Arturo Enrique Rivas Zea
Expediente 430/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 430/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/10/2022
Partes del expediente
- Arturo Enrique Rivas Zea
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad de México, siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/474/2022, de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la determinación tomada en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, por el Pleno del propio Consejo, en la que acordó mi adscripción a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con el fin de atender lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 60 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la circunstancia señalada, para que puedan alegar lo que a su derecho e interés convenga. Acuerdo de promociones Por otra parte, visto el primer oficio presentado vía electrónica, signado criptográficamente en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, a través del cual, informa las gestiones que realiza en su carácter de superior jerárquico, a fin de dar cumplimiento inmediato de la ejecutoria dictada en autos; circunstancia que acredita con el anexo que acompaña; en consecuencia, agréguense a los autos, de cuyo contenido se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican y por acreditados como delegados de su parte, a las personas que mencionan las autoridades oficiantes. Fundamento: Artículos 9 y 28, de la ley de la materia. En otro contexto, visto segundo oficio de cuenta, signado en representación de la Jefa del Servicio de Administración Tributaría, a través del cual, en atención al requerimiento formulado por este Juzgado de Distrito, el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, la responsable informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos el oficio de cuenta, de cuyo conocimiento se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora, dese vista a la parte quejosa con el oficio 16970, para que dentro del plazo de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, respecto del contenido de dicho oficio, en el que se informa el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. En la inteligencia que de no realizar manifestación alguna en el término antes precisado, este juzgado acordará lo conducente respecto del cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, con los datos aportados por la autoridad y con las constancias que obren en el expediente. Fundamento: Artículos 196 de la ley de la materia. En virtud de lo anterior, se tienen a las autoridades dando cumplimiento con el requerimiento que les fue solicitado, y por consiguiente, se deja sin efectos el apercibimiento que le fue decretado en autos. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2 de la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo 430/2021, promovido por Arturo Enrique Rivas Zea, por propio derecho, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Presentación. Por escrito presentado por Arturo Enrique Rivas Zea, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que se precisarán en esta sentencia. SEGUNDO. Turno y radicación en el Juzgado de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida y remisión de los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México para el turno correspondiente. La demanda fue turnada al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, donde fue radicada con el número de expediente que le correspondió y en proveído de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó remitir los autos a la a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. CUARTO. Turno y radicación en este Juzgado de Distrito. Determinación inicial. Por razón de turno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitió los autos a este órgano jurisdiccional, en donde por auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se radicó la demanda, registandola con el número de expediente 430/2021, se avocó al conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda, se notificó a las partes, se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (hoy Fiscal Ejecutivo Titular) y se fijaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral Primero del Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclaman, entre otros actos, la discusión, aprobación, expedición y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Decreto de reformas a esas disposiciones contenido en el Diario Oficial de la Federación del 12 de abril de 2019, el Presupuesto de Egresos de la Federación en la parte respectiva a remuneraciones de los servidores públicos, así como manuales, circulares y diversas disposiciones normativas que regulen las remuneraciones y prestaciones en general de los Servidores Públicos de la Federación, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. Criterios aplicables. Los criterios que se invocarán en esta sentencia son aplicables aún y cuando se refieran a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. TERCERO. Precisión de actos. Los actos reclamados materia de litis son los siguientes: La discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno; en relación con los artículos señalados en la demanda. El refrendo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La aplicación y/o ejecución, efectos y consecuencias de los actos reclamados. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/98, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." CUARTO. Actos Inexistentes. