Arturo Fibela Hernández, representante especial

Expediente 48/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
48/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
23/02/2023

Partes del expediente

  • Marcelino Resendiz Vallejo y Otros.
  • Arturo Fibela Hernández, representante especial
  • Marcelino Resendiz Vallejo
  • Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes.  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.  Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue declarada sin materia la suspensión definitiva, es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse declarado sin materia la suspensión definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso d), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono********************(dentro de un horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    ÚNICO. Se deja sin materia la resolución respecto del acto reclamado a la autoridad señalada en el considerando cuarto de la presente resolución.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Marcelino Reséndiz Vallejo, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales I.R.V. y M.R.V.; el contenido de la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés: Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Representante especial acepta y protesta cargo. Agréguese a los autos el escrito con firma electrónica signado por Arturo Fibela Hernández, por el que en cumplimiento al auto de dieciséis de enero del año que transcurre, acepta y protesta el cargo de representante especial, de los menores de identidad reservada identificados con las iniciales I.V.R. y M.V.R.. En consecuencia, téngase a Arturo Fibela Hernández, aceptando y protestando el cargo de representante especial de los menores de identidad reservada identificados con las iniciales I.V.R. y M.V.R., sólo para efectos del presente juicio, discerniéndole del mismo, y concediéndole todas las facultades relacionadas para el mejor desempeño de su cometido. Autorizados. Ahora bien, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Salvador Cortes Carcaño, Maiakovski Alderete Martínez y Clara Yazmín Díaz Rivera, por si contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones por así haberlo solicitado a Jesús Antonio Aquino Ortega, Jessica Claudia Ponce de León Cea, Olimpia Atenea Salazar Pérez, Liliana Esmeralda Miranda Flores, Laura Angélica García Tamayo, Raúl Águila García, Lizbeth Sánchez Romero, María Elena Cuatepitzi Rodríguez, Kenia Ortega Estrada, Eduardo Ledezma Acosta y Jessica Gabriela Morales Jiménez, por así solicitarlo expresamente. Se autoriza consulta... Se autoriza uso de medios electrónicos. Asimismo, se autoriza, el empleo de medios electrónicos, en términos de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Por su aplicación, se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada I.3o.C.725 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, con el texto siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Comunicación no procesal Finalmente con fundamento en lo establecido en el precepto 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se tiene a la parte promovente proporcionando el número telefónico y correo electrónico que refiere, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Informes justificados. Agréguense los oficios signados por la Jueza y Secretaria Non adscritos al juzgado Primero de lo Familiar del distrito Judicial de Cuauhtémoc; atento a sus contenidos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendido su respectivo informe justificado. Vista a las partes Con el contenido de los informes de mérito, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. Autoridad responsable ofrece pruebas, se devuelve expediente original. Ahora bien, la autoridad responsable la Jueza Primero de lo Familiar del distrito Judicial de Cuauhtémoc, remite los autos originales del expediente número 35/2023, de su índice; sin embargo a fin de evitar mayores dilaciones procesales devuélvase el citado expediente, y únicamente agréguese copa certificada del auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés y su respectiva notificación, dictado dentro del expediente 35/2023. Por tanto, se tiene a la autoridad la Jueza Primero de lo Familiar del distrito Judicial de Cuauhtémoc, ofreciendo como prueba documental la consistente en copia certificada de del auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós y su notificación dentro del expediente 35/2023, de su índice, la que se admite y se desahogan dada su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Jueza Primero de lo Familiar del distrito Judicial de Cuauhtémoc, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "...Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de los actos reclamados. A efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la cual, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, para demostrar que en el caso cesaron los efectos de las abstenciones reclamadas, cabe recordar que esta consiste en la omisión Jueza Primero de lo Familiar del distrito Judicial de Cuauhtémoc, de emitir el acuerdo relativo a la radicación de demanda dentro del expediente número 35/2023. Por otra parte, de la constancia remitida por la Jueza Primero de lo Familiar del distrito Judicial de Cuauhtémoc, a la que se le otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se dictó el acuerdo de Admisión de demanda, dentro del expediente 35/2023, en el que la citada autoridad realizó pronunciamiento expreso al escrito del quejos presentado el diez de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, se advierte de las referidas documentales, que el veinte de enero de la presente anualidad, el Diligenciario adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar del distrito Judicial de Cuauhtémoc notificó a la parte quejosa Marcelino Resendiz Vallejo, el auto de admisión de dieciocho de enero del año que transcurre. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que las omisiones reclamadas por el quejoso dejaron de existir, pues el dieciocho de enero del año que transcurre, la autoridad responsable dictó el acuerdo de Admisión de demanda, respecto a su escrito presentado el diez de enero de dos mil veintitrés, mismo que fue notificado el veinte de enero siguiente, en el expediente 35/2023. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de las omisiones reclamadas, pues al ser abstenciones, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a las autoridades responsables a que actuaran en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con cuatro minutos del catorce de febrero de dos mil veintitrés), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Representante especial acepta y protesta cargo. Agréguese a los autos el escrito con firma electrónica signado por Arturo Fibela Hernández, por el que en cumplimiento al auto de dieciséis de enero del año que transcurre, acepta y protesta el cargo de representante especial, de los menores de identidad reservada identificados con las iniciales I.V.R. y M.V.R.. En consecuencia, téngase a Arturo Fibela Hernández, aceptando y protestando el cargo de representante especial de los menores de identidad reservada identificados con las iniciales I.V.R. y M.V.R., sólo para efectos del presente juicio, discerniéndole del mismo, y concediéndole todas las facultades relacionadas para el mejor desempeño de su cometido. Autorizados. Ahora bien, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Salvador Cortes Carcaño, Maiakovski Alderete Martínez y Clara Yazmín Díaz Rivera, por si contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones por así haberlo solicitado a Jesús Antonio Aquino Ortega, Jessica Claudia Ponce de León Cea, Olimpia Atenea Salazar Pérez, Liliana Esmeralda Miranda Flores, Laura Angélica García Tamayo, Raúl Águila García, Lizbeth Sánchez Romero, María Elena Cuatepitzi Rodríguez, Kenia Ortega Estrada, Eduardo Ledezma Acosta y Jessica Gabriela Morales Jiménez, por así solicitarlo expresamente. Se autoriza consulta... Se autoriza uso de medios electrónicos. Asimismo, se autoriza, el empleo de medios electrónicos, en términos de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Por su aplicación, se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada I.3o.C.725 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, con el texto siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Comunicación no procesal Finalmente con fundamento en lo establecido en el precepto 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se tiene a la parte promovente proporcionando el número telefónico y correo electrónico que refiere, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Informes justificados. Agréguense los oficios signados por la Jueza y Secretaria Non adscritos al juzgado Primero de lo Familiar del distrito Judicial de Cuauhtémoc; atento a sus contenidos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendido su respectivo informe justificado. Vista a las partes Con el contenido de los informes de mérito, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. Autoridad responsable ofrece pruebas, se devuelve expediente original. Ahora bien, la autoridad responsable la Jueza Primero de lo Familiar del distrito Judicial de Cuauhtémoc, remite los autos originales del expediente número 35/2023, de su índice; sin embargo a fin de evitar mayores dilaciones procesales devuélvase el citado expediente, y únicamente agréguese copa certificada del auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés y su respectiva notificación, dictado dentro del expediente 35/2023. Por tanto, se tiene a la autoridad la Jueza Primero de lo Familiar del distrito Judicial de Cuauhtémoc, ofreciendo como prueba documental la consistente en copia certificada de del auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós y su notificación dentro del expediente 35/2023, de su índice, la que se admite y se desahogan dada su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Jueza Primero de lo Familiar del distrito Judicial de Cuauhtémoc, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "...Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de los actos reclamados. A efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la cual, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, para demostrar que en el caso cesaron los efectos de las abstenciones reclamadas, cabe recordar que esta consiste en la omisión Jueza Primero de lo Familiar del distrito Judicial de Cuauhtémoc, de emitir el acuerdo relativo a la radicación de demanda dentro del expediente número 35/2023. Por otra parte, de la constancia remitida por la Jueza Primero de lo Familiar del distrito Judicial de Cuauhtémoc, a la que se le otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se dictó el acuerdo de Admisión de demanda, dentro del expediente 35/2023, en el que la citada autoridad realizó pronunciamiento expreso al escrito del quejos presentado el diez de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, se advierte de las referidas documentales, que el veinte de enero de la presente anualidad, el Diligenciario adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar del distrito Judicial de Cuauhtémoc notificó a la parte quejosa Marcelino Resendiz Vallejo, el auto de admisión de dieciocho de enero del año que transcurre. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que las omisiones reclamadas por el quejoso dejaron de existir, pues el dieciocho de enero del año que transcurre, la autoridad responsable dictó el acuerdo de Admisión de demanda, respecto a su escrito presentado el diez de enero de dos mil veintitrés, mismo que fue notificado el veinte de enero siguiente, en el expediente 35/2023. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de las omisiones reclamadas, pues al ser abstenciones, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a las autoridades responsables a que actuaran en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con cuatro minutos del catorce de febrero de dos mil veintitrés), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Mmp

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