Arturo Gómez Reséndiz

Expediente 460/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
460/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
19/02/2021

Partes del expediente

  • Arturo Gómez Reséndiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, se levanta la suspensión de los plazos y términos judiciales en el presente asunto, lo cual implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En ese contexto, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído catorce de diciembre de dos mil veinte, para que expresará lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento manifestado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y este órgano jurisdiccional se pronuncia al respecto, con base en los elementos que obran en el presente expediente. Se colige que la autoridad responsable ciñó su actuación a los términos ordenados en la ejecutoria de amparo, toda vez que cumplió con los efectos para los cuales el suscrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. De ahí que se declara cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, pues de lo expuesto se obtiene la satisfacción de los efectos para los cuales se concedió la protección federal. Ahora, toda vez que no existen promociones por acordar ni diligencias pendientes de desahogo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el expediente como asunto como definitivamente concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Adscrito a la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual en atención a la sentencia protectora transcribe la determinación dictada el nueve de diciembre de dos mil veinte, en los autos del expediente administrativo 658/2018, de su índice, de la que se advierte que dejó insubsistente el auto de nueve de enero de dos mil veinte, emitiendo un nuevo proveído. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexo, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo que se le concede, este juzgador resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; lo anterior, de conformidad con el numeral citado, que establece los siguiente: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley."

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido la sentencia dictada el veintinueve de octubre de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme lo dispone el segundo párrafo del 2° precepto de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que por una parte CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a ********, HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registros de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y comuníquese lo anterior a las partes. Ahora, la concesión del amparo fue para que el titular de la Sexta Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México: a) Deje insubsistente el acuerdo dictado el nueve de enero de dos mil veinte, en el juicio administrativo 658/2018. b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita otro, en el que purgue los vicios indicados tomando en consideración lo establecido en la sentencia. En ese sentido, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al titular de la Sexta Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, para que dentro del término de TRES DÍAS dé cumplimiento al fallo protector de referencia. Apercibido que, de no hacerlo en el término indicado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad en lo estatuido en el artículo 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación ante autoridad competente...

  4. Principal

    Se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario de la adscripción de notificar personalmente a la parte quejosa la sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veinte, por los motivos que expone en la misma; determinación que es del tenor siguiente: "V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 460/2020-I, promovido por ARTURO GÓMEZ RESÉNDIZ, por derecho propio; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con Residencia en Naucalpan de Juárez, y remitido por razón de turno a este Juzgado Decimotercero Distrito en esta entidad y municipio al día siguiente, ARTURO GÓMEZ RESÉNDIZ, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. SEXTA SALA REGIONAL DEL H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, con dirección: Boulevard. IV. ACTO RECLAMADO. La inconstitucional determinación y cuantificación, por el que se fija en cantidad líquida la condena por concepto de compensación única por antigüedad, realizado por el Magistrado de la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México en su considerando tercero al emitir su sentencia interlocutoria de fecha nueve de enero de dos mil veinte, esto al substanciar el incidente innominado en el juicio administrativo 658/2018." Actos que estimó violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 123, apartado "B", fracciones XI y XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda con el número 460/2020-I, se solicitó a la autoridad responsable el informe con justificación; además, se dio la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló manifestaciones y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. El suscrito juzgador federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en virtud de que el acto reclamado se emitió dentro del ámbito territorial en el que se ejerce jurisdicción. Lo anterior, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, ambos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y