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en el refrendo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues así lo manifestó al rendir informe justificado, máxime que esa negativa se corrobora de la propia publicación de la norma donde se advierte el refrendo del Secretario de Gobernación. En este sentido, a falta de prueba en contrario, se tienen por inexistentes los efectos y consecuencias del citado ordenamiento legal. Es aplicable, por analogía, el criterio contenido en la tesis 2a. CXV/97, de rubro: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS." Por otro lado, también se tienen por inexistentes los actos de aplicación y/o ejecución, los efectos y las consecuencias de los decretos reclamados, atribuidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dado que así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado y dicha negativa no fue desvirtuada; máxime que no se demostró que haya emitido algún acto concreto de aplicación de los citado decretos por parte de dicha autoridad. Es aplicable la tesis con número de registro 265030, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA CONTENIDA EN EL. ES PRECISO DESVIRTUARLA CON PRUEBAS IDÓNEAS, SIN QUE BASTEN SIMPLES OBJECIONES DE FALSEDAD." Por otra parte, también se tienen por inexistentes los actos de aplicación y/o ejecución, los efectos y las consecuencias de los decretos reclamados, atribuidos al Jefe del Servicio de Administración Tributaria. Lo anterior, ya que si bien dicha autoridad fue omisa en rendir su informe justificado, por lo que se podría presumir cierto el acto que se le reclamó, no lo es más, que es un hecho notorio que no se le puede atribuir a dicha autoridad la ejecución de los decretos impugnados, dado el quejoso manifestó desempeñarse como empleado en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, Asociación Civil, por lo que en su caso, los actos de ejecución de los decretos reclamados hubieran sido ejecutados por la moral para quien labora, siendo además que no quedó acreditado en autos que los decretos reclamados se hayan aplicado a la parte quejosa, habida cuenta que los impugnó en su carácter de autoaplicativos, es decir, con motivo de su sola entrada en vigor, no en razón de un acto concreto de aplicación. En este sentido, se tienen por inexistentes la ejecución de los citados ordenamientos legales, así como sus efectos y consecuencias. Ante la falta de evidencia probatoria atribuible a la parte quejosa, al tratarse de actos positivos en términos de lo dispuesto por el artículo 81 del código supletorio que prescribe que quien afirma debe probar su dicho, procede sobreseer en términos del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 1/93, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS DE CARACTER POSITIVO. LOS VICIOS DE CARACTER NEGATIVO QUE SE ATRIBUYAN NO RELEVAN AL QUEJOSO DE LA OBLIGACION DE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE TALES ACTOS." QUINTO. Actos ciertos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente de la República, que se hicieron consistir, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación de los Decretos en reclamo, en relación con los artículos señalados en la demanda. Ahora bien, no obstante la autoridad responsable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no rindió informe justificado; se tienen por ciertos los actos que se le reclamaron en el respectivo ámbito de sus atribuciones en el proceso de creación de las normas; para ello, es importante mencionar que, el tener o no como ciertas las conductas atribuidas a las autoridades legislativas no depende únicamente de lo manifestado en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables o en las omisiones en que éstas hayan incurrido, ya que corresponde al juzgador pronunciarse al respecto y cerciorarse de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba y el artículo 88 del código supletorio. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.65/2000 de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone la obligación de analizar oficiosamente las causas de improcedencia en el juicio por ser una cuestión de orden público y preferente al análisis del fondo del asunto. En razón de ello, se procede al estudio de las causas de improcedencia que se advierten actualizadas en este juicio de amparo en relación con los actos reclamados. 1. Artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo (la orden de publicación no se reclamó por vicios propios) El juicio es improcedente respecto a la orden de publicación de los decretos reclamados, atribuidos al Presidente de la República, por las razones que enseguida se explican. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que cuando se controvierten normas generales, el quejoso deberá señalar con el carácter de autoridades responsables a aquellas que hubieren intervenido en el refrendo o publicación (lo que comprende también a la orden de publicación) del decreto promulgatorio respectivo, únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios, lo que no acontece en este asunto, dado que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa no formuló conceptos de violación tendientes a controvertir vicios en la orden de publicación de las normas reclamadas. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, aplicado en sentido contrario, y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se sobresee al respecto. 