Arturo Franco Torres

Expediente 156/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
156/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
30/04/2018

Partes del expediente

  • Arturo Franco Torres
  • Celina Figueroa Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    ...Agréguese el oficio número 1211, signado por la Juez Segundo de lo Familiar de este Distrito Judicial, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de dieciocho de los actuales, adjunta copias certificadas de la resolución dictada el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del toca I-56/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Celina Figueroa Hernández, en contra de la sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por la autoridad de cuenta en los autos del juicio ordinario familiar 499/2016, que sobre divorcio necesario y otras prestaciones promovió la aquí tercera interesada frente al quejoso. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Es así, en razón a que para la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y turnado el día siguiente a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, José Miguel Rodríguez Martínez, en cuanto apoderado de Arturo Franco Torres, promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la Juez Segundo de lo Familiar de este Distrito Judicial y otra autoridad, consistentes en: "La violación a la garantía de audiencia y al debido proceso judicial seguido en contra de mi mandante, bajo el número 499/2016, que sobre divorcio necesario promovió la señora Celina Figueroa Hernández y del cual conoció la autoridad responsable; y en específico el indebido emplazamiento que con fecha 28 veintiocho de Septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, practicó la Licenciada Alejandra Munguía Viveros, actuaria del Juzgado Segundo de lo Familiar de Morelia, Michoacán, dentro del precitado expediente, sin haber seguido las formalidades esenciales en dicho acto, ni haberse cerciorado por los medios de ley, previamente al emplazamiento, sobre la radicación de mi mandante dentro del domicilio en que practicó dicha diligencia de notificación.". Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas al oficio de cuenta, consistente en la resolución dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dentro del toca I-56/2018, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio ordinario familiar del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, el quejoso señaló como acto reclamado el ilegal emplazamiento realizado dentro del juicio 499/2016, que sobre divorcio necesario promovió Celina Figueroa Hernández, también lo es que en segunda instancia se dejó insubsistente dicho emplazamiento, según se advierte de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las ONCE HORAS DEL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO...

  2. Principal

    .En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte tercero interesada, el acuerdo de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: ...Agréguese el oficio número 1211, signado por la Juez Segundo de lo Familiar de este Distrito Judicial, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de dieciocho de los actuales, adjunta copias certificadas de la resolución dictada el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del toca I-56/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Celina Figueroa Hernández, en contra de la sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por la autoridad de cuenta en los autos del juicio ordinario familiar 499/2016, que sobre divorcio necesario y otras prestaciones promovió la aquí tercera interesada frente al quejoso. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Es así, en razón a que para la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y turnado el día siguiente a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, José Miguel Rodríguez Martínez, en cuanto apoderado de Arturo Franco Torres, promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la Juez Segundo de lo Familiar de este Distrito Judicial y otra autoridad, consistentes en: "La violación a la garantía de audiencia y al debido proceso judicial seguido en contra de mi mandante, bajo el número 499/2016, que sobre divorcio necesario promovió la señora Celina Figueroa Hernández y del cual conoció la autoridad responsable; y en específico el indebido emplazamiento que con fecha 28 veintiocho de Septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, practicó la Licenciada Alejandra Munguía Viveros, actuaria del Juzgado Segundo de lo Familiar de Morelia, Michoacán, dentro del precitado expediente, sin haber seguido las formalidades esenciales en dicho acto, ni haberse cerciorado por los medios de ley, previamente al emplazamiento, sobre la radicación de mi mandante dentro del domicilio en que practicó dicha diligencia de notificación.". Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas al oficio de cuenta, consistente en la resolución dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dentro del toca I-56/2018, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio ordinario familiar del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, el quejoso señaló como acto reclamado el ilegal emplazamiento realizado dentro del juicio 499/2016, que sobre divorcio necesario promovió Celina Figueroa Hernández, también lo es que en segunda instancia se dejó insubsistente dicho emplazamiento, según se advierte de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las ONCE HORAS DEL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO...

  3. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que está transcurriendo el término de tres días concedido a la autoridad responsable Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, para que remita copia certificada de la totalidad de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del toca I-56/2018. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las ONCE HORAS DEL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO...

  4. Principal

    ...Agréguese el oficio número 999, signado por la Juez Segundo Familiar de este Distrito Judicial, al que adjunta copia certificada de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del toca I-56/2018, con las cuales se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga...

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