Arturo González Zamora

Expediente 598/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
598/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
31/01/2019

Partes del expediente

  • Arturo González Zamora

Actuaciones

  1. Principal

    III. A la fecha, se advierte que ha concluido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera mediante el recurso de queja, que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de esa legislación, el proveído de veintiuno de enero del año en curso, en que se tuvo por no presentada la demanda de garantías promovida por Arturo González Zamora, como se desprende de la certificación de cuenta, sin que lo hubiese recurrido. En consecuencia, de conformidad con el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que tuvo por no presentada la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación.

  2. Principal

    III. Téngase al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Sahuayo, Michoacán, a través del oficio de cuenta, devolviendo debidamente diligenciado el despacho 331/2018 C.O. 1773/2018 del índice de este juzgado, enviado a efecto de notificar al quejoso Arturo González Zamora, el contenido del proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Dése de baja en el libro respectivo el despacho que se recepciona; acúsese recibo. Por otra parte, como se advierte de la cuenta secretarial, ha concluido el término de cinco días del que disponía el promovente del amparo Arturo González Zamora, para desahogar la prevención de la demanda de garantías, contenida en proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, sin que lo haya hecho. En consecuencia, hágase efectivo el apercibimiento de que fue objeto en el referido acuerdo de prevención; por consiguiente, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, TÉNGASE POR NO PRESENTADA la demanda de garantías promovida por Arturo González Zamora. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno. Asimismo, tomando en consideración que transcurrió el término de tres días concedido en el citado quejoso González Zamora, en proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, para que proporcionara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho. Por tanto, hágase efectivo el apercibimiento de que fue objeto, por lo que, con apoyo en el artículo 29, de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista de acuerdos que se publique en los estrados de este juzgado federal, el contenido del presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones que le sean ordenadas, aun las de carácter personal, hasta en tanto designe domicilio en esta ciudad para tal efecto.