2. Artículo 61, fracción XII, en relación con el 63 fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que de autos se advierte que el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente, en razón de que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el contenido del artículo 107, fracción I, contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con los diversos 5, fracción I, 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Conforme a los preceptos reproducidos, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así, debe entenderse por agraviado todo aquel que sufra un perjuicio, entendido éste como un menoscabo, una ofensa o lesión en sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por cualquier ley o acto de autoridad. De modo que el peticionario del amparo está obligado a demostrar la existencia de un acto concreto y que le cause un perjuicio o agravio a sus derechos o intereses, a efecto de evidenciar que se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo, en el entendido de que tal perjuicio o agravio debe ser personal, directo y actual. Al respecto, el artículo 107 constitucional que establece los principios rectores del juicio de amparo, pondera la existencia del agravio personal y directo, definido como todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En otras palabras la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. El concepto de interés jurídico está estrechamente ligado al de agravio, pues si un acto de autoridad no lo causa, no es posible que exista aquél para ejercer válidamente la acción constitucional en su contra. De los preceptos antes transcritos, se tiene que la acción de amparo puede promoverse cuando se aduzca ser titular de un derecho, o bien cuando se afirme tener un interés legítimo individual o colectivo; empero, es importante resaltar que, en todo caso, al acudir al juicio de amparo el solicitante del amparo debe situarse en alguna de las hipótesis jurídicas, esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En el caso, tratándose de actos que provienen de la expedición de normas que tilda de inconstitucional, la regla es que el quejoso debe acreditar el interés jurídico, es decir, demostrar que es titular de un derecho jurídicamente protegido. Es aplicable al caso, la tesis II.2o.C.92 K, de rubro es: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE." Además, como lo prevé el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés "simple" en ningún caso podrá invocarse como interés jurídico, de modo que es necesario que tal interés descanse en un derecho derivado de la ley, que faculte a exigir del gobernante determinada conducta, positiva o negativa, y como consecuencia lógica, el correlativo deber de cumplirla. En ese sentido, hay "interés jurídico", cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal, que legitime a exigir de la autoridad determinada conducta. Asimismo, el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." También resulta ilustrativa en la parte que aquí interesa la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." De lo anterior, se advierte que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo implica la existencia de dos presupuestos: a) La titularidad de un derecho subjetivo, y b) Que ese derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. Luego, el interés jurídico existe cuando una norma jurídica específica ya sea constitucional, legal o contractual, confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa normativa, tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad del derecho conferido. Cabe precisar que el interés jurídico para la promoción del juicio de amparo debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.16/94, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Respecto al tema, el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo se sigue a instancia de parte agraviada, y se entiende como tal quien "aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", mientras que la Ley de Amparo, abunda sobre esta definición. Su artículo 5, fracción I, en la parte que interesa, define como quejoso a quien "aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo", cuando alegue que el acto reclamado viola derechos humanos y ello produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es válido afirmar que la noción de perjuicio, para efectos del juicio de amparo, supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, cuya transgresión por una autoridad o por alguna ley es factor determinante para que su titular ocurra ante el órgano de control de la constitucionalidad a demandar el cese de esa violación. Esa prerrogativa protegida por el ordenamiento legal objetivo, es el interés jurídico que la ley de la materia exige para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia XXVII.1o. (VII Región) J/4 (10a), de rubro: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011." De ahí que el interés jurídico de quien promueve la acción de amparo, sólo se surte en la medida en que se demuestre que el acto reclamado afecta su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones legalmente salvaguardados. Por tanto, la demostración del perjuicio que el quejoso Arturo Enrique Rivas Zea, dice le causan los Decretos reclamados, constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de su constitucionalidad, pues para la procedencia de la acción constitucional, se requiere que el acto combatido incida en la esfera jurídica de la solicitante de la protección de la Justicia de la Unión. En el caso concreto, el solicitante de la protección constitucional refiere que con motivo de los actos reclamados, se le causa una afectación a su esfera de derechos dado que se le pretende reducir el sueldo, ya que dice desempeñarse como empleado en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, Asociación Civil. Ahora para que la afectación sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesario acredite encontrarse en el supuesto de las normas combatidas, por lo que se debe exhibir documentales que produzcan la convicción de que tienen derecho a percibir un salario por el desempeño de un cargo público y que las normas reclamadas afecten su esfera jurídica; sin embargo, no ofreció prueba alguna para acreditar que se ubica en los supuestos del Decreto combatido. Por todo lo anterior, debe