Arturo Cristobal Mercado
Expediente 627/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Arturo Cristobal Mercado
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, por el que se desecha la demanda de amparo promovida por Arturo Cristóbal Mercado, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido Transferencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Valoración de expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible, al desecharse la demanda de amparo, hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Disposición de documentos. Por último, en caso de que, existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veinte. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veinte. Por recibida la razón del actuario adscrito a este juzgado, mediante la cual informa que se constituyó en el domicilio ubicado en: Avenida dieciocho de marzo, número veintiuno, colonia Nuevo Molinito, Naucalpan de Juárez, Estado de México, en busca del quejoso Arturo Cristóbal Mercado, a efecto de notificarle el proveído de veinticinco de septiembre actual, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la diligencia encomendada por las razones que expone en la misma; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo, hágase la notificación del mencionado auto y de las subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. NOTIFÍQUESE.Naucalpan de Jua´rez, Estado de Me´xico, veinticinco de septiembre de dos mil veinte. Recepcio´n de demanda. Vista la demanda de amparo presentada con firma auto´grafa por Arturo Cristo´bal Mercado, contra actos que reclama del Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec, Estado de Me´xico y otras autoridades. Registro de demanda. Fo´rmese expediente y regi´strese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 627/2020-F, asi´ como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los arti´culos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los o´rganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federacio´n el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda. Ahora, de la lectura integra de la demanda de amparo hecha valer por el inconforme, se advierte que sen~ala como responsables al Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec, Estado de Me´xico y Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec, Estado de Me´xico, empero, dichas autoridades no tiene tal cara´cter y por ende, respecto de las mismas se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el arti´culo 61, fraccio´n XXIII, en relacio´n con el arti´culo 5, fraccio´n II de la Ley de Amparo. Los numerales y fracciones aludidos, establecen: "Arti´culo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los dema´s casos en que la improcedencia resulte de alguna disposicio´n de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Arti´culo 5. Son partes en el juicio de amparo: ... II. La autoridad responsable, teniendo tal cara´cter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones juri´dicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse creari´a, modificari´a o extinguiri´a dichas situaciones juri´dicas." En el caso, a la entidad a quien se les atribuye dichas omisiones, esto es, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec, Estado de Me´xico y Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec, Estado de Me´xico, no les recae el cara´cter de autoridades para efectos del juicio de amparo, pues no actu´a en una relacio´n de supra a subordinacio´n con el gobernado-quejoso que la dote de facultad para emitir actos unilaterales y obligatorios, sino que se esta´ frente a un plano de igualdad y bilateralidad con el quejoso ahora recurrente, dado que conforme a lo establecido en el arti´culo 115, fraccio´n I, de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, cada municipio es gobernado por un ayuntamiento de eleccio´n popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el nu´mero de regidores y si´ndicos que la ley determine, es decir, es parte del ayuntamiento, de lo que se sigue que no reu´na la caracteri´sticas para ser considerada como autoridad, en te´rminos de la citada ley, por las siguientes consideraciones. Conforme al arti´culo 5 de la Ley de Amparo, antes transcrito, es parte en el juicio de garanti´as, entre otras, la autoridad responsable y tiene ese cara´cter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones juri´dicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse creari´a, modificari´a o extinguiri´a esas situaciones juri´dicas; adema´s, para los efectos de dicha Ley, los particulares tendra´n la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los te´rminos de esa fraccio´n y cuyas funciones este´n determinadas por una norma general. En dichas condiciones, el acto reclamado constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garanti´as, ya que asi´ lo dispone el arti´culo 1o, de la Ley mencionada, pues consagra la procedencia del amparo, en primer lugar, contra normas generales, actos u omisiones de autoridad; sin embargo, de acuerdo con la doctrina el acto reclamado, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisio´n, ejecucio´n o ambas) o negativo (abstencio´n u omisio´n), que implica una afectacio´n de situaciones juri´dicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un o´rgano del Estado e impuesto al gobernado con fundamento en un ordenamiento legal de manera unilateral, imperativa y coercitiva en algunos casos. En tal sentido, la procedencia de la accio´n constitucional esta´ sujeta a la condicio´n juri´dica de que el acto reclamado provenga de una autoridad para efectos del juicio de garanti´as, entendie´ndose por e´sta la que "dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones juri´dicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse creari´a, modificari´a o extinguiri´a dichas situaciones juri´dicas", como lo preve´ la fraccio´n II del arti´culo 5o de la ley de la materia. La Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n ha definido el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, como todo ente que ejerce facultades