Arturo Garduño Bernal

Expediente 1226/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1226/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
13/06/2019

Partes del expediente

  • Arturo Garduño Bernal
  • ARTURO GARDUÑO BERNAL y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Solicita la devolución de los diversos documentos exhibidos conjuntamente con el escrito inicial de demanda; en tal virtud, dígase que deberá estarse a lo determinado en acuerdo de treinta de octubre de dos mil dieciocho. Sin perjuicio de lo anterior, se tienen como autorizados para recibir los aludidos documentos a las personas que refiere en el escrito que se entiende.

  2. Principal

    Intégrese a los autos el escrito signado por Aarón Palacios González autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, atento a su contenido, como lo solicita con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, previa copia fotostática certificada que se deje en autos, hágase la devolución de los documentos en copia certificada que anexo a su escrito de demanda, debiéndose levantar la constancia respectiva al momento de su entrega. Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  4. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase a *****, por propio derecho, contra actos del Administrador del Condominio "V-D-HACIENDA LAS NUECES". EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1226/2018, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae que el acto reclamado al Administrador del Condominio "V-D-HACIENDA LAS NUECES", se hace consistir en: La privación de la libertad personal, la obstrucción material consistente del acceso vehicular de nuestra propiedad y la obstrucción de tránsito hacia la misma, además del disfrute indiviso consistente en la privación de uso respecto de la caseta de vigilancia. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de Amparo. El primer artículo y fracción trascrito establece la improcedencia del juicio de amparo, en los casos en que aquélla resulte de la ley. Y el tercero de los dispositivos legales transcritos dispone que autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Al respecto, es importante precisar que la creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquel a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados; y es que, de conformidad con la doctrina, se distinguen relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues únicamente desde esa posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En esa tesitura, existen tres tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) De coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) De supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) De supraordinación: Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Ahora bien, para resolver si el acto que se reclama en este asunto es o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe dilucidar si fue emitido o no en el marco de una relación de coordinación, supra a subordinación o supraordinación, para lo cual es necesario analizar: 1) el origen material de dicho acto; 2) el carácter de la relación jurídica entre los sujetos; y, 3) el sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del usuario. 1) Origen material del acto. De la lectura del escrito de demanda, se desprende que el origen del acto reclamado deriva de las circunstancias siguientes: El quejoso adquirió en propiedad el inmueble ubicado en la Calle trece de septiembre número veintinueve interior doce, perteneciente al régimen de propiedad en *****. Lo cual se acredita con la copia certificada de la escritura número *****, de diez de diciembre de dos mil uno, del protocolo del Notario Público Número Cuatro, con ejercicio en esta ciudad, a través de la cual se acredita que el inmueble propiedad de la ahora quejosa forma parte del Conjunto Club Residencial San Isidro, documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, al tratarse de documentos expedidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, del contenido de dicha escritura se destaca la cláusula primera, que en lo conducente, establece lo siguiente: "La Sucesión Intestamentaria a bienes del señor ******, representado por la señora ******, en su carácter de ALBACEA y como UNICA y UNIVERSAL heredera de dicha sucesión "VENDE", y el señor ******, "COMPRA" la casa habitación sujeta a régimen de propiedad en condominio. En ese contexto, y atento a lo señalado en el escrito de demanda, la relación que se advierte se origina entre el quejoso y el administrador único del "Condominio "V-D-HACIENDA LAS NUECES", es decir otro particular, tiene su origen en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. 2) El carácter de la relación jurídica. En la especie, la entablada por el Condominio "V-D-HACIENDA LAS NUECES" o su administrador único, y el aquí quejoso, atento a lo anterior: es regulado por el Código Civil para el Estado de Querétaro, la Ley General de Asentamientos Humanos, el Código Urbano para el Estado de Querétaro, el acta constitutiva del dicha asociación y el acta constitutiva del Conjunto Club Residencial San Isidro, así como los Reglamentos Generales del Régimen de Propiedad en Condominio de dichos fraccionamientos. Motivo por el cual no puede soslayarse que los actos de carácter civil generan, por razón de su naturaleza privada, obligaciones y derechos para los particulares que participan y dan origen a la creación de los mismos, que se encuadran en un plano de igualdad o relación de coordinación, puesto que ninguna de ellas está forzada a dejar de expresar su consentimiento y voluntad libremente al momento de dar origen a los actos entre ambos particulares. 3) Sentido de afectación del acto reclamado sobre la esfera jurídica de la quejosa: la privación de la libertad personal así como la negativa del acceso vehicular hacia su propiedad, la obstrucción de tránsito hacia la misma además del disfrute indiviso consistente en la privación de uso respecto de la Caseta de Vigilancia ubicada en *****. Sobre esas premisas, resulta que impedirle a la parte quejosa el acceso vehicula así como el disfrute indiviso consistente en la privación de uso respecto de la caseta de vigilancia ubicada en Calle Álvaro Obregón número sesenta y uno, Barrio San Isidro, San Juan del Río, Querétaro, sin duda alguna, dichos actos dan origen a una relación de coordinación y no de supra a subordinación, dado que los mismos se encuentran en un ámbito de igualdad, los cuales deben ser regulados en el marco normativo del derecho privado. En virtud de ello es que no se pueda analizar en la vía constitucional, los actos reclamados por el promovente ya que esto es jurisdicción del juez ordinario para decidirlo y no el juez constitucional, dado que no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del amparo al derivar de una relación de entre el administrador de dicha asociación y el peticionario del juicio de amparo dando origen a una relación de coordinación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2105 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a ******, y los restantes en términos del segundo párrafo del numeral 24 del ordenamiento legal en cita, toda vez que la primera no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que la acredite para ejercer la profesión de licenciado en derecho y los diversos, por así haberlo solicitado expresamente. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial. Notifíquese personalmente.

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