Arturo Hernandez Moran

Expediente 785/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
785/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
11/01/2023

Partes del expediente

  • Arturo Hernandez Moran

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; once de enero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, contra la determinación de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la misma ha causado estado para los efectos legales conducentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto (artículo 21, párrafo primero, inciso a, del acuerdo en cita). 2. Asimismo, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el segundo párrafo del artículo 21, del Acuerdo de referencia), y a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. RAZÓN DE IMPOSIBILIDAD. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico, la razón mediante la cual el actuario Judicial adscrito, asentó la imposibilidad de notificar personalmente a la parte quejosa los autos de veinticinco de noviembre y catorce de diciembre del año en curso, por los motivos que expone. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto, así como el proveído de veinticinco de noviembre del año en curso y las subsecuentes, aun las que deban ser personales, por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional y en un lugar visible. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese. ASIMISMO, SE NOTIFICAN POR LISTA LOS PROVEÍDOS DE VEINTINCO DE NOVIEMBRE Y CATORCE DE DICIEMBRE AMBOS DEL AÑO EN CURSO, EMITIDOS EN EL PRESENTE JUICIO, MISMOS QUE A LA LETRA DICEN: MESA V. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del cual se advierte que mediante proveído de diecisiete de los cursantes se tuvo por recibido el oficio, suscrito por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, mediante el cual informó que el veintisiete de octubre pasado, se dictó auto de apertura a juicio oral contra ********* en la causa penal 384/2020, y anexó constancias con las que acredita su dicho. En ese sentido y vistas las constancias que integran el presente asunto, así como las remitidas por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez el suscrito advierte de oficio que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo; para mejor comprensión del asunto, es pertinente destacar lo dispuesto por el numeral citado: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente (.)" El artículo transcrito prevé que el juicio de amparo se tornará improcedente cuando los actos emanados de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse sobre éstos actos sin afectar la nueva situación jurídica. Es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio constitucional fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causal de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Ahora bien, el cambio de situación jurídica, por regla general se produce cuando concurren los siguientes presupuestos: I. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; II. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; III. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, IV. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Como se advierte, la causal de improcedencia en estudio opera cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento jurisdiccional propiamente dicho y, tratándose de materia administrativa, cuando ese acto emane de procedimientos seguidos en forma de juicio; que en ese procedimiento natural con fecha posterior al ejercicio de la acción de amparo, se dicte una resolución o sobrevenga un acto que cambie la situación jurídica del quejoso frente al reclamado en su demanda, de tal suerte que no pueda estudiarse ya la constitucionalidad de éste, sin que se afecte la nueva situación jurídica creada por virtud de la resolución o acto sobrevenido, impedimento que genera se deban de considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, siempre que exista autonomía entre el reclamado y el sobrevenido, de modo que este último pueda subsistir independientemente de la constitucionalidad o no del primero. Tales consideraciones encuentran sustento en la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, registro electrónico 199808, de título, subtítulo y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso per virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso, se reclama la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, a través de la cual se niega el otorgamiento del criterio de oportunidad planteado dentro de la carpeta ******************, dictada por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. Y del oficio que se acordó el diecisiete de noviembre pasado, así como de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que en audiencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, dictó auto de apertura a juicio oral contra *********, en la causa penal ******, derivada de la carpeta de investigación ********. Ahora, el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: Artículo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público, podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido. La aplicación de los criterios de oportunidad será procedente en cualquiera de los siguientes supuestos: I. Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia; II. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares; III. Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena; IV. La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo que carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta o a la que podría imponerse por otro delito por el que esté siendo procesado con independencia del fuero; V. Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio; VI. Cuando, a razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible, resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal. VII. Se deroga. No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público. Para el caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, únicamente podrá ser aplicado el supuesto de la fracción V, en el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño. El Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en el presente Código así como en los criterios generales que al efecto emita el Procurador o equivalente. La aplicación de los criterios de oportunidad podrán ordenarse en cualquier momento y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. La aplicación de los criterios de oportunidad deberá ser autorizada por el Procurador o por el servidor público en quien se delegue esta facultad, en términos de la normatividad aplicable." En consecuencia, se puede concluir que se actualizan los presupuestos previstos para que opere el cambio de situación jurídica a que se refiere la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia. Ello, en