decisorias que le esta´n atribuidas en la Ley y que constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pu´blica la fuente de tal potestad y que afectan o lesionan la esfera juri´dica de los gobernados. Tambie´n ha establecido que el juez de amparo debera´ estudiar y atender las particularidades de la especie o del acto mismo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garanti´as. Sobre el particular, se invoca la tesis P.XXVII/97, Novena E´poca, con registro electro´nico 199459, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, visible en el Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, pa´gina 118, que sustenta: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PU´BLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURI´DICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el nu´mero 300 aparece publicado en la pa´gina 519 del Ape´ndice al Semanario Judicial de la Federacio´n 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El te´rmino «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pu´blica en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, este´n en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos pu´blicos, por el hecho de ser pu´blica la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, ma´ximo inte´rprete de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajusta´ndolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervencio´n de los entes pu´blicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectori´a del Estado en materia econo´mica, que a su vez modifico´ la estructura estadual, y gesto´ la llamada administracio´n paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participacio´n estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicacio´n generalizada de e´ste en la actualidad conduce a la indefensio´n de los gobernados, pues estos organismos en su actuacio´n, con independencia de la disposicio´n directa que llegaren a tener o no de la fuerza pu´blica, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a trave´s de los cuales crean, modifican o extinguen por si´ o ante si´, situaciones juri´dicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los o´rganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les esta´n atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pu´blica la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera juri´dica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pu´blica o bien a trave´s de otras autoridades". Adema´s, otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cua´ndo se esta´ en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, en el sentido que establecio´ que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relacio´n de supra a subordinacio´n con un particular. 2) Que la relacio´n tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pu´blica la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales, en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por si´ o ante si´, situaciones juri´dicas que afectan la esfera juri´dica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los o´rganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior, la tesis 2a. CCIV/2001, Novena E´poca, con registro electro´nico 161133, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, publicada en el Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, materia comu´n, pa´gina 1089, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relacio´n de supra a subordinacio´n con un particular; b) que esa relacio´n tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pu´blica la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relacio´n emita actos unilaterales a trave´s de los cuales cree, modifique o extinga por si´ o ante si´, situaciones juri´dicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los o´rganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, la conducta de que se duele el quejoso hoy recurrente, relativa a la omisio´n en el cumplimiento del laudo que precisa, no corresponde a una relacio´n de supra a subordinacio´n como las que se suscitan entre un ente pu´blico dotado de imperio e investidura pu´blica y un particular, sino en un plano de cara´cter laboral. Ese tipo de relacio´n difiere sustancialmente de la que se entabla entre autoridad y gobernado, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y para ello, es ideal atender a la clasificacio´n que la teori´a general del derecho hace de las relaciones juri´dicas de coordinacio´n, supra a subordinacio´n y supra ordinacio´n. De acuerdo con esa teori´a, las relaciones de coordinacio´n son las entabladas entre particulares, en las cuales e´stos actu´an en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la Ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias juri´dicas establecidas por ellas o contempladas por la Ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinacio´n. En cambio, las relaciones de supra a subordinacio´n, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden pu´blico y del intere´s social. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad, por ello, la Constitucio´n establece una serie de garanti´as individuales y derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el o´rgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supra ordinacio´n son las que se establecen entre los o´rganos del propio Estado, en las que e´stos actu´an en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regula´ndose tambie´n por el derecho pu´blico que establece mecanismos de solucio´n poli´tica y jurisdiccional, destacando en este u´ltimo rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Al efecto, es aplicable la tesis 2a. XXXVI/99, Novena E´poca, con registro electro´nico 194367, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, localizable en el Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, tomo IX, marzo de 1999, materia administrativa, pa´gina 307, que indica lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARA´CTER UN O´RGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURI´DICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURI´DICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teori´a