Arturo Hernández Flores

Expediente 94/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
94/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
16/04/2019

Partes del expediente

  • Arturo Hernández Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto dictado el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve (fojas 103 a 107); consecuentemente, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por *****, queda firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción a partir del diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, por encontrarse en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Por último, en términos del capítulo tercero, punto decimoprimero segundo párrafo, del acuerdo general conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    ....procedo a notificar por lista en los Estrados de este Juzgado, y lista en una página electrónica al quejoso Arturo Hernández Flores, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso C, del artículo 27 de la Ley de Amparo, el auto de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve......Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que le fue realizado en proveído de diecinueve de los presentes (foja 94), para tal efecto acompaña copia certificada de las constancias de notificación a las partes de la sentencia dictada dentro del expediente 1534/2016 S.S. Ahora bien, de las constancias en mención se advierte que la autoridad responsable en siete de marzo de dos mil diecinueve, dictó resolución en el recurso de revisión derivado del expediente 1534/2016 S.S. y que el veintiuno siguiente se notificó a la parte actora, aquí quejosa Arturo Hernández Flores. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la ley de la materia. Cobra vigencia la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice al rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Actuaciones, de las cuales se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo consistente en la omisión de la autoridad responsable de dictar resolución al recurso de revisión derivado del expediente 1534/2016 S.S. del índice del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, por lo que se debe sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, procede citar la Contradicción de tesis número 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA." No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional.". El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así las cosas, se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que la quejosa hace consistir su acto reclamado en la omisión de dictar resolución al recurso de revisión derivado del expediente 1534/2016 S.S.; luego, de las constancias que remitió la autoridad responsable mediante oficio 435/2019 de catorce de los presentes (foja 69), se aprecia que el Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, el siete de marzo de dos mil diecinueve, emitió resolución en el recurso de revisión derivado del expediente 1534/2016 S.S. (fojas 70 a 93) y que el veintiuno de los presentes notificó a la parte actora, aquí quejoso Arturo Hernández Flores; lo que evidencía la cesación del acto aquí impugnado. Lo que implica que cesaron los efectos del acto reclamado, desapareciendo del mundo fáctico y jurídico, además también sus consecuencias, cesación de efectos que trajo como consecuencia directa que volvieran las cosas al estado que guardaban antes de su emisión. Con lo anterior, la esfera jurídica de la parte quejosa quedó intocada como si la omisión reclamada nunca se hubiesen emitido, de ahí la actualización de la causal de improcedencia en estudio. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo respecto del acto atribuido al Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, acorde a lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la legislación en cita. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Por tal motivo, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, que remite la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, al que adjunta copia certificada de la sentencia dictada en siete de marzo del año en curso, dentro del expediente 1534/2016 S.S. Asimismo, informa que la notificación a las partes de dicha resolución se realizará el próximo martes diecinueve de los presentes en la ciudad de Tijuana, Baja California, fecha en que el actuario de su adscripción se trasladará a dicho municipio, por lo que en breve remitirá copia certificada de la constancia relativa; en consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con residencia en esta ciudad, a fin de que dentro del plazo de tres días legalmente computado a partir de que quede notificada del presente proveído, envíe las constancias de notificación a las partes de la sentencia dictada en el juicio de origen, lo anterior con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento de que, en caso de ser omisa a lo anterior, se le impondrá multa de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, así como la actualización de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, que remite la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que en sesión plenaria del siete de marzo de dos mil diecinueve, se aprobó el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión promovido en el juicio contencioso administrativo 1534/2016 S.S., el cual se encuentra pendiente de engrose y firma, del cual a la brevedad remitirá copia certificada de dicha resolución. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, remita copia certificada de la resolución que se dicte en el recurso de revisión 1534/2016, así como de las constancias de notificación realizadas a las partes; lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establece el artículo 258, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos.

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