Arturo Figueroa Zavala

Expediente 714/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 26 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
714/2018
Año
2018
Actuaciones
26
Última actuación
10/09/2019

Partes del expediente

  • Fulgencio Rangel Juárez
  • Arturo Figueroa Zavala
  • ARTURO FIGUEROA ZAVALA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    A sus autos el oficio de cuenta; en atención a su contenido, se tiene al juez Único Civil de Partido en Uriangato, Guanajuato informando que recibió la misiva 12607/2019, por el que se le remitió copia certificada del testimonio emitido dentro del amparo en revisión civil 56/2019.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se concedió a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos; consecuentemente, este Juzgado Federal, en atención a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, de oficio procede a determinar si se cumplió o no. En sentencia de once de enero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, pues se estimó que en el caso concreto, al momento de la emisión del fallo reclamado, se soslayó tomar en consideración el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: COSTAS. DEBEN CUANTIFICARSE CONFORME A LA LEY VIGENTE EN LA FECHA EN QUE SE DICTA LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).-Los artículos 140 y 141 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establecen el sistema para la condena en costas, su tramitación y la parte a quien corresponde regularlas, así como la forma de liquidarlas. Ahora bien, las costas representan el conjunto de gastos que origina el proceso para los litigantes, comprendiendo el importe de los honorarios de los abogados y los necesarios para desahogar las diligencias solicitadas durante aquél; por ello son de naturaleza procesal y, aunque se les considera accesorias de la sentencia pronunciada en el juicio principal, son independientes en tanto que no están ligadas ni dependen del derecho sustancial reconocido en aquélla. En ese orden de ideas, una vez que el pago de costas ha sido declarado procedente por el órgano jurisdiccional en la sentencia definitiva, inicia la etapa de liquidación, regulación, determinación, cuantificación o tasación, pues si ya se impuso la condena, sólo queda traducirla a cantidad líquida. En consecuencia, si la materia de las costas causadas pertenece al ámbito procesal porque tienen su origen en el proceso y están reglamentadas por las leyes procesales, además de que su imposición es una de las consecuencias derivadas de la sentencia, resulta indudable que deben cuantificarse de acuerdo con la ley vigente en la fecha en que se dicte dicha sentencia, que es en donde se define la responsabilidad de quien debe indemnizarlas. Lo anterior, en tanto las costas son erogaciones por todo el proceso, y sólo al dictarse sentencia se puede tener conocimiento de su costo real actualizado; adicionalmente, no se causan en todos los juicios, y es sólo hasta que se surte la hipótesis específica que se actualiza la obligación de su pago Además de que se estableció como parámetro del valor del inmueble materia de la controversia inicial, el que detentaba al momento de la presentación de la primigenia demanda (veinticuatro de septiembre de dos mil doce), cuando, acorde con la interpretación del citado criterio jurisprudencial invocado, debe ser aquel que tiene al momento del dictado de la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen. En esa medida, los efectos de la protección federal fueron para que la responsable: Deje insubsistente la resolución de quince de agosto de dos mil dieciocho; y, Con plenitud de jurisdicción, dicte la resolución que corresponda, pero donde reitere los aspectos que no son materia de concesión, y subsane la omisión aquí destacada; asimismo, deberá puntualizar, en caso de existir, las restricciones o consideraciones que estime prudentes respecto el valor del inmueble materia de la pugna inicial, con motivo de la medida de mantención de hechos decretada en autos El doce de agosto de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable, magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal del Estado, el cumplimiento del fallo protector. Por su parte, la autoridad responsable mediante oficio recibido el veinte de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes de este juzgado federal, allegó copia certificada de la resolución de dieciséis de agosto, dictada en el toca ***de su índice, de la que se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: En cuanto al diverso agravio de la quejosa consistente en que para efecto de establecer el monto a que se refiere la fracción III del numeral 15 de la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales del Estado le causa agravio que el juzgador