Arturo Gaona Castañeda

Expediente 1051/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1051/2016
Año
2016
Actuaciones
19
Última actuación
08/06/2017

Partes del expediente

  • Arturo Gaona Castañeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ciudad de México, a ocho de junio de dos mil diecisiete. Agréguese en autos el oficio de cuenta, proveniente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por el que se acusa recibo del diverso "33228/2017" de uno de los actuales, e informa a este órgano de control constitucional que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la parte quejosa, quedando registrado con el número R.P. 154/2017.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en esas condiciones, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del ocurso de expresión de agravios y en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se encuentre integrado el expediente, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, el original del impreso mencionado y los presentes autos, para la sustanciación del recurso de referencia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, fórmese cuaderno de antecedentes. Con apoyo en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación reglamentaria, notifíquese vía fax a la autoridad responsable foránea. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 245 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 1993, Octava Época, del rubro siguiente: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX, VALOR PROBATORIO DE LOS".

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1051/2016 promovido por Arturo Gaona Castañeda, contra actos del juez Penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de Juez de Control, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad (fojas 2 a 7), que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el promovente del juicio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. II. El solicitante del amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, e indicó que se violaron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto de la misma fecha se admitió la demanda bajo el orden 1051/2016; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional (fojas 8 y 9). IV. Glosado a los autos el informe justificado solicitado a la autoridad judicial responsable (foja 19), en auto de trece de diciembre siguiente se ordenó correr traslado a la representación social que intervino en el procedimiento penal del cual derivó el acto reclamado, y se tuvo como tercero interesada a la menor de identidad reservada cuyas iniciales son R.N.C.P. (fojas 40 y 41), quien se emplazó a juicio por conducto de Lucina Plascencia Castillo el veinte del mes último en cita (foja 58). V. Por impresos presentados el cinco y seis de enero de este año, el autorizado del quejoso ofreció diversas pruebas en favor de los intereses del amparista (fojas 66 y 67, 77 y 78), sin que se acordara de conformidad en esas mismas fechas (foja 74 y 83). VI. Inconforme con el primer pronunciamiento destacado en el resultando anterior, diverso autorizado al oferente interpuso recurso de queja contra dicha determinación (fojas 92 a 98) y de igual forma, planteó ampliación de demanda respecto de conceptos de violación (fojas 99 a 103), por lo que en atención a ello, mediante acuerdo de once de enero último se tuvo por interpuesto el mencionado medio de impugnación, se suspendió el procedimiento, y se reservó proveer respecto del planteamiento de ampliación referido (foja 104 y 105). VII. Del recurso interpuesto correspondió conocer al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien al resolver los autos de la Q. P. 12/2017, la declaró infundada (fojas 124 a 132), por lo que el treinta y uno de marzo pasado se reanudó el procedimiento, señalándose fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional (fojas 133 y 134), que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede (foja 144); y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el orden 169 aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese contexto, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias del expediente, se aprecia y se precisa que los actos reclamados en el presente juicio son la orden de aprehensión librada contra el quejoso, así como su ejecución. Actos que fueron atribuidos a las siguientes autoridades: a) Juez Penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de Juez de Control (en su carácter de ordenadora); b) Procurador General de Justicia del Estado de México; y jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad (en su carácter de ejecutoras). TERCERO. No es cierto el acto de ejecución atribuido a la autoridad precisada en primer término en el inciso b) de la anterior consideración, pues así la manifestó al rendir informe de ley (foja 17), sin que de autos se aprecie prueba alguna en contrario. