ARTURO GÓMEZ DIAZ y Otros.
Expediente 458/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 458/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ARTURO GÓMEZ DIAZ y Otros.
- Arturo Gómez Diaz
Actuaciones
- Principal
MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA III A NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
Mesa III-A. Notificación personal por lista. (Quejoso). San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Con la demanda de amparo promovida por ******, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 458/2018. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable Director del Instituto de la Función Registral, la parte quejosa reclama la falta, ausencia e inexacta aplicación de fundamentación y motivación en la respuesta que dio a su petición de veintiséis de enero de dos mil dieciocho con número de folio 00292618. Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo prevista en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo. De entrada, conviene anotar que la mencionada fracción del numeral citado establece, lo que la jurisprudencia ha denominado principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, que previo a su presentación debe agotarse la jurisdicción ordinaria; ese principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea para modificarlo o revocarlo, de tal suerte que cuando exista dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, incontrovertiblemente el amparo es improcedente. En otras palabras, el principio de mérito se fundamenta en la naturaleza del amparo, es decir, es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las jurisdicciones y competencias, como consecuencia del ejercicio de los recursos o medios de defensas ordinarios. Por su vinculación al caso, conviene recordar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 115/99 y 116/99, -al interpretar la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece-, determinó que para operar la causal de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. En esas condiciones, para que opere la hipótesis de improcedencia en estudio, se requiere: ? Se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. ? En contra de dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. ? Conforme a la ley que rija ese medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. ? Para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En el propio sentido, la Segunda Sala del más Alto Tribunal Constitucional del país, en la tesis aislada LVI/2000, estableció que no existe la obligación de agotar el principio de definitividad del juicio de amparo indirecto, entre otros, en los casos siguientes: A. Por disposición constitucional, cuando se reclaman: ? Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. ? Actos cuya ejecución es de imposible reparación (actualmente previo haber agotado el principio de definitividad). ? Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. ? Actos que importan una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. B. Por disposición de la Ley de Amparo (la vigente hasta el dos de abril de dos mil trece). ? Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. ? Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como son, entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. ? Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. C. Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. D. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. ? Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como es el derecho fundamental de audiencia. ? Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia (actualmente regulado de manera expresa). Con base en las directrices antes plasmadas, como se anticipó, contra el acto aquí reclamado, consistente en la falta, ausencia e inexacta fundamentación a la respuesta que la autoridad responsable dio a su escrito de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, el juicio de amparo deviene improcedente, como se explica en líneas siguientes: De entrada, se impone señalar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Para el Estado de Oaxaca, en su artículo 128, fracción XII señala: Artículo 128.- El recurso de revisión procede, por cualquiera de las siguientes causas: XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, (.) Con base en esa porción normativa, se pone de manifiesto que antes de intentar la acción de amparo, la parte impetrante del amparo tenía que agotar el recurso de revisión previsto en el ordinal 128, fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, en atención a que esa ley ordinaria contempla un medio de defensa tendente a modificar el acto que estima contrario a derecho. De igual manera, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, en el sentido de que cuando la ley de la que proviene el acto exija mayores requisitos para la suspensión; por tratarse de un acto derivado de una petición elevada a una autoridad, motivo por el cual no requiere de la concesión de alguna medida suspensiva. En el propio tenor, es de anotarse que en la respuesta emitida por el titular de la Unidad de Trasparencia del Instituto de la Función Registral se advierte que se citaron diversos preceptos, lo que evidencia que el acto atribuido contiene la fundamentación a que están obligadas a realizar las autoridades administrativas. Por tanto, previo a ejercer la acción de amparo, correspondía al quejoso impugnar los actos atribuidos, a través del recurso de revisión ante la autoridad administrativa correspondiente, y como se anotó, no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Por otro lado, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizada sin las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, *****, y *******, por no encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las restantes personas únicamente se les tiene por autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de autos por así solicitarlo expresamente la parte quejosa, y ser el presente asunto de naturaleza civil. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes
- ARTURO DAVID VASQUEZ URDIALES y Otros.1032/2022
- Arturo Ernesto Bautista Alvarez y Otros.1829/2015
- ARTURO FUENTE CERNA y Otros.1426/2017
- Arturo García Alvarado y Otros.1377/2015
- ARTURO GARCÍA VELÁSQUEZ y Otros.954/2019
- Arturo Gerardo González Cuevas535/2014
- ARTURO GUZMÁN ÁNGEL y Otros.194/2018
- ARTURO HERRERA GONZÁLEZ y Otros.285/2018
- Arturo Ignacio Arnaud Viñas1712/2014
- Arturo Loyo Santillán y Otros.1223/2016
- Arturo Lucio Zavaleta Guzmán y Otros.816/2016
- ARTURO LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA y Otros.603/2022