en soporte material, lo que en su caso se obtendrá del expediente electrónico.
- Principal
Zapopan, Jalisco, once de abril de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el quince de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual por una parte se sobreseyó y por la otra se negó el amparo en el presente juicio constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la citada resolución. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años, debido a que se sobreseyó en el juicio. IV. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Devolución de constancias. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, que obran por separado, remítanse a su lugar de origen, es decir, al Juez Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco.
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