Arturo Enríquez Borbón
Expediente 988/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 988/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Arturo Enríquez Borbón
Actuaciones
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio procedente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, que contiene inserto el acuerdo del dieciocho de octubre pasado, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada respecto de este juicio de amparo, asimismo, acusa recibo de los autos originales que se le remitieron; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En atención a lo anterior, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. Además, no tiene relevancia documental para ser conservable conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso **********, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en proveído de ocho de septiembre del año en curso, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que al momento de su detención estaba asignado a "Valparaíso"; asimismo, hace del conocimiento del suscrito que no ha promovido ningún recurso en contra de los actos aquí reclamados; en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento con que se le previno en caso de incumplimiento y provéase lo conducente: Ahora bien, para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando el acto que se reclama no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por el quejoso, ello para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2001, Tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En ese sentido, el quejoso en su demanda de amparo reclama lo siguiente: - La emisión y suscripción de la baja contenida en el oficio SA-SGMTO-11414, derivado del expediente 1/111/14. Asimismo, en el ocurso de desahogo de prevención manifestó bajo protesta de decir verdad que se encontraba asignado a la base de "Valparaíso" al momento de su detención. De lo anterior se advierte que los actos controvertidos conllevan una ejecución material, en virtud, de que se traducen en actos positivos de ejecución material para los fines del juicio de amparo; de modo que, en el presente caso, se debe estar a la regla precisada en el ordinal 37, párrafo primero, de la ley de la materia, en el cual como ya se indicó, la competencia para su conocimiento recae en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. De lo anterior, resulta inconcuso que si, como refiere el quejoso en su escrito de demanda y escrito aclaratorio, bajo protesta de decir verdad, la resolución en la que se determinó que el quejoso cause baja del Ejército y Fuerza Mexicana, la cual se ejecutó en la base de operaciones de Valparaíso, Estado de Zacatecas, toda vez que allí se encontraba asignado al momento de su detención, lugar donde prestaba sus servicios como soldado del más bajo rango, desde el mes de octubre de dos mil trece, y lugar donde prestaba los servicios como elemento de las fuerzas armadas mexicanas; de ahí, que es evidente que la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, en turno, pues es dentro de esa jurisdicción donde los actos que reclama surten sus efectos. No obstante, que el quejoso señala como responsable al "General de Brigada D.E.M. Gilberto Martínez Martínez, Director General de Infantería, con domicilio conocido el Lomas de Tecamachalco, Estado de México", en razón de que en el propio ocurso de desahogo manifiesta que únicamente de manera administrativa depende de dicha dirección. Sirve de apoyo a lo expuesto por los motivos manifiestos en ella, la tesis sustentada también por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo 65, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Igualmente es aplicable por los motivos que la informan, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2a./J. 13/95, visible en la página 107, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." En ese orden de ideas, tomado en consideración que el peticionario del amparo señaló como acto reclamado la emisión y suscripción de la baja contenida en el oficio SASGMTO-11414, derivado del expediente 1/111/14, en que se le comunica al quejoso la baja de su servicio, ordenada por el Director General de Infantería, así como la ejecución material de dicha orden; en consecuencia, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, reglamentada de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, determina carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo, por considerar que quien debe conocer de ésta es el Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, en turno, toda vez que la ejecución material de los actos reclamados tuvo lugar dentro del ámbito territorial sobre el cual ejerce jurisdicción ese órgano de control constitucional. Es aplicable en lo conducente la tesis I.9o.P.198 P, con registro digital 2017104, sostenida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2957, libro 55, tomo IV, Junio de 2018, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UN MILITAR EN ACTIVO CONTRA ACTOS QUE TRAEN APAREJADA UNA EJECUCIÓN MATERIAL QUE TENDRÁ LUGAR EN SU PERSONA. SI NO SE ADVIERTE QUE DICHOS ACTOS PUEDAN TENER EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITOO QUE HAYAN COMENZADO A EJECUTARSE EN UNO DE ELLOS Y SIGAN EJECUTÁNDOSE EN OTRO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN DENTRO DEL TERRITORIO DONDE SE ENCUENTRE LA INSTALACIÓN O ZONA MILITAR EN QUE SE ENCUENTRE DESTACAMENTADO EL QUEJOSO. Si de la demanda de amparo y de las constancias que integran el expediente respectivo, se advierte que el quejoso, quien tiene la calidad de militar, integrante en activo de las Fuerzas Armadas Nacionales, reclama actos que, atento a su naturaleza, traen propiamente aparejada una