Arturo García García

Expediente 1172/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1172/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
22/02/2019

Partes del expediente

  • Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz
  • Arturo García García
  • Hugo Mora Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el auto de veintiocho de enero del año en curso, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, interpusiera el recurso de revisión en su contra, sin que lo hubieran hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse únicamente sobreseído fuera de audiencia el presente juicio, y susceptible de depuración el original del incidente de suspensión al haberse concedido tanto la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá en consecuencia a la destrucción y depuración de los mismos con posterioridad al VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte tercero interesado, la determinación que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en la demanda de amparo con que se radicó el presente juicio número 1172/2018, el quejoso Arturo García García reclama el acuerdo de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el cuaderno de ejecución de sentencia número 38/2016 derivado del juicio contencioso administrativo número 63/2011/III, promovido por Hugo Mora Díaz; la irregularidad del procedimiento de ejecución por vicios formales en la integración de la relación jurídica procesal, que hace imposible su ejecución; y la imposición de una multa consistente en cien Unidades de Medida y Actualización consistente en $8,004 (ocho mil cuatro pesos 00/100 M.N.); y el requerimiento de pago, actos que atribuye a la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, en calidad de ordenadora y al jefe de oficina ejecución de la misma por la autoridad responsable denominada Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado, como ejecutoria, ambas autoridades con residencia en esta ciudad; de lo que se colige, que es idéntica en sus términos a la diversa cuyos datos se desprenden de la certificación secretarial de cuenta, es decir, del juicio de amparo registrado con el número 1118/2018, del índice de este Juzgado, la cual se encuentra en trámite, en razón de que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de enero del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional, datos que son de invocar como hecho notorio, de conformidad en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2° de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 27/97 visible en la página 117, Tomo VI, Julio de 1997, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial". En este contexto, resulta innecesaria la prosecución del juicio en que se actúa, promovido por el quejoso Arturo García García, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción X de la Ley de Amparo, que en la parte que nos interesa establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:. [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;". Del precepto legal en estudio, se advierte la causa de improcedencia del juicio de amparo que la doctrina ha denominado litispendencia, que se configura cuando existen dos juicios de amparo con identidad de quejosos, autoridades responsables y de actos reclamados, e impide que prospere el asunto promovido con posterioridad; lo que refleja la clara intención del legislador de evitar el trámite simultáneo de dos instancias en contra de un mismo acto; voluntad que resulta acorde con el principio de seguridad jurídica, pues tiende a evitar el dictado de dos resoluciones en un mismo asunto y que pudieran resultar contradictorias. Así las cosas, se dice que hay litispendencia, cuando existe un litigio que está pendiente de solución y es promovida una diversa demanda interpuesta en los mismos términos que la primera, es decir, que guarda identidad en cuanto al quejoso, el acto reclamado y las autoridades responsables, por lo que no puede ser objeto de conocimiento por el mismo o diverso juzgador, ya que se podrían dictar sentencias contradictorias y dicha circunstancia atenta contra el principio de seguridad jurídica al no justificarse dos procesos sobre el mismo litigio. Al respecto, se cita la tesis por identidad de razones del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, cuyos rubro y texto son: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Entonces, el juicio de amparo resulta improcedente de acuerdo con la institución de litispendencia, siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) La norma general o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; b) Ese juicio esté pendiente de resolución; y, c) Ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Resulta aplicable por identidad de razones, la tesis del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Ahora bien, como se precisó con antelación, el acto tildado de inconstitucional en los juicios de amparo 1118/2018 y 1172/2018, ambos del índice de éste juzgado, se hace consistir en el acuerdo de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el cuaderno de ejecución de sentencia número 38/2016 derivado del juicio contencioso administrativo número 63/2011/III, promovido por el tercero interesado Hugo Mora Díaz; la irregularidad del procedimiento de ejecución por vicios formales en la integración de la relación jurídica procesal, que hace imposible su ejecución; y la imposición de una multa consistente en cien Unidades de Medida y Actualización consistente en $8,004 (ocho mil cuatro pesos 00/100 M.N.); y el requerimiento de pago y su ejecución, actos que fueron reclamados a las autoridades responsables Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, y del Jefe de la Oficina de Hacienda de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ambas con residencia en esta ciudad, de ahí que se concluya que ambas demandas son idénticas, asimismo, la primera de ellas se encuentra en trámite en razón de que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el veintinueve de enero del año en curso. En mérito de lo anterior, lo que procede es sobreseer el presente juicio de garantías fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 61, fracción X de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado en propio) En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. De igual forma, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que obran en el diverso controvertido 1118/2018, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo que dio origen al presente litigio, no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías."