en observancia al criterio establecido en la jurisprudencia número P./J.40/2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integra de la demanda y demás constancias que obran en el expediente, el acto reclamado por el quejoso en el presente juicio es el siguiente:  El acuerdo de nueve de enero de dos mil veinte, dictado por el secretario de acuerdos autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado de la Sexta Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el juicio administrativo 658/2018, por el cual determinó la cantidad que se le debía pagar al quejoso por concepto de compensación única por antigüedad. Por ende, ese será el acto que constituye la materia de análisis en este juicio. Al caso se invoca, por no contravenir lo dispuesto en la ley de la materia vigente, la tesis número P.VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Tomo XIX (abril de 2004), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Secretario de Acuerdos autorizado para llevar acabo las funciones de Magistrado de la Sexta Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto que se le atribuyó, lo que se corroboró con las constancias acompañó en su apoyo, consistentes en copia certificada del juicio administrativo 658/2018, que por ser documentos públicos, cuentan con valor probatorio pleno, en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene plenamente probado el acto reprochado en este juicio constitucional. Al caso se invoca la jurisprudencia número 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO Causas de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé la parte final del artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." El tercero interesado alega que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; no obstante, considerando que sus argumentos sólo constituyen una postura defensiva de los actos realizados durante el procedimiento de origen, sin que hubiera expuesto los motivos o razones por las cuales considera que el quejoso carece de interés jurídico para impugnar el acuerdo reclamado, por ende, deben desestimarse. Al caso tiene aplicación, por las razones que informa, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 137/2006, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 365 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV (octubre de 2006), Materia Común, relativa a la Novena Época, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN". Al no advertir que se actualice alguna causa de improcedencia en el asunto, se continúa con el análisis de los motivos de inconformidad expuestos por el accionante. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. El quejoso formuló los conceptos de violación contenidos en la demanda, cuya transcripción se estima innecesaria para su estudio, máxime que no existe disposición legal que obligue a actuar en ese sentido, lo cual no implica, en modo alguno, desatender los principios de congruencia y exhaustividad que rigen el dictado de toda sentencia. Determinación que encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero "Reglas generales", del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Ahora, el escrito de demanda se debe interpretar en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente, y de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia. Previo a la calificación de los motivos de disenso, se estima oportuno hacer una relatoría de los antecedentes que obran en el expediente, de los que se obtiene: 1. Arturo Gómez Reséndiz promovió juicio contencioso administrativo en contra del Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, a fin de que, en esencia, se declarara la invalidez del oficio CUSAEM/DAJ/JAL/829/09/2018, así como el pago de la Compensación Única por Antigüedad. 2. Mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, la encargada del Despacho de la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, admitió a trámite la demanda ordenando correr traslado a la autoridad demandada a fin de que produjera su contestación, lo que ocurrió mediante escrito presentado en la oficialía de partes de dicha autoridad el veintisiete de noviembre de ese año. 3. Seguido que fue el juicio en todas sus etapas, el cuatro de marzo se dictó la sentencia respectiva, en la cual se declaró la invalidez del oficio CUSAEM/DAJ/JAL/829/09/2018, y se condenó a la autoridad demandad a emitir una nueva respuesta al ahora quejoso, en la que le indicara las disposiciones legales aplicables al caso, como las circunstancias, motivos o razonamientos que se tomaron en cuenta para su formulación. 4. Inconforme con dicha determinación, mediante escrito presentado el trece de mayo de dos mil diecinueve, el ahora quejoso interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia, el cual fue resuelto por la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el sentido de modificar la condena impuesta en la sentencia recurrida, dejar subsistente la invalidez del oficio CUSAEM/DAJ/JAL/829/09/2018, y condenar a la autoridad demandada a otorgar a la parte actor el pago de la compensación única por antigüedad prevista en el artículo 36, del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco. 5. Luego de diversos requerimientos sin que se diera cumplimiento a lo resuelto, la autoridad responsable emitió el acuerdo de nueve de enero de dos mil, por el cual determinó que, por el aludido concepto, se le debía pagar al actor la suma de $141,061.77 (ciento cuarenta y un mil sesenta y un pesos 77/100 