ejecución material, la cual, desde luego, tendrá lugar en su persona, y no se advierte que dichos actos puedan tener ejecución en más de un Distrito o que hayan comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigan ejecutándose en otro; es inconcuso que se actualiza la hipótesis de competencia prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que será Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; por ende, la autoridad jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo promovido en su contra, lo será aquella que tenga esa potestad dentro de la circunscripción territorial donde esté la instalación o zona militar en que se encuentre destacamentado y, por ende, físicamente el quejoso. Una interpretación a contrario sensu, implicaría admitir que quedaría en potestad del gobernado el elegir, a su gusto o conveniencia, al Juez de amparo y que por el simple hecho de haber prevenido éste sería el competente para resolver el juicio, sin considerar la circunstancia de la territorialidad de su jurisdicción o donde deba o vaya a surtir efectos la ejecución material del acto reclamado." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, primer párrafo, y de conformidad con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide en territorio de la república Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiado y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente, para conocer de la demanda de amparo, por lo que se ordena remitir el original y las copias del escrito de demanda, sus anexos y diverso de desahogo al Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, en turno, autoridad que se estima legalmente competente, para que tenga a bien manifestar, si acepta o no, el conocimiento del asunto. Háganse las anotaciones correspondientes; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, por medio del cual transcribe el auto de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 958/2023, de su índice, formado con motivo de la competencia declinada por este juzgado para conocer del juicio de amparo 988/2023-IV, promovido por **********; respecto de la emisión y suscripción de la baja contenida en el oficio SA-SGMTO-11414, en el cual determinó no aceptar la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. Hágase saber al homólogo federal que este Juzgado de Distrito, en este momento procesal no insiste en la competencia planteada; lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar. En consecuencia, acuse de recibo correspondiente, vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y glósese al original del sumario constitucional que se recibe, únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes, toda vez que aquél se encuentra formado, en su mayoría, por copia de las que son devueltas. En atención a lo anterior y a efecto de poder pronunciarse respecto a la demanda de amparo promovida por **********; con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos su legal notificación, desahogue las prevenciones que a continuación se exponen: Primero. Deberá manifestar bajo protesta de decir verdad en qué lugar se encontraba prestando sus servicios el quejoso **********, al momento de haberse emitido el oficio SA-SGMTO-11414, por el que determinó la baja de aquí quejoso de las Fuerzas Armadas Mexicanas; la anterior acotación, toda vez que del apartado de antecedentes solo refiere que desde el dos mil trece, fue asignado a la base de operaciones de Valparaíso. Segundo. Mencione si ha promovido algún recurso o medio de defensa contra el acto reclamado en la presente instancia constitucional, o bien un diverso juicio de amparo, y de ser así, deberán mencionar ante qué autoridad se tramita, el número de expediente con el cuál fue registrado y el estado procesal en el que se encuentre. Tercero. Dada la naturaleza de la prevención que se le formula, deberá exhibir tres copias del ocurso de desahogo, para distribuirlas de la siguiente manera: una para la autoridad que señala como responsable, otra para el Agente del Ministerio Público de la adscripción y una más para el incidente de suspensión que se aperture. Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar los requerimientos señalados con antelación dentro del lapso que se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, en términos de lo dispuesto en el numeral 114 de la referida ley. Finalmente, dada la naturaleza de la presente determinación se comisiona al actuario de la adscripción a fin de que se constituya en el domicilio precisado en el proemio de su ocurso de demanda y notifique a la parte quejosa el presente acuerdo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por **********, por derecho propio, contra actos del General de Brigada D.E.M. **********, Director General de Infantería; con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 988/2023-IV. Ahora bien, para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando el acto que se reclama no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por el quejoso, ello para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2001, Tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En ese sentido, el quejoso en su demanda de amparo reclama lo siguiente: - La emisión y suscripción de la baja contenida en el oficio SA-SGMTO-11414, derivado del expediente 1/111/14. De lo anterior se advierte que los actos controvertidos conllevan una ejecución material, en virtud, de que se traducen en actos positivos de ejecución material para los fines del juicio de amparo; de modo que, en el presente caso, se debe estar a la regla precisada en el ordinal 37, párrafo primero, de la ley de la materia, en el cual como ya se indicó, la competencia para su conocimiento recae