Arturo García Rendón

Expediente 1267/2014 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1267/2014
Año
2014
Actuaciones
12
Última actuación
17/12/2015

Partes del expediente

  • Arturo García Rendón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, se aprecia que transcurrido el plazo de ley para que las partes interpusieran inconformidad contra el auto en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, en consecuencia, téngase por consentida dicha resolución, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, este expediente es susceptible de depuración...

  2. Principal

    Notifico al quejoso Arturo García Rendón, el proveído de veintiocho de octubre de dos mil quince, toda vez que transcurrieron los dos días concedidos en el aviso dejado el veintinueve de octubre en curso.

  3. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y a la tercera interesada en auto de siete de julio de la presente anualidad (foja 309), para que manifestaran en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se analiza si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Lo anterior, con base en la jurisprudencia número 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el veinte de mayo de dos mil quince (fojas 225 a 242), el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, en auxilio a este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Junta Especial Número Cuarenta y tres de la Federal Conciliación y Arbitraje, residente en Acapulco, Guerrero, realizara lo siguiente: "(.)en el caso de que no se haya logrado llevar a cabo el desahogo de la diligencia de avalúo de bienes señalada para las diez horas del quince de abril de este año, por la Junta exhortada, realice lo siguiente: - En estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 685 y 968 de la Ley Federal del Trabajo, inmediatamente realice las gestiones necesarias para lograr el desahogo de la diligencia encomendada a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Zihuatanejo, Guerrero, es decir, solicite por medio de comunicación oficial (exhorto) a la referida autoridad laboral, para que fije a la brevedad una nueva fecha y hora dentro del plazo legal establecido por la Ley Federal del Trabajo para desahogar la multicitada diligencia con cargo al perito en materia de avalúo de bienes muebles en el juicio laboral 471/2010; - De manera pronta, haga del conocimiento al perito designado aquel eventual señalamiento para que tenga lugar el verificativo de la diligencia del avalúo encomendado, valiéndose la Junta responsable para lograr la notificación al experto de mérito, de los medios de comunicación oficial electrónicos que tenga a su disposición (correo electrónico o telegrama urgente), debiendo velar por su desahogo. En el entendido de que si dicha diligencia tuvo verificativo el día y hora señaladas por la autoridad exhortada, esto es, a las diez horas del quince de abril del presente año, la Junta responsable deberá informar inmediatamente en cumplimiento a esta sentencia, dicha circunstancia al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad." En ese contexto, mediante proveído de veintiséis de junio de dos mil quince (fojas 298 a 301), causó ejecutoria la sentencia antes referida, y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Ahora bien, como un esbozo sobre los efectos restitutorios de una sentencia protectora, es pertinente dejar apuntado que el efecto jurídico de toda sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, conforme a lo preceptuado por el artículo 77 de la Ley de Amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven cuando el acto sea de carácter positivo, en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, y para su procedencia es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En efecto, el artículo 77 de la Ley de Amparo, prevé dos hipótesis con relación a la finalidad de la sentencia que concede la protección de la justicia federal: si el acto reclamado es de carácter positivo, esto es, cuando la autoridad responsable actúa afectando la esfera jurídica del particular, el efecto de la sentencia que le otorga el amparo en contra de dicha actuación, estribará en la restitución al quejoso del pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardan antes de la violación. Una segunda hipótesis se actualiza cuando el acto reclamado es de carácter negativo: en estos casos, el objeto de la sentencia que concede el amparo consistirá en constreñir a la autoridad responsable a que acate lo ordenado por la garantía constitucional de que se trate. Tal supuesto acontece cuando la autoridad responsable rehúsa otorgar a un particular algún beneficio previsto por la ley. Bajo ese orden de ideas, debe precisarse que en el caso que nos ocupa, se está en presencia de actos de carácter negativo, puesto que la ejecución de la sentencia de amparo se constriñe en que la Junta responsable, obre en el sentido de respetar el principio de seguridad jurídica y acceso a la justicia, y éste se colma con obedecer lo que se ordena en forma obligada, pues dicho supuesto encuadra en la hipótesis normativa contemplada en la segunda parte