Arturo Heras Tapia
Expediente 860/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 860/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Arturo Heras Tapia
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a cinco de octubre de dos mil veinte. Vista la constancia que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. Atento a lo anterior, y vista la constancia de cuenta, dado que la parte quejosa y las autoridades responsables no manifestaron su inconformidad contra el proveído de once de marzo de dos mil veinte, en el cual se declaró cumplido el fallo protector, en el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se tiene por firme tal determinación para los efectos legales procedentes. Ahora, como de autos se advierte que no existe más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). RELEVANCIA DOCUMENTAL Y DEPURACIÓN En consecuencia, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace constar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL y, por tanto, SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, pero NO DE DESTRUCCIÓN, según lo previsto en los artículos 3, fracciones VII y XIV, 15 aplicado a contrario sensu, y 18, fracción I, inciso b), y los últimos párrafos del Acuerdo mencionado; luego, una vez que transcurra el plazo de tres años de su conservación, dentro de los noventa días posteriores, tramítese su depuración de conformidad con los últimos párrafos del artículo 18 de dicho ordenamiento y realícese la transferencia respectiva al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal CUADERNOS INCIDENTALES Finalmente, realícese el acuerdo correspondiente en los cuadernos del incidente de suspensión derivados del juicio de amparo en que se actúa. Se hace del conocimiento que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a dos de octubre de dos mil veinte. Agréguese el oficio firmado por el Subtesorero de Administración Tributaria, a través del cual informa las gestiones que realiza en su carácter de superior jerárquico a efecto de lograr el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; asimismo, informa que la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios solicitó a la Dirección General de Administración Financiera proporcionar el documento de pago correspondiente a la cuenta por liquidar certificada 108119, que asciende a la cantidad de *** Derivado de lo anterior, esta Juzgadora advierte que el procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio conforme al Protocolo de Ejecución establecido autos se encuentra en la ETAPA 4, pues la Dirección General de Administración Financiera debe efectuar el pago que por concepto de devoluciones sea autorizado y remitirlo a la autoridad responsable del gasto, para que sea entregado al quejoso antelación; por lo tanto, se considera que para la emisión del pago y envió del mismo a la Administración Tributaria en Acoxpa, presumiendo además la elevada carga de trabajo de dicha autoridad, es razonable fijar un plazo de VEINTE días para su realización, y remitir a esta Jueza las constancias que así lo acrediten En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia antes citada, la sentencia de autos y con fundamento en el artículo 192, último párrafo, de la ley de la materia, REQUIÉRASE a la Dirección General de Administración Financiera, para que dentro del término de VEINTE DÍAS exhiban las constancias con las que acrediten haber proporcionado el documento de pago correspondiente a la cuenta por liquidar certificada 108119, que asciende a la cantidad de *** y haberlo remitido a la Administración Tributaria en Acoxpa, a efecto de que esta lo entregue a la parte quejosa; o bien, para que dentro de los mismos plazos, respectivamente, informe a este juzgador la razón objetiva y demostrable por la que no le es posible cumplir con estos requerimientos, acompañando en este caso las constancias que fehacientemente demuestren la verdad de su dicho. Asimismo, REQUIÉRASE al Subtesorero de Administración Tributaria, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades antes mencionadas, para dentro del mismo plazo, demuestre ante este Juzgado haber ORDENADO y CONMINADO a éstas el cumplimiento de las etapas del protocolo de que se trata, o bien, para que igualmente, y dentro de los mismos plazos, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla. Las autoridades requeridas deberán exhibir copias certificadas de las constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento del fallo protector y su notificación a la parte quejosa. SE APERCIBE a las autoridades en mención, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Asimismo, se apercibe a todas las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que en caso de que se les imponga una multa por desacato, en términos de los artículos 192 y 193 en los términos precisados, también se remitirá el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el Juez de Distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que conforme a lo dispuesto en el artículo 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, este juez de oficio, no ampliará ni una sola vez el plazo otorgado en el presente acuerdo; y que sólo podrá conceder su prórroga por una sola ocasión, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: (i) que la autoridad lo solicite dentro del plazo otorgado en el presente acuerdo, y (ii) que la autoridad demuestre mediante constancias en original o copia certificada, la práctica oportuna (esto es, que comiencen al recibir la autoridad el presente requerimiento) de aquellas gestiones que a juicio de este órgano jurisdiccional, realmente sean las adecuadas e idóneas para conducir al acatamiento de los requerimientos respectivos, según la normativa aplicable. Se exhorta a las autoridades para que, en caso de solicitar prórroga en los términos apuntados, en la solicitud respectiva indiquen a este órgano jurisdiccional cuántos días hábiles consideran que debe otorgárseles como prórroga, para la conclusión total de todos los actos que tienen que llevar a cabo por sí o mediante algún otro órgano, para dar cumplimiento completo al mandato de este juez. Lo anterior, a reserva de que este juez fije el plazo prorrogado conforme a un criterio de razonabilidad. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Vista la demanda de cuenta, promovida por *****, en contra de actos del Comité Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México y otra autoridad fórmese expediente, y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 860/2020. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente incompetente por razón de materia para conocer de la presente demanda de garantías, según se pondrá de relieve al tenor de las consideraciones que enseguida se realizan: ... Por los motivos señalados, se determina que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a este órgano de control constitucional; por ello, con apoyo en los artículos antes citados de la Ley de Amparo y el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda y ordena remitir el presente expediente, al Juzgado de Distrito de Amparo en Material Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera competente para conocer del asunto. Se solicita al Juzgado de Distrito, que por razón de turno le corresponda conocer de la presente demanda de amparo, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. Fórmese cuaderno de antecedentes. Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, a efecto de conservar la materia del amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 15 y 126, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se CONCEDE de oficio la suspensión de plano a Arturo Heras Tapia, respecto de los actos consistentes en la segregación, incomunicación y aislamiento o cualesquiera de los actos prohibidos por el en el goce de las garantías que aduce se violan en su perjuicio artículo 22 Constitucional, que importen peligro a su vida, toda vez que de negarse la medida cautelar solicitada, sería físicamente imposible restituir al quejoso Lo anterior, tomando en consideración que dichos actos producen una afectación a la libertad personal, aun cuando sea de manera indirecta; en razón de que de la interpretación que se realiza del artículo 126 de la Ley de Amparo, no se desprende que se deba verificar si la referida afectación a libertad sea directa o indirecta para el otorgamiento de la suspensión de plano, puesto que una interpretación en ese sentido, sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, por la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta. Época: Décima Época, Registro: 2013066, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 58/2016 (10a.), Página: 865. Se hace extensiva la medida cautelar a cualquier autoridad que haya o pretenda ejecutar total o parcialmente los actos reclamados; en el entendido de que solo surtirá efectos respecto de los actos que menciona y no de diversos a los narrados con anterioridad. Para ello, la responsable podrá implementar con libertad de decisión, las medidas que considere pertinentes para lograr el cumplimiento a la suspensión otorgada. Ello implica que la responsable deberá dejar de lado las formalidades administrativas que impidan la consecución del fin referido, como principio de relevancia a salvaguardar. Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija requisito de efectividad alguno, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE". Importa destacar que no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: --- (...) --- III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Uso de medios electrónicos Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos -salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidencial-; para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Habilitación Actuarios De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Para ello, al llevarse a cabo la notificación de este proveído, y de conformidad con el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril del año corriente, los fedatarios públicos, en el acto de la diligencia, deberán solicitar el correo institucional de las responsables emplazadas para que las subsecuentes notificaciones se les realicen por ese medio y no se propicie el riego de contraer el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Posteriormente, deberán elaborar una lista con los correos correspondientes, a efecto de que el personal de este juzgado pueda facilitar su consulta y enviar los oficios que correspondan. Ello, con excepción de las dependencias que expresamente detalla ese acuerdo de difusión oficial. Asimismo, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente asunto, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, a través de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos; asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para la reproducción de constancias, con la misma salvedad, y en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En términos de los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 12 de la Ley de Amparo, respectivamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizados en los términos limitados a las personas que menciona para tal efecto por así haberlo solicitado. En caso de que las partes interpongan recursos previstos en la Ley de Amparo, se tendrá por agregado al presente expediente el acuse de recibo por parte de la Superioridad con la sola recepción del mismo en la oficialía de partes, previa certificación secretarial en la que conste la fecha y hora de recepción de la mencionada comunicación. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela judicial pronta y efectiva y al debido proceso, de los artículos 12 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio ni requieran ser acordadas mediante determinación judicial adoptada por este órgano jurisdiccional, -por ejemplo, los acuses de recibo, las autorizaciones de las partes, las notificaciones a los peritos o gestiones para hacer efectivas multas ya impuestas, etcétera- con excepción de aquellas con las que por disposición expresa de la ley deba darse vista a las partes, se glosarán en el expediente, en términos del artículo 62 del citado código adjetivo, el secretario hará constar el día y la hora en que se presentó el oficio o escrito, considerando desde este momento procedente la pretensión plasmada en el documento, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas y, sólo en caso de que resulte notoriamente improcedente su solicitud, se comunicará a la parte promovente tal determinación mediante acuerdo del juzgado y notificación correspondiente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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