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. CUARTO. Son ciertos los actos reclamados atribuidos a las restantes autoridades responsables que han sido precisadas en la segunda consideración de este fallo, pues así lo manifestaron al rendir informe justificado (fojas 15 y 19), lo que se corrobora con las constancias que acompañó la autoridad judicial a dicho comunicado, incluida la videograbación respectiva, en que se advierte que el cinco de agosto de dos mil dieciséis, giró orden de aprehensión contra el quejoso, por el hecho que la ley considera como delito de violación equiparada; documentales que tienen valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. En atención a que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni este juzgado advierte de oficio que se actualice alguna, procede analizar los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Son infundados los conceptos de violación formulados por el justiciable, sin que se aprecie materia para suplir su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar el la protección de la Justicia Federal que solicita. En principio es imprescindible mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que al emitirse una orden de aprehensión, es posible que se violen derechos fundamentales distintos a los previstos en el artículo 16 constitucional. Dicho argumento se encuentra plasmado en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 285 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, que en su rubro dice "ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL". Del contenido de dicha jurisprudencia es notable que si bien es cierto el artículo 16 constitucional dispone lo referente al libramiento de una orden de aprehensión, no menos acertado es que en ninguna parte del mismo precepto se ordena que para librar cualquier orden de aprehensión únicamente debe atenderse a lo establecido en dicho numeral. Y es que en un caso como el que se analiza, en que se reclamó una orden de aprehensión, se concluyó que no había que descartar la posibilidad jurídica de que se pudieran violar los derechos fundamentales del gobernado que prevé el artículo 14 constitucional, ya que los derechos tutelados por la Carta Magna, no pueden restringirse para determinados actos de molestia, sino que su protección y aplicabilidad debe realizarse de manera armónica con todas las disposiciones que los contengan. De ahí que sea válido sustentar la aplicabilidad del artículo 14 constitucional, cuando se reclama el libramiento de una orden de aprehensión, pues ese acto privativo de libertad -molestia- puede vulnerar distintos derechos fundamentales consagrados en diversos artículos de la Carta Fundamental, y de adoptar un criterio limitativo, sería tanto como desconocer el mínimo de prerrogativas que tiene el gobernado, las cuales son la base jurídica y legal sobre las que descansa el sistema jurídico mexicano. Así, de manera clara se advierte que en el caso no se ha transgredido dicho precepto constitucional. Lo anterior, en tanto que al librarse la orden de aprehensión reclamada no se aplicó una ley retroactivamente en perjuicio del inconforme, por el contrario, se aplicó una ley que fue expedida con anterioridad al hecho, pues cuando aconteció el evento materia de la consignación, esto es, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, el Código Penal para esta ciudad, en específico, el artículo 181 BIS, párrafo segundo, que prevé la descripción típica que se estimó acreditada en el acto reclamado, ya estaba vigente, en tanto que el respectivo decreto en que se adicionó dicha disposición fue publicado el veintiséis de septiembre de dos mil siete en la Gaceta Oficial de esta ciudad, y entró en vigor el día siguiente. Y además, porque de acuerdo con el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció que el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entraría en vigor cuando lo estableciera la legislación secundaria correspondiente, sin exceder del plazo de ocho años contado a partir del día siguiente al de la publicación del respectivo decreto; además se imponía la obligación a la Federación, los Estados y el Distrito Federal (hoy Cuidad de México) de expedir los ordenamientos legales que fueran necesarios, a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio, de igual forma que en el momento que publicaran los mismos emitieran una declaratoria en la que se señalara expresamente que el sistema procesal acusatorio había sido incorporado en sus ordenamientos. En ese tenor, fue el trece de agosto de dos mil catorce en que la Asamblea Legislativa de esta ciudad emitió el decreto por el que se declaró la incorporación del sistema procesal penal acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico de esta ciudad, publicándose el catorce de dicho mes en la Gaceta Oficial de esta ciudad, y entrando en vigor al día siguiente. Se estableció que dicho instrumento jurídico regularía la forma y términos en que se sustanciarían los procedimientos penales respecto de los hechos que ocurrieran a partir de: 1. Las cero horas del día dieciséis de enero de dos mil quince para los delitos culposos y aquellos que se persiguen por querella o acto equivalente de parte ofendida, así como los actos de investigación que requieran autorización previa del juez de control, inherentes a estos delitos; y 2. Las cero horas del día dieciséis de junio de dos mil dieciséis para todos los demás delitos que son competencia de los jueces de esta ciudad -con excepción de los diversos delitos que se precisaron en distinto decreto publicado en el mismo medio de difusión el seis de octubre de dos mil quince, entre los que no se incluye el atribuido al amparista- así como la aplicación de los actos de investigación que requieran autorización previa del juez. En esas condiciones, si el evento que se estimó delictivo aconteció el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, es incuestionable que en el caso concreto ya tenía aplicación la citada reforma constitucional a efecto de que se iniciara la investigación bajo el sistema procesal penal