Arturo Espinosa Cazares
Expediente 1122/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1122/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Arturo Espinosa Cazares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado, ni se haya recibido promoción alguna por la que impugne dicha determinación; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En esa virtud, con fundamento en el artículo 20, fracción l, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, en el evento que habrá de realizarse una vez al año, previo a la realización de la visita de inspección, procédase a la destrucción del juicio de amparo de que se trata, con la obligación de remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
... Enseguida, el secretario da cuenta al juez con una promoción registrada con el número y con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y con éste, dése cuenta en el momento procesal oportuno dentro del desarrollo de la presente audiencia constitucional. De igual manera, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con la documental allegada por la parte quejosa, así como con la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana; y, con la exhibida por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con las manifestaciones de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. El juez acuerda: con sustento en el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por formulados los alegatos de la representante social en cita y se tiene por precluído el derecho de las demás partes para realizarlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, ********************, por conducto de su apoderado jurídico, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: Autoridad responsable: *Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: *La omisión de impartir justicia pronta y expedita, al no emitir el laudo en el expediente laboral 1289/2012. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, quien la tuvo por admitida en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio vista a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; se fijó fecha para la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERACIONES: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues se reclama un acto omisivo proveniente de una autoridad laboral con sede en esta ciudad y se presentó la demanda de amparo en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar los actos reclamados. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado consiste en: *La omisión de emitir el laudo en el expediente laboral 1289/2012. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza del acto reclamado. Al rendir el informe que le fue requerido a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado Michoacán, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia conforme a lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, lo cual es suficiente para tener por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable. Cuarta. Causas de Improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Al respecto, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no, es decir, la improcedencia va a motivar que el órgano de control constitucional no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza conjuntamente con el texto del artículo 62 de la ley en cita. En ese sentido, se advierte de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en su interpretación inversa, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo transcrito se tiene que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en el juicio, únicamente cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Una vez establecido lo anterior, conviene señalar que de las documentales que acompañó a su informe la autoridad responsable, se aprecia que el seis de junio de dos mil veintitrés, declaró cerrado el periodo de instrucción y se ordenó poner los autos a la vista de ese Tribunal, para la emisión del laudo, lo cual a la fecha no ha ocurrido y constituye medularmente el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Lo que se robustece con la copia certificada de las principales constancias que integran el juicio laboral de origen, las cuales tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Entonces, tenemos que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse contra cualquier resolución o actuación que se dicte en un procedimiento, sino sólo contra aquéllas cuyos efectos causen un gravamen irreparable al peticionario del amparo, definido éste por la propia ley, como aquél que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte, los cuales deben entenderse de la siguiente manera: "Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: . lV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; (.)" Con la interpretación dada por la Suprema Corte a la norma recién transcrita, se produjeron criterios como los que a continuación se citan, por analogía: Tesis P. LVII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 180415, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Jurisprudencia P./J. 4/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 190368, cuyo dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". Ahora bien, ante el limitado contenido de la fracción IV del artículo 114, de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que debían entenderse por "actos de imposible reparación" aquéllos que afectaran materialmente derechos sustantivos, y además, de manera excepcional, aquellos actos que afectaran a las partes en grado predominante o superior, afectación que debía determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que estuviera en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo; circunstancias que se estimaron actualizadas por ejemplo, respecto al reclamo de la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral de origen. Bajo esta perspectiva, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve contra el acto reclamado, consistente en la omisión del Tribunal responsable de dar continuidad al trámite desde el auto de seis de junio de dos mil veintitrés en que declaró cerrada la instrucción del expediente laboral 1289/2012, omitiendo proceder al dictado del laudo correspondiente. Se considera de ese modo, atendiendo a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 325/2015, en la que estableció las siguientes consideraciones: Que en los juicios de amparo indirecto en los que se reclame omisiones dentro de un procedimiento laboral, en el que dicho particular es parte, que consista en la falta de respuesta a una petición expresa sobre el procedimiento o la falta de prosecución del trámite, el amparo es improcedente, debido a que el acto reclamado es de aquéllos dentro de un procedimiento que no tienen