Arturo del Río Loredo
Expediente 1007/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1007/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Arturo del Río Loredo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada del acuerdo emitido el once de noviembre actual, en el expediente laboral 2207/2019, de su índice, del que se advierte que dejó nula la fecha y hora señalada en auto de dieciocho de agosto del presente año, para el desahogo de pruebas, y en su lugar se señalaron las trece horas del uno de diciembre del año dos mil veintiuno. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a la constancia que se recibió en el presente auto; y una vez que transcurra el mismo, esta Juzgadora efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, once de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por medio del cual, en atención al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional mediante oficio 27270/2021, informa que con esa fecha (nueve de noviembre actual) se turnaron los autos al auxiliar de mesa de esa Junta para efectos de que le dé debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales correspondientes. No obstante, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada del auto del que se advierta que dejó insubsistente la determinación de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en la parte en que señaló las nueve horas del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, como fecha para la audiencia de desahogo de pruebas, en el expediente laboral 2207/2019 de su índice. En su lugar, emita otra en la que fije hora y fecha próxima para que lleve a cabo la referida audiencia observando el plazo previsto en el numeral 883 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de dar cabal cumplimiento a lo instituido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el entendido que en caso de no hacerlo, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el uno de octubre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Arturo del Río Loredo; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que dentro del término de tres días hábiles, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: [.]Dejar insubsistente el acto reclamado, esto es, la determinación de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, únicamente en la parte en que señaló las nueve horas del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, como fecha para la audiencia de desahogo de pruebas, en el expediente laboral 2207/2019 de su índice. En su lugar, emita otra en la que fije hora y fecha próxima para que lleve a cabo la referida audiencia observando el plazo previsto en el numeral 883 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de dar cabal cumplimiento a lo instituido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ese efecto, debe implementar las medidas idóneas y eficaces a fin de salvaguardar la salud de los integrantes de dicho órgano jurisdiccional y los justiciables, en torno a la actual contingencia sanitaria provocada por el SARS-CoV2 (COVID-19). [.] Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintiuno. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1007/2021-5, promovido por Arturo del Río Loredo, contra el acto que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los juzgados de distrito en el Estado, y recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado a este órgano jurisdiccional el treinta siguiente, Arturo del Río Loredo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La negativa o abstención injustificada de la H, Junta Local de Conciliación y Arbitraje a señalar en el expediente 2207/2019 fecha próxima para la celebración de la AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS, en virtud de que mediante acuerdo de fecha dieciocho de agosto del año dos mil veintiuno señaló las nueve horas del día dieciocho de mayo del año dos mil veintidós como fecha para el desahogo de la audiencia (.) AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1007/2021-5; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El acuerdo de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, dentro del expediente laboral 2207/2019, en el que se señalan las nueve horas del dieciocho de mayo del año dos mil veintidós. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó ser cierto el acto que se le reclama, anexando copia certificada del proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral de origen, a la que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible | en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Probanza de la que se advierte que fijó las nueve horas del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, para el verificativo de la audiencia de desahogo de pruebas (fojas 16 y 17). En ese tenor, atendiendo a los datos proporcionados en la demanda de amparo, corroborado con la constancia que como justificación de su informe envió la autoridad responsable, podemos colegir que para los efectos de este juicio de amparo, hay certeza sobre la existencia del acto reclamado por la parte quejosa. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL. La parte quejosa esencialmente reclama el acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 2207/2019, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en la que señala fecha distante -dieciocho de mayo de dos mil veintidós- para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas. Sobre el particular, concretamente aduce que el acto reclamado viola en su perjuicio, entre otros, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la fecha establecida por la responsable para la aludida audiencia, se encuentra fuera del término previsto por la ley para ese efecto. Al respecto, esta juzgadora considera que es fundado el precitado motivo de inconformidad, porque la fecha establecida en el acuerdo reclamado excede el plazo de diez días otorgado por el legislador en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. En consonancia con ese derecho fundamental, el numeral 883 de la Ley Federal del Trabajo instituye que en el mismo acuerdo en que se admitan las pruebas, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días hábiles siguientes. Asimismo, del ordinal 685 de la ley laboral en cita, se deduce que las juntas tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Conforme a lo anterior, es claro que la determinación de la responsable al señalar como fecha para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en el juicio laboral 2207/2019 de su índice, vulnera el derecho fundamental de justicia pronta y expedita, porque constituye una fecha que excede el plazo previsto para ese efecto en la legislación laboral precitada. Esto, tomando en cuenta que entre la data del acuerdo reclamado y la programada para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas median nueve meses. Aunado a ello, en relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución o trámite de los asuntos, el párrafo 1 del artículo 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instituye que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso. Para determinar la razonabilidad del plazo, es de tomar en cuenta el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha sido denominado como el "análisis global del procedimiento", que consiste en examinar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. En el caso particular, el legislador determinó un plazo de diez días para que la junta señalara la audiencia de desahogo de pruebas, a partir de la admisión de éstas. Por tanto, la fecha señalada por la autoridad responsable para la audiencia de mérito, además de exceder el plazo establecido por el legislador para ese efecto, tampoco resulta razonable. Es de tomar en cuenta, lo expuesto en la tesis I.4o.A.5 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, página 1453, cuyo rubro y texto es: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos". Por lo que le asiste la razón a la parte quejosa al exponer que el acuerdo reclamado vulnera en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional. Esta juzgadora no pasa inadvertida la actual contingencia sanitaria; empero, es un hecho notorio que la suspensión de las actividades no esenciales fue decretada a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte. Además, tal circunstancia no puede considerarse válida para señalar la hora fecha para la citada audiencia fuera de los plazos previstos por la Ley, pues el artículo primero, fracción II, inciso b), del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de marzo de dos mil veinte, prevé que la procuración e impartición de justicia son consideradas "actividades esenciales". Asimismo, en la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20, de nueve de abril de dos mil veinte, se estableció que todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a la pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos. De igual forma, se indicó que debe velarse porque se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras, garantizándose el acceso a la justicia, lo cual es congruente con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Con base en las anteriores consideraciones, se concede al impetrante el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En mérito de lo anterior, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, deberá: Dejar insubsistente el acto reclamado, esto es, la determinación de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, únicamente en la parte en que señaló las nueve horas del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, como fecha para la audiencia de desahogo de pruebas, en el expediente laboral 2207/2019 de su índice. En su lugar, emita otra en la que fije hora y fecha próxima para que lleve a cabo la referida audiencia observando el plazo previsto en el numeral 883 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de dar cabal cumplimiento a lo instituido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ese efecto, debe implementar las medidas idóneas y eficaces a fin de salvaguardar la salud de los integrantes de dicho órgano jurisdiccional y los justiciables, en torno a la actual contingencia sanitaria provocada por el SARS-CoV2 (COVID-19). SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Arturo del Río Loredo, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable; lo anterior por las razones y para los efectos precisados en los considerandos QUINTO y SEXTO de la presente resolución y en la parte considerativa respectiva. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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