acusatorio y oral. Asentado lo anterior, y a efecto de continuar con el análisis del asunto puesto a consideración de este órgano de control constitucional, es preciso puntualizar que los requisitos de forma y fondo para el libramiento de una orden de aprehensión, se obtienen del artículo 16, primero y segundo párrafos (tercero en la época en que se dictó el acto reclamado), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente se reproduce a continuación: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. . No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. .". En consonancia con ello, dado el supuesto que aconteció en el caso a estudio, los artículos 141, fracción III, y 143 (vigente en la época del pedido), ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: . III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. .". "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, o a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público". De los preceptos transcritos se concluye que para ordenar la aprehensión del imputado, en principio, deben converger los siguientes elementos o requisitos de forma: a) Se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; y b) Que en la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público, se especifique el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. En cuanto a los elementos o requisitos de fondo, se puntualizan los siguientes: c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y d) Exista la necesidad de cautela. Así, respecto de los requisitos o elementos de forma descritos en los incisos a) y b) se estableció que existe la denuncia de hechos formulada por Lucina Plasencia Castillo, madre de la menor agraviada de identidad reservada identificada con las iniciales R.N.C.P, respecto de un hecho que la ley señala como delito de violación equiparada, previsto en el artículo 181 BIS, párrafo segundo, en su hipótesis de Al que introduzca en una persona menor de doce años de edad, por vía vaginal, cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, con fines sexuales, en términos de los numerales 15 (acción), 17, fracción I (delito instantáneo), 18, (dolo directo), y 22, fracción I (lo realicen por sí), todos del Código Penal para esta ciudad; aspectos que encuentran sustento en los antecedentes de la investigación expuestos por el agente del Ministerio Público en la audiencia correspondiente, por lo que desde ahora se puede establecer, sin que ello implique adelantar un pronunciamiento relacionado con el fondo del asunto, que la orden de aprehensión reclamada se dictó en congruencia con los hechos que fueron motivo del pedido ministerial, en que además, se estableció el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del mismo. Bajo esas condiciones es indudable que la resolución reclamada se encuentra adecuada y suficientemente fundada y motivada. Lo anterior, porque además de que la autoridad judicial responsable apoyó su decisión en los artículos constitucionales, procesales y sustantivos que estimó aplicables, expuso las razones particulares que tuvo para arribar a la conclusión a la cual llegó, pues explicó la forma en que a su criterio, y más allá de cualquier duda razonable, los datos de prueba en su conjunto, permitían tener acreditado el hecho que la ley señala como delito de violación equiparada, así como la probabilidad de que el quejoso intervino en su comisión, con lo cual adecuó los hechos materia de la solicitud al supuesto típico sujeto a comprobación, con lo cual satisfizo la exigencia de fondo descrita en el inciso c) precitado. En ese orden de ideas, esto es, en cuanto al análisis de fondo del asunto, la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, ha establecido que la emisión de una resolución como la que se reclama, no requiere de una previa tarea investigadora reforzada, pues sólo debe contener elementos suficientes para justificar, racionalmente, que el imputado hubiese sido presentado ante el juez de control; en otras palabras, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo habrá de justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo. Argumento sustentado en la tesis visible en la página 168 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, julio de 2014, Tomo I, que en su rubro dice "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SUS DIFERENCIAS CON EL PROCESO PENAL MIXTO EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN", así como en la diversa emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la página 2320 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, febrero de 2017, Tomo III, que en su rubro dispone "ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL". Pues bien, este órgano de control constitucional estima que la autoridad que emitió el acto reclamado no transgredió derecho subjetivo alguno en perjuicio del quejoso, al considerar acreditado un hecho que la ley señala como delito de violación equiparada, previsto en el artículo 181 Bis, párrafo segundo, del Código Penal para esta ciudad, y estimar probable que el quejoso intervino en su comisión. Precepto que a la letra dice: "ARTÍCULO 181 BIS. Al que realice cópula con persona de cualquier sexo menor de doce años, se le impondrá prisión de ocho a veinte años. Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que introduzca en una persona menor de doce años de edad por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, con fines sexuales. ." Al resolver sobre la procedencia de la orden de aprehensión reclamada, bajo el valor de la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social, se estableció que la hipótesis del hecho relativo consistía en "Al que introduzca en una persona menor de doce años de edad, por vía vaginal, cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, con fines sexuales". Ahora, en cuanto a la acreditación del hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas -todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación-, sino con datos de prueba -referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional-; pues en esta fase debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor. Argumento anterior que por identidad fue retomado de la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 757 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 1, del rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO 'HECHO ILÍCITO' DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)". Consecuentemente, a efecto de constatar que no existe transgresión alguna en perjuicio del solicitante del amparo, es menester señalar que los datos de prueba a partir de los cuales se sustentó la solicitud de aprehensión contra el quejoso, derivan de la entrevista realizada a Lucina Plascencia Castillo, así como a la menor de identidad reservada identificada con las iniciales R.N.C.P., e incluso con el contenido del acta de nacimiento de esta última, para establecer su edad. Además, también se tomaron en consideración tanto el dictamen que en materia de medicina se recabó en la investigación, como la diversa opinión que en la materia de psicología se agregó a la carpeta, en que respectivamente se estableció que derivado del examen ginecológico realizado a la menor agraviada, se constató una laceración reciente en la horquilla y que presentaba himen bilabiado íntegro elástico, de los que permiten la penetración sin desgarrarse; y que la menor de referencia, tenía alteraciones en su estado emocional que resultaban atribuibles al hecho descrito materia de la investigación. Con base en lo anterior, el agente del Ministerio Público expuso las razones, que se aprecian en la videograbación relativa, a través de las cuales solicitó la aprehensión contra el quejoso, pues aseveró que existen datos suficientes para establecer que se cometió el hecho que la ley señala como delito de violación equiparada, acorde con las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución relatadas por la ofendida y menor agraviada; asimismo, afirmó que probablemente el imputado intervino en tal hecho en calidad de autor material, de conformidad con el artículo 22, fracción I, del Código Penal para esta ciudad. Así, con base en la precisión preliminar realizada por el agente del Ministerio Público, el juez responsable pronunció su determinación, en que estimó acreditado el hecho configurativo del delito de violación equiparada, en que el quejoso probablemente intervino en su comisión. Tal evento, en esencia y congruente con la forma en que se desarrolló la audiencia correspondiente, en términos del artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estableció por escrito de la siguiente manera: "El día diecisiete de junio de este año, a las veinticuatro horas aproximadamente, se encontraba la menor de edad con iniciales R.N.C.P., cuyo nombre no se revela por cuestiones de privacidad; este domicilio se ubica en la Cerrada de Girasoles, sin número, en la colonia Toltenco, en la delegación Xochimilco, estaba acostada en una cama que es la de su mamá, del lado viendo hacia la pared, momento en el que siente que le tocan su pie, observa que se trata de un ex compañero de trabajo de la mamá, cuyo nombre es ARTURO GAONA CASTAÑEDA, que es el ahora imputado, quien mete las manos debajo de las cobijas, baja el pantalón de la pijama de la menor, se acuesta a un lado de ella también viendo hacia la pared, la abraza, con la mano derecha baja la pantaleta de la menor hasta los tobillos, le acaricia el pecho por poco tiempo; en este caso sólo contamos con la manifestación de la menor, quien refiere que esto es muy poquito tiempo, es entendible dado el desarrollo que presenta de inmadurez la menor por tener sólo once años de edad; el imputado baja su mano izquierda, mete uno de sus dedos en la vagina de la menor y hace movimientos, debido a uno de esos movimientos, ella siente un pequeño piquete en su vagina, que le provoca ardor; respecto del tiempo también dice que fue poquito lo que esto ocurre, ella permanece con los ojos cerrados debido al temor que esto le causa. En ese momento ladra un perro, el imputado se asoma para revisar si se trataba de alguna persona que se iba acercar al domicilio, posteriormente se vuelve a situar en la cama pero ahora ya sentado; en esos momentos llega la mamá que es la señora LUCINA PLASCENCIA CASTILLO, quien ve al imputado, cuestionándolo ¿por qué se encuentra en el domicilio?, salen de éste, pero previamente la menor le platica a su mamá lo que había ocurrido, ella por una cuestión de reacción natural le reclama al imputado y este al verse sorprendido es que emprende la huida en un vehículo, sin lograr su detención" (sic). Con base en esta precisión del evento fue que la responsable ordenó la aprehensión del quejoso. Conclusión que este órgano de control constitucional considera justificada, porque como acertadamente se estableció, los datos de prueba que legalmente fueron valorados de manera libre y lógica, acorde con el artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son