del artículo 77 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo anterior, el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y tres de la Federal Conciliación y Arbitraje, residente en Acapulco, Guerrero, mediante oficio número 08.43-2597/2015 (foja 288), remitió copia certificada de varias constancias que obran en el expediente laboral 471/2010, entre ellas, el proveído de veintisiete de enero de dos mil quince, en el que se hace referencia al exhorto número 08/2015, enviado a efecto de llevar a cabo la diligencia de avalúo de los bienes embargados el tres de abril de dos mil doce, para lo cual se fijaron las diez horas del quince de abril de dos mil quince, misma que desahogó en la fecha y horas señaladas, el secretario de acuerdos en funciones de actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, asociado del perito Cándido Hernández Tello, en el lugar donde se encuentran los bienes embargados en el juicio de origen, y en el que, el perito en materia de avaluó llevo a cabo los trabajos de campo necesarios para que se encuentre en posibilidades de rendir su correspondiente dictamen pericial. De igual manera, la junta responsable a través de su Presidente, remitió el oficio número 08.43-3235/2015 (foja 306), al que adjunto copia certificada del acuerdo emitido el uno de julio de dos mil quince, dentro del juicio laboral 471/2010 de su índice, a través del cual tiene por recibido el oficio de la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en México, Distrito Federal, mediante el cual hace constar la comparecencia del licenciado en contaduría Cándido Hernández Tello, perito en materia de avaluó de bienes muebles, designado a favor de la parte actora, quien se presentó ante dicha autoridad a aceptar y protestar el cargo conferido como perito en materia de avaluó, exhibiendo y ratificando el dictamen de cuatro de mayo de dos mil quince. En tal virtud, tomando en consideración que el expediente laboral ya se encontraba debidamente integrado, con la finalidad de darle continuidad al procedimiento de ejecución, de conformidad en los artículos 967 a 975 de la Ley Federal del Trabajo, se señalaron las trece horas con treinta minutos del trece de agosto de dos mil quince, para que tuviera verificativo la audiencia de remate en primera almoneda, donde se convocó a postores legales para la adjudicación de los bienes inmuebles descritos en dicho proveído de uno de julio de dos mil quince (foja 307). Ahora bien, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Junta Especial Número Cuarenta y tres de la Federal Conciliación y Arbitraje, residente en Acapulco, Guerrero, llevará a cabo el desahogo de la diligencia de avalúo de bienes señalada para las diez horas del quince de abril de este año, por la Junta exhortada, con cargo al perito en materia de avalúo en el juicio laboral 471/2010, lo cual ya aconteció, e inclusive el perito en materia de avaluó de bienes muebles Cándido Hernández Tello, una vez desahogado el avalúo respecto de los bienes embargados en el expediente de origen, rindió y ratificó su dictamen correspondiente; por tanto, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, debe precisarse que, existe defecto de ejecución cuando la autoridad responsable no se ciñe estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, es decir, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedece de manera cabal lo mandado; en contrapartida, hay exceso en la ejecución cuando va más allá de lo ordenado; de modo que cuando la concesión es "para efectos", no basta suprimir el acto inconstitucional, sino que la autoridad responsable queda vinculada a realizar uno o varios actos que restauren las garantías violadas. Cabe precisar, que en el presente asunto, no se advierte que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, puesto que, como ya se indicó, la protección constitucional se concedió para el efecto de que la junta responsable llevará a cabo el desahogo de la diligencia de avalúo de bienes señalada para las diez horas del quince de abril de dos mil quince, por la Junta exhortada, con cargo al perito en materia de avalúo en el juicio laboral 471/2010, lo cual ya aconteció. De las constancias que remitió la referida responsable, se advierte que siguió los lineamientos dados en la sentencia de amparo, como se destacó a lo largo de esta determinación. Por consiguiente, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía legal violada, al dar cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable ciñéndose a los efectos precisados; de ahí que, no existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Tampoco se advierte, imposibilidad jurídica para cumplirla, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Notifico el contenido del proveído que antecede a la tercera interesada Promotora y Administradora de Servicios de Playa de Zihuatanejo, por conducto de quien legalmente la represente, por medio de lista que se fija en los estrados del juzgado.

  4. Principal

    Notifico al quejoso Arturo García Rendón, el proveído de siete de julio de dos mil quince.

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