Arturo Delgado Mejia

Expediente 1201/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1201/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Arturo Delgado Mejia

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por Jessica Contreras Islas, en su carácter de apoderada legal de ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por ***, en su carácter de apoderada legal de ***, téngaseles solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo. REGISTRO DE DEMANDA Fórmese expediente y regístrese con el número 1201/2021-III, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHADA Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, el juez de distrito examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así, lo manifiesto e indudable de la causa de improcedencia debe entenderse como aquella circunstancia que se advierte de primera mano, claramente y sin mayor raciocinio, por lo que se genera la certeza de que aun superadas las exigencias probatorias en el juicio de amparo, la causa de improcedencia pervive porque no puede ser desvirtuada. Sirve de apoyo, por identidad de sustancia jurídica, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Estos extremos se actualizan en el caso de nuestra atención, porque la suscrita considera que el juicio de amparo es improcedente contra el acto que se señala como reclamado, en tanto que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia a que alude la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" La regla general que condiciona la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman actos dentro de un juicio seguido ante los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, es que los actos tengan efectos de imposible reparación. Para considerar que un acto tiene efectos de imposible reparación, se atiende al sentido literal de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo: los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los derechos sustantivos no son otra cosa sino derechos fundamentales y humanos; los primeros reconocidos por el Poder Constituyente y los segundos como exigencias o demandas generalizadas reconocidas internacionalmente. Ambos coinciden en su finalidad de garantizar y hacer efectiva la dignidad que todo ser humano tiene por el hecho de serlo, por lo que se le reconocen prerrogativas y bienes jurídicos inherentes a su persona, para que pueda desenvolverse socialmente como tal. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza de los derechos fundamentales y humanos que son tutelados en términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de la materia, la procedencia del juicio de amparo es inmediata (desde luego con sus condicionantes como la observancia del principio de definitividad), porque es posible que la afectación no pueda repararse, aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental o humano de que se trate. Al caso, es aplicable la tesis aislada I.1o.A.E.30 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, marzo de dos mil quince, Tomo III, página 2317, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." De esa guisa, para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio que sean de imposible reparación, quedan excluidas las violaciones que afecten derechos adjetivos o procesales, pues las incidencias que ocurran con motivo de la prosecución procesal sólo tienen que ver con las condiciones bajo las cuales el juzgador llegará a resolver la cuestión que se somete a su potestad, siendo entonces la decisión que emita la que intervenga los derechos fundamentales y humanos en juego. Es importante mencionar que, antaño, en la Ley de Amparo abrogada, de acuerdo a la interpretación que del artículo 114, fracción IV, realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se consideraban actos equiparables a los de imposible reparación, aquellos que por su consecuencia legal afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, en la nueva Ley de Amparo el legislador determinó excluir esa hipótesis de procedencia establecida por la jurisprudencia, y excluyó la procedencia del amparo indirecto contra violaciones procesales de grado predominante y superior, pues el artículo 107, fracción V de la nueva Ley de Amparo, sólo se refiere como actos de imposible reparación, a los que afecten materialmente derechos sustanciales tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales. Sobre el particular conviene invocar la tesis aislada 2a. L/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de dos mil quince, Tomo I, página 1069, Décima Época, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales." Bajo este entendimiento, si en el caso que nos ocupa el acto reclamado consiste, básicamente, en el acuerdo dictado en el expediente 293/2019 recaído en la audiencia de pruebas, alegatos y resolución de uno de septiembre de dos mil veintiuno, a través del cual fueron admitidas las probanzas ofertadas por la Secretaria de Educación Pública del estado de Hidalgo (tercero interesado), sin atender a las objeciones realizadas por la parte actora (hoy quejoso), relativo a la copia simple de la resolución de dos de octubre de dos mil diecinueve, por ende, es inconcuso que tal determinación, al margen de su legalidad, no puede considerarse como de imposible reparación. En efecto, del capítulo de antecedentes se advierte el promovente señala que en audiencia de uno del mes y año en curso, relativa a pruebas alegatos y resolución realizó una objeción por cuanto hace a la prueba señalada con el numeral 2 (copia simple de la resolución de dos de octubre de dos mil diecinueve, emitida por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, solicitando su cotejo y compulsa con el original que obra dentro del expediente SEPH-10.3*2C.5/0043-2019, ya que debió exhibirse en original y no en copia simple) ofrecida por la demandada en su escrito de contestación de demanda. No obstante, resulta incuestionable que los efectos del acto reclamado sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución respectiva, si ésta es favorable a los intereses de la parte quejosa y en caso contrario, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva contra el laudo, impugnando la determinación de que se duele, en su caso, como violaciones procesales, en términos de los artículos 170, fracción I y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTICULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.)" "ARTICULO 