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en la demanda de amparo con que se radicó el presente juicio número 1172/2018, el quejoso Arturo García García reclama el acuerdo de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el cuaderno de ejecución de sentencia número 38/2016 derivado del juicio contencioso administrativo número 63/2011/III, promovido por Hugo Mora Díaz; la irregularidad del procedimiento de ejecución por vicios formales en la integración de la relación jurídica procesal, que hace imposible su ejecución; y la imposición de una multa consistente en cien Unidades de Medida y Actualización consistente en $8,004 (ocho mil cuatro pesos 00/100 M.N.); y el requerimiento de pago, actos que atribuye a la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, en calidad de ordenadora y al jefe de oficina ejecución de la misma por la autoridad responsable denominada Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado, como ejecutoria, ambas autoridades con residencia en esta ciudad; de lo que se colige, que es idéntica en sus términos a la diversa cuyos datos se desprenden de la certificación secretarial de cuenta, es decir, del juicio de amparo registrado con el número 1118/2018, del índice de este Juzgado, la cual se encuentra en trámite, en razón de que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de enero del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional, datos que son de invocar como hecho notorio, de conformidad en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2° de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 27/97 visible en la página 117, Tomo VI, Julio de 1997, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial". En este contexto, resulta innecesaria la prosecución del juicio en que se actúa, promovido por el quejoso Arturo García García, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción X de la Ley de Amparo, que en la parte que nos interesa establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:. [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;". Del precepto legal en estudio, se advierte la causa de improcedencia del juicio de amparo que la doctrina ha denominado litispendencia, que se configura cuando existen dos juicios de amparo con identidad de quejosos, autoridades responsables y de actos reclamados, e impide que prospere el asunto promovido con posterioridad; lo que refleja la clara intención del legislador de evitar el trámite simultáneo de dos instancias en contra de un mismo acto; voluntad que resulta acorde con el principio de seguridad jurídica, pues tiende a evitar el dictado de dos resoluciones en un mismo asunto y que pudieran resultar contradictorias. Así las cosas, se dice que hay litispendencia, cuando existe un litigio que está pendiente de solución y es promovida una diversa demanda interpuesta en los mismos términos que la primera, es decir, que guarda identidad en cuanto al quejoso, el acto reclamado y las autoridades responsables, por lo que no puede ser objeto de conocimiento por el mismo o diverso juzgador, ya que se podrían dictar sentencias contradictorias y dicha circunstancia atenta contra el principio de seguridad jurídica al no justificarse dos procesos sobre el mismo litigio. Al respecto, se cita la tesis por identidad de razones del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, cuyos rubro y texto son: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Entonces, el juicio de amparo resulta improcedente de acuerdo con la institución de litispendencia, siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) La norma general o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; b) Ese juicio esté pendiente de resolución; y, c) Ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Resulta aplicable por identidad de razones, la tesis del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Ahora bien, como se precisó con antelación, el acto tildado de inconstitucional en los juicios de amparo 1118/2018 y 1172/2018, ambos del índice de éste juzgado, se hace consistir en el acuerdo de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el cuaderno de ejecución de sentencia número 38/2016 derivado del juicio contencioso administrativo número 63/2011/III, promovido por el tercero interesado Hugo Mora Díaz; la irregularidad del procedimiento de ejecución por vicios formales en la integración de la relación jurídica procesal, que hace imposible su ejecución; y la imposición de una multa consistente en cien Unidades de Medida y Actualización consistente en $8,004 (ocho mil cuatro pesos 00/100 M.N.); y el requerimiento de pago y su ejecución, actos que fueron reclamados a las autoridades responsables Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, y del Jefe de la Oficina de Hacienda de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ambas con residencia en esta ciudad, de ahí que se concluya que ambas demandas son idénticas, asimismo, la primera de ellas se encuentra en trámite en razón de que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el veintinueve de enero del año en curso. En mérito de lo anterior, lo que procede es sobreseer el presente juicio de garantías fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 61, fracción X de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado en propio) En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. De igual forma, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que obran en el diverso controvertido 1118/2018, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo que dio origen al presente litigio, no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías."

  4. Principal

    Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad denominada Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes; sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su informe, la cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, dada la voluminosidad de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, para un mejor manejo del expediente fórmese un tomo por separado, colocándole la carátula correspondiente para su identificación; sin embargo, para efectos de integrar el expediente judicial y su modalidad electrónica, desglósese la resolución o auto que constituye el acto reclamado, así como aquellas constancias que guarden relación directa con dicho acto, y agréguense al juicio de amparo en que se actúa, en el entendido de que únicamente se digitalizarán las constancias que se desglosaron, en virtud de que resultan necesarias para sustentar el presente proveído. Por otra parte, toda vez que a la fecha no ha sido emplazado a juicio el tercero interesado Hugo Mora Díaz y como se advierte de las constancias que remitió la autoridad responsable a su informe justificado, su autorizado señaló como domicilio procesal el ubicado en calle Río Papaloapan, número 107, planta alta, entre calle Río Vinazco y Avenida Rafael Murillo Vidal, Colonia Cuauhtémoc, de esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), por conducto de cualesquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado, se ordena llevar a cabo su legal emplazamiento, en el domicilio antes citado, haciéndole entrega de la copia autorizada de la demanda de amparo, así como del auto admisorio; lo anterior, a efecto de tener debidamente integrado el juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, deberá hacerle de su conocimiento que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos del seis de febrero de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional.

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