Arturo Escamilla Arévalos
Expediente 1305/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1305/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Arturo Escamilla Arévalos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Se agrega oficio y se gira oficio a autoridad para que deje sin efecto la multa impuesta al Director Técnico y Director de Seguridad, ambos pertenecientes al Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS Sonora" (Almar Meneses Rodríguez y Pedro Ramírez Sánchez, respectivamente), la cual se le comunicó mediante oficio 10080/2017, de ocho de noviembre de dos mil diecisiete...
- Principal
CAUSA ESTADO AUTO QUE SOBRESEYO EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA Y SE ORDENA ARCHIVO...
- Principal
lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION III, INCISO A), DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA EN VIA DE NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO ARTURO ESCAMILLA REVALOS, EL AUTO DE DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de julio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta que remite el Director Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS Sonora", mediante el cual informa que no existen las autoridades denominadas por el quejoso como Área de Criminología y Centro de Observación y Clasificación, ambos del citado centro de reclusión, mismas a las que por auto de nueve de julio de dos mil dieciocho, este Juzgado les solicitó rindieran informe justificado. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento impuesto en el aludido proveído de nueve de julio del presente año, por lo que se declaran inexistentes las autoridades narradas con anterioridad y se ordena suspender toda comunicación con ellas. Por otra parte, el oficiante también informa que Arturo Escamilla Arévalos (quejoso en el presente juicio de amparo), ya no se encuentra privado de su libertad en ese Centro Federal, toda vez que egresó en dieciocho de abril de dos mil dieciocho, al obtener su libertad en la causa penal 88/2013-VI, tal como se observa de la copia certificada del acta administrativa de egreso 866/2018. Por tanto, se evidencia la actualización de una hipótesis de improcedencia manifiesta e indudable, lo cual motiva decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo 2003, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio, de conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo. El artículo 61 en su fracción XXII, de la Ley de Amparo dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo;" En términos generales, esta causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la justicia federal no podría materializarse, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Ciertamente, del análisis de dicha porción normativa, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Es así, pues aún en el caso de que el peticionario obtuviera la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituir al quejoso sobre un derecho o cosa que ya no existe. En ese contexto, si se toma en consideración que las sentencias de amparo en las que se otorga la protección constitucional tienen efectos restitutorios, al dejar de existir el objeto o materia del acto reclamado, no cabe la posibilidad de cumplir con la finalidad del fallo protector, esto es, restituir a la parte quejosa en el goce pleno del derecho fundamental que le haya sido violado, al no haber posibilidad de concreción en la esfera jurídica del destinatario del acto reclamado. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Luego, en el caso a estudio, el quejoso Arturo Escamilla Arévalos, señaló como acto reclamado la falta de atención médica, así como su reubicación de módulo en el Centro Federal en el cual se encontraba recluído; sin embargo, del oficio que se atiende, se advierte que dicho quejoso egresó del Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS-Sonora", con residencia en esta ciudad, toda vez que fue puesto en libertad el dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Entonces, si el acto reclamado lo es precisamente la falta de atención médica, así como su reubicación de módulo en el Centro Federal en el cual se encontraba recluído, ya no habría manera de concretizar los efectos de una sentencia concesoria de amparo, en virtud de que dicho quejoso ya no se encuentra recluido en dicho Centro Penitenciario. Es decir, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en este caso, la falta de atención médica y su reubicación de módulo, en el evento de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico protector tendría la respectiva sentencia concesoria, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se modificó sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación. Así, tomando en cuenta que el quejoso ya no se encuentra interno en el Centro Penitenciario al cual se reclamaron las omisiones aludidas, ello implica que aun cuando se concediera la protección constitucional, la misma no podría concretizarse fuera del mundo jurídico pues dicho quejoso fue puesto en libertad, por lo que ya no se podría proporcionar la atención médica delatada, ni su reubicación de módulo en el aludido Centro. En ese contexto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese: por oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes..."
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