moneda nacional), resolución que constituye el acto reclamado. En ese contexto, del referido ocurso se advierte que la parte quejosa sostuvo en sus conceptos de violación: a) La autoridad responsable transgredía en su perjuicio el principio de legalidad, así como las formalidades esenciales del procedimiento, porque en las consideraciones del acto reclamado, fijó como última percepción del quejoso el periodo del uno al quince de junio de dos mil cuatro, siendo lo correcto del dieciséis al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete; por ello se tomó en consideración una percepción desconocida, ya que no obraba en el sumario de origen. b) La Sala del conocimiento realizó una cuantificación indebida de la cantidad que por concepto de compensación única por antigüedad se le debía pagar, porque consideró una percepción que no obra en el sumario e incluso no indicó por qué la tomó en cuenta, hecho que transgrede en su perjuicio los principios de legalidad, congruencia y exhaustividad. c) La Sala responsable no acató los lineamientos de la sentencia de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, porque si al actor, aquí quejoso, se le deducía el diez punto dieciocho por ciento sobre el total de las percepciones brutas que devengaba, que incluía las conceptos de sueldo, ayuda de habitación, riesgos laborales y ayuda de transporte, entonces el cálculo del pago del beneficio denominado compensación única por antigüedad debió considerar dicha cantidad, y no la diversa obtenida una vez hechas las deducciones, razón por la cual la determinación reclamada, a su decir, viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal, pues se le priva de un beneficio económico que generó en su vida laboral en la que aportó al fondo sobre el total de sus haberes. En ese tenor, se estima que los conceptos de violación son fundados y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada. En efecto, son fundados los argumentos sintetizados en los incisos a) y b), porque de la lectura de la resolución reclamada, se desprende que la autoridad responsable al efectuar un análisis del cumplimiento de sentencia refirió: ".En este orden de ideas es la Titular de este Órgano Jurisdiccional, quien tiene a su cargo la valoración de todas y cada una de las pruebas que obran en autos y por ende goza de la más amplia libertad para calificar los argumentos y las pruebas;[.] de ahí que la legislación le permite al Juzgador evaluar las pruebas, como lo es en el presenta asunto, la copia certificada del último comprobante de pago correspondiente al periodo del 01/06/2004 al 15/06/2004, la cual obra en constancias del sumario en comento a foja 40 (cuarenta). [.]" De lo anterior, se deprende que, como lo sostuvo el quejoso, la autoridad responsable señaló que tomaba en consideración el último comprobante de pago, que abarcaba el periodo comprendido del "01/06/2004" al "15/06/2004", indicando incluso que obraba a foja cuarenta del expediente de origen, siendo que dicho folio corresponde a una parte del escrito de contestación de demanda; por lo que asiste razón al quejoso en su planteamiento. Es asó porque tal irregularidad pone de manifiesto que la resolución que por esta vía se combate, no cumple con el principio de congruencia, con la consecuente transgresión a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal. Para sustentar lo anterior, primeramente es importante tener en cuenta que el derecho fundamental de legalidad se encuentra previsto en el párrafo primero del artículo 16 Constitucional, el cual establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del precepto Constitucional parcialmente transcrito, se desprende que todo acto de autoridad debe encontrarse fundado y motivado; esto es, establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, a efecto de otorgar certeza y seguridad jurídica al destinatario frente al proceder de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En ese tenor, por fundamentación debe entenderse la cita del o los preceptos legales aplicables al caso y, por motivación, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Es aplicable a lo anterior lo dispuesto en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de dos mil, tomo III, materia administrativa, página cuarenta y seis, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otra parte, cabe señalar que el artículo 22 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece: "Artículo 22.- Las resoluciones serán claras, precisas, exhaustivas y congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente del procedimiento y proceso administrativo." En el precepto legal transcrito está contenido el principio de congruencia que debe regir a toda resolución que emita en un proceso; principio que radica, esencialmente, en que la determinación que se asume sea congruente no sólo consigo misma sino también con las cuestiones y demás pretensiones deducidas oportunamente; lo cual implica, por una parte, en que no contenga consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos y, por otra, que al resolverse una controversia se haga atendiendo a lo planteado por la parte, pero sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer, esto es, debe existir una relación de concordancia entre lo solicitado y lo resuelto. Al respecto, la doctrina jurídica identifica dos clases de congruencia, a saber: la interna y la externa. La primera consiste en que la determinación no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos; y