Arturo García Gomez

Expediente 706/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 23 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
706/2018
Año
2018
Actuaciones
23
Última actuación
17/12/2018

Partes del expediente

  • Arturo García Gomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta; agréguese la razón actuarial que antecede, de la cual se desprende la imposibilidad de la actuaria para notificar el oficio número 29251/2018, dirigido al Secretario de Protección y Vialidad en Acapulco, Guerrero, toda vez que al constituirse en las instalaciones de dicha autoridad, le manifestaron que su denominación correcta es Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco, Guerrero. En ese contexto, en obvio de mayores dilaciones reexpídase el oficio 29251/2018, que contiene el auto de doce de diciembre de dos mil dieciocho, bajo la denominación correcta de la autoridad, esto es, Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

  2. Principal

    Visto; el estado que actualmente guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya feneció el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo en vigor, sin que las partes hayan interpuesto recurso de inconformidad en contra del acuerdo de nueve de noviembre del año en curso, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento legal en cita por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el punto Décimo Primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a la partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. En la inteligencia de que con fundamento en los puntos Segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, se determina que el expediente principal es susceptible de depuración una vez que transcurra el término de cinco años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, con excepción del escrito inicial de demanda, en su caso, escritos aclaratorios, ampliación, o bien, interlocutorias, así como la sentencia, la ejecutoria correspondiente, el auto en que se tuvo por cumplida y este proveído. Respecto al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se CONCEDIÓ la suspensión provisional y definitiva, con fundamento en los puntos Segundo fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración una vez que transcurra el término de cinco años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, únicamente se conservaran las resoluciones relativas a su otorgamiento, ya sea provisional, definitiva y/o violación a la suspensión; y, en cuanto al resto de las constancias que lo integran procédase a su desintegración material. Por cuanto hace al cuaderno duplicado del incidente de suspensión respectivo; con fundamento en la fracción III, del punto Vigésimo, del acuerdo aludido, una vez que haya transcurrido el término de seis meses procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por otra parte, se destaca que a juicio de la suscrita, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto invocado. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se provee: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal como está ordenado en dicho auto. Ahora, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, se reitera que, el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa, es susceptible de depuración conservándose únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento, ya sea provisional, definitiva y/o violación a la suspensión; y, en cuanto al resto de las constancias que lo integran procédase a su desintegración material. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión respectivo; con fundamento en la fracción III, del punto Vigésimo, del acuerdo aludido, una vez que haya transcurrido el término de seis meses procédase a su destrucción, toda vez que existe el original Atento a lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, hágase las anotaciones respectivas en las carátulas del incidente de suspensión en que se actúa.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, se provee: Atento al estado procesal que guardan los autos y a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho (foja 193 y 194), en el que se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento de la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243). Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos se aprecia lo siguiente: 1. Antecedentes de la sentencia y sus efectos (incluyendo aquellos contenidos en las consideraciones del fallo). Mediante sentencia de uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 147 a la 158), este órgano de control constitucional resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Arturo García Gómez, concesión que sustancialmente se traduce en: "[.] para que el Juez responsable siguiendo los lineamientos establecidos en esta sentencia pronuncie una resolución en la que establezca que se actualiza la prescripción en cuanto a la acción persecutoria por el delito de exacción fraudulenta, que dio origen a la causa penal 0******************** de su índice; y resuelva lo que en derecho proceda. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución reclamados a las diversas autoridades ejecutoras Fiscal General del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial, responsable de la Coordinación Regional Acapulco y Secretario de Seguridad Publica y Director de la Policía Preventiva Municipal, estas últimas con residencia en esta ciudad, pues ello importa también violación de garantías. 3. Constancias remitidas en cumplimiento. En ese orden, de autos se advierte que en proveído de diecinueve de octubre del presente año (foja 189), se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, a través del cual informó haber declarado prescrita la acción penal y, por ende, la extinción de la misma, dentro de la causa penal ******************** por lo cual remitió copia certificada de la determinación tomada en fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. 4. Ejecutoria. Al no haber sido recurrida la sentencia citada, causó ejecutoria el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho (fojas 193 y 194) se dio vista a las partes con el informe rendido por la autoridad responsable, a fin de que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, este juzgado federal se pronunciaría en relación con el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el presente expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En ese sentido, únicamente la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, formuló alegato ministerial que se recibió en este juzgado el veintiséis de octubre del año en curso, en el sentido de que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. 4. Valoración del cumplimiento. De consiguiente, de las constancias que integran este expediente, se advierte que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, se debe acreditar con constancias idóneas, lo siguiente: Que el juez responsable pronunció una resolución en la que estableció la actualiza la prescripción en cuanto a la acción persecutoria por el delito de exacción fraudulenta, que dio origen a la causa penal 0********************. Lo anterior, porque al DICTAR la auto de nueve de septiembre de dos mil once, dictado en la causa penal ******************** se evidenciaría que se encuentra RESTITUYENDO a la parte quejosa en sus derechos humanos vulnerados de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y aplicación de la Ley. En atención a ello, el juez responsable remitió copia certificada del auto de nueve de septiembre de dos mil once, dictado en la causa penal ******************** de su índice, relativo a la prescripción de la acción penal (fojas 185 a la 187). Documental que por ser pública, merece eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable al caso la jurisprudencia 226 definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, Tomo VI, Parte SCJN, página 153). De lo que se colige claramente que la autoridad responsable cumplió totalmente con la ejecutoria federal que nos ocupa, toda vez que el nueve de septiembre de dos mil once, declaró prescrita la acción penal ejercida por la representación social investigadora en contra de Arturo García Gómez, por el delito de exacción fraudulenta en la causa penal ******************** cumpliendo así con los lineamientos destacados en la sentencia de amparo; por ende, se concluye que el fallo protector SE ENCUENTRA CUMPLIDO. Con lo anterior, resulta evidente que la autoridad acató plenamente la ejecutoria de amparo, al haber cumplido con lo que le fue requerido; por tanto, con fundamento en lo previsto en el artículo 196, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo, precisamente porque la autoridad responsable la acató en sus términos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201, fracción primera, y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles.

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