Arturo Gomez Ochoa

Expediente 39/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
39/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/05/2022

Partes del expediente

  • Arturo Gomez Ochoa

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, para que surta los efectos legales correspondientes, en atención a su contenido; se tiene a Leydi Amador Cruz, quejosa, dando cumplimiento al proveído de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós y señalando el número telefónico 22-94-36-00-04, así como el domicilio ubicado en Limonaria número 340, Jardines de Virginia, Boca del Rio, Veracruz. Lo anterior, a fin de estar en posibilidad de entablar comunicación con la directa interesada, en caso de que resultara necesario coordinar la aplicación de la vacuna. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que mediante auto de radicación de diecinueve de enero del año en curso, se negó la suspensión de plano a la menor quejosa de iniciales A.G.A., al considerarse no encontrarse dentro de la hipótesis contemplada en el Comunicado 23/2021, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios - COFEPRIS- por medio del cual hizo del conocimiento del público en general que dictaminó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna PfizerBioNTech, ampliando su indicación terapéutica para la aplicación a los menores de edad a partir de los doce años edad, pues la menor quejosa a la fecha de la presentación de la demanda de amparo contaba con once años de edad cumplidos. Asimismo, que el tres de marzo del año en curso, dicha Comisión emitió autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech covid-19 Vaccine, para la aplicación en el grupo de personas de cinco años en adelante; información que se desprende de lo publicado recientemente en la página electrónica https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/vacunascovid-19-. MODIFICACIÓN SUSPENSIÓN DE PLANO. En ese sentido, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo en armonía con los diversos preceptos 15 y 147, párrafo último, del mismo ordenamiento, interpretados en forma extensiva, en aplicación del principio pro persona, considerándose que la suspensión debe concederse de oficio y de plano, entre otros casos, contra actos que importen peligro de privación de la vida, dentro de los que se consideran los actos reclamados que niega a la menor quejosa entre cinco a once años el acceso a la vacuna Pfizer-BioNTech covid-19 Vaccine. Por lo que el que suscribe estima necesario que la suspensión de plano negada en el auto primigenio debe ser modificada por hecho superveniente, al cambiar las condiciones y existir pronunciamiento de la autoridad competente, Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, sobre la autorización de aplicación del biológico a los menores de cinco a once años de edad; sin que sea necesario formar un incidente ni dar vista a las partes para modificar o revocar el auto correspondiente. Apoya lo anterior la tesis II.1o.A.19 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, página 1730, tomo XVII, marzo de 2003, registro digital 184646, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "HECHO SUPERVENIENTE. TRATÁNDOSE DE LA SUSPENSIÓN QUE PREVIENE EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE AMPARO, NO ES NECESARIO FORMAR UN INCIDENTE NI DAR VISTA A LAS PARTES PARA MODIFICAR O EVOCAR EL AUTO CORRESPONDIENTE. Del contenido del artículo 140 de la Ley de Amparo se desprende que la modificación o revocación del auto que haya concedido o negado la suspensión es procedente mientras no se haya pronunciado sentencia ejecutoriada; así, en tratándose de la suspensión de plano que previene el artículo 233 de la Ley de Amparo, basta la existencia de un hecho superveniente que sirva de fundamento para que el Juez de Distrito modifique o revoque el auto de suspensión, sin necesidad de formar un incidente para ese fin, ni tampoco dar vista a las partes con el hecho que originó dicha modificación o revocación, puesto que ante su presencia la medida cautelar debe proveerse de plano, dada la urgencia de la medida." Sin que pase inadvertido el hecho que la tesis a la que se hace mención, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, sigue cobrando vigencia, ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la nueva Ley de Amparo. En ese tenor, cabe recordar que el derecho a la salud tutelado por el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras, la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, incluso la prevención de enfermedades pandémicas, etcétera). Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclama la omisión de otorgar los servicios médicos para prevenir el contagio de una enfermedad que pone en peligro la vida, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. No proceder de esa manera, implica potencializar el riesgo, siendo imperioso tomar las medidas pertinentes adecuadas, eficaces y eficientes para salvaguardar el derecho fundamental de protección de la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, entre otras libertades y derechos, por ser precisamente un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Ahora, este juzgador, en aplicación del principio pro persona y en atención al mandato constitucional de procurar en la mayor medida posible la efectividad de los derechos fundamentales de las personas gobernadas, considera que tal disposición normativa debe interpretarse en forma extensiva para comprender dentro de ese grupo de actos, los que nieguen a la persona justiciable el acceso a servicios públicos de salud para la prevención de enfermedades epidémicas, cuya consecuencia consista en no proveer lo conducente a efecto de aminorar el riesgo que esa situación afecte severamente la salud, la integridad física y/o la vida, como ocurre con la inaplicación de vacunas contra la enfermedad Covid-19. Tal acto amerita una respuesta inmediata, como característica propia de los supuestos de procedencia de la suspensión de plano y de oficio. Esto es así, por el riesgo latente de contagio y la severidad de los efectos posibles de la enfermedad, que llevan a reconocer que la inacción o la acción tardía para procurar la prevención que brinda la vacuna, tienen efecto indudable en la salud e integridad física, incluso en la vida de las personas. En el presente caso, convergen dos instituciones trascendentales en la protección de los derechos humanos, a saber, el interés superior del menor, como criterio rector para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la parte quejosa; y, el derecho a la salud que se pone en serio peligro mientras subsista la omisión que reclaman. El interés superior de la niñez, es un principio de rango constitucional, previsto en el artículo 4, basado en que todas las decisiones y actuaciones del Estado, velarán y cumplirán con dicho principio, garantizando de manera plena sus derechos. Este principio implica que los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, lo que debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez; así como ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que los involucre. Resulta aplicable, la jurisprudencia 25/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 334, del Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO". Así como, la tesis CCCLXXIX/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 256, del Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Décima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la voz: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO". En tal sentido, el interés superior de la niñez como principio garantista, también implica la obligación de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar justamente ese núcleo duro, en términos del artículo 29 constitucional. Así, la doctrina jurisprudencial ha reconocido que el interés superior de la niñez permite y, en ciertas circunstancias, obliga al juez a actuar oficiosamente en los litigios que conozca, a fin de efectivizar tal principio. Lo que conlleva, incluso, tomar medidas reforzadas para la protección de los derechos de la niñez. Resulta aplicable, la jurisprudencia 30/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 401, del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Décima Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS". Una vez explicado lo anterior, se tiene que como parte de las medidas de control para enfrentar la Covid-19, se encuentra la aplicación de una vacuna que contribuye a disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. La distribución de las vacunas se rige por lo dispuesto en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV- 2, para la prevención de la Covid-19 en México" publicada en la página electrónica oficial www.coronavirus.gob.mx, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación respectiva. En tal contexto, es oportuno destacar nuevamente como hecho notorio, que el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió el Comunicado 23/2021, en cuyo contenido, bajo su más estricta responsabilidad, dictaminó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech y amplió la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los doce años. Asimismo, resulta de importancia mayúscula destacar que el tres de marzo del año en curso, dicha comisión emitió autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer- BioNTech covid-19 Vaccine, para la aplicación en el grupo de personas de cinco años en adelante; información que se desprende de lo publicado recientemente en la página electrónica https://www.gob.mx/cofepris/acciones-yprogramas/ vacunas-covid-19- autorizadas. En dicha página oficial se observa lo siguiente: Y, adicionalmente, se especifica que "La vacunación para el grupo etario de 5 a 11 años tiene una dosis y composición diferente al biológico aprobado para mayores de 12 años". En ese sentido, se debe entender entonces que dicha autorización certifica que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas de cinco a once años. Esto es así, porque bajo su más estricta responsabilidad, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) dictaminó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de la vacuna Pfizer- BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los cinco años y solo se varía la dosis y la composición al biológico aprobado para mayores de doce años. Entonces, del marco referencial en cuanto al entorno de vacunación en México contra el Covid-19 que se da noticia, es fácil advertir que los objetivos generales de la vacunación están orientados a: 1) prevenir la muerte; 2) evitar la hospitalización; y, 3) reducir la transmisión del virus. Luego, si existe una vacuna