Arturo Díaz Ramos
Expediente 1009/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1009/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Arturo Díaz Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto lo de cuenta, el suscrito advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión dentro del término legal, contra el auto de ocho de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio constitucional; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, dicho expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
Agréguese a los autos los informes justificados signados por el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN DE LA MESA QUINTA DE MANZANILLO, COLIMA, así como el anexo que exhibe. Por otra parte, vista la constancia remitida se desprende en lo que aquí interesa, que la autoridad oficiante, el cinco de julio del año en curso, dictó el acuerdo en el que determinó el ejercicio de la acción penal y consignó los hechos ante el Juez Penal de la Ciudad de Manzanillo, asimismo, le remitió las constancias que integran la averiguación previa AP/M5/326/2014. Constancias que cuentan con pleno valor probatorio, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2º de la citada norma, por tratarse de documento público expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de sellos y una firma que así lo demuestran, respecto de las cuales este juzgado, gozando de la más amplia libertad para su análisis, considera que las mismas hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados en ellos. Es ilustrativo al caso, por las razones que lo informa, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis número XX. 303 K, visible en la página 227, Tomo XV, enero de 1995, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 209484, de rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él." Así las cosas y con base en lo expuesto, este juzgado determina que el presente juicio de garantías deviene improcedente respecto del acto reclamado, por surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de garantías es improcedente cuando los efectos del acto que dieron origen a la contienda constitucional han cesado, es decir, han sido destruidos como si la protección federal se hubiera concedido en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, quien acude por esta vía de amparo indirecto, reclama de la autoridad responsable, la omisión de pronunciarse sobre la integración y determinación del Acta Ministerial número 175/2014, ahora averiguación previa AP/M5/326/2014. En esas condiciones, si el cinco de julio del año en curso, la autoridad responsable dictó el acuerdo en el que determinó el ejercicio de la acción penal; procede arribar a la conclusión de que los efectos del acto reclamado se destruyeron como si se hubiera concedido la protección federal a la parte quejosa, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de Jurisprudencia perteneciente a la novena época, número 2ª./J.59/99, del tomo IX, junio de 1999, inserta en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del título: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, procede sobreseer fuera de audiencia en la presente litis constitucional de conformidad en lo dispuesto con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del cuerpo legal en comento. En vista de lo anterior, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada para las once horas del veintidós de julio próximo.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 8 DE JULIO DE 2016 QUE, EN ESENCIA, DICE: Agréguese a los autos los informes justificados signados por el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN DE LA MESA QUINTA DE MANZANILLO, COLIMA, así como el anexo que exhibe. Por otra parte, vista la constancia remitida se desprende en lo que aquí interesa, que la autoridad oficiante, el cinco de julio del año en curso, dictó el acuerdo en el que determinó el ejercicio de la acción penal y consignó los hechos ante el Juez Penal de la Ciudad de Manzanillo, asimismo, le remitió las constancias que integran la averiguación previa AP/M5/326/2014. Constancias que cuentan con pleno valor probatorio, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2º de la citada norma, por tratarse de documento público expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de sellos y una firma que así lo demuestran, respecto de las cuales este juzgado, gozando de la más amplia libertad para su análisis, considera que las mismas hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados en ellos. Es ilustrativo al caso, por las razones que lo informa, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis número XX. 303 K, visible en la página 227, Tomo XV, enero de 1995, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 209484, de rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él." Así las cosas y con base en lo expuesto, este juzgado determina que el presente juicio de garantías deviene improcedente respecto del acto reclamado, por surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de garantías es improcedente cuando los efectos del acto que dieron origen a la contienda constitucional han cesado, es decir, han sido destruidos como si la protección federal se hubiera concedido en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, quien acude por esta vía de amparo indirecto, reclama de la autoridad responsable, la omisión de pronunciarse sobre la integración y determinación del Acta Ministerial número 175/2014, ahora averiguación previa AP/M5/326/2014. En esas condiciones, si el cinco de julio del año en curso, la autoridad responsable dictó el acuerdo en el que determinó el ejercicio de la acción penal; procede arribar a la conclusión de que los efectos del acto reclamado se destruyeron como si se hubiera concedido la protección federal a la parte quejosa, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de Jurisprudencia perteneciente a la novena época, número 2ª./J.59/99, del tomo IX, junio de 1999, inserta en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del título: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, procede sobreseer fuera de audiencia en la presente litis constitucional de conformidad en lo dispuesto con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del cuerpo legal en comento. En vista de lo anterior, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada para las once horas del veintidós de julio próximo.
- Principal
Visto el escrito del quejoso Sergio Castillo Elizondo, , mediante el cual formulan diversas manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la responsable a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se reserva a proveer en cuanto al fondo de su contenido, hasta pronunciarse sobre el cumplimiento.
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