en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. De lo anterior, resulta inconcuso que si, como refiere el quejoso en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, la resolución en la que se determinó que el quejoso cause baja del Ejército y Fuerza Mexicana, la cual se ejecutó en la base de operaciones de Valparaíso, Estado de Zacatecas, lugar donde prestaba sus servicios como soldado del más bajo rango, desde el mes de octubre de dos mil trece, y lugar donde prestaba los servicios como elemento de las fuerzas armadas mexicanas; de ahí, que es evidente que la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, en turno, pues es dentro de esa jurisdicción donde los actos que reclama surten sus efectos. No obstante, que el quejoso señala como responsable al "General de Brigada D.E.M. Gilberto Martínez Martínez, Director General de Infantería, con domicilio conocido el Lomas de Tecamachalco, Estado de México". Sirve de apoyo a lo expuesto por los motivos manifiestos en ella, la tesis sustentada también por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo 65, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Igualmente es aplicable por los motivos que la informan, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2a./J. 13/95, visible en la página 107, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." En ese orden de ideas, tomado en consideración que el peticionario del amparo señaló como acto reclamado la emisión y suscripción de la baja contenida en el oficio SA-SGMTO-11414, derivado del expediente 1/111/14, en que se le comunica al quejoso la baja de su servicio, ordenada por el Director General de Infantería, así como la ejecución material de dicha orden; en consecuencia, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, reglamentada de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, determina carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo, por considerar que quien debe conocer de ésta es el Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, en turno, toda vez que la ejecución material de los actos reclamados tuvo lugar dentro del ámbito territorial sobre el cual ejerce jurisdicción ese órgano de control constitucional. Es aplicable en lo conducente la tesis I.9o.P.198 P, con registro digital 2017104, sostenida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2957, libro 55, tomo IV, Junio de 2018, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UN MILITAR EN ACTIVO CONTRA ACTOS QUE TRAEN APAREJADA UNA EJECUCIÓN MATERIAL QUE TENDRÁ LUGAR EN SU PERSONA. SI NO SE ADVIERTE QUE DICHOS ACTOS PUEDAN TENER EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITOO QUE HAYAN COMENZADO A EJECUTARSE EN UNO DE ELLOS Y SIGAN EJECUTÁNDOSE EN OTRO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN DENTRO DEL TERRITORIO DONDE SE ENCUENTRE LA INSTALACIÓN O ZONA MILITAR EN QUE SE ENCUENTRE DESTACAMENTADO EL QUEJOSO. Si de la demanda de amparo y de las constancias que integran el expediente respectivo, se advierte que el quejoso, quien tiene la calidad de militar, integrante en activo de las Fuerzas Armadas Nacionales, reclama actos que, atento a su naturaleza, traen propiamente aparejada una ejecución material, la cual, desde luego, tendrá lugar en su persona, y no se advierte que dichos actos puedan tener ejecución en más de un Distrito o que hayan comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigan ejecutándose en otro; es inconcuso que se actualiza la hipótesis de competencia prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que será Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; por ende, la autoridad jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo promovido en su contra, lo será aquella que tenga esa potestad dentro de la circunscripción territorial donde esté la instalación o zona militar en que se encuentre destacamentado y, por ende, físicamente el quejoso. Una interpretación a contrario sensu, implicaría admitir que quedaría en potestad del gobernado el elegir, a su gusto o conveniencia, al Juez de amparo y que por el simple hecho de haber prevenido éste sería el competente para resolver el juicio, sin considerar la circunstancia de la territorialidad de su jurisdicción o donde deba o vaya a surtir efectos la ejecución material del acto reclamado." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, primer párrafo, y de conformidad con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide en territorio de la república Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiado y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente, para conocer de la demanda de amparo, por lo que se ordena remitir el original y las copias del escrito de demanda, y anexos al Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, en turno, autoridad que se estima legalmente competente, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, tenga a bien manifestar, si acepta o no, el conocimiento del asunto. Háganse las anotaciones correspondientes; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. En otro contexto, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas electrónicas de publicación, toda vez que el domicilio que señala, se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. No obstante, dada la naturaleza de la presente determinación se comisiona al actuario de la adscripción a fin de que se constituya en el domicilio precisado en el proemio del ocurso de demanda y notifique a la parte quejosa el presente acuerdo. Se tiene por autorizadas a las personas que refiere para los efectos que precisa, en el entendido de que sea en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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