autorizada para aplicarse a personas de cinco años en adelante, es claro que actualmente es factible considerar que la omisión de incluir para su aplicación a los menores de edad quejosos, pone en riesgo su derecho a la salud y eventualmente su vida, en la medida que están más expuestos a los efectos del virus en caso de contagio que aquellas personas que se encuentran vacunadas. Por ende, como se estableció en líneas precedentes, es obligación de toda autoridad velar por la máxima protección a los intereses de los menores. De tal modo cualquier especulación sobre la salud o reacción de la menor en caso de contagio, no puede en forma alguna ser un argumento ni jurídica ni materialmente válido para negar la medida cautelar. Ahora, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según el precepto 2, resulta un hecho notorio para el que suscribe que dentro de este circuito el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito y ciudad, resolvió las diversas quejas 16/2022, 9/2022, 6/2022, 565/2021, 551/2021, 549/2021, 548/2021, 543/2021, 537/2021; mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito y ciudad resolvió las diversas 53/2022 y 116/2022. El criterio sustentado en ambos órganos terminales consistió en que ante la inexistencia de la autorización a través de las Políticas Nacionales de Vacunación contra el virus SARSCoV-2, para prevención del Covid-19 en México, no resultaba procedente conceder la suspensión de plano para el efecto de que menores de doce años fueran vacunados, pues podría ponerse en riesgo su salud. Sin embargo, a la fecha en que se resolvieron esos asuntos no existía certeza de que la vacuna pudiera ser suministrada a menores de entre cinco y once años de edad, pues se partió de la base de que no se había emitido pronunciamiento alguno por las autoridades sanitarias en ese sentido. Por tanto, si recientemente se publicó en la página de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios el listado de las vacunas que han obtenido autorización para uso de emergencia, y en ellas se observa la autorización de esa Comisión para aplicar la vacuna Pfizer-BioNTech covid-19 Vaccine, en el grupo de personas de cinco años en adelante; es factible considerar, al día de hoy, que resulta procedente conceder la medida cautelar a la menor quejosa, pues esa petición se funda en la condición de peligro grave que le afecta, al no recibir el esquema de vacunación anti Covid-19, con lo cual se surte uno de los supuestos previstos en el artículo 126, en armonía con los diversos preceptos 15 y 147, párrafo último, de la Ley de Amparo, al indicar que el órgano jurisdiccional tomará las medidas necesarias para evitar que se defraude el derecho de los infantes, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. Máxime que con la suspensión de plano otorgada no se impide el combate a la epidemia causada por el virus SARSCoV2, ya que en todo caso, corresponde al Estado Mexicano la obligación constitucional de satisfacer esas necesidades, gestionando la forma más eficaz al allegarse de las vacunas y proveer su aplicación a la población, lo que incluye desde luego, que la adquisición de los biológicos sea la adecuada para cada grupo etario. En ese orden de ideas, al advertirse del acta de nacimiento exhibida en el escrito inicial de demanda que la menor quejosa de iniciales A.G.A., al momento de la presentación de la demanda contaba con once años de edad cumplidos, actualmente, once años cuatro meses de edad, por lo que con fundamento en los artículos 126 y 127, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano y de oficio, para que las autoridades responsables, dentro del ámbito de sus facultades legales y atribuciones: 1. Se abstengan de realizar actos discriminatorios en contra de la menor quejosa de identidad reservada, por condiciones de su edad o estado de salud, en términos de lo dispuesto por el artículo 1º constitucional. 2. Lleven a cabo las acciones necesarias para que apliquen a favor de la menor quejosa la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-coV2 para la prevención de la enfermedad COVID-19 en México y de ser el caso se aplique la vacuna PfizerBioNTech (única aprobada por la COFEPRIS) en la dosis y composición que la propia Comisión estableció; quedando bajo su más estricta responsabilidad lo concerniente a la valoración, en el sentido de determinar si físicamente y de acuerdo a sus estados de salud, son candidatos a la aplicación de la misma y de no ser así, deberán manifestarlo a este Juzgado Tercero de Distrito; para lo cual, dentro de las veinticuatro horas siguientes, computadas a partir del momento en que queden notificadas, previa comunicación a la parte quejosa respecto del momento en que lo ejecutará, designe hora concreta y lugar que cuente con todas las medidas sanitarias necesarias para prevenir el contagio del virus, así como el especialista o médico que aplicará la vacuna, debiendo comunicar oportunamente a sus progenitores, a través del domicilio que se indica en la propia demanda de amparo para el efecto de que la parte promovente sea enterado de forma oportuna y se encuentre en condiciones de acudir con el citado menor para la aplicación de la vacuna; asimismo, deberá informar lo anterior a este juzgado al rendir el informe relativo a la suspensión de plano. 