  3. Principal

    III. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA. Téngase a Arturo González Zamora, promoviendo demanda de amparo, contra actos de la Agencia Primera del Ministerio Público de Sahuayo, Michoacán y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 598/2018-III. PREVENCIÓN. Ahora, apreciado íntegramente el libelo de garantías presentado vía electrónica, a efecto de estar en condiciones de proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en el artículo 108, fracción I, en relación con el 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente del amparo, para que dentro de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de éste proveído, efectúe lo siguiente: Comparezca ante este Juzgado de Distrito, en horas y días hábiles de labores y con identificación fehaciente, a ratificar el contenido que calza el escrito de demanda de amparo, de ser así, también deberá manifestar si los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado que sirven de fundamento a los conceptos de violación, los realiza bajo protesta de decir verdad, como lo exige el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, sin que obste que tal escrito inicial al final de su contenido tenga la frase "PROTESTO LO NECESARIO", pues la misma no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tiene contenidos y finalidades distintas. En lo conducente, sirve de orientación la tesis de jurisprudencia Tesis: P./J. 127/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192843 1 de 1 Pleno Tomo X, Noviembre de 1999 Pag. 32 Jurisprudencia (Común) PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas. Lo anterior, toda vez que de un análisis integral del contenido de la demanda, se observa que en la última foja carece de la firma autógrafa del promovente Arturo González Zamora; además, de no contar con la firma criptográfica. Ello en virtud, de que la firma es el signo gráfico a través del cual se manifiesta la voluntad del promovente para suscribir el escrito en el que se encuentra plasmada y es necesaria, para determinar la voluntad o consentimiento del suscriptor del escrito en el que se contiene. Asimismo, la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), equiparable a un documento de identidad, es el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con efectos idénticos a los de la firma autógrafa, como en el presente caso, acontece. De igual manera, el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación requiere que las personas cuenten con la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y que se registren personalmente en el sistema, introduciendo su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, "nombre de usuario", "contraseña", y vinculación del registro a la FIREL. Asimismo, en el caso no se está en el supuesto que establece el artículo 65 del Acuerdo General Conjunto 1|/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; precepto que literalmente indica: "Artículo 65. El registro de usuarios en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que el usuario se registre en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación." Lo anterior es así, en razón de que en el caso se reclaman actos derivados de un procedimiento penal, que se atribuyen a una autoridad jurisdiccional y diversas administrativas. Por tanto, la presentación de demandas de amparo de manera electrónica, como la que se analiza, exige que los usuarios ingresen el nombre de usuario y contraseña, o que actúen a través de la FIREL. Circunstancia respecto de la cual, en el presente asunto, hasta este momento procesal, no se tiene la certeza de que dicha situación acontezca, ya que como se indicó en párrafos que anteceden, no contiene la firma criptográfica. Consecuentemente, al faltar la firma electrónica en la demanda de garantías, se considera que existe una irregularidad en el escrito, en términos del invocado artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior: Tesis: 1a./J. 24/2018 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2018146 1 de 1 Primera Sala Publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h Ubicada en publicación semanal CONTRADICCIÓN DE TESIS (Jurisprudencia (Común)) DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), SE DEBE PREVENIR A LA QUEJOSA. De conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN.", el derecho de acceso a la jurisdicción está condicionado a que, cualesquiera que sean los requisitos de procedibilidad de una acción, éstos no se erijan como impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios. Al respecto, el artículo 3o. de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de tecnologías de la información, particularmente en uso de una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, que, actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió tres acuerdos que regulan el uso de la firma electrónica. Así, de la lectura armónica de los artículos 3, 5, 6 y 10 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, 17 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, y 64 y 72 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 se desprende que: (1o.) la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), equiparable a un documento de identidad, es el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral, de los tribunales de circuito y de los juzgados, con efectos idénticos a los de la firma autógrafa; (2o.) la revocación o pérdida de vigencia del certificado digital de firma electrónica tiene como consecuencia la imposibilidad de ingresar a los expedientes electrónicos; (3o.) el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación requiere que las personas cuenten con la FIREL y que se registren personalmente en el sistema, introduciendo su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, "nombre de usuario", "contraseña", y vinculación del registro a la FIREL; y (4o.) la presentación de demandas de manera electrónica exige que las y los usuarios ingresen nombre de usuario y contraseña, o que actúen a través de la FIREL. En estos términos, la falta de firma electrónica en la demanda de amparo indirecto debe considerarse como una de las "irregularidades en el escrito" al que hace referencia el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, razón por la cual las y los jueces de distrito deberán requerir a la parte promovente para que, en el plazo de cinco días, subsane la omisión. Esto se debe a que la omisión de referencia no podría dar lugar a negar de manera manifiesta e indudable la identidad de quien promueve, pues los Acuerdos Generales Conjuntos regulan una serie de salvaguardas que aseguran el conocimiento de la identidad de quien actúa en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En estos términos, el juzgador de amparo únicamente podrá desechar la demanda que carece de firma electrónica cuando no se desahogue el requerimiento para que se subsane su irregularidad. Lo anterior garantiza el derecho de acceso a la jurisdicción, al no entender la ausencia de firma electrónica desde una perspectiva estrictamente formalista y desvinculada del procedimiento que rige la actuación en el citado Portal de Servicios. Este criterio no es aplicable tratándose de la hipótesis expresamente prevista en el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la referida ley. Apercibido que de no dar cumplimiento con lo requerido, se procederá en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. AUTORIZACIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS A LAS PARTES. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. DOMICILIO Y NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Toda vez que el promovente del amparo señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Avenida Arboledas número 160, de Sahuayo, Michoacán, con apoyo en el precepto legal 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en la citada población, para que en auxilio de la Justicia Federal, ordene a quien corresponda notifique el presente auto a la parte quejosa, en el domicilio indicado, por si o por conducto de sus autorizados. Es aplicable a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguientes. Tesis: 2a./J. 24/2004 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 181986 1 de 1 Segunda Sala Tomo XIX, Marzo de 2004 Pag. 321 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO. De lo dispuesto en los artículos 146 y 178, en relación con los numerales 28, fracción II, último párrafo y 29, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se advierte que el proveído por el que se manda aclarar la demanda de garantías debe notificarse en forma personal, a fin de que pueda subsanar las irregularidades de su escrito, aun cuando haya señalado un domicilio para recibir notificaciones fuera del lugar de residencia del órgano jurisdiccional del conocimiento. Lo anterior es así, toda vez que la obligación de señalar domicilio convencional en el lugar del juicio constituye un requisito de la demanda, cuya omisión no puede originar su sanción inmediata, sino el requerimiento previo en el sentido de que, en caso de no cumplir con dicha obligación procesal, las subsecuentes notificaciones, aun las personales, se harán por medio de lista. Además, el auto por el que se manda aclarar una demanda de amparo es de tal trascendencia, que su falta de conocimiento oportuno puede llevar a tenerla por no interpuesta, por lo que debe garantizarse plenamente al quejoso la posibilidad material, no sólo formal, de subsanar las irregularidades de su escrito inicial, pues de lo contrario carecerían de toda eficacia jurídica los requerimientos y apercibimientos contenidos en la prevención, y se atentaría contra el derecho de acción de quien acude al amparo. Asimismo, lo requiera para que dentro de los tres días siguientes al en que quede debidamente notificado, por escrito, proporcione domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, donde oír y recibir notificaciones; en caso de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, le serán ordenadas por medio de lista, como lo establece el artículo 29, de la Ley de Amparo. Con la indicación que desde este momento se habilitan días y horas inhábiles en caso de ser necesario, para la práctica de dicha diligencia; de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Asimismo, para en caso de que se tenga conocimiento de un diverso domicilio al referido en líneas precedentes, se practique la diligencia necesaria para llevar a cabo la notificación correspondiente. Hágase saber al Juez despachado, que de conformidad con el artículo 300 del mencionado Código Procesal, ordene la diligencia respectiva en los términos indicados y una vez desahogada, de inmediato devuelva las constancias que así lo acrediten. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto.

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