Arturo Hermosillo Medina

Expediente 888/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
888/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Arturo Hermosillo Medina

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Vista la demanda promovida por ********************, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 888/2022-I y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, el quejoso (víctima) reclama el auto de no vinculación a proceso dentro de la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Oralidad Penal de esta ciudad; sin embargo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que previamente a la promoción del amparo, el promovente debió agotar el medio ordinario de defensa, recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VII, en relación con los preceptos 456 y 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que a través de esa vía se puede revocar, nulificar o dejar sin efectos el acto reclamado. En esas condiciones, de los preceptos legales citados se infiere que el auto de no vinculación a proceso, puede ser combatido mediante el recurso de apelación previsto por la ley ordinaria, a través del cual, el legislador estableció la posibilidad de recurrir la resolución que resolvía la vinculación en el aspecto negativo o positivo; lo anterior, tomando en cuenta que lo ahí establecido, esto es, el auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso corresponde a una locución genérica; por lo que dicho recurso debió agotarse previo a acudir al presente juicio constitucional, al tratarse del medio de impugnación idóneo para modificar o revocar el acto reclamado. Se sostiene así, en virtud de que tanto la resolución de auto de vinculación a proceso como la de no vinculación a proceso es apelable ya sea por el imputado o bien por la víctima o parte ofendida, independientemente de la naturaleza positiva o negativa de la resolución; amén de que el artículo 459, fracción I, de la citada codificación, le reconoce a la víctima u ofendido el derecho de impugnar las resoluciones que versen en cuanto a la reparación del daño causado por el ilícito, en caso de que estime le perjudique el sentido de la resolución dictada por el juez de control. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. De ese modo, se concluye que en contra de la determinación del juez de control de no vincular a proceso al imputado aquí tercero interesado, es improcedente el juicio de amparo indirecto al constituir una resolución que es impugnable y que debe resolver el tribunal de alzada, a quien corresponde confirmar, o en su caso, dejar sin efectos la decisión del juez de control, precisamente porque ese recurso, viene a constituir el mecanismo de defensa contra la resolución judicial que controvierte el agraviado, y que la ley ordinaria reconoce a través de la apelación. Además, en el caso no se está ante alguna de las hipótesis de excepción a que hace referencia la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto que se advierte que el quejoso es víctima en el juicio de origen, de tal forma que se encuentra en posibilidad de promover lo que estime necesario para la defensa de sus intereses, y en su caso, agotar los recursos ordinarios que la ley pone a su alcance para hacer valer sus derechos. Asimismo, por lo que hace a la excepción prevista en el inciso d), del artículo 61 de la Ley de Amparo, no se puede considerar actualizada en razón de que no es posible reconocerle al promovente la posibilidad que tiene el imputado de promover el juicio de amparo en contra del auto de vinculación a proceso, sin agotar el medio ordinario de defensa, que es el recurso de apelación, en razón de que la víctima y el imputado tienen una situación diferente frente al proceso penal, por lo que no es posible reconocerles las mismas prerrogativas. En efecto, en lo que interesa, cuando se dicta un auto de vinculación, existe la posibilidad que ello origine una medida cautelar, lo que puede impactar en el derecho a la libertad personal del imputado, lo que no ocurre en el caso de la víctima, pues el proceso no se sigue contra esta parte, de ahí que no se encuentren en condiciones iguales y por ende que la víctima tenga que agotar los medios ordinarios de defensa contra el no ejercicio de la acción penal o el auto de no vinculación a proceso. Finalmente, por lo que hace al último párrafo de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no se requiere una interpretación adicional porque el Código Nacional de Procedimientos Penales es claro en establecer cuáles son las determinaciones contra las cuales procede el recurso de apelación, en el caso, contra el auto que resuelva la vinculación del imputado, de tal forma que el fundamento legal es suficiente para determinar la procedencia del recurso. De igual forma, esa excepción al principio de definitividad no se actualiza cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó jurisprudencialmente la procedencia del medio ordinario de defensa contra el acto reclamado en cuestión. Expuesto lo anterior, se concluye que se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como tal, el ubicado en calle San Juan de Beleño número 201, colonia León Moderno de esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************por tener sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del ordinal en cita a ******************** por no contar con dicho registro. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias del presente acuerdo y de todas y cada una de las actuaciones posteriores que se vayan generando, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo, la cual deberá entregarse al momento de su notificación. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO.- Vista la demanda promovida por ********************, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 888/2022-I y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, el quejoso (víctima) reclama el auto de no vinculación a proceso dentro de la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Oralidad Penal de esta ciudad; sin embargo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que previamente a la promoción del amparo, el promovente debió agotar el medio ordinario de defensa, recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VII, en relación con los preceptos 456 y 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que a través de esa vía se puede revocar, nulificar o dejar sin efectos el acto reclamado. En esas condiciones, de los preceptos legales citados se infiere que el auto de no vinculación a proceso, puede ser combatido mediante el recurso de apelación previsto por la ley ordinaria, a través del cual, el legislador estableció la posibilidad de recurrir la resolución que resolvía la vinculación en el aspecto negativo o positivo; lo anterior, tomando en cuenta que lo ahí establecido, esto es, el auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso corresponde a una locución genérica; por lo que dicho recurso debió agotarse previo a acudir al presente juicio constitucional, al tratarse del medio de impugnación idóneo para modificar o revocar el acto reclamado. Se sostiene así, en virtud de que tanto la resolución de auto de vinculación a proceso como la de no vinculación a proceso es apelable ya sea por el imputado o bien por la víctima o parte ofendida, independientemente de la naturaleza positiva o negativa de la resolución; amén de que el artículo 459, fracción I, de la citada codificación, le reconoce a la víctima u ofendido el derecho de impugnar las resoluciones que versen en cuanto a la reparación del daño causado por el ilícito, en caso de que estime le perjudique el sentido de la resolución dictada por el juez de control. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. De ese modo, se concluye que en contra de la determinación del juez de control de no vincular a proceso al imputado aquí tercero interesado, es improcedente el juicio de amparo indirecto al constituir una resolución que es impugnable y que debe resolver el tribunal de alzada, a quien corresponde confirmar, o en su caso, dejar sin efectos la decisión del juez de control, precisamente porque ese recurso, viene a constituir el mecanismo de defensa contra la resolución judicial que controvierte el agraviado, y que la ley ordinaria reconoce a través de la apelación. Además, en el caso no se está ante alguna de las hipótesis de excepción a que hace referencia la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto que se advierte que el quejoso es víctima en el juicio de origen, de tal forma que se encuentra en posibilidad de promover lo que estime necesario para la defensa de sus intereses, y en su caso, agotar los recursos ordinarios que la ley pone a su alcance para hacer valer sus derechos. Asimismo, por lo que hace a la excepción prevista en el inciso d), del artículo 61 de la Ley de Amparo, no se puede considerar actualizada en razón de que no es posible reconocerle al promovente la posibilidad que tiene el imputado de promover el juicio de amparo en contra del auto de vinculación a proceso, sin agotar el medio ordinario de defensa, que es el recurso de apelación, en razón de que la víctima y el imputado tienen una situación diferente frente al proceso penal, por lo que no es posible reconocerles las mismas prerrogativas. En efecto, en lo que interesa, cuando se dicta un auto de vinculación, existe la posibilidad que ello origine una medida cautelar, lo que puede impactar en el derecho a la libertad personal del imputado, lo que no ocurre en el caso de la víctima, pues el proceso no se sigue contra esta parte, de ahí que no se encuentren en condiciones iguales y por ende que la víctima tenga que agotar los medios ordinarios de defensa contra el no ejercicio de la acción penal o el auto de no vinculación a proceso. Finalmente, por lo que hace al último párrafo de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no se requiere una interpretación adicional porque el Código Nacional de Procedimientos Penales es claro en establecer cuáles son las determinaciones contra las cuales procede el recurso de apelación, en el caso, contra el auto que resuelva la vinculación del imputado, de tal forma que el fundamento legal es suficiente para determinar la procedencia del recurso. De igual forma, esa excepción al principio de definitividad no se actualiza cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó jurisprudencialmente la procedencia del medio ordinario de defensa contra el acto reclamado en cuestión. Expuesto lo anterior, se concluye que se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como tal, el ubicado en calle San Juan de Beleño número 201, colonia León Moderno de esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************por tener sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del ordinal en cita a ******************** por no contar con dicho registro. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias del presente acuerdo y de todas y cada una de las actuaciones posteriores que se vayan generando, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo, la cual deberá entregarse al momento de su notificación. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio.

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