Arturo Gómez Loeza

Expediente 534/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
534/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Arturo Gómez Loeza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de engrose de once de enero del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que obre en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado documento de valor alguno relacionado con el mismo, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a) y c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo y cuaderno original incidental, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo y negado la suspensión provisional y definitiva solicitadas, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a once de enero de dos mil veintidós Vistos, para resolver el juicio de amparo I- 534/2021, promovido por ARTURO GÓMEZ LOEZA, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Primero Civil de la Ciudad de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el dieciséis de octubre del dos mil veinte y turnado al Juzgado Primero de Distrito con sede en esta ciudad, ARTURO GÓMEZ LOEZA, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que a continuación se transcriben: "AUTORIDADES RESPONSABLES: a) Institución Bancaria denominada BANBAJÍO, de esta ciudad, sucursal Camelinas, Morelia, Michoacán. b) Juzgado Primero Civil de la Ciudad de México. c) Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil. d) Comisión Nacional Bancaria y de Valores." "ACTO RECLAMADO: El bloqueo, congelamiento y/o inhabilitación de la cuenta bancaria clásica número 0246536440201 de BANBAJIO de esta ciudad, sin que se me haya informado sobre el acto que reclamo por parte de las autoridades responsables. La falta de emplazamiento dentro del juicio número 149/2020 del Juzgado Primero de lo Civil de la Ciudad de México. De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el exceso de la cantidad que en su momento que pudiera (sic) consistir el requerimiento de pago, dado que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO no tener adeudo de más de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.), dado que la cuenta bancaria en comento tiene fondos de más de la cantidad que pudieran reclamarme las autoridades responsables.". El promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos fundamentales protegidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO POR LA JUEZA PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. Previa su aclaración y registro del juicio de amparo con el número 685/2020, la Jueza Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, en proveído de veintisiete de octubre del dos mil veinte, admitió la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. IMPEDIMENTO DE LA JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO.- En auto de nueve de marzo del dos mil veintiuno, la Jueza Primero de Distrito en el Estado, sometió a consideración del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, la causa de impedimento fundada en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, por los motivos que expuso en dicho proveído la que se celebró conforme al acta que antecede1. CUARTO.- TRIBUNAL COLEGIADO DECLARA FUNDADO IMPEDIMENTO. En sesión celebrada el seis de mayo del dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, declaró fundado el impedimento expresado por la juzgadora federal de mérito y ordenó remitir el juicio de amparo indirecto 685/2020 promovido por ARTURO GÓMEZ LOEZA, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, para ser turnado al juzgado correspondiente2. 1 Foja 176 a 181 de este expediente. 2 Fojas 189 a 201 ibídem. QUINTO. AVOCAMIENTO Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO POR ESTE JUZGADO TERCERO DE DISTRITO.- Por razón de turno, este Juzgado Tercero de Distrito, recibió el juicio de amparo en cita el cuatro de junio del dos mil veintiuno, por lo cual, el ocho de ese mismo mes y año, se avocó al conocimiento del mismo, se registró con el número I- 534/2021, se ordenó dar vista a las partes con los informes justificados ya rendidos, se mandó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, así como regularizar el procedimiento para el sólo efecto de no tener como tercero interesado al FONDO NACIONAL E LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT); y al advertirse la probable participación del Juzgado Primero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México como autoridad responsable, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, manifestara si era su deseo ampliar su libelo constitucional respecto de dicha autoridad (sin haberlo hecho); y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual aconteció conforme al acta que antecede, levantada por el licenciado Leonel López Pérez, Secretario de este Jugado, en funciones de Juez. Ahora bien, en virtud de que el uno de diciembre de dos mil veintiuno, fue adscrito a este juzgado Federal el Juez Omar Alejandro Elizalde Herrera, tal y como se ordenó comunicar a las totalidad de las partes en auto de tres de diciembre del pasado año; dicho titular es quien dicta sentencia en los siguientes término: C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, se reclaman actos que tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Asimismo, se atiende a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten en: a) La falta de emplazamiento al juicio número 149/2020 del índice del Juzgado Primero de lo Civil de la Ciudad de México, donde se ordenó la inmovilización o congelamiento de la cuenta bancaria número 0246536440201 de la institución Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple, a nombre del quejoso. b) El bloqueo, congelamiento y/o inhabilitación de la cuenta bancaria número 0246536440201 de la institución Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple. c) De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el exceso de la cantidad que en su momento pudieran consistir el requerimiento de pago. TERCERO.- INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Juez y Actuaria del Juzgado Primero de lo Civil de la Ciudad de México con sede en ciudad de México, así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, negaron la existencia de los actos reclamados. En efecto, el Juez Interino Primero de lo Civil de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, al cual se adhirió la Actuaria adscrita a dicho órgano, manifestó que niegan la existencia de los actos reclamados, porque el expediente 149/2020 de su índice, corresponde al juicio especial hipotecario promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores INFONAVIT, en contra de SURIANO RAMÍREZ MARÍA DEL CARMEN, el cual, además informó se encuentra en etapa de emplazamiento, y que en éste no se realizó algún bloqueo, congelamiento o inhabilitación de la cuenta bancaria 0246536440201, a nombre de ARTURO GÓMEZ LOEZA. Menos aún se aprecia que exista algún emplazamiento pendiente de realizar o que deba dirigirse al quejoso, pues ninguno de los derechos u obligaciones que son materia del juicio referido se vinculan con la esfera jurídica de aquél. Las referidas manifestaciones se corroboran con el contenido de las copias certificadas relativas al aludido juicio especial hipotecario número 149/2020, que el juez señalado como responsable anexó a su informe justificado, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Sin que el hoy peticionario del amparo haya otorgado prueba alguna para desvirtuar dichas aseveraciones. En consecuencia, al no existir el acto reclamado a las referidas autoridades responsables, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto y las autoridades precisadas en este considerando, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto la tesis siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 226432 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Administrativa, Común Tesis: I.3o.A. J/21 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990, página 660 Tipo: Jurisprudencia ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En cambio del contenido del propio informe justificado rendido por el Gerente Atención Oficios de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, se advierte acepta la existencia del acto reclamado a ésta, consistente en la ejecución del bloqueo o congelamiento de la cuenta bancaria número 246536440201, a nombre de ARTURO GÓMEZ LOEZA, pues al efecto manifestó que dicha cuenta fue congelada el veinticuatro de agosto del dos mil veinte, en atención a lo ordenado en el oficio número 561 del Juzgado Primero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México ordenado dentro del exhorto número 149/2020, del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil de Morelia, Michoacán, dentro del expediente 11/2020, recibido a través del oficio número 214-2/SJ-5367810/2020, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el que se le solicitó el embargo de las cuentas a nombre de ARTURO GÓMEZ LOEZA, hasta por $2,977,444.79 (Dos millones novecientos setenta y siete mil, cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 79/100 m.n.). Lo que se corrobora con las documentales que adjuntó dicha autoridad a su informe justificado, respecto las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,3 de aplicación supletoria a la ley de la materia. 3 "Artículo 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes". "Artículo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo". "Artículo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.]" Sirve de orientación la tesis: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 191842 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: II.2o.A.11 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Mayo de 2000, página 917 Tipo: Aislada COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES RECONOCIDAS IMPLÍCITAMENTE POR LA AUTORIDAD DEMANDADA EN SU CONTESTACIÓN, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia fiscal, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador; por tanto, si se aprecia que no existe indicio alguno de la falsedad de las copias fotostáticas de las documentales que se acompañaron a la demanda de nulidad, y de las constancias que obran en autos se llega a la convicción de su autenticidad, y además, no solamente no son objetadas por la autoridad demandada, sino que incluso son reconocidas implícitamente por ésta al producir su contestación, al ofrecerlas sin exhibirlas, por obrar en autos, es inconcuso que sí debe concedérseles valor probatorio en términos de lo establecido por los dispositivos 129 y 202 del ordenamiento en cita. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO." QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto de ejecución reclamado al Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Es menester señalar que, en relación con el acto reclamado consistente en la orden de congelamiento de la cuenta bancaria de mérito a nombre del ahora quejoso, precisada al inicio de este considerando, no se entrará al estudio de los conceptos de violación invocados por la parte quejosa. Lo anterior, en virtud de que este juzgado, advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta y nueve del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos noventa y cinco, con el rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS"; así como la prevista por la fracción XIV del artículo 61de la Ley de Amparo, que textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley". En efecto, del contenido del informe justificado rendido por la institución bancaria señalada como responsable, y de las constancias de autos, se desprende que fue el Juez Primero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, quien dentro del expediente 149/2020, ordenó la inmovilización o congelamiento de las cuentas bancarias existentes a nombre de ARTURO GÓMEZ LOEZA, por la cantidad de $2,977,444.79 (Dos millones novecientos setenta y siete mil, cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 79/100 m.n.), precisando que sólo debía asegurarse dicho importe. De igual forma, se observa que dicho juzgador de primer grado, no fue señalado como autoridad responsable por la parte quejosa. Ello, no obstante que este juzgado Federal en auto de ocho de junio de dos mil veintiuno, la requirió para que dentro del término de quince días manifestara si era su deseo señalar al Juez Primero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, como autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo, se seguiría el juicio únicamente por el acto y autoridades originalmente señaladas en su libelo constitucional. Empero, aun cuando la parte peticionaria del amparo fue notificada personalmente de dicho proveído (foja 211 de este expediente), no formuló manifestación alguna, motivo por el cual en auto de veintiséis de junio del dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento al cual había sido conminado y se ordenó seguir el presente juicio únicamente respecto del acto y autoridades originalmente señalados. En consecuencia, este juzgado no puede analizar la constitucionalidad del acto reclamado de una autoridad que no fue llamada a juicio, pues de hacerlo se le dejaría en estado de indefensión, al hacerse nugatorio el derecho que le asiste al referido Juzgador de primer grado para exponer causas de improcedencia, remitir las pruebas conducentes y defender su acto. Lo cual conduce a sobreseer el presente juicio de garantías respecto de ese acto con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es de invocarse la jurisprudencia siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 208065 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.2o. J/205 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Octubre de 1995, página 468 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO." Además de lo anterior, respecto de dicho acto también se actualizaría la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, ya que el mismo debe considerarse consentido tácitamente, desde el momento en que como ya se puso de manifiesto en párrafos precedentes, no obstante que este Juzgado federal en proveído del ocho de junio del dos mil veintiuno, requirió a la parte quejosa para que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al aludido juzgador, no formuló manifestación alguna al respecto. De ahí que ante tal omisión deba estimarse consentida la orden de inmovilización o congelamiento de las cuentas bancarias del quejoso ordenada por el Juez Primero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México. Es de invocarse la tesis que a continuación se transcribe: "Registro digital: 204250 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: V.2o.5 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Septiembre de 1995, página 544 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO. OPORTUNIDAD PARA AMPLIARLA O PROMOVER UN NUEVO JUICIO DE GARANTIAS. Si del informe con justificación rendido por las autoridades responsables se advierte la existencia de diversos actos derivados o relacionados con el originalmente combatido en la demanda de amparo o se aprecia la intervención en éste de otras autoridades en su emisión y de ello tiene conocimiento el quejoso al momento en que se le da vista con el citado informe, dicho agraviado debe ampliar su demanda o bien promover un nuevo juicio de garantías, según el caso, en el que haga valer como acto reclamado el nuevo advertido o que se tenga como autoridades responsables también a aquéllas cuya intervención se aprecia y, es a partir de la fecha en que se le da vista cuando empieza a contar el término para ejercer la acción constitucional, ya sea promoviendo un nuevo juicio de garantías o a través de la ampliación de la demanda en trámite, pues en caso contrario se considerarán consentidos dichos actos y, por ende, correcto el sobreseimiento que al efecto decrete el juez de Distrito. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO." De igual forma, en relación con la ejecución de la inmovilización o congelamiento de la referida cuenta a nombre del aquí peticionario del amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XIII del mismo numeral y 17 del mismo ordenamiento legal, que textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". La actualización de las hipótesis previstas en los citados artículos se da en atención a que como ya se precisó en este considerando, la inconstitucionalidad del acto de ejecución en análisis, se hace derivar de la ilegalidad de la orden de inmovilización o congelamiento de la cuenta bancaria 246536440201 a nombre de ARTURO GÓMEZ LOEZA, por no haber sido debidamente llamado al juicio donde se ordenó dicho congelamiento. Ahora, si la orden de inmovilización y congelamiento de la cual se duele, la parte quejosa no se la atribuyó a la autoridad emisora de la misma, que lo fue el Juez