Arturo Hernández Corte

Expediente 32/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 19 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
32/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
10/09/2021

Partes del expediente

  • Arturo Hernández Corte
  • Nydia Xicohtencatl Villaseñor
  • Josefina Roldan Trilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a diez de septiembre de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Amparo en revisión

    Apizaco, Tlaxcala, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta; atento a su contenido, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante que en proveído de diecinueve del mes y año en curso, se tuvo por recibido el diverso SSGAXV-11657/2021 signado por el Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se informó que causó estado el auto de uno de junio anterior, dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se desechó por improcedente le recurso de revisión interpuesto por el recurrente Arturo Hernández Corte.

  3. Amparo en revisión

    Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta por el que se remite la certificación de cinco del mes y año en curso, de la que se advierte que causó estado el auto de uno de junio anterior, dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 229/2021; asimismo, se envía copia simple del citado auto; acúsese recibo vía MINTERSCJN. Finalmente, tomando en consideración que de autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar, archívese el presente asunto, tal y como fue ordenado en proveído de trece de mayo del año que transcurre. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que obra a foja 93 de autos, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido a la quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria que concedió la protección constitucional; sin que ninguna de las partes realizara manifestación alguna. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, y con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En el caso, Josefina Roldán Trilla, por conducto de su apoderado, solicitó la protección constitucional contra el laudo dictado el diez de noviembre de dos mil veinte, por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, en el juicio laboral 309/2019, de su índice. Seguida la secuela procesal, mediante sesión ordinaria celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, este Tribunal Colegiado dictó el fallo correspondiente en el que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "I. Deje insubsistente el laudo reclamado. II. En su lugar, dicte otro, en el que: a) Proceda hacer efectivo el apercibimiento formulado en la audiencia en la que admitió la prueba de inspección y se tengan por ciertos los hechos que la actora pretendió probar con la misma, esto es, que la quejosa fue dada de alta en el régimen obligatorio de seguridad social el cuatro de enero de mil novecientos setenta y ocho, y causó baja el siete de julio de dos mil diecisiete, habiendo cotizado 2,028 semanas durante 39 años. b) Niegue valor probatorio a la hoja de certificación de derechos exhibida por el instituto demandado, ante la presunción derivada del desahogo de la prueba de inspección. c) Ante los hechos demostrados por la actora, condene al instituto demandado al pago de la pensión por cesantía en edad avanzada por reunir los requisitos para obtener tal derecho, con la precisión de que realice un juicio sobre la verosimilitud del salario que señaló la trabajadora en la demanda de origen y, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda, sin necesidad que ordene la apertura del incidente de liquidación; en el entendido de que deberá tomar en cuenta los referentes siguientes: la categoría y puesto de la obrera; salario mínimo general y profesional de la zona del lugar donde se desempeñó la trabajadora, así como el salario real que se otorgaba en el periodo de los últimos cinco años anteriores a la conclusión de la relación laboral. En el supuesto que estime que el salario promedio indicado por la actora resulta inverosímil para cuantificar la pensión, deberá observar las disposiciones del artículo 168 de la Ley del Seguro Social abrogada anterior a la vigente en cuanto prevén que la misma no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general." Mediante oficio 3106/2021, este Órgano Jurisdiccional remitió el testimonio de dicha ejecutoria, así como los autos que sirvieron para el conocimiento del asunto a la autoridad responsable, para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se procedería en términos del precepto citado en