general del derecho distingue entre relaciones juri´dicas de coordinacio´n, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervencio´n de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinacio´n, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho pu´blico, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuacio´n de un tribunal, existiendo como li´mite a su actuacio´n las garanti´as individuales consagradas en la Constitucio´n y las de supra ordinacio´n que se entablan entre o´rganos del Estado. Los para´metros sen~alados resultan u´tiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un o´rgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinacio´n, regidas por el derecho pu´blico, afectando la esfera juri´dica del gobernado." Es corolario de lo anterior, que para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse tambie´n a la distincio´n de las relaciones juri´dicas, examinando si la que se somete a la decisio´n de los o´rganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinacio´n, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el cara´cter de gobernado y el ente sen~alado como autoridad actu´e en un plano superior. Asi´ pues, cualquier decisio´n que adopte el Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec, Estado de Me´xico y Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec, Estado de Me´xico, en su cara´cter de patro´n, con motivo del juicio laboral SAT/570/2009, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relacio´n laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre los trabajadores y el patro´n, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no ante el o´rgano de control constitucional. De ahi´ que deba establecerse que cuando los trabajadores al servicio del municipio promueven un juicio de amparo contra las omisiones o acciones derivadas de la relacio´n contractual, existente entre el propio ente y el trabajador, como acontece en la especie, el referido juicio resulta improcedente, precisamente porque esas omisiones, acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en te´rminos del arti´culo 5o de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de garanti´as. En consecuencia, se concluye que el incumplimiento al laudo por el Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec, Estado de Me´xico y Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec, Estado de Me´xico, quien figuro´ como parte demandada en el juicio laboral respectivo, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo del Estado de Me´xico, el tribunal burocra´tico estatal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecucio´n de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinacio´n que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas tambie´n se extiende al a´mbito de la ejecucio´n de los laudos; es decir, la autoridad responsable antes sen~alada, no actu´a en un esquema de supra a subordinacio´n, sino dentro de una relacio´n laboral con el particular actor. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, en jurisprudencia firme de observancia obligatorio, establecio´ que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislacio´n estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a trave´s de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinacio´n que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al a´mbito de la ejecucio´n de los laudos, y sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pu´blica, porque e´stos no son los u´nicos mecanismos para garantizar la plena ejecucio´n de las resoluciones jurisdiccionales. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.), con registro electro´nico 2016588, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federacio´n, libro 53, abril de 2018, tomo I, materias comu´n y laboral, pa´gina 478, que a la letra indica: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIO´N ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretacio´n armo´nica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislacio´n estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a trave´s de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinacio´n que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al a´mbito de la ejecucio´n de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pu´blica, porque e´stos no son los u´nicos mecanismos para garantizar la plena ejecucio´n de las resoluciones jurisdiccionales." Ahora, respecto a los diversos actos reclamados a la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliacio´n y Arbitraje en el Estado de Me´xico y su Presidente, consistentes en la omisio´n de despachar auto de ejecucio´n dentro del juicio laboral SAT/570/2009, que fue solicitado por el inconforme mediante escrito de quince de julio de dos mil veinte, asi´ como de imponer las medidas de apremio. Este juzgado de Distrito, estima que, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el arti´culo 61, fraccio´n XXIII, en relacio´n con los arti´culos 107, fraccio´n V, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, los que a la letra dicen: "Arti´culo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los dema´s casos en que la improcedencia resulte de alguna disposicio´n de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Arti´culo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparacio´n, entendie´ndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [...]" Lo anterior es asi´, ya que el Pleno de nuestro ma´ximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecucio´n de imposible reparacio´n, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etce´tera, porque esa afectacio´n o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a trave´s del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violacio´n cometida no desapareceri´an en tales hipo´tesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparacio´n, aquellos que tienen como consecuencia una afectacio´n a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. En el caso, se esta´ en presencia un acto que