virtud de que lo combatido en la presente instancia constitucional, se traduce en la negativa del Agente del Ministerio Público responsable de otorgar criterio de oportunidad al quejoso y el artículo transcrito prevé que dicha forma de terminación de la investigación puede aplicarse hasta antes de emitir el auto de apertura a juicio oral, por lo que en el caso concreto dicha figura, a la fecha, no puede materializarse, pues la etapa de investigación ya concluyó. En ese sentido, si con fecha posterior a la presentación de la demanda, se dictó auto de apertura a juicio oral contra *******, tal circunstancia cambia la situación jurídica inicialmente planteada por el quejoso, lo que impone considerar consumadas las violaciones reclamadas respecto del acto que aquí se reclamó, por no poder decidirse en este juicio sobre el mismo sin afectar la nueva situación jurídica, es decir, su estudio no puede realizarse de manera autónoma, pues ello implicaría decidir sobre aquél, pudiendo provocar una afectación a la nueva situación jurídica. Además, debe precisarse que el auto de apertura a juicio oral de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, goza de autonomía frente al acto aquí reclamado. De igual forma, resulta menester establecer que las etapas del proceso penal son cerradas, es decir guardan independencia, por lo que los actos de cada proceso deben de combatirse en su respectiva etapa. Tiene aplicación por las razones que expone la tesis XVIII.2o.P.A.2 P (11a.), con número de registro digital: 2025178, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo V, página 5075, cuyo texto y rubro son "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL IDÓNEA PARA ANALIZAR SI EL AUTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE ADMITE LOS MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR EL FISCAL EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, RESPECTO DE LOS CUALES SE SOLICITÓ SU EXCLUSIÓN AL HABERSE OBTENIDO CON VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES, AFECTA O NO MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS DEL QUEJOSO YA QUE, EVENTUALMENTE, PUEDE QUEDAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra el auto de apertura a juicio oral emitido por un Juez de Control, en el que reclamó que en la audiencia de la etapa intermedia se admitieron diversos medios de prueba ofrecidos por el fiscal, cuya exclusión había sido solicitada por su defensa porque se obtuvieron con violación a sus derechos fundamentales, al haberse calificado de ilegal su detención. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al estimar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no es de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos del quejoso. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo indirecto, en la que se reclama el auto del Juez de Control que admite los medios de prueba ofrecidos por el fiscal en la etapa intermedia del sistema penal acusatorio, respecto de los cuales se solicitó su exclusión al haberse obtenido con violación a derechos fundamentales, no es la actuación procesal idónea para analizar si dicho acto afecta o no materialmente derechos sustantivos del quejoso, ya que pueden presentarse casos de excepción en los que éste puede quedar en estado de indefensión, lo que obliga a un análisis exhaustivo, por lo que no puede analizarse si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia que justifique el desechamiento de plano de la demanda. Justificación: En esa etapa procesal no se advierte de forma patente, notoria y absolutamente clara, ni se tiene la plena certeza y convicción, de que el acto reclamado, hasta ese momento procesal, afecte materialmente derechos sustantivos, o únicamente aquellos de índole procesal o adjetiva, puesto que es necesario obtener más elementos en el transcurso del procedimiento para discernir esa cuestión a través de un análisis exhaustivo; lo anterior, considerando que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria dictada al resolver el amparo directo en revisión 669/2015, estableció que una vez cerradas las etapas previas al juicio oral no es posible retomar el debate sobre la exclusión probatoria derivada de violaciones a derechos fundamentales, por haber ocurrido precisamente en una etapa previa al inicio del juicio oral, y tampoco en posteriores instancias o procesos (incluyendo el juicio de amparo directo). Lo anterior, sin soslayar que tratándose del sistema penal acusatorio se ha sostenido que, por regla general, la admisión y el desahogo de pruebas no son actos de imposible reparación porque no vulneran directamente algún derecho sustantivo de las partes, dado que no restringen el derecho de defensa del imputado, ni la posibilidad de cuestionar el valor de esas pruebas en etapas posteriores o en los medios de defensa que, en su caso, se hagan valer, con la finalidad de desvirtuar la hipótesis de la acusación. Sin embargo, la existencia de excepciones hace patente que el análisis necesario para determinar si con la admisión de algún medio probatorio existe alguna afectación a un derecho sustantivo debe abordarse en un estudio más profundo, que no es propio del auto inicial. Principalmente, porque en el estado procesal en que se encuentra el asunto, únicamente se cuenta con las manifestaciones contenidas en la demanda de amparo y no se tiene la información suficiente para conocer el alcance y trascendencia de cada uno de los medios probatorios admitidos. En el caso específico, la admisión de pruebas está relacionada con una determinación judicial en la que se calificó de ilegal la detención del quejoso, de modo que si la admisión de los medios de convicción, sin prejuzgar, según lo narrado en la demanda de amparo, derivan de esa detención calificada como ilegal, podría depararle un perjuicio que conlleve una ejecución irreparable, al afectar no sólo derechos adjetivos, sino también irrumpir en la esfera de sus derechos sustantivos." Lo enfatizado es propio. Por lo que, con el dictado del auto de apertura a juicio oral, se actualiza un cambio de situación jurídica de la posición del quejoso ante el proceso penal intaurado en su contra. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En esas condiciones, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente asunto. En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. MESA V Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del cual se advierte que no obra en autos la notificación personal realizada a la parte quejosa del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional. Por tanto, se comisiona al actuario Judicial, para que notifique de forma personal a la parte quejosa, en el domicilio que señaló para tal efecto. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Cúmplase