decirse que no basta que el quejoso manifestara encontrarse en la hipótesis de la norma reclamada, sino se requiere la demostración fehaciente de la existencia de derecho preexistente que puedan defender en la presente vía, es decir, demostrar tener un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante para impugnar las normas señaladas como actos reclamados. Así para considerar que la ley impugnada impacta en la esfera de derechos del quejoso, éste debió probar, como mínimo, ser funcionario público y que por su desempeño percibía alguna contraprestación. Con base en lo anterior, es claro que la parte quejosa no tiene interés, siquiera legítimo, para reclamar las normas combatidas, por lo que el presente juicio de amparo resulta improcedente, ya que el quejoso no demostró tener interés para combatirlas, al no ser parte del grupo de individuos a quienes puedan afectar las normas impugnadas. En este orden de ideas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no se acreditó la afectación a un interés jurídico ni legítimo, por lo que procede sobreseer en el juicio, conforme al artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E:
- Principal
Estado procesal de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido con exceso el término que le fue otorgado a la parte quejosa por auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto de lo siguiente: "1. En virtud que reclama "del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el refrendo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como la aplicación del mismo" 1.1 La data de la emisión del Decreto relativo por el que se publicó dicha ley. 1.2 Si se reclaman los diversos actos legislativos que dieron origen a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 1.3 Si señala como autoridades responsables a las diversas autoridades que participaron del proceso legislativo relativo a dicha Ley. 1.4 Señale el artículo o artículos cuya aplicación reclama. 2. Deberá señalar el acto que reclama de dicha autoridad responsable, en relación con cada una de las normas que impugna. 2.1 En específico se le hace saber, que de no señalar al titular del órgano de Estado que promulgó el decreto legislativo reclamado, se provocara la improcedencia de la acción constitucional, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia derivada de la interpretación conjunta del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo." Por consiguiente se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto en cita y se resolverá la problemática en el presente juicio de amparo en el que se actúa conforme a los actos, autoridades y argumentos planteados en su demanda de amparo. Ahora bien, notifíquese a la parte quejosa la presente determinación a fin de que este en posibilidad de imponerse de la misma, ello para los efectos legales conducentes Fundamento: Artículo 111, fracción II de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. Por consiguiente, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para celebrarse el día de hoy, se difiere y en su lugar, se fijan las diez horas con cinco minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. Cabe señalar que aun cuando se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional fuera del plazo previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, por la saturación excesiva de la agenda correspondiente, dicho proceder se realizó con el objeto de que prevalezca el derecho a una tutela judicial efectiva por encima de los formalismos procedimentales. Adicionalmente, quien provee considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID-19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia constitucional deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado la audiencia constitucional, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia constitucional no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 124, segundo párrafo de la Ley de Amparo las partes, se insiste, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) la cual no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Notificación a las autoridades responsables. Cabe destacar que se ordena notificar este auto a las autoridades responsables por medio de lista, al no ubicarse el auto de diferimiento de la audiencia constitucional en las hipótesis previstas en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. Invitación al trámite del juicio en línea. Nuevamente se invita a las partes a transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, a fin de que exista la posibilidad de poder dar continuidad al asunto en forma electrónica, lo cual requiere que no solo las promociones se presenten a través del citado Portal, sino también que las partes tengan autorizadas personas para acceder al expediente electrónico, notificarse y actuar electrónicamente; por lo que, además de señalar autorizados que tengan su usuario registrado en el Portal, deben expresamente solicitar que las notificaciones se les realicen en esa vía. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan los siguientes correos institucionales: fjlopezs@cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VISTO. POR NO ACUDIR LA PARTE QUEJOSA, LOS AUTORIZADOS O SU REPRESENTNTE LEGAL AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, A FIN DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO; EN CONSECUENCIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL AVISO QUE SE FIJÓ EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; POR LO QUE SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA HTTP://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp., EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFIQUESE.
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