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (... ) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." En efecto, el artículo 107 constitucional, establece como regla general que tratándose de amparo directo éste sólo procederá contra sentencias definitivas o laudos, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa a la parte quejosa o bien contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio. Así, es claro que la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, está supeditada a aquellos actos que materialmente violen derechos sustantivos. Por tanto, si las consecuencias de la determinación reclamada son de carácter intraprocesal y no tienen una ejecución de imposible reparación, se concluye que la determinación en estudio, esto es, el acuerdo dictado en el expediente 293/2019 recaído en la audiencia de pruebas, alegatos y resolución de uno de septiembre de dos mil veintiuno, a través del cual fueron admitidas las probanzas ofertadas por la Secretaria de Educación Pública de Hidalgo (tercero interesado), sin atender a las objeciones realizadas por la parte actora (hoy quejoso), relativo a la copia simple de la resolución de dos de octubre de dos mil diecinueve, no cumple con los requisitos necesarios para poder ser atacado por esta vía constitucional, porque sólo afecta los derechos adjetivos o procesales, que se traducen en violaciones que podrían no trascender al sentido del laudo que ponga fin a juicio. En el entendido que los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable y, en el supuesto de que no fuera así, estaría en aptitud de promover en su contra el juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de un acto en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número IX.1o. J/10, de rubro: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." Sustenta la anterior conclusión, la tesis de jurisprudencia número IV.2o.C. J/2 (10a.), cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).". De igual manera, es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia número I.1o.A.E. J/5 (10a.), cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Concluyentemente, es incuestionable que en el presente caso, se surte la causa de improcedencia al inicio invocada y con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la presente demanda de amparo debe desecharse, lo anterior para los efectos legales a que hay lugar. Se arriba a tal conclusión con apoyo en lo que prevé el artículo 17 Constitucional, referente a la celeridad que debe imperar en cualquier juicio, pues a nada práctico conduciría dar trámite a la demanda que nos ocupa. Además, con apoyo en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Sin que la determinación adoptada implique denegación de justicia porque las causas de improcedencia establecidas en la ley reglamentaria del juicio de amparo, corresponden a lo que en la doctrina se conoce como presupuestos procesales, motivos que una vez advertidos en el juicio de amparo, de oficio o a instancia de parte, impiden al órgano jurisdiccional emitir un pronunciamiento de fondo, sin prejuzgar sobre el contenido de la pretensión planteada en la demanda, es decir, sin resolver en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que cita, esto por no contar con registro de su cedula en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito. Asimismo, proporciona como forma especial y expedita de contacto un correo electrónico y números telefónicos, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus Covid-19. USUARIO PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRONICO De igual forma, luego de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre de los usuarios "LCJUR" y/o "LZConsulturoesJuridicos". Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y los Capítulos Cuarto, Sección Tercera y Quinto, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo (que sustituyó al diverso AG 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal), se autoriza la substanciación del asunto en que actúa mediante el modelo de juicio en línea, esto es, que su consulta, promoción y práctica de notificaciones deberán efectuarse de manera electrónica; en la inteligencia de que dicha autorización surtirá efectos solamente para este expediente. Haciendo de su conocimiento que la tramitación del juicio en línea se desarrollará con independencia de que las demás partes continúen actuando en el esquema tradicional, y a pesar de que la tramitación requiera de la práctica de notificaciones personales o del desahogo de actuaciones que exijan la presencia física de las partes, tal como lo establece el artículo 31 del referido Acuerdo General 21/2020. De tal manera, se comisiona al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta a los usuarios "LCJUR" y/o "LZConsulturoesJuridicos", en el expediente electrónico en que se actúa, para los efectos precisados. Haciendo del conocimiento de la quejosa que, si desea que las notificaciones derivadas del asunto en que se actúa se realicen de manera electrónica, deberá solicitarlo expresamente a través de promoción impresa o electrónica que se dirija a este órgano jurisdiccional, señalando el usuario designado para tal efecto, lo cual podrá efectuar por sí o a través de sus autorizados; en el entendido que dicha autorización surtirá efectos solamente para este expediente. Ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo (que sustituyó al diverso AG 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal). Por lo anterior, será hasta que efectúe la manifestación de manera expresa en los términos que se indican en que se procederá a realizar la notificación de esa manera. Sin embargo, a fin de que se encuentre enterada del contenido del presente proveído, por esta ocasión efectúese la notificación de este acuerdo mediante el usuario que proporciona, sin perjuicio de realizarlo por lista en términos de lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 1 fracción I, último párrafo, y 2 fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. PRECISIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Esta medida cautelar deberá ser acatada por las autoridades responsables, apercibidas que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo abrogada. Notifíquese personalmente a través de los usuarios "LCJUR" y/o "LZConsulturoesJuridicos".

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