Arturo Dávalos Peña

Expediente 1338/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1338/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
26/07/2019

Partes del expediente

  • Arturo Dávalos Peña
  • Jorge Antonio Quintero Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, dentro del plazo establecido por el artículo 98 de la citada ley, en contra del auto de cinco de julio de dos mil diecinueve, emitido en el presente juicio de amparo, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes.

  2. Principal

    Confirma sentencia. Visto el contenido del oficio que suscribe el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 1473/2018, y testimonio de la resolución dictada en sesión de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dentro de la revisión principal 182/2019, del índice del tribunal oficiante, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO.- Permanece intocado el sobreseimiento, decretado en el considerando tercero y reflejado en el resolutivo primero del fallo (fojas 5 a 8 de la sentencia recurrida); así como firme la desestimación de las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables diversas a las recurrentes, análisis que se encuentra inmerso en la parte final del considerando séptimo de la sentencia que se revisa (páginas 16 a 19 del fallo controvertido); finalmente, la concesión de amparo por lo que ve a los actos reclamados de autoridades diversas a las aquí recurrentes (fojas 19 a 32 de la sentencia recurrida). Así mismo, queda firme la desestimación de las causales de improcedencia hechas valer por la parte recurrente, lo cual quedó reflejado en la parte inicial del considerando séptimo del fallo controvertido (páginas 13 a 16 de la sentencia recurrida). SEGUNDO.- En la materia del recurso, se confirma el fallo recurrido; por consiguiente: TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Diego Isbaal Vizcarra Varela, por los motivos y para los efectos previstos en el fallo controvertido." En consecuencia, agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y acúsese recibo. Cuaderno de antecedentes. Asimismo, con relación al cuaderno de antecedentes que se formó, se ordena glosar al presente sumario únicamente las fojas que contienen firmas autógrafas en original, siendo innecesario adjuntar el resto, por ser fotocopias de actuaciones que obran en autos, por lo que se ordena su destrucción, sin mayor trámite. Causa ejecutoria. Lo anterior permite concluir que la sentencia de ocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 289 a 310), en la que por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra, se concedió el amparo y protección solicitadas en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción I y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Efectos. En el fallo protector se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento debe realizar los actos siguientes: "a) Dejen insubsistente las boletas de infracción con número de folio 232864281, 255713140, 256631024, 256693046, 256695090, 84216, 84017, 88504, 158896, 13214 y 02528012013028 impuestas a Diego Isbaal Vizcarra Varela, propietario del vehículo con placas de circulación JFT1193, ya que carecen de los requisitos de competencia por parte del gobierno del Estado de Jalisco, y de debida fundamentación y motivación por parte de los municipios de Guadalajara y Zapopan, en los términos en que fue expuesto en la presente resolución, ya que las multas que le fueron impuestas resultan excesivas en contravención a los artículos 16, en relación con el 22 constitucionales. b) En consecuencia, se deberán dejar sin efecto los requerimientos de pago y embargo con número de folio M616004018498 y M616004150895, así como las actuaciones tendientes a notificar tales folios. Toda vez que el quejoso acreditó el pago de las multas impuestas por las infracciones de tránsito, a través de la factura electrónica de folio fiscal 37E7E043-B949-4254-8AED-AACADFF5921D, una vez que quede firme la presente resolución, la autoridad responsable que resulte competente deberá restituir al quejoso la cantidad derivada de los importes por concepto de la imposición de multas por las boletas de infracción de tránsito, recargos, así como gastos de ejecución por notificación, quedando únicamente subsistente, el pago de cualquier concepto que resulte ajeno a las multas aquí analizadas." Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que sí son susceptibles de cumplimiento en el plazo de tres días, en virtud de que no implica la realización de trabajos especiales o de un procedimiento específico para sustentarlo. V. Requiérase a la autoridad responsable. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento siguiente al en que reciban la comunicación respectiva, realicen lo mencionado e informen a este juzgado su cumplimiento, remitiendo copia certificada que lo acredite. Apercíbanse. Apercíbase a la autoridad responsable que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, aplicado en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. VII. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, 193, párrafo primero, y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Gobernador del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de las autoridades responsables, para que le ordene a éstas, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado de Distrito, constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que las autoridades responsables.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, quince de julio de dos mil diecinueve. Remite constancias. Visto el oficio proveniente del Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual se remite copia certificada de las constancias solicitadas en autos; por tanto, agréguense a los autos para que sean valoradas en su oportunidad, y con el contenido de las mismas dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Cuadernos auxiliares. Luego, dada la voluminosidad de las constancias que se reciben, se ordena formar tres cuadernos auxiliares, para el mejor manejo del expediente.

  4. Principal

    Visto el oficio proveniente de la Fiscalía del Estado, mediante el cual en atención al requerimiento de diez de junio del presente año, hace del conocimiento de este Juzgado Federal que el cumplimiento al fallo protector le compete a la Secretaria del Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco; agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda y téngase a la autoridad oficiante informado lo antes expuesto. Remítase copia y requiérase. Así las cosas, visto nuevamente el escrito registrado con el número 14473, suscrito por el autorizado de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a su contenido, remítase copia simple del escrito de cuenta al Director de Recursos Humanos de la Secretaría del Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérasele para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga con relación a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa respecto a las constancias que se recibieron en auto de tres de junio del año en curso. Apercibimiento. De no dar cumplimiento o informar el impedimento que para ello tenga, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

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