la congruencia externa, en cambio, exige que la sentencia resulte acorde con los términos de la litis; lo que se traduce en un imperativo para los órganos jurisdiccionales, quienes al resolver la controversia deben atender a lo planteado por las partes, sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer por los contendientes. Por otra parte, la incongruencia externa de la sentencia, se puede presentar, bajo los siguientes aspectos: Incongruencia por ultra petitia. En este supuesto, la parte dispositiva excede de la pretensión, al conceder o negar lo que nadie ha pedido. Incongruencia por extra petitia. El ámbito de este supuesto es, no el de que la resolución añada algo a las pretensiones de las partes, sino el de que alguna de las pretensiones sea sustituida por otra que aquéllas no formaron; la incongruencia que en estos casos se produce es mixta, puesto que se omite uno de los puntos debatidos y se agrega indebidamente otro. Incongruencia por citra petitia, la cual se presenta cuando la sentencia omite decidir sobre alguna de las pretensiones formuladas. Sobre tales premisas, resulta patente que el debido acatamiento al principio de congruencia de las resoluciones, previsto en el numeral transcrito, exige que se resuelva la totalidad de las pretensiones deducidas, sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer por los contendientes. Sirve de apoyo, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen XI, Cuarta Parte, Página: 193, cuyo rubro y texto son: "SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo la interna. Ahora bien, una incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna si se señalan concretamente las partes de la sentencia de primera instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmando que mientras en un considerando el Juez hizo suyas las apreciaciones y conclusiones a que llegó un perito para condenar al demandado a hacer determinadas reparaciones, en el punto resolutivo únicamente condenó a efectuar tales reparaciones, o en su defecto, a pagar una suma de dinero; pero no existe tal incongruencia si del peritaje se desprende que debe condenarse a hacer las reparaciones, pero que en el caso que no se cumpla deberá condenarse a pagar la cantidad a que se condenó." Luego, como se adelantó, la resolución reclamada transgrede el principio de congruencia, al establecer la autoridad responsable que tomó en consideración un recibo de pago relativo al periodo del uno al quince de junio de dos mil cuatro, siendo que el mismo no obra en el expediente, de ahí que se advierta una inconsistencia entre lo asentado por la Sala del conocimiento y lo realmente probado en autos. Por otra parte, también es fundado el concepto de violación indicado en el inciso c), en atención a lo siguiente. Del análisis del acto reclamado, se advierte que la autoridad responsable, a fin de determinar la cantidad que por concepto de compensación única por antigüedad le correspondía al quejoso, estableció que el actor había laborado más de veintidós años para la autoridad demandada, por lo cual le correspondía que se le pagaran veintidós punto ocho meses de haberes por dicho concepto. Refirió que para dicho pago, se debía considerar el último haber recibido previo a su baja del servicio, en la inteligencia de que el haber mensual sería la suma de la cantidad neta recibida quincenalmente y el resultado multiplicarse por dos, desarrollando a continuación las operaciones aritméticas correspondientes, en los siguientes términos: Haber quincenal neto X 2 quincenas Haber mensual neto $3,093.46 (TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.) $3,093.46 X 2 $6,186.92 (SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SES PESOS 92/100 M.N.) TOTAL: $6,186.92 Acto seguido realizó el siguiente cuadro Haber mensual neto X 22.8 meses de haberes Total $6,186.92 (SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.) $6,186.92 X 22.8 $141,061.77 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.) TOTAL: $141,061.77 Esta última cantidad, fue la que determinó le correspondía al quejoso como pago por concepto de compensación única por antigüedad, ordenando requerir al Jefe del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco del valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana y al Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana, ambos del Estado de México, que hiciera el pago respectivo al solicitante del amparo. Sin embargo, el suscrito resolutor estima que la determinación adoptada por la autoridad responsable no es apegada a derecho. En efecto, en primer término, debe decirse que la sala del conocimiento omitió referir las pruebas de las cuales obtuvo el monto correspondiente al último haber percibido por el ahí actor. Del mismo modo, también fue omisa en exponer los motivos por los cuales tomó en consideración el haber quincenal neto y no las percepciones brutas que obtuvo el quejoso. Para una mejor comprensión del asunto, y a fin de determinar el origen de la prestación de que se trata, se estima oportuno citar el contenido del artículo 123, apartado "B", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual refiere: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.) B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: I. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas; II. Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro; III. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de veinte días al año; IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley. En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en las entidades federativas. V. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo; VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos previstos en las leyes; VII. La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración Pública; VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia; XI (sic). Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley; X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra; XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley. c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares. f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos. XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria. Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última. XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones. XIII bis. El banco central y las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente Apartado. XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. Del precepto constitucional transcrito se advierte que la denominada compensación única por antigüedad no está prevista como una prestación de seguridad social a favor de los trabajadores del Estado, sino que, su existencia, se da en virtud de lo establecido en el Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, cuyo numeral 36 es del tenor siguiente: "Artículo 36. Todo el personal de la corporación tendrá derecho a recibir una 'compensación única por antigüedad', a partir del quinto año efectivo y hasta el decimonoveno; ante lo cual se les liquidarán seis meses de haberes por cada cinco años de servicio efectivamente computados, pagaderos al cumplir la edad de sesenta años, y esto después de haber aportado un mínimo de cinco años al fondo, considerando para dicho pago el último haber percibido." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia PC.II.A. J/7 A (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en el Libro 32, Julio de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la página 1009 de la Décima Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMPENSACIÓN ÚNICA POR ANTIGÜEDAD DEL CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO. LOS 5 PRIMEROS AÑOS DE SERVICIO SON COMPUTABLES PARA EL CÁLCULO DE SU LIQUIDACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 36 DE SU MANUAL DE SEGURIDAD SOCIAL. Del precepto referido se advierte que el derecho del personal de la corporación a recibir una compensación única por antigüedad a partir del quinto año efectivo de servicio y hasta el decimonoveno, lo que atendiendo a la voluntad del creador de la norma, debe interpretarse en el sentido de que, a partir de ese quinto año, nace el derecho del personal a la prestación, pues en ese momento se cumplen los 5 años mínimos requeridos de aportación al fondo y el primer periodo para efectos de la liquidación; de ahí que esos 5 primeros años sean computables para el cálculo de la liquidación de la prestación." Como se precisó en párrafos que anteceden, dicho ordinal contempla el derecho de los miembros de la corporación a recibir una compensación única por antigüedad, prestación que se otorga por el transcurso del tiempo como una forma de reconocimiento de su esfuerzo y entrega en la fuente de empleo, esto es, busca premiar la permanencia y la dedicación laboral en la corporación de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco. Ahora, el vocablo "haber", de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, alude a: "Va. Cantidad que se devenga periódicamente en retribución de servicios personales". Por consiguiente, de una interpretación literal del artículo 36 de referencia se sigue que, para efectos del pago de los seis meses (por cada cinco años de servicio), se deberá tomar como referencia la cantidad de dinero que el miembro policial devengó por concepto de los servicios personales prestados a la corporación. Sin embargo, lo hasta aquí expuesto es insuficiente para definir cómo ha de efectuarse dicho pago, en razón de que el citado artículo 36 pertenece a un contexto normativo en donde los diversos numerales 25 y 26 del referido manual, con relación a ese aspecto, refieren lo siguiente: "Artículo 25. El cálculo de las aportaciones ordinarias se realizará sobre el sueldo base 'haberes' de todo el personal operativo y administrativo de la corporación, con independencia de cualquier otro concepto de retribución que perciban. Artículo 26. La cuota obligatoria que deberá cubrir todo el personal activo de la corporación, corresponderá al 8.5% de sus 'haberes mensuales' mismo que deberá aportarse en dos quincenas. (cantidad igual a la que aportaría si estuviese afiliado al issemym)." Numerales de cuyo contenido es válido sostener, por una parte, que en relación con los "haberes mensuales" recibidos se aplicará una cuota del 8.5% (ocho punto cinco por ciento), la cual estará obligado a cubrir todo el personal de la corporación; y, por otra, que sobre la cantidad que devenga mensualmente un miembro de la corporación se le aplicará una deducción por el porcentaje aludido. Sin embargo, de dichos preceptos también es posible advertir que, la aplicación de dicho porcentaje (8.5%), no recae sobre la totalidad de la cantidad que devenga un miembro de la corporación, pues, en términos del artículo 25 del manual en consulta, para efectos del cálculo de las operaciones ordinarias, sólo se hace alusión al sueldo base "haberes", y se excluye cualquier otro concepto de retribución que se