una ejecución que sea de imposible reparación: la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En dicha ejecutoria sostuvo que, de acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: a) La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y b) La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ello resulta así, en virtud de que la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la diversa jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de rubro: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO" Determinó que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, con excepción de que el juez de amparo advierta que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, por lo que para determinar si existe una dilación que haya tenido como consecuencia la paralización total del procedimiento, con la finalidad de proporcionar seguridad jurídica, para efecto de la promoción del juicio de amparo, el juicio procederá cuando haya transcurrido un plazo de cuarenta y cinco días naturales, contado a partir de la fecha en que concluyó el término con el que legalmente cuenta la autoridad para pronunciarse o realizarse el acto procesal respectivo, tomando como base el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, el cual prevé el plazo de cuarenta y cinco días para que opere la caducidad de la instancia. Es por ello, que el Máximo Tribunal del País determinó que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ahora bien, lo plasmado con antelación resulta aplicable por analogía en el caso concreto, toda vez que la legislación correspondiente en el presente juicio amparo, no lo es la Ley Federal del Trabajo, si no la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios, al contemplar un diverso plazo para tenerse en el procedimiento laboral como una suspensión total, como lo prevé el artículo 111 de dicho dispositivo legal, que a la letra expresa: "Artículo 111. Se tendrá por desistida de la acción y de la demanda intentada, a toda persona que no haga promoción alguna en el término de tres meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. El Tribunal, de oficio o a petición de parte, una vez transcurrido este término declarará la caducidad. No operará la caducidad si está pendiente de dictarse acuerdo o resolución sobre alguna promoción de las partes o la práctica de alguna diligencia o la recepción de informes o copias que se hubieren solicitado." No obstante ello, como ya fue establecido en párrafos precedentes, la autoridad responsable en proveído de seis de junio de dos mil veintitrés, declaró cerrado el periodo de instrucción, poniendo los autos a la vista de los integrantes del Tribunal Laboral para suscribir el laudo correspondiente en el expediente de origen 1289/2012, siendo éste su ultimo actuar. De ahí que, siguiendo la lógica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para considerar una paralización total del procedimiento y una afectación a derechos sustantivos, tomó como base el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, empero, al ser en el presente sumario una controversia dirimida de un juicio laboral burocrático del Estado de Michoacán, lo conducentes es aplicar lo estipulado en la normativa local, es decir, en los artículos 111 y 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado del Estado de Michoacán y sus Municipios, que fija un plazo de tres meses para decretar la caducidad de la instancia por inactividad procesal y a la luz genérica de tres días cuando no se tenga uno específico, sin que opere la aplicación de manera supletoria la Ley Federal del Trabajo, pues se encuentra en la legislación aplicable previamente establecidos los términos para ello. Por tanto, la demanda de amparo fue presentada el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, por lo que es evidente que a la data de exhibición de su líbero constitucional no había transcurrido el plazo de tres meses, el cual se debe contar una vez agotados los tres días hábiles a que se refiere el artículo 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios, es decir, a partir del doce del mismo mes y año, computo del que se descuenta a su vez el plazo comprendido del diecisiete al veintiocho de julio pasado (periodo vacacional del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán). Es por ello, que pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° constitucional; sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Las anteriores consideraciones quedaron asentadas en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia constitucional común, registro 2011580, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2019400, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". Robustece a todo lo señalado, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, diciembre del año dos mil veintidós, con número de registro digital 2025625 de rubro: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO". En las anotadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último en su interpretación inversa. Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia que prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción IV, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado analizado en la presente consideración. Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 77, 79, 123, 124 y 227, de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. R E S U E L V E: Primero. Por las razones expresadas en la consideración cuarta de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de su apoderado jurídico, contra los actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 del ordenamiento legal en cita, se tienen por recibidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que remite en apoyo a su informe la autoridad responsable en cita. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante auto de treinta y uno de agosto del presente año, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Osvaldo Vega Pineda, apoderado jurídico de Arturo Espinosa Cazares, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Asimismo, se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, sin embargo, dicha data resultó errónea. Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 115 de la Ley de Amparo, se fija para el verificativo de la referida audiencia constitucional, las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Arturo Carillo García1140/2017
- Arturo Carmona Romani532/2023
- Arturo Cisneros Bedolla468/2020
- Arturo Corona Hernández273/2022
- Arturo Cortes Vazquez398/2022
- Arturo Emmanuel Sámano Caldelas205/2020
- Arturo Ferreyra Baltazar224/2019
- Arturo Galaviz Cruz490/2017
- Arturo Galvan Ramirez940/2023
- Arturo Gaytan Flores936/2022
- Arturo Gaytan Flores327/2023
- Arturo Gaytan Flores77/2023