Arturo Gómez Picón

Expediente 328/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 21 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
328/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
28/10/2022

Partes del expediente

  • Arturo Gómez Picón
  • Doctora Aleida Gabriela Serafín Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que el quejoso manifestara si existía alguna inconformidad contra la resolución de cuatro de octubre del año en curso, en la que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo 328/2022-VII, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se tiene por consentida. Ahora bien, toda vez que no existe diligencia pendiente de desahogar ni actuación alguna por cumplimentar; aunado a lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente material; por tanto, archívese el presente asunto como totalmente concluido, agréguese el cuaderno incidental original. Por otro lado se hace la precisión de que este expediente al igual que el original del incidente de suspensión, son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en incisos a) y b), de la fracción I, del artículo 18, del Capítulo Séptimo, del citado Acuerdo General, toda vez que en este juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; y al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tiene relevancia documental; lo anterior, sin perjuicio de conservar la demanda, sentencia dictada y el presente acuerdo; así como la resolución interlocutoria en la que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a), fracción II, del artículo veinte, Capítulo Octavo del acuerdo general citado en el párrafo que antecede, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio, una vez que transcurran seis meses posteriores a su archivo. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente mencionado; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo. Se autoriza al secretario firmar los oficios correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo indirecto en que se actúa, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional está en aptitud de determinar si en el presente caso ha quedado cumplida o no la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en el juicio en que se actúa. De acuerdo a los efectos de la sentencia de amparo que fueron precisados y a lo informado por la delegada de las autoridades responsables, se advierte que se cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, ya que el impetrante de amparo recibió la atención médica requerida y fue valorada incluso por la unidad HES 71 Torreón, delegación Coahuila. Por tanto, en términos del artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por la responsable se declara cumplida la ejecutoria de amparo, asiéntese razón de ello en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. En el entendido que los efectos de esta sentencia no concluyen con la declaratoria de cumplimiento que emite este juzgado, sino que se prorrogarán en el tiempo en que el quejoso requiera de la atención y medicamentos en virtud de la atención médica respectiva, la que sólo podrá ser modificada en beneficio de éste y nunca disminuida, lo anterior en estricto apego al principio de progresividad de derechos humanos establecido en el artículo 1° constitucional. Hágase del conocimiento de las partes que en contra de la presente resolución procede el recurso de inconformidad y que disponen de quince días para hacerlo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado mediante evidencia criptográfica por la licenciada Sol Berenice Arceo Ponce, delegada de las autoridades responsables, con el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia protectora, lo que acredita con las documentales que adjunta. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a fin de que, si lo estima necesario, manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto al cumplimiento dado a la sentencia dictada en este juicio, apercibida que de no hacerlo, esta potestad federal resolverá lo conducente con base en las constancias de autos y el informe proporcionado por las autoridades indicadas. Lo anterior, en apego a lo dispuesto por la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, página 243, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese, personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las autoridades responsables indicadas, a fin de que dieran cumplimiento al fallo protector emitido en este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Director de la Clínica Hospital General Número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social; así como a las doctoras Ariadna Dalia Corral Silva y Aleida Gabriela Serafín Castro, ambas adscritas a la clínica citada, con asiento en esta localidad fronteriza, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que queden legalmente notificados de este acuerdo, cumplan cabalmente con la sentencia de amparo y lo informe a este juzgado, lo que deberán acreditar con las constancias respectivas. Apercibidos que de no cumplir con lo ordenado dentro del lapso indicado o no informar a este juzgado el impedimento legal que les asista para ello, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 258, en relación con el diverso artículo 238, ambos de la ley de la materia, se les impondrá multa de trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del uno de febrero siguiente, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en turno, para el trámite de inejecución respectivo, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Además, en términos de lo dispuesto en el párrafo tercero del citado artículo 192, de la Ley de Amparo, se requiere al encargado de la Delegación Estatal Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, con asiento en la capital de esta entidad federativa, en su carácter de superior jerárquico, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que reciba la notificación de este acuerdo, sin demora alguna, haga uso de los medios legales que tenga a su alcance y ordene a sus inferiores den cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, realizando los apercibimientos de ley que procedan y remita las constancias con que así lo acredite. Lo anterior de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, tiene aplicación en lo que interesa, la tesis P.CLXXV/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, noviembre de 2000, Novena Época, la página 5, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que "las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo". De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer". En la inteligencia que de no demostrar que dio la orden para que sus inferiores cumplan con la ejecutoria de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 192, tercer párrafo, 138 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; además de que en su carácter de superior jerárquico incurre en igual responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que la autoridad en contra de cuyos actos se concedió la protección constitucional, según lo dispone el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, por lo que también apercibe de que, en caso de no demostrar ante este juzgado que conminó eficazmente a sus inferiores a cumplir el fallo protector, se hará igualmente acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistente en su separación del cargo y consignación ante la autoridad competente, pues al incurrir en omisión o desacato a un mandato judicial entorpece la pronta impartición de la Justicia Federal. Se autoriza al secretario firmar los oficios correspondientes. Notifíquese.

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