eficaces hasta la etapa procedimental que se analiza para demostrar el hecho ilícito, así como la probabilidad de que el justiciable intervino en su comisión, pues revelan que introdujo, por vía vaginal, uno de sus dedos en una persona menor de doce años de edad, con fines sexuales. Circunstancia que con acierto advirtió el juez responsable a partir de los datos prueba que fueron proporcionados por el agente del Ministerio Público, entre cuya información destaca lo expuesto por la ofendida y menor agraviada, siendo esta última la que relató las circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al justiciable, y aquélla, la ubicación del amparista en el lugar en que aconteció el hecho estimado delictivo, así como su identificación. De igual forma, fue legal que el juez de origen ponderara el contenido de los dictámenes que en materia de medicina y psicología fueron recabados en la investigación. La razón, porque en aquél se precisó que al realizarse un examen ginecológico a la menor agraviada, además de que presentaba himen íntegro elástico -que permite la penetración sin desgarrarse-, se constató que también presentaba una laceración reciente en la horquilla; peculiaridad que le permitía al juez responsable establecer que lo narrado por la menor agraviada era congruente y que destruía cualquier situación de duda en cuanto a su credibilidad. Y en cuanto a la diversa experticia, su relevancia en el asunto estribó en la conclusión de que la menor víctima había presentado diversas situaciones compatibles con la de una menor agredida sexualmente. Ahora, no obstante que jurisprudencialmente se ha determinado que los alegatos de las partes no forman parte de la controversia, en el caso se estima pertinente señalar que de conformidad con las manifestaciones contenidas en el impreso presentado el pasado once de enero, sustentadas en la tesis de rubro "VIOLACIÓN EQUIPARADA. NO SE CONFIGURA SI EL ACTIVO MANIPULA CUALQUIER PARTE DE LA VULVA, PORQUE ES UNA REGIÓN EXTERNA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO, DIFERENTE A LA VAGINA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)", no ha lugar a hacer un pronunciamiento específico respecto de su aplicación en el caso a estudio, en tanto que el mismo Tribunal que la emitió abandonó dicho criterio al emitir la diversa tesis de rubro "VIOLACIÓN EQUIPARADA. PARA CONSIDERAR AGOTADO ESTE DELITO, BASTA LA INTRODUCCIÓN DEL OBJETO O INSTRUMENTO DISTINTO DEL PENE EN LA VÍCTIMA, VÍA VAGINAL O ANAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL HIMEN PERMANEZCA ÍNTEGRO, DE LA PROFUNDIDAD DE LA PENETRACIÓN O DE QUE ÉSTA SEA PARCIAL (ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LAS TESIS XX.2o.100 P Y XX.2o.101 P)"; más aún si en esencia se comparten las consideraciones que integran esta última, y en la especie, ha quedado evidenciada la invasión al cuerpo de la víctima por la vía vaginal, que es suficiente para establecer que el bien jurídico tutelado por la norma penal ha sido lesionado. Por último, también fue correcto que se ponderara el acta de nacimiento de la menor agraviada, con la cual se corroboró que al momento del evento destacado tenía once años de edad. Además, es importante destacar, como se dijo, que el artículo 16 constitucional establece la probabilidad de que el indiciado cometió o participó en la comisión del hecho delictivo, lo que implica que los datos recabados hasta la etapa procedimental sólo deben reunir el estándar probatorio necesario para satisfacer tal extremo. Ahora, respecto del último de los requisitos de fondo que se identificó con el inciso d), relativo a la existencia de la necesidad de cautela, fue adecuado que la responsable la estimara demostrada para poder conducir con éxito al quejoso hacia el procedimiento. Lo anterior, porque la privación de la libertad sólo ocurre en el tiempo en el que es presentado a una audiencia, donde conforme al principio de presunción de inocencia, comparece libre en su persona; de ahí que la orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, por sí misma, constituye un acto mediante el cual sólo se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado y su finalidad es la de pasar a una segunda etapa de investigación supervisada por la autoridad judicial, una vez realizada la imputación y dictado el auto de vinculación a proceso. En apoyo a lo expuesto se tomó en consideración la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 2319 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, febrero de 2017, Tomo III, que en su rubro dice "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. POR SÍ MISMA, CONSTITUYE UN ACTO MEDIANTE EL CUAL SÓLO SE RESTRINGE PROVISIONALMENTE LA LIBERTAD AMBULATORIA DEL IMPUTADO Y SU FINALIDAD ES PASAR A UNA SEGUNDA ETAPA DE INVESTIGACIÓN SUPERVISADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, UNA VEZ REALIZADA LA IMPUTACIÓN Y DICTADO EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO". Por tanto, si en el caso fueron ponderadas diversas circunstancias para establecer la necesidad de cautela, por ejemplo, que al amparista no se le logró localizar con base en diversas acciones emprendidas para tal efecto por parte de la ofendida, que no se cuenta con información del vehículo en que se dijo huyó del lugar en que se suscitó el evento que se le atribuye, que no se tiene registró de licencia alguna en su nombre, y de mayor importancia, que el hecho que la ley señala como delito por el que se