Arturo de Jesús Urbina Nandayapa
Expediente 719/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 719/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Arturo de Jesús Urbina Nandayapa
- Juez 62 de lo Civil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, once de septiembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, con transcripción del auto de cuatro de los cursantes, del que se advierte que acusa recibo del oficio 5982-4, mediante el cual, se le remitió los autos de juicio de amparo 719/2017-IV, e informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia para seguir conociendo del presente juicio; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, contrario sensu, archívese el presente cuaderno como asunto concluido. Se precisa que el presente cuaderno se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto VIGÉSIMO fracción I, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con el punto DÉCIMO del acuerdo de mérito este cuaderno es susceptible de destrucción, lo que deberá acontecer una vez que transcurran SEIS MESES a partir de esta data. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con la fracción I, inciso a), del artículo 97 de la Ley de Amparo, para que el quejoso recurriera el auto de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete (fojas 59 a 65), en el que se desechó parcialmente la demanda de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto, ha CAUSADO ESTADO. Por otra parte, del estado de autos se advierte que por acuerdo de dieciséis de agosto del año en curso, este órgano de control constitucional, declinó competencia a los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno; mismo que fue turnado al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; sin que se tenga conocimiento sí aceptó o no la competencia declinada. En consecuencia, a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente en el cuaderno en que se actúa, solicítese atentamente al Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que de no tener inconveniente legal alguno, ordene a quien corresponda, acuse recibo e informe si aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. Visto el escrito firmado por el quejoso Arturo de Jesús .., mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de nueve del mes y año en curso, manifiesta: 1. Que José Antonio ., no tiene el carácter de tercero interesado. 2. La denominación correcta del juez que señaló como: Juez de Distrito Decimo Primero de lo Penal de la Ciudad de México, es: Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3. La vinculación de los actos reclamados al Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con las autoridades responsables es que no haya estudiado el asunto penal propuesto, con motivo del desalojo de un inmueble, con ayuda de la fuerza pública (cincuenta granaderos), ordenado por el juez civil de origen. 4. Los actos que reclama del homólogo federal de referencia son: a) La negativa de impartirle justicia b) Remitir los autos de un juicio de amparo penal al Juez Decimosegundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. Ahora bien, con relación a los actos reclamados al Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se actualiza la causa de improcedencia prevista la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las siguientes razones. Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Por las razones que informan, es aplicable la tesis: 1a. LXX/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de 2003, página: 83, registro: 182624, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." Por su parte, la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; De ello se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman resoluciones dictadas en los juicios de amparo, lo que tiene como fin evitar la interposición de juicios de amparo infinitos contra actos dictados dentro de otro juicio de amparo, tomando en cuenta que esos actos están sujetos a la interposición de los medios de impugnación que la Ley de Amparo establece. Por tanto, si los actos reclamados al Juez Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, se hacen consistir en la negativa de impartir justicia al quejoso y remitir (incompetencia legal) los autos de un juicio de amparo penal, al Juez Decimosegundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es evidente que la negativa reclamada, deriva de la remisión del juicio de amparo que promovió el ahora quejoso, a un Juez de Distrito en Materia Civil, toda vez que consideró que se tratan de actos eminentemente civiles. En tales condiciones, se desecha parcialmente la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados al Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, promovido por Arturo Jesús ., al actualizarse la causa de improcedencia invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XXI.1o. J/15, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, marzo de 2000, página: 867, registro: 192185, cuyos rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo." Por otra parte, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, y para ello, en la demanda de amparo los actos reclamados se hicieron consistir en: "Del C. Juez de lo Civil sexagésimo segundo RODRIGO CORTES DOMINGUEZ TOLEDANO, se reclama el acuerdo de 10 de julio de 2017, mediante el cual ordena y solicita la presencia de cincuenta granaderos para romper cerraduras para el desalojo de la propiedad, de la cual no se describe el domicilio exacto. De igual manera se reclama, el acuerdo de 13 de julio publicado el 31 de julio de 2017 en el boletín México, en el cual, se deja sin efectos el desalojo del inmueble para ordenar la presencia de 50 granaderos con órdenes secretas, las cuales pueden ser de secuestro y desaparición forzada de personas, o de o de homicidio, ordenado por el Juez 62 de lo civil, de lo cual se comprueba con los acuerdos de fechas indicadas. 