haya tomado en consideración el valor actual del inmueble materia de la litis cuando debió considerar el valor que tenía al mismo momento de presentarse la demanda, es decir, el 24 de septiembre del año de dos mil doce, tal concepto de agravio deviene infundado en atención a los lineamientos de la ejecutoria que se cumplimenta conforme a lo siguiente: Lo correcto era que el juez primigenio atendiera a la data en que se dictó la sentencia definitiva de segunda instancia en el juicio de que deriva el incidente de liquidación de costas, pues si la materia de las costas causadas pertenece al ámbito procesal porque tienen su origen en el proceso y están reglamentadas por las leyes procesales, además de que su imposición es una de las consecuencias derivadas de la sentencia, resulta indudable que deben cuantificarse de acuerdo con la fecha en que se dicta dicha sentencia definitiva, que es donde se define la responsabilidad de quien debe indemnizarlas. Lo anterior, en tanto las costas son erogaciones por todo el proceso, y solo al dictarse sentencia se puede tener conocimiento de su costo real actualizado; adicionalmente no se causan en todos los juicios, y es sólo hasta que se surta la hipótesis específica que se actualiza la obligación de su pago. Al respecto la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal en la siguiente jurisprudencia se pronunció al respecto: COSTAS. DEBEN CUANTIFICARSE CONFORME A LA LEY VIGENTE EN LA FECHA EN QUE SE DICTA LA SENTENCIA DEFINTIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). (la transcribe).De ahí entonces resultó ilegal que el juez primigenio tomara en consideración el valor actual del bien inmueble materia de la cuestión litigiosa conforme al dictamen pericial emitido por los peritos de las partes, pues lo correcto era que considerara el valor de aquél en el año 2014 cuando se emitió la sentencia en esta segunda instancia (seis de enero 2014) Luego, como se desprende de la certificación de cuenta, la parte quejosa y tercera interesada no emitieron pronunciamiento alguno; además la protección federal se otorgó para ese preciso efecto; por tanto, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en pleno goce de su garantía violada en términos del artículo 107 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo general Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del citado acuerdo, el presente expediente, es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se concedió el amparo debiéndose conservar el escrito de demanda y la resolución respectiva. Se dejan a disposición los documentos allegados por la parte quejosa, para efecto de su devolución.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se desprende por razón actuarial de veintidós del mes y año en curso, imposibilidad para llevar a cabo la notificación al quejoso del proveído de veintiuno de agosto de la presente anualidad. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese al citado dicho proveído y los subsecuentes por medio de lista. Sin que tal circunstancia vincule a la parte tercera interesada, toda vez que la imposibilidad es respecto del peticionario del amparo. De ahí que resulte innecesario cumplimentar lo acordado el veintitrés pasado. En cumplimiento a lo anterior se notifica el auto de referencia que en lo conducente dice:Agréguense el oficio signado por la magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, por el cual acusa recibo del oficio local 12606/2019 por el que se le notificó el auto de doce de agosto de la presente anualidad y adjunta las constancias con las que pretende acreditar que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o este juzgado dictará resolución en que se declare si el fallo protector se encuentra o no cumplido.

  4. Principal

    Vista la razón actuarial que antecede, se desprende la imposibilidad que tuvo la fedataria federal para llevar a cabo la notificación del auto de veintiuno de agosto de la presente anualidad al tercero interesado *********** por las razones que ahí se exponen. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese a la tercera en mención dicho proveído y los subsecuentes por medio de lista. En cumplimiento a lo anterior se notifica el auto de referencia que en lo conducente dice:Agréguense el oficio signado por la magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, por el cual acusa recibo del oficio local 12606/2019 por el que se le notificó el auto de doce de agosto de la presente anualidad y adjunta las constancias con las que pretende acreditar que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o este juzgado dictará resolución en que se declare si el fallo protector se encuentra o no cumplido.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

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