Arturo Escobar Terán

Expediente 403/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
403/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
24/10/2017

Partes del expediente

  • Arturo Escobar Terán

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa, no impugnó el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó de plano su demanda de garantías, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por Arturo Escobar Terán, contra actos del Juez Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo impreso y electrónico con el número que le corresponda. Ahora del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la omisión de la autoridad judicial de dictar el acuerdo que debe recaer a su promoción de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Pues bien, planteada así la demanda de amparo de que se trata, y en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano", y por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de orden público, que impone desecharla de plano. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. del que derivan los actos reclamados, se duele de la omisión de la autoridad judicial responsable de dictar el acuerdo que debe recaer a su promoción de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. En el caso, cabe puntualizar, que si bien es cierto de conformidad con el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario; más cierto es que cuando la solicitud se presenta dentro de un procedimiento jurisdiccional sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o sustantivas legalmente previstas, no es aplicable la tutela de dicha garantía, pues su naturaleza se rige por los principios de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece los lineamientos de la actividad de los tribunales obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes; cuestión que la diferencia de la petición formulada fuera de juicio. Por tanto, tratándose de un procedimiento jurisdiccional la autoridad debe circunscribir su actuación a los términos y plazos que establecen las leyes que lo regulan y no al breve término a que alude el invocado artículo 8 de la Constitución Federal. En el caso, el aquí quejoso se duele de la omisión de dictar el acuerdo que debe recaer a su promoción de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete en el expediente familiar 171/2016. Sin embargo, contra ese acto, el artículo 697 fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, prevé expresamente el recurso queja, el cual debe agotarse previamente Artículo 697.- El recurso de queja tiene lugar: En efecto, el principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente, acudir a las instancias ordinarias, previstas en una ley formal y material, que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le ocasiona afectación. En esas condiciones y tomando en cuenta que la parte quejosa tiene el carácter de demandado en el expediente familiar 171/2016 de donde emana la denegación de justicia reclamada, tiene a su alcance el recurso de queja que hacer valer; además el acto reclamado no se encuentra en los casos de excepción que prevé el propio numeral 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados no son de los de atención privilegiada o incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no se trata de aquellos que afecten la libertad personal, tampoco es tercero extraño, pues es parte en el expediente citado; finalmente, la procedencia de los medios de defensa citados no están sujetos a una interpretación adicional; por tanto, la parte quejosa está obligada a agotarlos, previamente, a solicitar la protección constitucional; de ahí que resulte improcedente el juicio de amparo. En las relatadas consideraciones, al quedar demostrada la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad judicial responsable de dictar el acuerdo que debe recaer a su promoción de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete en el expediente familiar 171/2016, por no haberse preparado la acción constitucional, misma que al ser manifiesta e indudable, impone desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en el artículo 113 de la Ley invocada. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda, y por autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, quienes justifican estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogados, dado que se encuentran registrados en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red de Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Finalmente, hágase saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional..."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8° para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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