Primero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, al no haberlo señalado como responsable, no obstante el requerimiento que este juzgado le formuló, es inconcuso que dicha orden se consintió tácitamente por el quejoso, tal y como se precisó en párrafos precedentes. De tal manera que si la referida orden de inmovilización o congelamiento de la cuenta bancaria multicitada, quedó consentida, los actos subsecuentes a dicha orden como lo es la ejecución de la misma verificada por la Comisión Nacional Bancaria y Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, son una consecuencia directa y necesaria de dicha orden. Consecuentemente, al resultar el acto de ejecución reclamado en estudio, acto derivado de otro ya consentido, y en virtud de que el mismo no se combate por vicios propios, sino como consecuencia de la violación a la garantía de audiencia que la quejosa afirma se cometió en su perjuicio con el emplazamiento en cita, ello provoca que sobre los actos reclamados señalados al inicio de este considerando, opere la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con las diversas fracciones XIII y XIV del precepto en cita, todos de la Ley de Amparo. Resultan aplicables en la especie las tesis que a continuación se reproducen: "Registro digital: 223476 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI. 2o. J/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Febrero de 1991, página 96 Tipo: Jurisprudencia ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." "Registro digital: 202345 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: III.1o.A.11 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Mayo de 1996, página 582 Tipo: Aislada ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO". Es oportuno indicar que dado el sobreseimiento decretado, no es posible analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al no ser factible en ese tenor el estudio del fondo del asunto. Es aplicable al caso concreto, la tesis del siguiente contenido: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE, el presente juicio de amparo promovido por ARTURO GÓMEZ LOEZA, con sede en esta ciudad, respecto de las autoridades, por los actos y los motivos precisados en los considerandos tercero, cuarto y quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy once de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Doy fe

  3. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM Morelia, Michoacán, a once de enero de dos mil veintidós Vistos, para resolver el juicio de amparo I- 534/2021, promovido por ARTURO GÓMEZ LOEZA, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Primero Civil de la Ciudad de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el dieciséis de octubre del dos mil veinte y turnado al Juzgado Primero de Distrito con sede en esta ciudad, ARTURO GÓMEZ LOEZA, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que a continuación se transcriben: "AUTORIDADES RESPONSABLES: a) Institución Bancaria denominada BANBAJÍO, de esta ciudad, sucursal Camelinas, Morelia, Michoacán. b) Juzgado Primero Civil de la Ciudad de México. c) Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil. d) Comisión Nacional Bancaria y de Valores." "ACTO RECLAMADO: El bloqueo, congelamiento y/o inhabilitación de la cuenta bancaria clásica número 0246536440201 de BANBAJIO de esta ciudad, sin que se me haya informado sobre el acto que reclamo por parte de las autoridades responsables. La falta de emplazamiento dentro del juicio número 149/2020 del Juzgado Primero de lo Civil de la Ciudad de México. De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el exceso de la cantidad que en su momento que pudiera (sic) consistir el requerimiento de pago, dado que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO no tener adeudo de más de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.), dado que la cuenta bancaria en comento tiene fondos de más de la cantidad que pudieran reclamarme las autoridades responsables.". El promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos fundamentales protegidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO POR LA JUEZA PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. Previa su aclaración y registro del juicio de amparo con el número 685/2020, la Jueza Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, en proveído de veintisiete de octubre del dos mil veinte, admitió la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. IMPEDIMENTO DE LA JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO.- En auto de nueve de marzo del dos mil veintiuno, la Jueza Primero de Distrito en el Estado, sometió a consideración del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, la causa de impedimento fundada en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, por los motivos que expuso en dicho proveído la que se celebró conforme al acta que antecede1. CUARTO.- TRIBUNAL COLEGIADO DECLARA FUNDADO IMPEDIMENTO. En sesión celebrada el seis de mayo del dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, declaró fundado el impedimento expresado por la juzgadora federal de mérito y ordenó remitir el juicio de amparo indirecto 685/2020 promovido por ARTURO GÓMEZ LOEZA, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, para ser turnado al juzgado correspondiente2. 1 Foja 176 a 181 de este expediente. 2 Fojas 189 a 201 ibídem. QUINTO. AVOCAMIENTO Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO POR ESTE JUZGADO TERCERO DE DISTRITO.