no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecucio´n de imposible reparacio´n, y por ende, la omisio´n reclamada, no legitima la promocio´n del juicio de amparo indirecto Lo anterior, pues solamente produciri´a efectos en contra de derechos adjetivos, sin atacar sus derechos sustantivos de forma tal que el perjuicio irrogado podri´a ser reparado por un acto juri´dico posterior, ello tomando en consideracio´n que la posible afectacio´n que se ocasione puede ser subsanada, si se obtiene un acuerdo favorable en el juicio de origen del acto reclamado. En efecto, respecto a la dilacio´n aludida, so´lo sera´ procedente su estudio en amparo indirecto cuando exista una abierta o total paralizacio´n del procedimiento, como lo establece la jurisprudencia 2a./J.33/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, de los datos: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEI´DOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIO´N DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MA´S DE 45 DI´AS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYO´ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralizacio´n total, pues en ese caso debera´ darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difi´cil fijar un lapso gene´rico de la duracio´n de la dem indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilacio´n excesiva que se traduzca en una aute´ntica paralizacio´n del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un esta´ndar mi´nimo objetivo que ofrezca seguridad juri´dica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promocio´n del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de provei´dos, laudos o en la realizacio´n de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren ma´s de 45 di´as naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyo´ el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el ma´ximo que el arti´culo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmo´vil, cuando sea necesaria alguna promocio´n del trabajador." Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparacio´n, aquellos que no afectan la esfera juri´dica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. Pues el suscrito estima que la omisio´n que por esta vi´a reclama, no es de aquellas que produzcan un afectacio´n de manera irreparable, pues el hecho de que la autoridad responsable el diecise´is de julio de dos mil veinte, tuvo por recibido el escrito del actor en que solicito´ la ejecucio´n del laudo dictado en el expediente SAT/570/2009, de su i´ndice, y a la fecha de presentacio´n no haya emitido dicha resolucio´n, no vulnera en su perjuicio derechos fundamentales tutelados por la carta magna, sino que se traduce en una violacio´n de derechos adjetivos que so´lo producen efectos formales, por ser una violacio´n al procedimiento emitido en el procedimiento de origen. Asi´, el juicio de amparo procede cuando transcurren ma´s de 45 di´as naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyo´ el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos de conformidad con el arti´culo 211 de la Ley del Trabajo de los Servidores Pu´blicos del Estado y Municipios, tambie´n lo es que el citado numeral en su pa´rrafo tercero indica que en los casos en que el Tribunal o la Sala dejen de actuar conforme al calendario de labores aprobado por el Pleno del Tribunal, asi´ como cuando por caso fortuito o fuerza mayor no puedan llevarse a cabo actuaciones, los te´rminos no se computara´n en los di´as motivo de la suspensio´n de labores que se publicara´n en el boleti´n laboral o en los estrados, en su caso. Atendiendo lo anterior, se desprende que en el Perio´dico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de Me´xico, con Registro DGC NU´M. 001 1021, publicado el viernes tres de julio de dos mil veinte y visible en la pa´gina legislacio´n.edomex.gob.mx, se acordo´ en la parte conducente de la Secretari´a del Trabajo, en su inciso f), que se modificari´a el peri´odo vacacional de los servidores pu´blicos comprendido del seis de julio al treinta de septiembre de la presente anualidad; adema´s en el inciso d), se indico´ que la celebracio´n de convenios con y sin juicio, cumplimiento de laudos y desistimientos, exclusivamente se realizari´an mediante la plataforma CONTECA3, consultable en la pa´gina oficial: teca.edomex.gob.mx. Por tanto, se concluye que no obstante la data en que se recibio´ el escrito por el que solicito´ la ejecucio´n del laudo dictado en el expediente SAT/570/2009, al dictado del presente provei´do, se estima que a la fecha no es excesivo el tiempo transcurrido sin que se dicte la resolucio´n que conforme derecho corresponda, de modo que no se esta´ ante una dilacio´n directa y excesiva que conduzca a considerar que se trata de una vulneracio´n franca al derecho de acceso a la justicia a favor de la parte quejosa, sino que en todo caso dicha parte procesal puede realizar gestiones ante la responsable para que cumpla su cometido e incluso esta dilacio´n, por ahora, no es de imposible reparacio´n porque puede sobrevenir el dictado del acuerdo legal conducente. Ma´xime, como se dijo que pa´rrafos que anteceden la responsable se encuentra gozando de su periodo vacacional de forma escalonada e incluso el inconforme puede ingresar a la pa´gina oficial: teca.edomex.gob.mx., plataforma en la que exclusivamente se realizan los tra´mites relativos a la celebracio´n de convenios con y sin juicio, cumplimiento de laudos y desistimientos, como en el caso acontece. En tal sentido, se concluye que no se esta´ ante una dilacio´n franca y directa en la que hubiera incurrido la Sala responsable. Apoya la anterior consideracio´n, tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, consultable en el Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, De´cima E´poca, pa´gina 1086, que establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIO´N DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIO´N INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fraccio´n V del arti´culo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparacio´n; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectacio´n