Arturo Chávez Romero y Otros.

Expediente 1031/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1031/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
10/08/2015

Partes del expediente

  • Arturo Chávez Romero y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan estos autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto. Por lo que, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la sentencia con la cual se sobreseyó en el juicio para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Ello es así, pues si bien encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, lo cierto es que se concedió la suspensión de plano, por lo cual debe conservarse, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de 2012; además, no existen documentos originales exhibidos por las partes y el expediente carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto vigésimo primero referido. Por lo tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 76 al 79 de la Ley de Amparo, se resuelve lo siguiente: R E S O L U T I V O S PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Arturo Chávez Romero, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Expídase a las partes la copia que refiere el considerando cuarto del presente fallo. TERCERO. Cúmplase lo establecido en el considerando último de esta resolución.

  3. Principal

    Téngase por recibido el informe justificado rendido por la autoridad adscrita al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, y constancias anexas; con su contenido, dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otro lado, en términos del artículo 119 de la Ley en mención, se tienen como pruebas las documentales que adjunta al informe con justificación, sin perjuicio de hacer la relación correspondiente en la audiencia constitucional. De igual forma, con fundamento en el artículo 9 de la Ley en cita, se tienen como delegados a las personas que autoriza para tal efecto.

  4. Principal

    Analizada la demanda de amparo promovida por Arturo Chávez Romero, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 37, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda en sus términos; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese con el número 1031/2015. SUSPENSIÓN DE PLANO En primer término, debido a que el acto reclamado en la demanda que se provee se hace consistir en la falta de atención médica, así como los medicamentos necesarios, respecto del padecimiento que presenta el quejoso, consistente en la soriasis que presenta en diversas partes del cuerpo; por tanto, con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor del quejoso, por lo que la autoridad responsable deberá hacer cesar de inmediato los actos reclamados, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; deberá proporcionar la atención médica y medicamentos que requiera la parte quejosa, hasta en tanto se resuelva este juicio de amparo. En otro aspecto, por cuanto a hace a la solicitud del quejoso, consistente en que se le autorice que su familia pueda llevarle al lugar de su reclusión, los medicamentos necesarios para su tratamiento y "calcetines especiales para la retención de líquidos"; hágase del conocimiento de la autoridad responsable que dentro de sus atribuciones y facultades, y la seguridad del centro de reclusión lo permita, provea lo que en derecho corresponda. Se previene a la autoridad responsable para que informe a este juzgado en el término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, en relación con los artículos 103 y 107 Constitucionales. Hágase saber a la autoridad que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito, conforme con lo que disponen los artículos 262 y 266, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se les reclama, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos a que haya lugar. Cabe destacar que si bien no todos los actos reclamados encuadran exactamente en las hipótesis del artículo 22 Constitucional, se considera procedente conceder la suspensión de plano, porque se aducen violaciones a derechos humanos y la medida es acorde con el principio Pro Hómine. INCIDENTE Sin tramitarse incidente de suspensión, debido a que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados a la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las CATORCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia. INFORME JUSTIFICADO Con el mismo fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que en el término de quince días, rinda su informe justificado. Dicho informe deberá ser rendido en términos del artículo que antecede, remitiendo a este juzgado: 1) Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completas y legibles. 4) Asimismo, cuando la autoridad advierta que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acredite, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone los artículos 117, en relación con el diverso 260, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica. CONSTANCIAS PARA RESOLVER Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la autoridad responsable, para que al rendir su respectivo informe justificado remita copia certificada legible y completa de las constancias de las que se adviertan la atención médica y medicamentos proporcionados al quejoso, en ese centro penitenciario; apercibida que de no hacerlo en los términos señalados, con fundamento en la fracción I del artículo 262 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días; asimismo, se hace de su conocimiento lo previsto por el artículo citado el cual establece una pena de tres a nueve años de prisión destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Tiene aplicación la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado, sin que se actualice alguno de los supuestos previstos por el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Se ordena efectuar las notificaciones que deriven de este juicio de manera personal en el Centro Federal de reclusión de la parte quejosa. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. NOTIFICACIONES AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Notifíquese la radicación del presente juicio a la Agente del Ministerio Público adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo y dese la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDAD RESPONSABLE Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a la autoridad responsable, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo AUTORIDAD INEXISTENTE En términos de lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar con precisión la denominación de la autoridad responsable, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en caso de que la autoridad que señaló como responsable no exista con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrán por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ésta. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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