2. El secretario de Acuerdos SALVADOR COVARRUBIS (sic) TORO del Juzgado Civil sexagésimo segundo, por haber dado fe del acuerdo de 10 de julio de 2017 mediante el cual ordena y solicita la presencia de cincuenta granaderos para romper cerraduras para el desalojo de la propiedad, de la cual no se describe el domicilio exacto. 3. Del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se reclama la falta de vigilancia sobre la actuación delictiva de las autoridades responsables señaladas en esta demanda." Asimismo, los acuerdos de diez y trece de julio del año en curso, dictados en el expediente 1613/2012, por el Juez Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México, que transcribió en la demanda de amparo (fojas 15 y 16), los cuales son del tenor siguiente: "México, a 10 de Julio de 2017 A su Incidente de liquidación de costas procesales la razón del C. Actuario adscrito misma que antecede la cual se encuentra sin diligenciar en virtud de la oposición del demandado a la práctica de la diligencia ordenada en proveído de fecha 2 de octubre de 2015 atento a lo solicitado por el actor en la citada acta de diligencia, consecuentemente pasen los autos al C. actuario adscrito a efecto de que proceda dar cumplimiento a lo ordenado en el citado proveído de fecha 2 de octubre de 2015 y con fundamento en los artículos 73 fracción 11 y de Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, se Autoriza el auxilio de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras, por lo que en términos del artículo 4 fracción XIII de la Ley Organica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Acuerdo Plenario 63. 35/2011 emitido por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Gírese el oficio correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública para que se designe un grupo de 50 granaderos para que auxilien y protejan al actuario de la adscripción y a la parte actora e intervengan todos efectivamente hasta el total desalojo del inmueble (personas y cosas) Apercibidos de que no hacerlo, esto es no ACUDIR LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS, o de no intervenir en la citada diligencia hasta que se concluya o bien en el caso de que se fugue la información del día y la hora que se señale para esa diligencia EN EL OFICIO QUE SE LA REMITA (ya que es información confidencial resguardada por este juzgado) Con el acta del actuario se levantará la denuncia penal de posibles hechos delictivos que resulten en contra de quien o quienes resulten responsables de los mismos, incluyendo mandos medios y superiores responsable de los mismos (administrativos y operativos) de esa dependencia ante la Procuraduría General de Justicia de la ciudad de México. Notifiquese. (.) CIUDAD DE MÉXICO, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE Dada nueva cuenta con los presentes autos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84 y 272-G del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en regularización del procedimiento, se aclara el proveído de fecha diez de julio de dos mil diez y siete que dice DEBIENDO DECIR: "... gírese el oficio correspondiente a la Secretaria de Seguridad Pública para que designe un grupo de CINCUENTA GRANADEROS para que auxilien y protejan al actuario de la adscripción y a la parte actora e intervengan todos efectivamente en la práctica de la diligencia ordenada en el proveído de fecha dos de octubre de dos mil quince, consistente en el requerimiento de pago y embargo, Apercibidos de que no hacerlo, esto es no ACUDIR LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS ..." Aclaración que se hace para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifiquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México licenciado RODRIGO CORTES DOMINGUEZ TOLEDANO, asistido del C. secretario de Acuerdos "A" licenciado SALVADOR COVARRUBIAS TORO, con quien actúa y da Fe." Además, del Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, reclama: - La denegación de justicia al haber desechado los amparos ante el presentados. - Luego, en el punto siete de la foja tres de la demanda señala ". por abstenerse de conocer un amparo que es posible sea privativo de la libertad en términos del artículo 22 constitucional". - Asimismo, en el punto sexto de la página once del escrito de demanda, se advierte que le reclama, que de manera constante y reiterada niegue la protección y el amparo de la justicia federal, avalando actos ilegales. - En tanto que en el punto cinco de la página cuatro del escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el once de agosto del año en curso señala lo siguiente: ". la denegación de justicia. Ya que de manera reiterada sin analizar la ilegalidad de los acuerdos, desecha los amparos presentados. Manifiesta un favoritismo indigno de un Juez de Distrito en favor de las autoridades responsables." Ahora, conviene señalar