último término. Posteriormente, mediante oficio MA.586/2021, de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió auto de la misma data por el que dejó insubsistente el acto reclamado y ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente. Luego, a través del oficio MA.703/2021 la Junta responsable remitió copia certificada del laudo dictado el diez de junio de dos mil veintiuno, el que es materia de estudio en la presente resolución de cumplimiento. Ahora, del examen de las constancias que obran en autos y del laudo que remitió la responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: 1. Mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el laudo de diez de noviembre de dos mil veinte, foja 72 de autos (Cumplimiento del lineamiento "I."). 2. En su lugar, dictó otro laudo, en el que (Cumplimiento del lineamiento "II."): < Hizo efectivo el apercibimiento formulado en la audiencia en la que admitió la prueba de inspección y se tuvieron por ciertos los hechos que la actora pretendió probar con la misma, esto es, que la quejosa fue dada de alta en el régimen obligatorio de seguridad social el cuatro de enero de mil novecientos setenta y ocho, que causó baja el siete de julio de dos mil diecisiete, habiendo cotizado 2,028 semanas durante 39 años [página 4 del laudo examinado]. Para hacer patente lo anterior, a continuación, se plasma la parte conducente [Cumplimiento del lineamiento "II.", inciso "a"]: "V. En acatamiento de la Ejecutoria de Amparo Directo Laboral 370/2020 (sic), pronunciada por el H. Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se procede a dar cumplimiento a los efectos del amparo establecidos en el resultando 3 de la presente resolución; así, tenemos que el instituto demandado al oponer la excepción de falta de conservación de derechos la basa en la documental que consiste en la Hoja de Certificación de Vigencia de Derechos, de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve; en este caso, para obtención de una pensión de Cesantía en Edad Avanzada, encontrándose obligado a cumplir con lo dispuesto por el artículo 182, de la Ley del Seguro Social para conservar las cotizaciones realizadas. Procediéndose en consecuencia que el Actor ofreció como prueba en contrario, la inspección, con la cual los extremos que pretende demostrar la parte actora con dichas pruebas son los siguientes: 1. Que efectivamente, actora JOSEFINA ROLDÁN TRILLA, con número de afiliación: 6278 58 0655, fue dada de alta al régimen obligatorio de la seguridad social que imparte el Instituto Mexicano del Seguro Social, el día 04 de enero de 1978. 2. Que efectivamente, la hoy actora cotizó sus cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, durante aproximadamente 39 años ininterrumpidos del 04 de enero de 1978 a la fecha de su baja. 3. Que, efectivamente, la hoy actora, fue dada de baja como asegurada del régimen obligatorio de la seguridad social que imparte el Instituto Mexicano del Seguro Social, el día 07 de Julio de 2017. 4. Que efectivamente, la hoy actora, cotizó como asegurada del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2028 semanas en el régimen obligatorio. En consecuencia una vez aceptada la prueba de Inspección, misma que fue desahogada el diez de octubre de dos mil diecinueve, en el desahogo de la referida inspección, se puso a la vista del C. Actuario diversos documentos pero en ninguno de ellos se encuentra el periodo que le fue solicitado para el desahogo de la referida prueba, además de que no exhibe todos y cada uno de los documentos solicitados; motivo por el cual en uso de la voz la parte actora manifestó la omisión por parte del apoderado legal del Instituto demandado en exhibir en su totalidad la documentación base de la prueba de inspección, por lo cual solicitó que le sean efectivos los apercibimientos ordenados mediante acuerdo de cinco de abril de dos mil diecinueve. De la diligencia en la cual se llevaría a cabo el desahogo de la Inspección se desprende que al no haber exhibido el Instituto demandado la documentación materia de la misma se actualiza el apercibimiento de tener por ciertos los hechos que pretendió demostrar la parte actora con la misma. Así, que de los extremos que pretende demostrar la parte actora con dicha prueba son los que anteceden a numerales 1, 2, y 4. Sirviendo como respaldo el siguiente criterio jurisprudencial." < Negó valor probatorio a la hoja de certificación de derechos exhibida por el instituto demandado, ante la presunción derivada del desahogo de la prueba de inspección [página 5 del laudo examinado]; lo que hizo de la siguiente manera [Cumplimiento del lineamiento "II.", inciso "b"]: "De lo anterior se desprende que se obtuvo la información de la referida Hoja de Certificación de Derechos únicamente del Sistema de Solicitud de Certificación de Derechos, esto es a través de un programa de solicitudes, lo que pone en duda la fidelidad de la certificación, toda vez que el Instituto demandado al no presentar documentación idónea, ni ofrecer el acceso al Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (SINDO) ya que dicho sistema es con el que cuenta el Instituto demandado para el registro de los movimientos afiliatorios de sus asegurados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. En consecuencia, se le niega valor probatorio alguno a la Hoja de Certificación de Derechos, de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Cobrando aplicación al respecto la jurisprudencia cuyo rubro es del tenor literal siguiente." < Ante los hechos demostrados por la accionante, condenó al instituto enjuiciado al pago de la pensión por cesantía en edad avanzada, por reunir los requisitos de ley, pronunciándose respecto de las prestaciones accesorias reclamadas por la actora [páginas 6-7 del laudo que se revisa]. A continuación, se reproduce la parte relevante [Cumplimiento del lineamiento "II.", inciso "c"]: "VI. En estas circunstancias, en virtud de que la parte actora aportó medios probatorios en el juicio con los cuales quedaran demostrados los requisitos para la obtención de una pensión de Cesantía en Edad Avanzada; por lo cual, lo procedente es CONDENAR al Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgar y pagar al actor una pensión por cesantía en edad avanzada, así como a otorgarle los incrementos que se hayan dado en términos del artículo 172 de la Ley del Seguro Social de 1973, y la asistencia médica, en términos del artículo 144 del ordenamiento legal invocado, y asignaciones familiares en términos del artículo 164 fracción IV del ordenamiento legal invocado." < Luego, con libertad de jurisdicción y siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, realizó un juicio sobre la verosimilitud del salario que señaló la trabajadora en la demanda de origen, el cual lo declaró inverosímil (por las razones que expuso), en consecuencia, para cuantificar la pensión reclamada, observó lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley del Seguro Social abrogada anterior a la vigente en cuanto prevé que la misma no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general. Es decir, tomó en cuenta el salario mínimo general del dos mil dieciocho, el que asciende a la cantidad de $88.36 pesos, luego, realizó las operaciones aritméticas correspondientes, acto seguido, condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgar y pagar a Josefina Roldán Trilla, una pensión de cesantía en edad avanzada mensual por la cantidad de $2,983.25 pesos, así como a otorgarle las prestaciones accesorias correspondientes, lo que efectuó de la siguiente forma [páginas 7-10 del laudo que se revisa] (Cumplimiento del lineamiento "III.I."): "(.) En las relatadas condiciones acreditado por la actora que tiene derecho a gozar de la pensión de cesantía en edad avanzada, lo procedente es determinar su cuantía en términos de lo dispuesto por el artículo 167 de la Ley del Seguro Social de 1973, esto es, en base al salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas; sin embargo, toda vez que de autos del expediente laboral en que se actúa, el Instituto Mexicano del Seguro Social no exhibió al respecto probanza alguna para acreditar lo anterior, no obstante pesar sobre el mismo la carga de la prueba de conformidad con el artículo 784, fracción XII de la Ley Federal del Trabajo, pues si bien el Instituto demandado no es patrón directo del accionante, sí es un órgano asegurador que se sustituye en las obligaciones del patrón directo del accionante, sí es un órgano asegurador que se sustituye en las obligaciones del patrón, pues al asegurar a sus derechohabientes es porque tiene conocimiento de diversos datos, entre ellos, los salarios con que son dados de alta ante el referido instituto; aunado a que pese a que exhibió la Hoja de Certificación de Vigencia de Derechos del actor, a esta mismo no se le concedió valor probatorio alguno por ser violatoria de los derechos del accionante al no contemplar todos los datos y movimientos afiliatorios del mismo; por ende al no cumplir la carga de la prueba el demandado se deberá previamente hacer un estudio de verosimilitud del salario que señala el actor en su demanda de $350.00 como promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. En