Arturo Chavarría Sánchez

Expediente 134/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
134/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Arturo Chavarría Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, únicamente téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta, sin mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de doce de diciembre del año en curso, se archivó el presente expediente. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Elda Irais Martínez Hernández, secretaria con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    MESA I.- Toluca, Estado de México, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo); a través del cual el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de México, acusa recibo del diverso 1107/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, mediante el cual se devolvieron los autos del expediente JDCL/226/2019, formado con motivo del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local y sus anexos; circunstancia de la que se toma nota. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos se advierte que mediante oficio 1107/2019 de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se devolvieron al Tribunal Electoral del Estado de México, con residencia en esta ciudad, los autos del expediente JDCL/226/2019, formado con motivo del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano local y sus anexos, sin que a la fecha haya remitido el acuse de recibo a este Juzgado de Distrito. En consecuencia, solicítese al citado tribunal para que en el plazo de tres días contado a partir de su recepción, remita el acuse de recibo indicado en el párrafo que antecede.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta, remitido por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de México, con residencia en esta ciudad, al que adjuntó el expediente JDCL/226/2019 relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del Ciudadano Local, promovido por Arturo Chavarría Sánchez, por propio derecho y en su carácter de Cuarto Regidor del Ayuntamiento de Toluca; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 134/2019-I. Ahora bien, del contenido del oficio y anexos, que remite la autoridad oficiante, se advierte que el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local identificado con la clave JDCL/226/2019, promovido por Arturo Chavarría Sánchez, en auto de trece de noviembre del año en curso, acordó: "PRIMERO. Este Tribunal es legalmente incompetente para conocer la controversia planteada. SEGUNDO. Remítase el original de la demanda y demás documentación a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, con sede en esta Ciudad, en su en su oficina de correspondencia común, en los términos precisados; previa copia que obre en los archivos de este órgano jurisdiccional." Al respecto, en principio debe señalarse que con relación a las formas de competencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido entre la competencia constitucional y la competencia jurisdiccional; entendiéndose por la primera aquella que deriva de las disposiciones legales orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente; mientras que la competencia jurisdiccional se genera a partir de las disposiciones jurídicas orgánicas que regulan los distintos procedimientos y se surte de acuerdo con las circunstancias de materia, lugar, grado o cuantía que rodeen al litigio planteado. Así pues, una autoridad será competente para realizar un acto cuando sus atribuciones se encuentran establecidas de conformidad a la norma fundamental; sin embargo, carecerá de ella cuando su actuar rebasa las facultades que le fueron conferidas. Sirve de apoyo a la anterior, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, volumen LXXIX, Primera Parte, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 257883, cuyo rubro es del tenor siguiente: "COMPETENCIA, FORMAS DE. En términos generales, la competencia es la facultad o capacidad que tienen las autoridades jurisdicentes para conocer y decidir sobre determinadas materias, pero cabe distinguir entre la competencia constitucional y la competencia jurisdiccional; pues, por la primera, se entiende la capacidad que de acuerdo a la Constitución y a la ley orgánica o constitutiva, corresponde a los órganos jurisdiccionales de un fuero específico para conocer y decidir, con exclusión de otros, sobre cuestiones litigiosas de determinada índole, a saber, común, federal, laboral, civil, mercantil, constitucional, administrativo, etcétera; en tanto que, la segunda, nace o se genera a partir de las disposiciones jurídicas reguladoras de los distintos procedimientos. La competencia constitucional deriva o se genera automáticamente de las disposiciones legales orgánicas o constitutivas de los tribunales y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente. Por tanto, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que, a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia. En esos casos, a efecto de resolver sobre la competencia, debe ponderarse exclusivamente la naturaleza de la acción ejercida, lo cual regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. En ese sentido, del análisis integral de las constancias que integran el expediente JDCL/226/2019, se advierte que el actor Arturo Chavarría Sánchez, presentó demanda ante el tribunal declinante en su carácter de Cuarto Regidor del Ayuntamiento