el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Sirve de sustento a lo expuesto la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVII, que establece: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso.". Por competencia debe entenderse la facultad que la ley otorga a un órgano jurisdiccional para que conozca determinados asuntos, dentro de los límites que la propia norma determina. Es un presupuesto procesal básico para poder ejercer la jurisdicción y así estar en aptitud de realizar cualquier otro acto procesal; por tanto, para que un juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, al hallarse éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia respecto de los demás jueces o tribunales. Luego, los artículos 33 a 40, de la Ley de Amparo, disponen diversos supuestos de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo; sin embargo, éstos atienden a la competencia por razón de territorio, grado y a la auxiliar, pero nada señalan respecto del presupuesto en estudio al tratarse en razón de la materia. Por ello, debe acudirse a lo que precisa el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para advertir, las hipótesis de competencia al tratarse de Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, mismo que establece: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". De la anterior se obtiene que, los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán, de los juicios de amparo que se promuevan contra: - Resoluciones judiciales del orden penal; - Actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, - Actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; - Contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; - De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal; y - De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. Por tanto, para determinar la competencia por razón de la materia de un Juez de Distrito, debe atenderse a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. En ese sentido, se itera, que los actos reclamados por Arturo de Jesús ., son los acuerdos de diez y trece de julio del año en curso, dictados en el expediente 1613/2012, por el Juez Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México. En consecuencia, tales actos no son competencia de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, ya que no se trata de resoluciones judiciales del orden penal, porque no fueron dictados dentro de proceso alguno en esa materia o deriven de alguna averiguación previa o carpeta de investigación, ya que los acuerdos que reclama fueron dictados en el expediente 1613/2012 del índice del Juez Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México. Tampoco son actos que afecten la libertad personal, con independencia de la naturaleza de las autoridades que lo hayan emitido; esto tomando en cuenta que los acuerdos referidos de diez y trece de julio, ambos de dos mil diecisiete, fueron dictados por un juez en materia civil, referentes el primero, a autorizar el auxilio de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras para el desalojo de un inmueble, como medida de apremio; en tanto que el siguiente acuerdo se aclaró que el auxilio de la fuerza pública era a efecto de que el actuario adscrito al juzgado de referencia, llevara a cabo la práctica de la diligencia ordenada consistente en el requerimiento de pago y embargo. Menos aún, se trata de actos promovidos conforme con la fracción VII del artículo 107 Constitucional, es decir, dictados en juicio, fuera de éste o después de concluido, o bien, que afecten a personas extrañas al mismo, de lo que se colige, este juzgado carece de competencia legal para conocer del juicio constitucional por cuanto a dichos actos se refiere. Asimismo, el juicio de amparo no se promueve contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, pues se insiste los actos reclamados destacados, se hacen consistir en los acuerdos multireferidos, emitidos por el Juez Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México. Finalmente, tampoco se trata de una denuncia por incumplimiento a una declaratoria de constitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de normas generales en materia penal. Además, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio que al tratarse de conflictos competenciales por razón de la materia, es decir, aquéllos que se susciten entre distintos órganos jurisdiccionales, en virtud de su especialización, para su resolución debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 1a. II/92, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 94, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto.". Por su parte, el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone: "Artículo 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta Ley; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Del texto transcrito se advierte que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Civil, son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, debido a que los actos de autoridad que reclama el promovente de amparo, no son de aquéllos que su conocimiento estén reservados para los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, sino que se hacen consistir en los acuerdos de diez y trece de julio del año en curso, dictados en el expediente 1613/2012, por el Juez Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México; de ahí que corresponde a un órgano jurisdiccional en materia civil conocer de ellos y, por ende, no puede considerarse que se trate de un acto de naturaleza penal. Además, aun cuando aduce en la demanda de amparo (foja 5), que con motivo de los acuerdos dictados por el juez civil responsable, se pueden cometer actos de secuestro, homicidio y desaparición forzada; lo cierto es que, no se trata de actos actuales o inminentes sino futuros e inciertos, toda vez que éstos los hace depender o pudieran derivar de los acuerdos referidos; asimismo, y por las razones antes citadas no es el caso decretar suspensión de plano o de oficio, respecto de los dos últimos actos citados, pues aun cuando se encuentran inmersos dentro del artículo 15 de la Ley de Amparo, éstos se hacen depender de los acuerdos emitidos por el juez civil, y en este aspecto no son inminentes porque así se desprende de los antecedentes relatados en el escrito de demanda. Apoya en lo conducente la tesis 2a./J. 24/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 412 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, que establece: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." Ahora por cuanto hace al acto que reclama del Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por las razones señaladas en párrafos anteriores, en el mismo sentido, lo procedente es declinar la competencia, toda vez que dada la materia de este órgano jurisdiccional no es posible realizar mayor pronunciamiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, 51 fracción I y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase copia certificada del presente juicio, así como las copias de la demanda de garantías y anexos al Jefe de la Oficina Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, quien a su vez, deberá enviarlo al Juzgado de Distrito en esa materia, que por razón de turno corresponda. Solicítese a quien corresponda conocer el acuse de recibo y la comunicación de la resolución que pronuncie al respecto. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, once de agosto de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito signado por Arturo de Jesús ..., mediante el cual refiere desahogar el requerimiento formulado en proveído de nueve de agosto actual (foja 40 a 42). Ahora bien, cabe indicar que el requerimiento de referencia fue para que el quejoso manifestara: 1. Qué acto le reclama al Juez de Distrito Decimo Primero de lo Penal de la Ciudad de México; y qué vinculación tienen los actos reclamados a las demás autoridades responsables. 2. Si únicamente promueve por su propio derecho o en representación de una sociedad mercantil y de ser así, debería exhibir la documental correspondiente que acreditara esa circunstancia. 3. A quién le resulta el carácter de tercero interesado e informara el domicilio donde pueda ser emplazado. Sin embargo, con el escrito de cuenta, únicamente desahogó lo relativo al arábigo 2, y por cuanto hace al ordinal 3, lo desahogó parcialmente, en virtud de no precisar si José Antonio González Juárez, tiene o no el carácter de tercero interesado y tampoco precisó su domicilio. Por cuanto hace al arábigo 1, no se tiene por desahogado, en virtud de que no indica qué acto le reclama al Juez de Distrito Decimo Primero de lo Penal de la Ciudad de México. Asimismo, y tampoco cuál es el acto de vinculación o qué vinculación tienen los actos reclamados a dicho juez, con los actos reclamados a las demás autoridades responsables. Además, dentro del término concedido en auto de nueve de agosto actual, deberá precisar la denominación de la autoridad responsable que señaló como: Juez de Distrito Décimo Primero de lo Penal de la Ciudad de México. Lo anterior, tomando en cuenta que en la ciudad de México (en el ámbito penal federal), únicamente existen Jueces de Distrito de Procesos Penales Federales y Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los juzgados de distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero siguiente, así como el artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de dos mil diecisiete. Asimismo, existen Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en los reclusorios Norte, Sur y Oriente de la Ciudad de México, de conformidad con el Acuerdo General 3/2016, que crea el Centro de Justicia Penal Federal la Ciudad de México. De igual manera, en la Ciudad de México (en el ámbito penal local) existen Jueces Penales; Jueces Penales de Delitos No Graves y Jueces del Sistema Procesal Penal Acusatorio, todos de la Ciudad de México. Por tanto, con el escrito que se atiende, sólo reitera los actos y autoridades que señaló en la demanda de amparo; sin embargo, esas manifestaciones y denominaciones son genéricas y ambiguas que no permiten dilucidar la competencia de este órgano de control constitucional, en términos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, no se tiene por desahogado el requerimiento formulado en auto de nueve de agosto del año en curso, y continúa transcurriendo la temporalidad ahí señalada, para que dé cumplimiento al mismo. Con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a las prevenciones señaladas, en el término que para tal efecto se le otorgó, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la ley de la materia, respecto de la autoridad señalada como: Juez de Distrito Décimo Primero de lo Penal de la Ciudad de México. Notifíquese.
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