- Por razón de turno, este Juzgado Tercero de Distrito, recibió el juicio de amparo en cita el cuatro de junio del dos mil veintiuno, por lo cual, el ocho de ese mismo mes y año, se avocó al conocimiento del mismo, se registró con el número I- 534/2021, se ordenó dar vista a las partes con los informes justificados ya rendidos, se mandó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, así como regularizar el procedimiento para el sólo efecto de no tener como tercero interesado al FONDO NACIONAL E LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT); y al advertirse la probable participación del Juzgado Primero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México como autoridad responsable, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, manifestara si era su deseo ampliar su libelo constitucional respecto de dicha autoridad (sin haberlo hecho); y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual aconteció conforme al acta que antecede, levantada por el licenciado Leonel López Pérez, Secretario de este Jugado, en funciones de Juez. Ahora bien, en virtud de que el uno de diciembre de dos mil veintiuno, fue adscrito a este juzgado Federal el Juez Omar Alejandro Elizalde Herrera, tal y como se ordenó comunicar a las totalidad de las partes en auto de tres de diciembre del pasado año; dicho titular es quien dicta sentencia en los siguientes término: C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, se reclaman actos que tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Asimismo, se atiende a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten en: a) La falta de emplazamiento al juicio número 149/2020 del índice del Juzgado Primero de lo Civil de la Ciudad de México, donde se ordenó la inmovilización o congelamiento de la cuenta bancaria número 0246536440201 de la institución Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple, a nombre del quejoso. b) El bloqueo, congelamiento y/o inhabilitación de la cuenta bancaria número 0246536440201 de la institución Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple. c) De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el exceso de la cantidad que en su momento pudieran consistir el requerimiento de pago. TERCERO.- INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Juez y Actuaria del Juzgado Primero de lo Civil de la Ciudad de México con sede en ciudad de México, así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, negaron la existencia de los actos reclamados. En efecto, el Juez Interino Primero de lo Civil de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, al cual se adhirió la Actuaria adscrita a dicho órgano, manifestó que niegan la existencia de los actos reclamados, porque el expediente 149/2020 de su índice, corresponde al juicio especial hipotecario promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores INFONAVIT, en contra de SURIANO RAMÍREZ MARÍA DEL CARMEN, el cual, además informó se encuentra en etapa de emplazamiento, y que en éste no se realizó algún bloqueo, congelamiento o inhabilitación de la cuenta bancaria 0246536440201, a nombre de ARTURO GÓMEZ LOEZA. Menos aún se aprecia que exista algún emplazamiento pendiente de realizar o que deba dirigirse al quejoso, pues ninguno de los derechos u obligaciones que son materia del juicio referido se vinculan con la esfera jurídica de aquél. Las referidas manifestaciones se corroboran con el contenido de las copias certificadas relativas al aludido juicio especial hipotecario número 149/2020, que el juez señalado como responsable anexó a su informe justificado, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Sin que el hoy peticionario del amparo haya otorgado prueba alguna para desvirtuar dichas aseveraciones. En consecuencia, al no existir el acto reclamado a las referidas autoridades responsables, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto y las autoridades precisadas en este considerando, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto la tesis siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 226432 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Administrativa, Común Tesis: I.3o.A. J/21 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990, página 660 Tipo: Jurisprudencia ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En cambio del contenido del propio informe justificado rendido por el Gerente Atención Oficios de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, se advierte acepta la existencia del acto reclamado a ésta, consistente en la ejecución del bloqueo o congelamiento de la cuenta bancaria número 246536440201, a nombre de ARTURO GÓMEZ LOEZA, pues al efecto manifestó que dicha cuenta fue congelada el veinticuatro de agosto del dos mil veinte, en atención a lo ordenado en el oficio número 561 del Juzgado Primero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México ordenado dentro del exhorto número 149/2020, del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil de Morelia, Michoacán, dentro del expediente 11/2020, recibido a través del oficio número 214-2/SJ-5367810/2020, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el que se le solicitó el embargo de las cuentas a nombre de ARTURO GÓMEZ LOEZA, hasta por $2,977,444.79 (Dos millones novecientos setenta y siete mil, cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 79/100 m.n.). Lo que se corrobora con las documentales que adjuntó dicha autoridad a su informe justificado, respecto las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,3 de aplicación supletoria a la ley de la materia. 