tales condiciones, el actor en los últimos cinco años señaló en su demanda que laboró en las siguientes empresas: Del año 2007 al 2017 laboró para la empresa OSO NEGRO S.A., empresa donde se desempeñaba en el puesto de Supervisora de Personal de Aseo. Dado el puesto que desempeñó no se encuentra establecido en la Tabla de Salario Mínimos Profesionales, se tomará como base de análisis el Salario Mínimo General de los años y de la zona correspondiente para su cuantificación. De la tabla de Salario Mínimos Generales visible en la página de internet de CONASAMI de los cuales el link o ligas son: (Transcribe) Se obtiene de los años 1997, 1998, 2001, 2002 y 2003 de la zona C correspondiente, misma que fue en el territorio en el cual desempeñó su trabajo, lo siguiente: (Plasma tablas). Así, las cantidades de la Tabla 1 del Salario Diario Mínimo General resultantes sumadas y divididas entre 5 (años) arrojan la cantidad de $365.65/5=$71.33 por concepto de salario promedio. Resulta que la cantidad de $71.33 equivale a 4.9 veces el salario que señala el actor de $350.00 como salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. En este punto debe considerarse que para determinar los salarios mínimos aplicables en el Territorio Nacional se atiende a la letra del Título Once Autoridades del Trabajo y Servicios, Sociales, Capítulo VI Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Artículos 561 fracción III, 562 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, particularmente se advierte que se realizan investigaciones y estudios necesarios para poder fiar los salarios mínimos. Que a la letra dicen: (Transcribe) De este modo, se tiene que el equivalente a 4.9 veces el salario que señala el actor se trata de un salario inverosímil por lo que, al no haber quedado determinado por el Instituto demandado salario alguno del accionante, y al estudio de la excepción interpuesta por el Instituto demandado sobre la prescripción de pago este se limita a un año a antes de la presentación de su demanda, esto con fundamento en el artículo 279 fracción I de la Ley del Seguro Social de 1973, por lo que debe tomarse en cuenta el salario mínimo general dado que el puesto que desempeñó se encuentra establecido por la Comisión Nacional de los Salario Mínimos, por lo que debe tomarse en cuenta el salario mínimo general del 2018, que este asciende a la cantidad de $88.36 (ochenta y ocho pesos 36/100 M.N.) como el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas para efectos de cuantificar la pensión solicitada. En esa tesitura para cuantificar la pensión de la actora de Cesantía en Edad Avanzada, tomando la cantidad de $88.36 (OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.) para su debida cuantificación deberá atenderse a las siguientes operaciones aritméticas: (Plasma tabla). Así entonces, la cantidad resultante de $2,232.93 (dos mil doscientos treinta y dos pesos 11/100 M.N.) mensuales por pensión de cesantía en edad avanzada, misma que está sujeta a análisis por lo establecido en el artículo 168 de la Ley del Seguro Social aplicable al caso, en tal virtud como la pensión que resultó de las referidas operaciones aritméticas resulta ser inferior a la mínima garantizada del año 2018, la que debe pagar el demandado al actor es la siguiente: (Plasma tabla). VII. En consecuencia, la pensión que pagará el demandado deberá ser por el monto salvo error u omisión de carácter aritmético de $2,983.25 (dos mil novecientos ochenta y tres pesos 25/100 M.N.) mensuales por pensión de cesantía en edad avanzada, a la actora JOSEFINA ROLDÁN TRILLA, a partir del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, esto es a partir de un año anterior a la fecha de presentación de la demanda, en virtud de que la excepción de prescripción opuesta por el demandado en términos del artículo 279 fracción I, de la Ley del Seguro Social anterior a la vigente, sin perjuicio de los intereses que se sigan generando hasta el total cumplimiento del presente Laudo." < Lo expuesto hace patente que, la responsable cuantificó el pago de la pensión condenada sin necesidad de que ordenara la apertura del incidente de liquidación. Consecuentemente, debe concluirse que la autoridad responsable cumplió los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución del mismo, pues circunscribió su actuación a los efectos ahí precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196 de la ley invocada. Notifíquese como legalmente corresponda a las partes. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.

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