reciba. En ese sentido, es pertinente aclarar que, para efectos de las prestaciones relativas, cuando se hace alusión a "sueldo base haberes" debe entenderse que se alude al sueldo base sujeto a cotización, con la exclusión de cualquier retribución que reciba el miembro de la corporación ajena al cálculo de dicha cotización. Esto último, en el entendido de que lo trascendente es identificar la base salarial en relación con la cual se aplica el porcentaje para efectos de la aportación (8.5%); y, además, que se excluya para el cálculo en comento, toda aquella retribución en relación con la cual no se efectúe la aportación respectiva. De ahí que deba entenderse, cuando se alude al "sueldo base 'haberes" en el numeral 26 antes transcrito, que realmente se está haciendo referencia, para efectos de las aportaciones respectivas, al sueldo sujeto a cotización, esto es, a la cantidad de dinero que dentro de los haberes recibidos se aplicó el porcentaje respectivo. Todo lo cual conduce a estimar, en consecuencia, que la base salarial para el cálculo de la compensación única por antigüedad a que alude el artículo 36 del manual en consulta, debe atender al sueldo en relación con el cual se efectuó la cotización respectiva, excluyendo para tales efectos cualquier retribución que no haya sido objeto de la referida cotización. Máxime que, estimar lo contrario, implicaría soslayar que el monto de las cuotas y aportaciones se determina no en función de la totalidad de los haberes percibidos, sino sólo respecto del salario base en relación con el cual se cotizó. Con la aclaración, por ende, de que la inclusión de algún concepto en el sueldo base habrá de atender a su efectiva cotización, en tanto que, de lo contrario, se afectaría financieramente a la institución policial, ya que se le vincularía a adicionar conceptos que como tales no fueron objeto de las cotizaciones respectivas. En el caso concreto, la parte quejosa sostiene que la responsable hizo una cuantificación inexacta al tomar cono haber quincenal la cantidad de $3,093.46 (tres mil noventa y tres pesos 46/100 moneda nacional), porque la suma correspondiente al descuento por concepto de aportación al fondo, es de $356.71 (trescientos cincuenta y seis pesos 71/100 moneda nacional), postura que se estima acertada por las siguientes razones. En efecto, d el recibo de pago que obra en el tomo de prueba (foja 171) se desprende el pago de las siguientes prestaciones: PERCEPCIONES DEDUCCIONES Sueldo $2,801.81 Ayuda de habitación $105.07 Riesgos laborales $455.29 Ayuda de Transporte $140.09 ISR $52.09 APO.FIDEI.P/FON.PEN $356.71 PERCEPCIÓN BRUTA $3,502.26 DEDUCCIONES $408.80 PERCEPCIÓN NETA $3,093.46 En esos términos, si por concepto de aportaciones se efectuaba una deducción por la cantidad de $356.71 (trescientos cincuenta y seis pesos 71/100 moneda nacional), es válido sostener que el porcentaje del 10.18% que refiere el quejoso se le aplicaba en términos el artículo 26 del manual de referencia, se aplicó sobre las percepciones brutas. Ello es así porque si se multiplica la suma de $3,502.26 por 10.18, y el resultado se divide entre cien, se obtiene la suma de $356.53, que es la que se le descontaba por dicho concepto. Luego, si la sala responsable tomó en consideración las percepciones netas que obtenía el actor cuando se encontraba en activo, dicha determinación carece de sustento, porque, en el caso concreto, se estima que debió considerar las percepciones brutas, por ser la suma que a la que se le aplicaba el porcentaje de descuento, de ahí lo fundado del concepto de violación. En ese orden, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita. SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, al respecto señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. La fracción del dispositivo legal transcrito establece, que la sentencia que conceda la protección constitucional, tratándose de actos de carácter positivo, produce el efecto de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de restituir al impetrante en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión sufrida. Lo anterior, porque el juicio de amparo debe tener una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, de modo que la sentencia que se dicte, en caso de ser favorable, restituya el goce del derecho fundamental violado. En esa tesitura, atento a las consideraciones expuestas, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita ARTURO GÓMEZ RESÉNDIZ, para el efecto de que el titular de la Sexta Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México: a) Deje insubsistente el acuerdo de nueve de enero de dos mil veinte en el juicio administrativo 658/2018. b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita otro en el que purgue los vicios indicados tomando en consideración lo establecido en esta sentencia Resta señalar que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas en el presente asunto, no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley de la materia vigente conforme al citado transitorio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Arturo Gómez Reséndiz, en contra del acuerdo emitido el nueve de enero de dos mil veinte, por el Secretario de Acuerdos autorizado para llevar a cabo funciones de Magistrado de la Sexta Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México en el juicio administrativo 658/2018, en términos y para los efectos precisados en la última parte de esta sentencia."

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