  3. Principal

    MESA V. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del cual se advierte que mediante proveído de diecisiete de los cursantes se tuvo por recibido el oficio, suscrito por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, mediante el cual informó que el veintisiete de octubre pasado, se dictó auto de apertura a juicio oral contra ********* en la causa penal 384/2020, y anexó constancias con las que acredita su dicho. En ese sentido y vistas las constancias que integran el presente asunto, así como las remitidas por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez el suscrito advierte de oficio que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo; para mejor comprensión del asunto, es pertinente destacar lo dispuesto por el numeral citado: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente (.)" El artículo transcrito prevé que el juicio de amparo se tornará improcedente cuando los actos emanados de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse sobre éstos actos sin afectar la nueva situación jurídica. Es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio constitucional fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causal de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Ahora bien, el cambio de situación jurídica, por regla general se produce cuando concurren los siguientes presupuestos: I. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; II. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; III. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, IV. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Como se advierte, la causal de improcedencia en estudio opera cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento jurisdiccional propiamente dicho y, tratándose de materia administrativa, cuando ese acto emane de procedimientos seguidos en forma de juicio; que en ese procedimiento natural con fecha posterior al ejercicio de la acción de amparo, se dicte una resolución o sobrevenga un acto que cambie la situación jurídica del quejoso frente al reclamado en su demanda, de tal suerte que no pueda estudiarse ya la constitucionalidad de éste, sin que se afecte la nueva situación jurídica creada por virtud de la resolución o acto sobrevenido, impedimento que genera se deban de considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, siempre que exista autonomía entre el reclamado y el sobrevenido, de modo que este último pueda subsistir independientemente de la constitucionalidad o no del primero. Tales consideraciones encuentran sustento en la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, registro electrónico 199808, de título, subtítulo y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso per virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso, se reclama la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, a través de la cual se niega el otorgamiento del criterio de oportunidad planteado dentro de la carpeta ******************, dictada por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. Y del oficio que se acordó el diecisiete de noviembre pasado, así como de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que en audiencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, dictó auto de apertura a juicio oral contra *********, en la causa penal ******, derivada de la carpeta de investigación ********. Ahora, el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: Artículo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público, podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido. La aplicación de los criterios de oportunidad será procedente en cualquiera de los siguientes supuestos: I. Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia; II. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares; III. Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena; IV. La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo que carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta o a la que podría imponerse por otro delito por el que esté siendo procesado con independencia del fuero; V. Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio; VI. Cuando, a razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible, resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal. VII. Se deroga. No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público. Para el caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, únicamente podrá ser aplicado el supuesto de la fracción V, en el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño. El Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en el presente Código así como en los criterios generales que al efecto emita el Procurador o equivalente. La aplicación de los criterios de oportunidad podrán ordenarse en cualquier momento y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. La aplicación de los criterios de oportunidad deberá ser autorizada por el Procurador o por el servidor público en quien se delegue esta facultad, en términos de la normatividad aplicable." En consecuencia, se puede concluir que se actualizan los presupuestos previstos para que opere el cambio de situación jurídica a que se refiere la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia. Ello, en virtud de que lo combatido en la presente instancia constitucional, se traduce en la negativa del Agente del Ministerio Público responsable de otorgar criterio de oportunidad al quejoso y el artículo transcrito prevé que dicha forma de terminación de la investigación puede aplicarse hasta antes de emitir el auto de apertura a juicio oral, por lo que en el caso concreto dicha figura, a la fecha, no puede materializarse, pues la etapa de investigación ya concluyó. En ese sentido, si con fecha posterior a la presentación de la demanda, se dictó auto de apertura a juicio oral contra *******, tal circunstancia cambia la situación jurídica inicialmente planteada por el quejoso, lo que impone considerar consumadas las violaciones reclamadas respecto del acto que aquí se reclamó, por no poder decidirse en este juicio sobre el mismo sin afectar la nueva situación jurídica, es decir, su estudio no puede realizarse de manera autónoma, pues ello implicaría