3 "Artículo 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes". "Artículo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo". "Artículo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.]" Sirve de orientación la tesis: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 191842 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: II.2o.A.11 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Mayo de 2000, página 917 Tipo: Aislada COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES RECONOCIDAS IMPLÍCITAMENTE POR LA AUTORIDAD DEMANDADA EN SU CONTESTACIÓN, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia fiscal, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador; por tanto, si se aprecia que no existe indicio alguno de la falsedad de las copias fotostáticas de las documentales que se acompañaron a la demanda de nulidad, y de las constancias que obran en autos se llega a la convicción de su autenticidad, y además, no solamente no son objetadas por la autoridad demandada, sino que incluso son reconocidas implícitamente por ésta al producir su contestación, al ofrecerlas sin exhibirlas, por obrar en autos, es inconcuso que sí debe concedérseles valor probatorio en términos de lo establecido por los dispositivos 129 y 202 del ordenamiento en cita. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO." QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto de ejecución reclamado al Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Es menester señalar que, en relación con el acto reclamado consistente en la orden de congelamiento de la cuenta bancaria de mérito a nombre del ahora quejoso, precisada al inicio de este considerando, no se entrará al estudio de los conceptos de violación invocados por la parte quejosa. Lo anterior, en virtud de que este juzgado, advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta y nueve del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos noventa y cinco, con el rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS"; así como la prevista por la fracción XIV del artículo 61de la Ley de Amparo, que textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley". En efecto, del contenido del informe justificado rendido por la institución bancaria señalada como responsable, y de las constancias de autos, se desprende que fue el Juez Primero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, quien dentro del expediente 149/2020, ordenó la inmovilización o congelamiento de las cuentas bancarias existentes a nombre de ARTURO GÓMEZ LOEZA, por la cantidad de $2,977,444.79 (Dos millones novecientos setenta y siete mil, cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 79/100 m.n.), precisando que sólo debía asegurarse dicho importe. De igual forma, se observa que dicho juzgador de primer grado, no fue señalado como autoridad responsable por la parte quejosa. Ello, no obstante que este juzgado Federal en auto de ocho de junio de dos mil veintiuno, la requirió para que dentro del término de quince días manifestara si era su deseo señalar al Juez Primero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, como autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo, se seguiría el juicio únicamente por el acto y autoridades originalmente señaladas en su libelo constitucional. Empero, aun cuando la parte peticionaria del amparo fue notificada personalmente de dicho proveído (foja 211 de este expediente), no formuló manifestación alguna, motivo por el cual en auto de veintiséis de junio del dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento al cual había sido conminado y se ordenó seguir el presente juicio únicamente respecto del acto y autoridades originalmente señalados. En consecuencia, este juzgado no puede analizar la constitucionalidad del acto reclamado de una autoridad que no fue llamada a juicio, pues de hacerlo se le dejaría en estado de indefensión, al hacerse nugatorio el derecho que le asiste al referido Juzgador de primer grado para exponer causas de improcedencia, remitir las pruebas conducentes y defender su acto. Lo cual conduce a sobreseer el presente juicio de garantías respecto de ese acto con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es de invocarse la jurisprudencia siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 208065 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.2o. J/205 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Octubre de 1995, página 468 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO." Además de lo anterior, respecto de dicho acto también se actualizaría la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, ya que el mismo debe considerarse consentido tácitamente, desde el momento en que como ya se puso de manifiesto en párrafos precedentes, no obstante que este Juzgado federal en proveído del ocho de junio del dos mil veintiuno, requirió a la parte quejosa para que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al aludido juzgador, no formuló manifestación alguna al respecto. De ahí que ante tal omisión deba estimarse consentida la orden de inmovilización o congelamiento de las cuentas bancarias del quejoso ordenada por el Juez Primero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México. Es de invocarse la tesis que a continuación se transcribe: "Registro digital: 204250 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: V.2o.5 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Septiembre de 1995, página 544 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO. OPORTUNIDAD PARA AMPLIARLA O PROMOVER UN NUEVO JUICIO DE GARANTIAS. Si del informe con justificación rendido por las autoridades responsables se advierte la existencia de diversos actos derivados o relacionados con el originalmente combatido en la demanda de amparo o se aprecia la intervención en éste de otras autoridades en su emisión y de ello tiene conocimiento el quejoso al momento en que se le da vista con el citado informe, dicho agraviado debe ampliar su demanda o bien promover un nuevo juicio de garantías, según el caso, en el que haga valer como acto reclamado el nuevo advertido o que se tenga como autoridades responsables también a aquéllas cuya intervención se aprecia y, es a partir de la fecha en que se le da vista cuando empieza a contar el término para ejercer la acción constitucional, ya sea promoviendo un nuevo juicio de garantías o a través de la ampliación de la demanda en trámite, pues en caso contrario se considerarán consentidos dichos actos y, por ende, correcto el sobreseimiento que al efecto decrete el juez de Distrito. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO." De igual forma, en relación con la ejecución de la inmovilización o congelamiento de la referida cuenta a nombre del aquí peticionario del amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XIII del mismo numeral y 17 del mismo ordenamiento legal, que textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". La actualización de las hipótesis previstas en los citados artículos se da en atención a que como ya se precisó en este considerando, la inconstitucionalidad del acto de ejecución en análisis, se hace derivar de la ilegalidad de la orden de inmovilización o congelamiento de la cuenta bancaria 246536440201 a nombre de ARTURO GÓMEZ LOEZA, por no haber sido debidamente llamado al juicio donde se ordenó dicho congelamiento. Ahora, si la orden de inmovilización y congelamiento de la cual se duele, la parte quejosa no se la atribuyó a la autoridad emisora de la misma, que lo fue el Juez Primero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, al no haberlo señalado como responsable, no obstante el requerimiento que este juzgado le formuló, es inconcuso que dicha orden se consintió tácitamente por el quejoso, tal y como se precisó en párrafos precedentes. De tal manera que si la referida orden de inmovilización o congelamiento de la cuenta bancaria multicitada, quedó consentida, los actos subsecuentes a dicha orden como lo es la ejecución de la misma verificada por la Comisión Nacional Bancaria y Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, son una consecuencia directa y necesaria de dicha orden. Consecuentemente, al resultar el acto de ejecución reclamado en estudio, acto derivado de otro ya consentido, y en virtud de que el mismo no se combate por vicios propios, sino como consecuencia de la violación a la garantía de audiencia que la quejosa afirma se cometió en su perjuicio con el emplazamiento en cita, ello provoca que sobre los actos reclamados señalados al inicio de este considerando, opere la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con las diversas fracciones XIII y XIV del precepto en cita, todos de la Ley de Amparo. Resultan aplicables en la especie las tesis que a continuación se reproducen: "Registro digital: 223476 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI. 2o. J/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Febrero de 1991, página 96 Tipo: Jurisprudencia ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." "Registro digital: 202345 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: III.1o.A.11 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Mayo de 1996, página 582 Tipo: Aislada ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO". Es oportuno indicar que dado el sobreseimiento decretado, no es posible analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al no ser factible en ese tenor el estudio del fondo del asunto. Es aplicable al caso concreto, la tesis del siguiente contenido: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE, el presente juicio de amparo promovido por ARTURO GÓMEZ LOEZA, con sede en esta ciudad, respecto de las autoridades, por los actos y los motivos precisados en los considerandos tercero, cuarto y quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy once de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Doy fe

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. RAZÓN ACTUARIAL Vista la razón levantada por el actuario adscrito a este juzgado el nueve de diciembre del año en curso, en la que se desprende que no le fue posible entregar el oficio número 18339, dirigido a la autoridad " INSTITUCIÓN BANCARIA DENOMINADA BANBAJIO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD.", con residencia en esta ciudad, toda vez que al constituirse en las instalaciones que ocupa la sucursal de dicha institución bancaria, fue informado por una persona de sexo femenino que no quiso identificarse, que no podía recibir dicho oficio, por las razones expuestas en la misma; en consecuencia, y toda vez que a la fecha la denominación correcta de dicha autoridad lo es "BANCO DEL BAJÍO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE", atento a ello, téngase como denominación correcta a la antes precisada y reenvíesele el oficio 18339, de tres de diciembre del año actual, para los efectos legales conducentes. CAPTURA SISE Finalmente, se comisiona a la Analista Jurídico SISE, a fin de que haga las anotaciones correspondientes respecto de la denominación correcta de la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Andrés Leyva Mercado, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia oficial concedida al titular de este órgano jurisdiccional por medio de oficio 4917/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante Silvia Lorena Arenas Raya Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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