de Toluca, para solicitar la protección de sus derechos político-electorales del ciudadano local, en el que establece como acto o resolución impugnado, -la violación a los derechos políticos electorales de ocupar el cargo, de permanecer en él, y a desempeñar las funciones y ejercer los derechos inherentes al mismo, existiendo una indebida motivación e inconstitucionalidad en la aprobación del artículo 2.17 del Código Reglamentario Municipal de Toluca, en la "Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Honorable Cabildo"-, al no permitirle dicho dispositivo registrar más de cuatro asuntos generales para las sesiones de cabildo; empero, contrario a lo que estima la autoridad declinante, del contenido de la demanda presentada, no se advierte que la intención del actor sea la promoción del juicio de amparo para declarar la inconstitucionalidad del aludido, sino que lo califica como inconstitucional, pero en los agravios que plantea en su demanda, se vinculan con cuestiones en materia electoral y el ejercicio del derecho a ser votado; se insiste, sin que se advierta dato inicial que permita concluir que la voluntad del promovente haya sido presentar una demanda de amparo. Sobremanera si considera que la demanda es un acto jurídico unilateral de voluntad cuya existencia depende de que se produzca válidamente la manifestación de voluntad en la forma y con los requisitos exigidos por la ley, atendiendo a la naturaleza de la petición que se formule o de la prestación que se reclame; máxime que del escrito presentado por el recurrente, se aprecia que lo realiza en términos del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; razón por la que no se puede concluir que la intención del promovente haya sido la de solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Pues de ser así, se advertiría cando menos el requisito que prevé la fracción III, del artículo 108 de la Ley de Amparo, el cual dispone que cuando en el juicio de amparo se impugnan normas generales, los quejosos deberán señalar para los efectos del juicio de amparo a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, y en el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, deben señalarse con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando se impugnan sus actos por vicios propios; aunado a que el presente asunto no se ubica en alguno de los supuestos que contempla el artículo 15 de la Ley de Amparo, para poder recibir la demanda con los datos mínimos que al efecto prevé el diverso 109 del mismo ordenamiento legal. Por tanto, en concordancia a lo expuesto, la presente incompetencia debe ser resuelta exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la acción ejercida, lo que se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, prescindiendo por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, así como de lo concerniente a la procedencia o improcedencia de la acción. Además no debe perderse de vista que no sería factible recibir la demanda en la forma que pretende la autoridad electoral, pues si bien del artículo 1° constitucional, deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular, sin que pueda llegarse al extremo de crear una intención o voluntad del actor no manifestada así. Sin que pase inadvertido para este juzgador que de la interpretación de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se colige que privilegian el acceso a la tutela judicial efectiva y que los órganos encargados de administrar justicia se conciben como colaboradores o facilitadores, lo cual materializan al eliminar tecnicismos exagerados y evitar la aplicación desbordada de figuras jurídicas que se implementaron para dar coherencia y orden al sistema de impartición de justicia; pues, en el caso particular, del escrito presentado por el actor, no se advierte que su pretensión o acto que motivó el juicio planteado ante la autoridad electoral, sea la de acudir ante esta instancia a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por tanto, al ser este Juzgado de Distrito un órgano de control constitucional, sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia, conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, el actuar de forma contraria desnaturalizaría el fin último del juicio de amparo, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Así las cosas, una vez examinada la naturaleza de la acción ejercida por el gobernado, este Juzgado de Distrito no acepta la competencia planteada, en la forma y términos que lo hace valer la autoridad electoral declinante. Sin que lo anterior implique que si la intención del actor es la promoción de una demanda de amparo, lo haga en la forma y en la vía constitucionalmente establecida, conforme a las exigencias establecidas por la ley reglamentaria respectiva, con independencia del juicio que haya hecho valer ante esa autoridad. En ese contexto, remítanse los autos del expediente JDCL/226/2019, formado con motivo del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local y sus anexos, al Tribunal Electoral del Estado de México, para los efectos legales a que haya lugar, solicítese el acuse de recibo correspondiente. Además, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. También, se faculta a la Secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Elda Irais Martínez Hernández, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

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