Arturo Enriquez Gomez
Expediente 3601/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 3601/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/07/2019
Partes del expediente
- Arturo Enriquez Gomez
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días que establece la ley de la materia para recurrir el auto por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, sin que las partes hubieran interpuesto el recurso de inconformidad. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se precisa que el expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el último párrafo del numeral vigésimo primero del citado acuerdo, pues no se ventiló algún tema relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental; tampoco contiene alguna resolución impugnada ante organismos públicos internacionales; ni se refiere a conflictos colectivos trascendentes, o algún otro de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del referido. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de quince de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por la delegada de la autoridad responsable Jefatura de Servicios Jurídicos Departamento Laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual remitió diversas constancias con las que a su parecer cumple con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Con el citado oficio y anexo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio signado por Auria Edith Osuna Nuño, en su carácter de delegada de la autoridad responsable, por medio del cual remite el acuse de recibo original de las constancias con las que, a su parecer, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena correr traslado a la parte quejosa con las constancias de referencia para que, dentro del término de tres días computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga. En la inteligencia de que una vez transcurrido dicho plazo, sea o no desahogada la vista otorgada, este Juzgado de Distrito se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
- Principal
Visto lo de cuenta, se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión dentro del término legal en contra de la sentencia dictada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º; se decreta que ha causado ejecutoria, para todos los efectos de ley. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para los efectos siguientes: "(.) para el efecto de que una vez que quede firme el presente fallo, la autoridad responsable Jefe del Departamento de Supervisión de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, realice las siguientes acciones: Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del 130 de la Ley del Seguro Social vigente a partir del uno de julio de mil novecientos noventa y siete y el diverso 152 de la Ley del Seguro Social del régimen de mil novecientos setenta y tres, en la parte en que prevén que para el otorgamiento de la pensión por viudez debe acreditar estar totalmente incapacitado y dependencia económica de la de cujus. Como consecuencia de lo anterior, deje sin efectos el oficio 14A660613300/2781/2017 de diez de noviembre de dos mil diecisiete, por medio del cual se informa al quejoso que a fin de proveer lo conducente respecto al otorgamiento de la pensión por viudez que solicitó deberá presentar una serie de documentos que en el mismo se señalan, entre ellos, una copia certificada de la resolución judicial que demuestre la dependencia económica y cualquier documento y/o constancia a través de la cual acredite estar incapacitado totalmente. En su lugar, deberá emitir diverso oficio en el que prescinda de exigir al promovente del amparo el requisito consistente en: acreditar que haya dependido económicamente de la pensionada fallecida y estar incapacitado totalmente". En esas condiciones, no es dable requerir a las responsables a la Cámara de Diputados, Camara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, así como a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por el cumplimiento del fallo protector, habida cuenta que su intervención en los actos reclamados únicamente versó sobre su participación en el proceso de creación de la norma declarada inconstitucional, por lo que tales autoridades no pueden dar cumplimiento a dicha ejecutoria, conforme lo establece la siguiente tesis número 2a. CXV/97 que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS.- En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Ahora bien, toda vez que este órgano de control constitucional tiene la facultad y la obligación de precisar y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida, para lograr el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, y una vez analizados los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se concluye que las siguientes autoridades, en el ámbito de su respectiva competencia, deben realizar lo siguiente: Jefe del Departamento de Supervisión de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social: Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del 130 de la Ley del Seguro Social vigente a partir del uno de julio de mil novecientos noventa y siete y el diverso 152 de la Ley del Seguro Social del régimen de mil novecientos setenta y tres, en la parte en que prevén que para el otorgamiento de la pensión por viudez debe acreditar estar totalmente incapacitado y dependencia económica de la de cujus. Como consecuencia de lo anterior, deje sin efectos el oficio 14A660613300/2781/2017 de diez de noviembre de dos mil diecisiete, por medio del cual se informa al quejoso que a fin de proveer lo conducente respecto al otorgamiento de la pensión por viudez que solicitó deberá presentar una serie de documentos que en el mismo se señalan, entre ellos, una copia certificada de la resolución judicial que demuestre la dependencia económica y cualquier documento y/o constancia a través de la cual acredite estar incapacitado totalmente. En su lugar, deberá emitir diverso oficio en el que prescinda de exigir al promovente del amparo el requisito consistente en: acreditar que haya dependido económicamente de la pensionada fallecida y estar incapacitado totalmente. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de diez días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acrediten a este Órgano Jurisdiccional, haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos señalados en los incisos precedentes. En el entendido de que el plazo concedido, se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad, a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se le apercibe que de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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