solicitó la aprehensión del promovente de este juicio, en términos del artículo 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, merece prisión preventiva oficiosa, es evidente que como se anunció, ha quedado demostrada la existencia de la necesidad de cautela para que en un caso como el analizado, proceda ordenar la aprehensión de una persona. Con base en lo expuesto, este órgano de control constitucional estima que se encuentran satisfechos los requisitos de forma y fondo que exige el artículo 16 constitucional, así como los diversos 141, fracción III, y 143 (vigente en la época del pedido), del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el libramiento de una orden de aprehensión, ya que de los datos de prueba mencionados se advierte que son suficientes hasta este momento, para establecer que se ha cometido un hecho configurativo del delito de violación equiparada y existe probabilidad de que el quejoso intervino en su comisión; máxime que no es requisito indispensable en dicha resolución tener pruebas plenas o contundentes para acreditar la probable responsabilidad penal del peticionario del amparo, sino sólo datos que hagan probable su intervención o participación; de ahí que sea infundado el concepto de violación relativo a que la determinación reclamada no está adecuadamente fundada y motivada. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó el quejoso contra la orden de aprehensión librada en su contra por el juez Penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de Juez de Control. Negativa de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado del jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Por las razones expuestas en la tercera consideración de este fallo, se sobresee en el juicio contra el acto de ejecución atribuido al procurador General de Justicia del Estado de México. SEGUNDO. Por los motivos expuestos en la última consideración de esta determinación, la Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Arturo Gaona Castañeda, contra la orden de aprehensión emitida por el juez Penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de Juez de Control, por haberse acreditado un hecho que la ley señala como delito de violación equiparada, y estimar probable que intervino en su comisión, ni contra su ejecución atribuida al jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad.

  4. Principal

    Ciudad de México, a treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a través del cual remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja Q.P. 12/2017, la copia certificada de diversas constancias que integran el juicio de amparo 1051/2016, que le fue remitida para la sustanciación del referido medio de impugnación, así como 1 disco compacto, y 1 sobre amarillo que contiene datos respecto de la parte tercera interesada; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, acúsese recibo e infórmese a las partes que el órgano revisor determinó: "ÚNICO. Es INFUNDADA la queja interpuesta por DANY ISAAC GARFIAS BENÍTEZ, autorizado del quejoso ARTURO GAONA CASTAÑEDA". Atento a lo anterior, se reanuda el procedimiento. Consecuentemente, se señala el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, a las once horas con cuarenta minutos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora, del estado de autos se advierte que en proveído de once de enero pasado (fojas 104 y 105), se reservó proveer lo conducente respecto del escrito firmado por el autorizado de la parte quejosa (fojas 99 a 103), hasta en tanto se reanudara el procedimiento, lo que en el caso acontece. Por tanto, del impreso que se provee se advierte que el autorizado de la quejosa promueve ampliación de demanda de amparo respecto de los conceptos de violación. Atento a lo anterior, no ha lugar a proveer de conformidad por las consideraciones que se explican a continuación. En principio, debe establecerse que la ampliación de demanda, en términos del artículo 111, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que se ha emitido respecto de ese tópico, es una figura jurídica que confiere a los promoventes del amparo el derecho para incorporar a la litis constitucional, diversas autoridades responsables, actos reclamados y conceptos de violación; empero, ese derecho debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia, que de acuerdo con dicho dispositivo son: No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda de amparo. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. Resulta ilustrativa, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, del rubro siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE". Lo anterior se afirma porque de constancias se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado por el que pretende ampliar la demanda respecto de los conceptos de violación el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que es evidente que el plazo de quince días transcurrió del quince de diciembre de ese año al cuatro de enero de dos mil diecisiete; de ahí la extemporaneidad de la ampliación que se plantea, pues el escrito de referencia se recibió en este juzgado el once de enero del año que transcurre. En tal virtud, únicamente ténganse por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de tenerlas por reproducidas en la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 124 de la legislación de la materia.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,848 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano