Arturo David Vásquez Urdiales

Expediente 933/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
933/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/01/2022

Partes del expediente

  • Arturo David Vásquez Urdiales

Actuaciones

  1. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE SE LISTA LO SIGUIENTE: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta localidad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintitrés de noviembre del año en curso, dentro del recurso de queja 226/2021 de su índice; así como copias certificadas de este juicio de amparo. Acúsese recibo. En esta línea, hágase saber a la parte quejosa que la Superioridad declaró infundado el recurso de queja que interpuso contra el auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovido en esta instancia constitucional. Por otra parte, tomando en consideración el estado de autos así como la certificación que antecede, se desprende que existe en el presente asunto documento original glosado que exhibió la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General, requiérasele a efecto que comparezca a recibirlos, dentro del término de noventa días hábiles a partir de la legal notificación de este proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, continuará glosado y correrá la misma suerte que este expediente. Documentos que se entregarán personalmente a la parte promovente, o por conducto de la persona que haya autorizado expresamente para tal efecto, previa copia y razón de su recibo se deje en autos. Además, dígase a dicha parte que la entrega de dichos documentos deberá ser a través del sistema de "citas" en términos del "ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; por lo que, deberá realizar la cita correspondiente a través del sistema de agendas "OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este Juzgado de Distrito. Así, tomando en consideración que fue ordenada la devolución de documentos originales; que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen diversos documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco existe asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad, por medio del cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto contra el auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno; el cual quedó registrado con el número *** de su índice; de lo que se toma debido conocimiento.. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta signado por ****, quien se ostenta como representante del promovente del amparo *****, mediante el cual interpone recurso de queja, contra el auto de nueve de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe con justificación en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez que en el presente asunto, mediante auto nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo, al que se deberá adjuntar el original y copia del ocurso de cuenta, así como las copias certificadas conducentes como apoyo del mismo; remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito en turno, con residencia en este municipio, con sede en esta ciudad, para la sustanciación del recurso. Sin que haya lugar a requerir a las partes que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que el presente juicio de amparo fue desechado, motivo por el cual no fueron emplazadas. Por otra parte, en cuanto a su petición, de que le sea devuelta la copia del instrumento notarial que acompaña a su escrito; en atención a ello y a fin de que la superioridad esté en posibilidad de verificar la representación con la que se ostenta el aquí promovente, se le hace de conocimiento que dicha solicitud podrá reiterarla ante el tribunal de alzada que por razón de turno, conozca del presente asunto Finalmente, se autoriza a la Secretaria y/o Actuario a firmar el informe correspondiente. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del del del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca y otras autoridades; captúrese su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el libro de gobierno con el número 933/2021. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele de lo siguiente: La orden emitida el cuaderno de antecedentes 43/2020, del índice de la autoridad responsable, consistente en que en su calidad de Notario remita copia certificada y cotejada de la escritura de número 10314, volumen 110, de fecha diecinueve de abril del año dos mil dieciocho, relativa a la compra venta del inmueble ubicado en José López Alavés número 1414, antes número 92, de la calle General Manuel García Vigil, Barrio Xochimilco, Centro, Oaxaca; así como fotocopias de las identificaciones de las personas que intervinieron en dicho acto notarial, y todas las documentales que fueron exhibidas para poder llevar a cabo el testimonio notarial citado, en un plazo de setenta y dos horas. En el caso, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, de la Ley de Amparo, éste último aplicado en sentido contrario, atento a que el acto reclamado, por su naturaleza y efectos, no es de imposible reparación para la procedencia del juicio que nos ocupa. Los numerales citados disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]". De igual forma, en aras de justificar tal conclusión, cabe dejar establecido el texto de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, así como el diversos 170, fracción I y 172, fracción V, de la Ley de Amparo. Dichas normas jurídicas son del tenor literal siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." A guisa de antecedentes debe precisarse que, de acuerdo a lo narrado por el impetrante del amparo, se advierte en esencia lo siguiente: ". I. Con fecha 06 de Septiembre del año 2021, acudió hasta mis oficinas que ocupa mi notaria, un Notificador dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, quien se identificó con el personal administrativo, manifestando que llevaba a notificar un oficio dictado dentro del Cuaderno de Antecedentes 43/2020, con número de oficio PJEO/CJ/TAT/10132/2021-J, por parte del Juez de Control Adscrito al Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, en el cual se me ordena QUE YO COMO NOTARIO REMITA COPIA CERTIFICADA Y COTEJADA DE LA ESCRITURA DE NUMERO 10314, VOLUMEN 110, DE FECHA DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, RELATIVA A LA COMPRA VENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN JOSÉ LÓPEZ ALAVÉS NÚMERO 1414, ANTES NÚMERO 92 DE LA CALLE GENERAL MANUEL GARCÍA VIGIL, BARRIO XOCHIMILCO, CENTRO, OAXACA; ASI COMO FOTOCOPIAS DE LAS IDENTIFICACIONES DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN DICHO ACTO NOTARIAL, COMO DE TODAS LAS DOCUMENTALES QUE FUERON EXHIBIDAS PARA PODER LLEVAR A CABO EL TESTIMONIO NOTARIAL CITADO, EN UN PLAZO DE SETENTA Y DOS HORAS" Así, en el caso, se estima que la simple solicitud de rendir un informe respecto a un bien inmueble, no constituye un acto de imposible reparación respecto del cual sea procedente el juicio de amparo indirecto, al no producir una afectación material que afecte los derechos sustantivos de la parte impetrante, por lo que este juicio de amparo biinstancial deviene improcedente, como se verá. Conviene tener en consideración que el derecho sustantivo, consiste en el conjunto de normas jurídicas que establecen los derechos y obligaciones de las personas, mientras que el derecho adjetivo regula el ejercicio de esos derechos y obligaciones, mediante el establecimiento de instrumentos que permiten poner en actividad al órgano jurisdiccional. Si se analiza el desenvolvimiento de la relación jurídica procesal es factible observar que las partes la incentivan mediante una serie de actos jurídicos que están regulados por un conjunto de normas que posibilitan y hacen efectivo el que se resuelvan sus pretensiones. En ese sentido, cuando se alega infracción a normas procedimentales, en realidad lo que se está cuestionado no es la inobservancia de un derecho, sino el del instrumento o instrumentos que se tienen para lograr la obtención de una sentencia favorable en la que no necesariamente tendrán trascendencia y, por ende, carecen de afectación material en la esfera jurídica del quejoso. El juicio de amparo indirecto procede, de conformidad con el artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo, que rige este acuerdo (publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación) en el citado numeral, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos cuyos efectos sean de imposible reparación. En efecto, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su numeral 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Ese precepto de la ley de la materia, ofrece también precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos con efectos de imposible reparación, al establecer que se entienden como tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó en igual sentido que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución General de la República o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, y precisó que sus consecuencias impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo se producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, estableció dos condiciones: i) Se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, ii) Esos derechos revistan la calidad de sustantivos, expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Dicho criterio dio origen a la jurisprudencia 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro: 2006589, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Página: 39. Materia(s): Común, Décima Época con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." De igual forma, sustenta lo anterior, por identidad jurídicas en lo sustancial, la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes dos de mayo del presente año, Décima Época, cuyo rubro es del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)..". Bajo esa óptica, para que los actos sean calificados como irreparables necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho (como pudiera ser, la vida, la libertad, las propiedades o posesiones, entre otros), y no únicamente que produzcan una lesión de naturaleza formal o adjetiva cuya actualización dependa de que lleguen o no a trascender al resultado del fallo definitivo. De este modo, la procedencia del amparo indirecto se actualiza excepcionalmente contra algún acto dictado dentro del juicio o procedimiento ordinario, como el de apelación, en el caso de que su ejecución afecte materialmente derechos sustantivos, de manera directa e inmediata, de modo tal que dicha afectación no podría repararse aún mediante la obtención de una sentencia favorable en el proceso o juicio de origen y, en sentido contrario, no procede cuando únicamente afecte derechos adjetivos, instrumentales o procesales. Tal afectación material debe ser directa e inmediata y no mediata, esto es, no debe ser secundaria o futura, ni requerir de un acto posterior, porque entonces el que causa la ejecución de imposible reparación es el acto que los produce y no su antecedente. Se estima en el caso, que la simple solicitud de rendir un informe respecto a un bien inmueble, reclamada por la parte quejosa no tiene efectos de imposible reparación, porque no afecta materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales en los que el Estado, de igual forma se estima no produce una afectación que impida en forma actual el ejercicio de un derecho ni lesiona algún bien jurídico cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas aplicables; de ahí que, como se indica, dicho acto por sí mismo no trae consigo una ejecución de imposible reparación. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda en cuestión, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además, con la tramitación del juicio se obligaría a la autoridad responsable a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. Máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal. Sólo a título de abundamiento cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.". Así también la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1241, del libro XVII, febrero de 2013, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo registro es 2002861, que en su rubro expone: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES." Además, el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, registrada con el número 2002537, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo cuyo rubro a la letra dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.". De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Orienta la anterior determinación, la tesis I.4o.C.208C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2127, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA PROVEERLA." Se tiene por domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, el indicado en su ocurso de cuenta, y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica, al no tener registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF). Ahora, respecto del número telefónico y correo electrónico que pone a disposición, en atención a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se toma nota del número telefónico y correo electrónico, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrara, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Finalmente, se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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