Arturo Estrada Anaya
Expediente 445/2014 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2014.
Datos del expediente
- Expediente
- 445/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/05/2014
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Arturo Estrada Anaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Juicio de Amparo Directo
AGRÉGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO DE AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, TRANSCURRIÓ SIN QUE EL QUEJOSO HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMAPRO PROMOVIDA; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. EN SU MOMENTO PROCESAL OPORTUNO, DEVUÉLVASE EL TOCA PENAL ASÍ COMO LA CAUSA PENAL RESPECTIVAS, A SU LUGAR DE ORIGEN Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUÍDO.
- Juicio de Amparo Directo
A SUS AUTOS EL OFICIO DE LA PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO, AL QUE ACOMPAÑA OFICIO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA PRIMERA Y SEGUNDA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO, AGRÉGUESE A SUS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZÓN ACTUARIAL DE QUINCE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL ACUERDO DE NUEVE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Pachuca de Soto, Hidalgo, nueve de mayo de dos mil catorce. Visto el oficio 1150, del Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 2383/2014, con el que remite original y tres copia de la demanda de amparo, promovida por ***, con escrito de presentación; anexo certificado, comparecencia, oficios 1151 y 796/2014-II, toca penal 515/2007 y causa penal 162/2004; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, respecto de la demanda que se provee se advierte que se actualizan las causales de improcedencia prevista en las fracciones X y XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, cuyo estudio es preferente y oficioso por tratarse de una cuestión de orden público, en atención a las siguientes consideraciones. Primeramente, cabe precisar que el solicitante del amparo ***, señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES:__ A.- C MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA H. PRIMERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDRAL, COMO AUTORIDAD ORDENADORA_ B.- C. JUEZ TERCERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA HIDALGO, COMO AUTORIDAD EJECUTORA.__ IV.- ACTOS RECLAMADOS.__ LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, QUE RECAYÓ AL TOCA NÚMERO 515/2007, FORMADO CON MOTIVO DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTA POR EL QUE SUSCRIBE, EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2006, DICTADA POR EL C. JUEZ TERCERO PENAL DEL DISTRITO DE PACHUCA HIDALGO, EN LA CAUSA PENAL NÚMERO 162/2004, INSTRUIDA EN CONTRA DEL SUSCRITO Y HOY QUEJOSO, POR EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO." Inconforme con dicha resolución, ***, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por lo anteriormente establecido y una vez precisado el acto reclamado en el presente juicio, este tribunal colegiado advierte de la lectura de la demanda de garantías que el aquí quejoso señala como autoridad responsable a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo; se observa que la Sala responsable manifiesta y acepta haber dictado una resolución el cinco de noviembre de dos mil nueve, en los autos del toca penal 515/2007, de su índice, toda vez que, como se indicó, en la especie se actualizan las causales de improcedencia previamente indicadas, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por los numerales citados. Ahora bien, resulta necesario destacar que el más alto tribunal del país ha sostenido el criterio de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación o por una de sus Salas, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de ser ofrecido como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de ello, es innegable que para un tribunal colegiado, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por tanto, las diversas actuaciones practicadas por el propio órgano jurisdiccional en diverso cuaderno de amparo pueden tenerse a la vista para constatar su contenido y válidamente invocarlos de oficio como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial. Ilustra lo expresado, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con el que este órgano jurisdiccional comulga, publicado en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Tesis 812, página 552, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ESTE. Se considera que son notorios para un tribunal, los hechos de que tenga conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional. Por consiguiente, por ser quienes intervinieron en la discusión y votación de una ejecutoria de amparo, los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito, como medios de convicción y en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, pueden oficiosamente invocar e introducir esa ejecutoria en un diverso juicio de garantías, aun cuando no se haya ofrecido ni alegado por las partes.". Lo así manifestado viene a colación porque de las constancias del juicio de amparo directo 738/2011, promovido por el mismo quejoso, ***, contra el mismo acto de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, consistente en la resolución de cinco de noviembre de dos mil nueve, dictada en el toca penal 515/2007, el cual se tiene a la vista en este acto, se advierte que mediante ejecutoria de nueve de noviembre de dos mil once, este órgano colegiado negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, ordenando su archivo mediante auto de dieciséis de noviembre de dos mil once. En consecuencia, al actualizarse las hipótesis de improcedencia prevista en las fracciones X y XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por ***, igual al acto reclamado de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, consistente en la sentencia de cinco de noviembre de dos mil nueve. Para el solo efecto de notificar el presente asunto, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones así como autorizados para tales efectos los indicados en el escrito de demanda; y, en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, en concordancia con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
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