Arturo Guerrero Piedra
Expediente 620/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Arturo Guerrero Piedra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual transcribe el contenido del auto de tres de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 447/2017-G de su índice, por virtud del cual, en la parte que interesa se solicita a este juzgado la remisión de copia certificada de la boleta de turno, demanda, auto admisorio, sentencia y en su caso la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 620/2017-III y se informe el estado procesal que guarda el citado juicio de amparo; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. En consecuencia, mediante oficio en el que se inserte el presente proveído, remítase copia certificada de las constancias que se solicitan, al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos y comuníquese que el juicio de garantías número 620/2017-III, se encuentra totalmente concluido. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1275/2018, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 620/2017-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de treinta de mayo de dos mil diecisiete, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se dejó sin materia. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario MANUEL ALEXANDER VÁZQUEZ FALCÓN, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de junio de dos mil diecisiete. Se tienen por recibidos los oficios signado por la Juez, Secretario de Acuerdos y Actuarios, todos del Juzgado Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, por medio de los cuales rinden su informe justificado; agréguense únicamente para que obren como legalmente corresponda, en razón de que el presente juicio de garantías se sobreseyó fuera de audiencia el treinta de mayo de dos mil diecisiete. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Enrique Encarnación Martínez Sinco, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que signa el Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", mediante el cual rinde su informe justificado; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y que manifiesten lo que a sus intereses convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior; y, tomando en consideración las constancias que obran en autos de las cuales se advierte lo siguiente: Acto reclamado. La parte quejosa en esencia señaló como actos reclamados lo siguiente: ".A) El AUTO DE FORMAL PROS ION o PRISION PREVENTIVA dictado en contra de mi representado por las Autoridades Responsables Ordenadoras de fecha 14 de Abril del año 2017 y ejecutada por las Autoridades Ejecutoras tendientes a la privación de la Libertad de Mi Representado.." (Sic) Sobreseimiento fuera de audiencia. Luego, del informe justificado rendido por el Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", la responsable hace del conocimiento de este Juzgador que con fecha veintiocho de abril del dos mil diecisiete, la Juez Especializada del Tribunal Unitario en Justicia para Adolescentes, en la carpeta 01/2017 del índice de dicho Tribunal Unitario, derivado de la causa 747/2016-2, decretó prescita la acción penal ejercitada en contra del aquí quejoso -Arturo Guerrero Piedra- otorgando así su libertad absoluta y definitiva. Sentado lo anterior, resulta incuestionable que ha cambiado la situación jurídica reclamada por el promovente, ya que al referir como acto atribuido a las autoridades responsables el auto de formal prisión o prisión preventiva dictado en su contra por las autoridades responsables ordenadoras de fecha 14 de abril del año 2017 y ejecutada por las autoridades ejecutoras tendientes a la privación de la libertad del impetrante de amparo y al haber sido puesto en libertad, deviene improcedente el juicio de garantías. Esto es así, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del ordinal 61, de la Ley de Amparo, que dice: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Hipótesis que se actualiza en el presente caso, en virtud de que con fecha veintiocho de abril dedos mil diecisiete, la Juez Especializada del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes en el Estado de Morelos, otorgó la libertad absoluta y definitiva a la parte quejosa Arturo Guerrero Piedra, por tanto, al haberse modificado la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en su momento al mismo y en fecha veintiocho de abril del presente año, otorgó la libertad absoluta y definitiva, se dio un cambio de situación jurídica en relación con el acto reclamado consistente en la el auto de formal prisión o prisión preventiva dictado en su contra por las autoridades responsables, lo que significa que ya pasó la oportunidad legal para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pues al hacerlo se estaría decidiendo sobre una situación diversa a aquella que guardaba el acto reclamado por el promovente, motivo suficiente para considerar que las posibles violaciones alegadas se han consumado de forma irreparable y que no podría emitirse decisión de este juicio sin pasar por alto la nueva situación que guardan. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación la jurisprudencia identificada con el número 2ª./J/.10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo antes narrado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y tres minutos del veinte de junio de dos mil diecisiete. Aunado a lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha causal se actualiza cuando con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por virtud de una actuación posterior se destruyen todos los efectos y consecuencias del acto reclamado total e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelven al estado que tenían antes de él, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso o, habiéndola interrumpido, no deja ninguna huella. Atento a esas consideraciones, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando, por alguna causa, el acto reclamado se deroga o revoca y da lugar a una situación idéntica a la que existía con anterioridad a su comisión o cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye a la que motivó la promoción del amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho afectado. Tales razones justifican la improcedencia del amparo, porque resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que además no dejó ninguna huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el eventual otorgamiento de la protección de la justicia federal. Similares razonamientos sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a./J. 59/99, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sobre la base de esas consideraciones, si en el caso, el quejoso se duele del auto de formal prisión o prisión preventiva, pero de autos se advierte que el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, se le otorgó la libertad absoluta y definitiva por la Jueza Especializada del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, como anteriormente se evidenció, por ende, está claro que han cesado los efectos del acto reclamado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...
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