decidir sobre aquél, pudiendo provocar una afectación a la nueva situación jurídica. Además, debe precisarse que el auto de apertura a juicio oral de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, goza de autonomía frente al acto aquí reclamado. De igual forma, resulta menester establecer que las etapas del proceso penal son cerradas, es decir guardan independencia, por lo que los actos de cada proceso deben de combatirse en su respectiva etapa. Tiene aplicación por las razones que expone la tesis XVIII.2o.P.A.2 P (11a.), con número de registro digital: 2025178, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo V, página 5075, cuyo texto y rubro son "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL IDÓNEA PARA ANALIZAR SI EL AUTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE ADMITE LOS MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR EL FISCAL EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, RESPECTO DE LOS CUALES SE SOLICITÓ SU EXCLUSIÓN AL HABERSE OBTENIDO CON VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES, AFECTA O NO MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS DEL QUEJOSO YA QUE, EVENTUALMENTE, PUEDE QUEDAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra el auto de apertura a juicio oral emitido por un Juez de Control, en el que reclamó que en la audiencia de la etapa intermedia se admitieron diversos medios de prueba ofrecidos por el fiscal, cuya exclusión había sido solicitada por su defensa porque se obtuvieron con violación a sus derechos fundamentales, al haberse calificado de ilegal su detención. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al estimar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no es de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos del quejoso. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo indirecto, en la que se reclama el auto del Juez de Control que admite los medios de prueba ofrecidos por el fiscal en la etapa intermedia del sistema penal acusatorio, respecto de los cuales se solicitó su exclusión al haberse obtenido con violación a derechos fundamentales, no es la actuación procesal idónea para analizar si dicho acto afecta o no materialmente derechos sustantivos del quejoso, ya que pueden presentarse casos de excepción en los que éste puede quedar en estado de indefensión, lo que obliga a un análisis exhaustivo, por lo que no puede analizarse si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia que justifique el desechamiento de plano de la demanda. Justificación: En esa etapa procesal no se advierte de forma patente, notoria y absolutamente clara, ni se tiene la plena certeza y convicción, de que el acto reclamado, hasta ese momento procesal, afecte materialmente derechos sustantivos, o únicamente aquellos de índole procesal o adjetiva, puesto que es necesario obtener más elementos en el transcurso del procedimiento para discernir esa cuestión a través de un análisis exhaustivo; lo anterior, considerando que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria dictada al resolver el amparo directo en revisión 669/2015, estableció que una vez cerradas las etapas previas al juicio oral no es posible retomar el debate sobre la exclusión probatoria derivada de violaciones a derechos fundamentales, por haber ocurrido precisamente en una etapa previa al inicio del juicio oral, y tampoco en posteriores instancias o procesos (incluyendo el juicio de amparo directo). Lo anterior, sin soslayar que tratándose del sistema penal acusatorio se ha sostenido que, por regla general, la admisión y el desahogo de pruebas no son actos de imposible reparación porque no vulneran directamente algún derecho sustantivo de las partes, dado que no restringen el derecho de defensa del imputado, ni la posibilidad de cuestionar el valor de esas pruebas en etapas posteriores o en los medios de defensa que, en su caso, se hagan valer, con la finalidad de desvirtuar la hipótesis de la acusación. Sin embargo, la existencia de excepciones hace patente que el análisis necesario para determinar si con la admisión de algún medio probatorio existe alguna afectación a un derecho sustantivo debe abordarse en un estudio más profundo, que no es propio del auto inicial. Principalmente, porque en el estado procesal en que se encuentra el asunto, únicamente se cuenta con las manifestaciones contenidas en la demanda de amparo y no se tiene la información suficiente para conocer el alcance y trascendencia de cada uno de los medios probatorios admitidos. En el caso específico, la admisión de pruebas está relacionada con una determinación judicial en la que se calificó de ilegal la detención del quejoso, de modo que si la admisión de los medios de convicción, sin prejuzgar, según lo narrado en la demanda de amparo, derivan de esa detención calificada como ilegal, podría depararle un perjuicio que conlleve una ejecución irreparable, al afectar no sólo derechos adjetivos, sino también irrumpir en la esfera de sus derechos sustantivos." Lo enfatizado es propio. Por lo que, con el dictado del auto de apertura a juicio oral, se actualiza un cambio de situación jurídica de la posición del quejoso ante el proceso penal intaurado en su contra. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En esas condiciones, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente asunto. En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA V. REMITE CONSTANCIAS. Con fundamento en el artículo 221 del código Federal de Procedimientos civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio, suscrito por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, a través del cual remite el diverso signado por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, mediante el cual informa que el veintisiete de octubre pasado se dictó auto de apertura a juicio oral contra ******************** en la causa penal ********************, y anexa constancias con las que acredita su dicho. Atento a lo anterior, téngase por desahogado la solicitud de nueve de noviembre de dos mil veintidós, realizada al centro de justicia en comento. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

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