3. Una vez que sea aplicada la vacuna a la menor quejosa, exhiba a este juzgado duplicado o copia autorizada de la constancia de vacunación correspondiente. Esto, bajo la más estricta responsabilidad de las personas promoventes de la demanda de amparo y de quien acuda como tutor o representante legal de las personas menores de edad, previo conocimiento informado y firma del mismo, que debe tener respecto de los posibles riesgos que implican la aplicación de la vacuna citada, los cuales deberán ser hechos de su conocimiento por la autoridad sanitaria responsable; requisito que igualmente deberá acreditar a esta potestad constitucional a efecto de acatar cabalmente la medida cautelar. De esta manera se da cumplimiento a la dimensión colectiva del derecho a la salud, que la identifica dentro de un marco de atención y servicio a la colectividad en general, compaginando, además, con el propio derecho a la salud en su dimensión individual, relacionado con una garantía para la efectividad de otros derechos, por lo que la prosecución de la justicia social no puede ignorar el papel de la salud en la vida humana y de las oportunidades de las personas para alcanzar una vida sin enfermedades y sufrimientos que se resulten evitables o tratables. En lo conducente, se cita la jurisprudencia I.4o.A. J/1 K (11a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2024193, Undécima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, Criterio que se comparte y que es de título siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN DE APLICAR LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 A LOS MENORES QUE CONFORMAN EL GRUPO ETARIO DE CINCO A ONCE AÑOS, AL ADVERTIRSE QUE COMPROMETE SU VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, PRIVILEGIANDO EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DE EDAD Y EL DERECHO A LA SALUD CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL". Respecto a los efectos de la suspensión, se cita por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 40/2020, registro digital 2022231, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 974, bajo el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE OTORGARSE PARA QUE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE, DE INMEDIATO, ANALICE Y CERTIFIQUE EL MEJOR MEDICAMENTO PARA EL PADECIMIENTO DEL QUEJOSO, EN COMPARACIÓN CON LOS MEDICAMENTOS PREVISTOS EN EL CUADRO BÁSICO O COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD". El cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído es de orden público, por ende debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el Título Quinto de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 126 y 158 del mismo ordenamiento; preceptos que establecen que la medida cautelar debe ser cumplida de inmediato, cuando la naturaleza del acto así lo permita, como acontece en la especie, y que física y materialmente sea posible. Es menester destacar que de no hacer pronunciamiento alguno sobre el particular, así como de las providencias que dicten para dar estricto cumplimiento de la medida suspensional que se otorga, o en su caso, manifestar la imposibilidad fáctica o supeditada a informar el resultado de la encomienda incurre en responsabilidad conforme a lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo que deberá hacer del conocimiento de este juzgado de manera inmediata las medidas tomadas para el cumplimiento de la suspensión de plano concedida; apercibida que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por dicho artículo 262. No se omite destacar que los efectos generados con motivo de la suspensión no pueden considerarse como restitutorios, pues el artículo 126 de la ley de la materia protege derechos inherentes al ser humano con los que por ese solo hecho, cuenta todo gobernado, tales como la vida, la libertad, la dignidad o la integridad corporal y psicológica, por mencionar algunos ejemplos. De ahí la urgencia de que los actos de autoridad que lesionan esos derechos cesen inmediatamente. Es aplicable, por analogía, la tesis I.18o.A.33 K (10a.) del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, registro 2020283, décima época, materia común, libro 68, julio de 2019, tomo III, página 2160, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA". INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO: Se solicita a las autoridades responsables que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que se encuentren notificadas, informen a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de plano que en este apartado se concede. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que a fin de dar mayor celeridad en la tramitación del presente sumario, se autoriza el envío de las comunicaciones que al efecto emita, al correo electrónico institucional: 3jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, especificando el número telefónico de la persona quien envía, así como el cargo que ostenta en el lugar de su adscripción, a fin de validar los datos proporcionados. En el entendido que la confirmación de su recepción es al número telefónico 22-99-23-67-00, extensiones 1110, 1108 o 1104, en horario de siete cuarenta y cinco a catorce cuarenta y cinco horas, y posteriormente al número telefónico que corresponde al secretario de guardia adscrito a este órgano jurisdiccional, cuyos datos de localización también se encuentran disponibles en la página web del Consejo de la Judicatura Federal: https://w3.cjf.gob.mx/Sevie_Guardias/Consulta_Guardia.asp. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa individualizada equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia, la cual al día de hoy asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos cero centavos), pues la unidad de medida equivale a $96.22 (noventa y seis pesos veintidós centavos), y se informará al Servicio de Administración Tributaria para el trámite correspondiente para su ejecución. Asimismo, en caso de negarse a recibir el oficio que se gira, constituye también un desacato que sancionan las leyes penales. Además, se le impondría una multa de cien días de salario, en términos del dispositivo 245 de la Ley de Amparo. Por otra parte, es un hecho notorio para el que suscribe que en el Diario Oficial de la Federación salió publicado el once de febrero pasado, el Aviso General mediante el cual le da a conocer el cambio de domicilio de la Secretaría de Salud, unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados que se indican, por lo tanto, los oficios dirigidos al Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, deberán enviarse al domicilio que se indica en dicho aviso. DATOS DE CONTACTO PERSONAL Finalmente, con el fin de contar con elementos que pueden servir de apoyo para lograr el cabal cumplimiento de la suspensión de plano concedida en el presente juicio, y de constatar que las autoridades responsables ha procedido al respecto, se exhorta a Leydi Amador Cruz y Arturo Gómez Ochoa, en representación de su menor hija de identidad reservada de iniciales A.G.A., para que proporcione a este juzgado un domicilio en esta ciudad y un número telefónico, mediante los cuales sea posible entablar contacto personal (independientes del domicilio y/o número telefónico con los que cuenten las personas que señaló como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo). Lo anterior, a fin de estar en posibilidad de entablar comunicación con el directo interesado, en caso de que resultara necesario coordinar la aplicación de la mencionada vacuna. En otro orden, vista la certificación de cuenta y el estado de autos se advierte que mediante proveído de veintiséis de enero del año en curso, se tuvo a la parte quejosa Leydi Amador Cruz y Arturo Gómez Ochoa, en representación de su menor hija de identidad reservada de iniciales A.G.A, interponiendo recurso de queja contra el auto de radicación de diecinueve de enero pasado, en el que se negó a la parte quejosa la suspensión de plano de los actos reclamados, ordenándose remitir el escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, una vez que estuviera debidamente integrado. Sentado lo anterior, se destaca que el medio de impugnación aún no se encuentra debidamente integrado para su remisión, al estar pendientes las constancias de notificación de autoridades foráneas; sin embargo, dado que en párrafos precedentes se modificó la suspensión negada en el auto primigenio para conceder a la menor quejosa la suspensión de plano de los actos reclamados, el que suscribe estima que resulta innecesario esperar a que se integre debidamente el recurso para su remisión, porque tomando en cuenta el sentido del presente acuerdo es factible establecer que ello tendrá trascendencia al momento de resolver el Tribunal Colegiado de Circuito el medio de impugnación interpuesto. Por la razón jurídica que contiene, se cita la tesis II.2o.P.44K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, materia común, tomo XXXIV, julio de 2011, página 2185, registro digital 161497, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. QUEDA SIN MATERIA CUANDO, POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, NO SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y, POR EL CONTRARIO, ÉSTE CONTINUÓ Y SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA LA CUAL CAUSA EJECUTORIA, AL NO SER IMPUGNADA POR ALGUNA DE LAS PARTES." Consecuentemente, remítase sin dilación alguna el escrito original que contiene los agravios, así como copia certificada de las constancias que integran el presente expediente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio signado por el Director Jurídico de Servicios de Salud en representación del Secretario de Salud del Estado de Veracruz, con residencia en la Ciudad de Xalapa. Atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable acusando recibo del oficio 380-IX, por medio del cual se le notificó que la parte quejosa Leydi Amador Cruz en representación de su menor hija de identidad reservada de iniciales A.G.A., interpuso recurso de queja contra el auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós. Asimismo, téngase a la responsable en comento, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el oficio que ahora se provee. De igual forma, téngase al apoderado legal de Servicios de Salud de Veracruz proporcionando el correo electrónico dir.asuntosjuridico@gmail.com; sin embargo, no se tendrá como medio para oír y recibir notificaciones, por no tratarse de un correo oficial, por lo que, en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dicho medio se utilizará tratándose de comunicaciones no procesales como medio de contacto el correo electrónico proporcionado. Notifíquese.

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