material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no u´nicamente producir una lesio´n juri´dica formal o adjetiva, que no necesariamente llegara´ a trascender al resultado del fallo. Asi´, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectacio´n cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los arti´culos 8o., 14 y 17 de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecucio´n irreparable, sino como violaciones de cara´cter adjetivo, pues no se trata de una "omisio´n" auto´noma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de e´ste, como la falta de respuesta a una peticio´n expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecucio´n del tra´mite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectacio´n que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresio´n al arti´culo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectacio´n no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepcio´n para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahi´ que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilacio´n del procedimiento o su paralizacio´n total, pues en ese caso el juicio sera´ procedente." En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia en mencio´n, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de amparo promovida por Arturo Cristo´bal Mercado, propio derecho. Domicilio para oi´r y recibir notificaciones. Con fundamento en el arti´culo 27, fraccio´n I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oi´r y recibir notificaciones u´nicamente de cara´cter personal, el que indica en su demanda de amparo. Habilitacio´n de di´as y horas para la pra´ctica de notificaciones. Se habilitan di´as y horas inha´biles para la pra´ctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electro´nicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electro´nico). Autorizados. Te´ngase por autorizados a las personas mencionadas en la demanda de amparo, en te´rminos del arti´culo 12 de la Ley de Amparo. Exhortacio´n a las partes para continuar la tramitacio´n del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el arti´culo 1, fraccio´n I, pa´rrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continu´e la tramitacio´n del presente juicio de amparo a trave´s del sistema de "juicio en li´nea", es decir, mediante el uso de los medios electro´nicos disponibles desde el Portal de Servicios en Li´nea del Poder Judicial de la Federacio´n. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y te´rminos que implica la actuacio´n mediante juicio en li´nea, el manual de uso actualizado se encontrara´ disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Li´nea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a trave´s de una promocio´n electro´nica desde el Portal de Servicios en Li´nea, debera´n: 1. Solicitar la consulta del expediente electro´nico y la pra´ctica de notificaciones electro´nicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuacio´n por este medio requiere de la utilizacio´n de una Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federacio´n (FIREL) o la Firma Electro´nica del Servicio de Administracio´n Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a trave´s del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, asi´ como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electro´nica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electro´nica, en te´rminos del arti´culo 2o, fraccio´n XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algu´n correo electro´nico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, asi´ como el nombre y tele´fono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepcio´n de cualquier comunicacio´n que les sea enviada por este medio. Con la precisio´n de que, lo anterior no implica que esa informacio´n (correo electro´nico y nu´mero telefo´nico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitacio´n del juicio en li´nea, sino que facilitara´ el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atencio´n a las medidas de contingencia en los o´rganos jurisdiccionales por el feno´meno de salud pu´blica derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores pu´blicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente e´stas se hagan a trave´s de medios electro´nicos, con la razo´n actuarial correspondiente. Integracio´n del expediente fi´sico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuacio´n o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente fi´sico, incorporen de inmediato a e´ste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electro´nico, con las evidencias criptogra´ficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificacio´n alguna, pues en te´rminos del arti´culo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electro´nica posee el mismo valor juri´dico que la firma auto´grafa. U´nicamente para el caso de que, por algu´n impedimento te´cnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptogra´ficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresio´n con el expediente electro´nico. Uso de medios electro´nicos. Le es permitido el uso de aparatos como son: ca´maras, grabadoras o lectores o´pticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en el expediente, siempre y cuando en ningu´n momento sea sometido a malos manejos que puedan dan~ar las actuaciones que obren en el mismo, con motivo del uso de dichos medios electro´nicos, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Transparencia y acceso a la informacio´n pu´blica. Info´rmese a las partes que al elaborarse la versio´n pu´blica de la resolucio´n que se dicte en el presente asunto, se suprimira´ la informacio´n confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los arti´culos 6° de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacio´n Pu´blica, comuni´queseles tambie´n que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualizacio´n de alguna de las hipo´tesis enunciadas en el arti´culo 117 del ordenamiento antes citado. NOTIFIQUESE.
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